1887

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Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2013. OECD Countries and Emerging Economies

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Monitoreo y evaluación de políticas agrícolas 2013. Países de la OCDE y economías emergentes

Resumen en español

Acerca de este informe: Agricultural Policy Monitoring and Evaluation examina las políticas agrícolas en 47 países que representan casi el 80% del valor agregado agrícola global, pero que difieren en términos de desarrollo, las características de sus sectores agrícolas, sus opciones de políticas y el apoyo que dan a los agricultores. Entre estos países se cuentan miembros de la OCDE y de la UE, así como varias economías emergentes que participan de manera importante en los mercados agrícolas y alimentarios: Brasil, China, Federación Rusa, Indonesia, Kazajstán, Sudáfrica y Ucrania.

El apoyo a los productores aumentó en 2012, revirtiendo la tendencia previa: En promedio, en los 47 países cerca de una sexta parte de los ingresos agrícolas brutos provienen de las políticas públicas de apoyo a los agricultores. El Apoyo Estimado a la Producción (Producer Support Estimate), un indicador de las transferencias en efectivo a los productores agrícolas, aumentó a 17% de los ingresos agrícolas brutos en 2012, en comparación con el 15% de 2011. Sin embargo, cuando se toma en cuenta un periodo mayor de tiempo, se aprecia que el apoyo a los agricultores está decreciendo: en 1995‑1997 fue de 21%, mientras que en 2010‑2012 promedió un 16%. A menudo, en los últimos años el apoyo se modificó a causa de eventos en los mercados internacionales y no por cambios explícitos en las políticas.

Los niveles de apoyo varían mucho: En América del Norte el apoyo agrícola se redujo de 12% a 9% en los últimos 15 años. En Europa (incluidos Turquía e Israel) disminuyó de 34% a 20%. La tendencia no es muy clara en Kazajstán, Federación Rusa y Ucrania, donde el nivel medio de apoyo fue de 11% en 1995‑1997 y de 12% en 2010‑2012, pero con grandes variaciones en el periodo intermedio. El apoyo también fluctúa mucho en Asia, pero el promedio se ha mantenido sin grandes cambios en los últimos 15 años: un total de 22% en 1995‑1997 y 20% en 2010‑2012. En Corea y Japón el apoyo es alto, aunque se ha reducido ligeramente; en China e Indonesia es bajo pero va en aumento. Por último, los países del hemisferio sur (Australia, Brasil, Chile, Nueva Zelanda y Sudáfrica) se cracterizan por presentar niveles bajos pero estables de apoyo, y promediaron 4% en 2010‑2012.

El apoyo está disminuyendo en los países de la OCDE: Con un promedio de 19% en 2010‑2012, el apoyo agrícola en los países de la OCDE representa la mitad del que se otorgaba a mediados de la década de 1980. También ha habido una disminución bien aceptada en las formas de apoyo que podrían distorsionar potencialmente la producción y el comercio: representaron el 11% de los ingresos agrícolas brutos en 2010‑2012, una tercera parte de los niveles que se observaban a mediados de la década de 1980.

El ritmo de disminución es lento en algunas economías: En diversas economías, los elevados niveles de apoyo están disminuyendo poco a poco, mientras que en otras el apoyo tiende a incrementarse, si bien partiendo de niveles bajos. Estos acontecimientos a menudo están vinculados con objetivos que buscan la autosuficiencia en los productos agrícolas y alimentarios. Por ejemplo, en China, Federación Rusa, Indonesia, Japón, Noruega y Turquía sigue siendo alta la dependencia de la protección a las importaciones, el apoyo a los precios de mercado y los pagos vinculados a la producción.

El apoyo en la UE está más separado de la producción: Junto con las reducciones graduales en el apoyo a los precios de mercado y los pagos específicos de producción ha habido aumentos paralelos en los pagos que están separados de la producción actual y por tanto se hallan menos distorsionados: un cambio de políticas que se ha buscado más manifiestamente en las últimas dos décadas en Suiza y la Unión Europea. Sin embargo, la mayoría de estos pagos carecen de orientación hacia metas específicas, por lo que no abordan las fallas específicas del mercado.

Las cuestiones ambientales son una prioridad menor en las políticas de apoyo: La gran dependencia que tiene la agricultura de los recursos naturales significa que la sostenibilidad ambiental es un reto importante. A pesar de ello, las cuestiones ambientales suelen ser una prioridad menor de políticas. Sin embargo, algunos países han adoptado herramientas de políticas de base amplia que requieren que los agricultores que reciben pagos cumplan con ciertos estándares ambientales mínimos.

Conclusiones y recomendaciones clave

Las políticas restrictivas deben reemplazarse: Los países deben dejar atrás las políticas que restringen el comercio y la operación de los mercados, que pueden aislar a los productores y consumidores locales de los mercados mundiales. En vez de ello, deberían dar mayor libertad a los agricultores y consumidores a fin de que tomen sus propias decisiones de producción y consumo, y cambiar hacia políticas orientadas a fallas del mercado específicas. Las medidas santiarias y fitosanitarias, que junto con las medidas técnicas tienen un impacto cada vez mayor en el comercio de agroalimentos, deberían sustentarse en la ciencia y aplicarse de manera transparente y predecible.

Es costoso concentrarse en la autosuficiencia: El nexo entre una mayor autosuficiencia y una mejor seguridad alimentaria es débil. En particular en las economías menos desarrolladas, puede mejorarse el acceso a los alimentos mediante reducir la pobreza y mejorar la seguridad social, así como mediante mayor inversión para elevar la producción local, mejorar el acceso a las importaciones (y a los mercados de exportaciones) y crear reservas alimentarias de emergencia. Los objetivos de autosuficiencia limitada a menudo provocan que los países opten por un proteccionismo fronterizo elevado y un apoyo a los precios de mercado, lo que tiene el efecto de que los consumidores paguen más impuestos y los alimentos sean menos accesibles, por lo menos a corto plazo. Las políticas vinculadas a la producción, tales como los pagos de producción y los subsidios a insumos, distorsionan las decisiones de los productores y pueden provocar que el gasto público se desvíe de usos más productivos.

Los pagos no deben proteger excesivamente del riesgo a los agricultores: Los agricultores y los gobiernos usan diversas herramientas de gestión de riesgo para estabilizar los ingresos agrícolas. Sin embargo, aunque éstas pueden ayudar a reducir las fluctuaciones en los niveles de ingresos agrícolas locales, también pueden causar inestabilidad a los mercados mundiales y no son un medio eficaz para transferir ingresos. Los pagos para mitigar los riesgos en los ingresos deberían limitarse a compensar a los agricultores en caso de eventos catastróficos inevitables, y no deberían sustituir la propia gestión de los agricultores del riesgo normal de su actividad ni las herramientas de gestión de riesgo basadas en el mercado.

Los pagos basados en niveles de referencia del pasado pueden tener inconvenientes: Los pagos que están más separados de las decisiones de producción actuales transfieren potencialmente los ingresos de manera más eficiente y es menos probable que distorsionen la producción y el comercio. Sin embargo, cuando dichos pagos son muy grandes, pueden influir significativamente en las decisiones del productor al modificar las expectativas de éstos e incrementar su riqueza. También tienden a favorecer a los grandes agricultores y a menudo no están vinculados a metas específicas, tales como elevar los ingresos agrícolas bajos y mejorar la sostenibilidad ambiental. Deben igualmente contemplarse otras opciones de política, como las medidas de seguridad social y las ambientales, el apoyo a los servicios generales para la agricultura y las políticas agrícolas explícitamente focalizadas.

En general, hay que prestar mayor atención a las inversiones públicas en el sector: Una política de innovación es clave para mejorar la productividad agrícola. Las inversiones en investigación y desarrollo, transferencia de tecnología, educación y servicios de extensión y consultoría rinden grandes beneficios sociales a largo plazo. Los gastos en los otros servicios generales para el sector, como la seguridad alimentaria y los sistemas de aseguramiento de la calidad de alimentos, así como la infraestructura rural estratégica, también contribuyen a la rentabilidad, competitividad y sostenibilidad de largo plazo del sector.

© OECD

Este resumen no es una traducción oficial de la OCDE.

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© OECD (2013), Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2013. OECD Countries and Emerging Economies, OECD Publishing.
doi: 10.1787/agr_pol-2013-en

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