copy the linklink copied! 7.3. Análisis de Impacto Regulatorio para regulaciones subordinadas
El Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) es una herramienta esencial para mejorar la calidad de la toma de decisiones del gobierno. Es una forma de identificar y evaluar los efectos potenciales, positivos y negativos, que las regulaciones futuras puedan tener sobre el medio ambiente, la sociedad y la economía en general. Éste debería comparar formas alternativas de abordar problemas de política pública y resaltar la opción que se espera que brinde el mayor beneficio neto a la sociedad. Además de contribuir a que las intervenciones gubernamentales estén basadas en evidencia, el AIR brinda la oportunidad de mejorar la rendición de cuentas y la transparencia en los procesos de formulación de políticas y toma de decisiones. Su uso continúa desarrollándose en los países de la OCDE y todos sus miembros han adoptado alguna forma de AIR.
Aunque se encuentran en etapas iniciales, los países de ALC están avanzando hacia la adopción del AIR. Desde 2015, varias economías de la región han dado pasos importantes hacia su implementación. Chile, Colombia, Ecuador y El Salvador han establecido, por primera vez, obligaciones de llevar a cabo AIR para al menos algunas regulaciones subordinadas. Brasil y Costa Rica han actualizado las guías metodológicas sobre el uso del AIR, tales análisis, y en Perú algunas agencias reguladoras han desarrollado nuevas.
Con excepción de México, los esfuerzos de los países para implementar el AIR se limitan a sectores particulares o tipos específicos de regulaciones subordinadas. Por ejemplo, Colombia lo convirtió en un componente obligatorio para el desarrollo de reglamentación técnica a través del Decreto Presidencial 1595. Asimismo, desde el 2018, en Ecuador se requiere para la creación de un trámite o procedimiento administrativo, según lo establece el Decreto Ejecutivo No. 372. En otros países, como Brasil y Perú, el AIR se lleva a cabo para apoyar la formulación de intervenciones regulatorias por parte de agencias reguladoras específicas, pero aún no es una práctica consistente en toda la administración. En el futuro, será importante ampliar aún más su adopción en muchos países de la región.
Si bien se han realizado algunas mejoras, el control de calidad del AIR sigue siendo débil en toda la región. Exigir simplemente que las administraciones realicen análisis de alta calidad no es suficiente para garantizar que esto suceda en la práctica. El establecimiento de mecanismos de control de calidad provee incentivos a los funcionarios públicos para que utilicen mejor y de manera más consistente este análisis. Algunos países, al introducir el AIR como requisito, han establecido un organismo responsable de revisar su calidad. En El Salvador, por ejemplo, la Ley de Mejora Regulatoria asignó al Organismo de Mejora Regulatoria la responsabilidad de hacerlo de acuerdo con los estándares establecidos en la Ley. Aun así, solo una minoría de países de ALC ha establecido dicha función. En aquellos donde existe tal organismo de supervisión, éste suele ubicarse cerca del centro del gobierno o en el ministerio de economía, como se establece en la Recomendación de la OCDE sobre Política y Gobernanza Regulatoria.
Siguiendo buenas prácticas regulatorias de algunos países de la OCDE, en la mayoría de los países de ALC que realizan AIR, estos se publican en línea, aunque no siempre de modo sistemático. En los casos en que los AIR se someten a consulta, esto suele hacerse en una etapa posterior del proceso, una vez redactada la regulación. En México, por ejemplo, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER, anteriormente COFEMER) publica todos los proyectos de regulaciones y AIR en línea para consultas públicas. Es mucho menos común en los países de ALC que se realicen consultas como parte del AIR en una etapa temprana, antes de que se tome una decisión sobre si se debe regular.
El indicador iREG para América Latina 2019 se basa en las respuestas a las Encuestas de la OCDE-BID sobre Política y Gobernanza Regulatoria 2015-2016 y 2019. Los países encuestados en 2015-2016 fueron Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Perú. La encuesta de 2019 presenta una actualización sobre estos países y, además, se incorpora datos de Argentina, El Salvador y República Dominicana, encuestados por primera vez en 2019. Las respuestas fueron proporcionadas por funcionarios del gobierno y reflejan la situación al 31 de marzo de 2019. Los datos cubren regulaciones iniciadas por el ejecutivo a nivel nacional, con un enfoque en regulaciones subordinadas.
El término regulación se refiere al conjunto diverso de instrumentos mediante el cual los gobiernos establecen requisitos para las empresas y los ciudadanos. Las regulaciones subordinadas son creadas por el ejecutivo y generalmente son aprobadas por el jefe de gobierno, por un ministro o por el gabinete. AIR es el proceso sistemático de identificación y cuantificación de beneficios y costos que pueden derivarse de opciones regulatorias o no regulatorias para una política bajo consideración.
Bibliografía complementaria
OCDE (de próxima publicación), OECD Best Practice Principles on Stakeholder Engagement in Regulatory Policy, Publicaciones de la OCDE, Paris.
OCDE (2018), OECD Regulatory Policy Outlook 2018, Publicaciones de la OCDE, Paris.
OCDE (2012), Recommendation of the Council on Regulatory Policy and Governance, Publicaciones de la OCDE, Paris.
Notas para los gráficos
Los datos de 2015 incluyen Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Perú. Los datos de 2019 también incluyen a Argentina, El Salvador y República Dominicana.
Fuente: Indicadores de Política y Gobernanza Regulatoria (iREG) de la OCDE para América Latina de 2016 y 2019, http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/ireg-lac.htm.
Fuente: Indicadores de Política y Gobernanza Regulatoria (iREG) de la OCDE para América Latina de 2016 y 2019, http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/ireg-lac.htm.
Fuente: Indicadores de Política y Gobernanza Regulatoria (iREG) de la OCDE para América Latina de 2016 y 2019, http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/ireg-lac.htm.
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https://doi.org/10.1787/1256b68d-es
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