Este capítulo examina el marco de integridad de Chile desde la perspectiva de las interacciones entre funcionarios públicos y lobbistas. En primer lugar, el capítulo formula recomendaciones para reforzar el marco de integridad existente para los funcionarios públicos, adaptado a los riesgos relacionados con las actividades de lobby e influencia, aplicando un sistema eficaz para gestionar los riesgos previos y posteriores al cargo público y el empleo, y proporcionando normas que promuevan la integridad y la inclusión en los grupos de asesores y expertos. Además, en el capítulo se analiza cómo apoyar mejor a las empresas y las organizaciones de la sociedad civil para que refuercen sus marcos de transparencia e integridad en la formulación de políticas. También se propone, entre otras medidas, la introducción de un Código de Conducta del Lobby como punto de partida para promover un compromiso responsable, así como el refuerzo de la divulgación sobre las fuentes de financiación, la transparencia de las estructuras de propiedad y financiación de las empresas de medios de comunicación y las regulaciones sobre las actividades políticas de determinados grupos de interés.