OECD Multilingual Summaries

OECD Pensions Outlook 2016

Summary in Spanish

OCDE Perspectivas de Pensiones 2016

Resumen en español

Los sistemas de pensiones de los países de la OCDE aún se centran en los retos planteados por el envejecimiento de la población, la crisis financiera y económica y el entorno económico de bajo crecimiento y bajas tasas de interés. En estas Perspectivas se prosigue con el estudio de la OCDE de la manera en que los sistemas de pensiones responden a estos retos.

La naturaleza del suministro de pensiones privadas financiadas está cambiando: aumenta la importancia de los planes de aportación definida (AD) y los planes de pensiones individuales

Los retos afrontados por los sistemas de pensiones provocaron reformas que aumentaron la diversidad de los planes respectivos en todos los países de la OCDE y la importancia de aquellos en los que las prestaciones de pensiones son respaldadas por bienes, en especial de tipo AD, y las prestaciones se vinculan con el valor de los bienes acumulados. Los planes de pensión AD ofrecen un vínculo claro y directo entre aportaciones y prestaciones, pero dejan los riesgos (por ejemplo, inversión y longevidad) en manos de las personas y las hacen más responsables de gestionar su jubilación.

Para comprender estos cambios en el panorama y distinguir entre diferentes planes de pensiones, es fundamental analizar sus características: si son obligatorios, la manera como se financian las prestaciones de pensión, quién las gestiona, la función del empleador, el vínculo entre aportaciones y prestaciones, y quién asume los riesgos.

En las Perspectivas se aborda también el contexto de política pública de estos cambios y se concluye que coinciden con las principales sugerencias de la OCDE respecto a la diversificación de las fuentes de financiamiento para el retiro y la función complementaria de las pensiones financiadas. El peso creciente de los planes de AD implica que es imperativo mejorar su diseño de acuerdo con la OECD Roadmap for the Good Design of DC Pension Plans (Hoja de Ruta para el Buen Diseño de los Planes de Pensión AD). A continuación se analizan algunos de estos lineamientos de política pública.

En la mayoría de los países de la OCDE, el tratamiento fiscal de los ahorros para la jubilación brinda una ventaja fiscal cuando las personas ahorran para este fin

La mayoría de los países cuentan con un tratamiento fiscal preferencial de ahorros para la jubilación para alentar a las personas a ahorrar para la jubilación. Calcular el monto que una persona ahorraría en impuestos pagados al aportar a un plan privado de pensión en vez de invertir la misma cantidad en un vehículo de ahorro alternativo sugiere que el tratamiento fiscal de ahorro para la jubilación ciertamente ofrece una ventaja fiscal. Sin embargo, el tamaño de la ventaja fiscal general varía. Los subsidios a tasa fija y las aportaciones equivalentes pueden usarse para dirigir las ventajas fiscales a personas de ingresos bajos o para nivelar la ventaja fiscal a lo largo de la escala de ingresos. Las ventajas fiscales pueden alentar a las personas a ahorrar durante periodos más largos, pero no necesariamente a ahorrar más. Las reglas fiscales directas y sencillas pueden aumentar la confianza de las personas y ayudar a incrementar la participación en planes privados de pensión y sus aportaciones a estos.

Es necesario que los responsables de la formulación de política pública reciban la asesoría financiera adecuada sobre jubilación

Se requiere tomar medidas para resolver los conflictos de interés de los asesores financieros y para garantizar que los consumidores reciban asesoría financiera para el retiro que sea adecuada para sus necesidades. Sin embargo, estas medidas podrían provocar una brecha en el campo de la asesoría, reduciendo su disponibilidad y su asequibilidad, en particular para los consumidores con un patrimonio para la jubilación de nivel bajo a moderado. La asesoría basada en la tecnología puede aumentar la accesibilidad y asequibilidad de la asesoría y superar los prejuicios conductuales de los asesores. No obstante, los formuladores de política públicas tendrán que garantizar que se cuenta con regulaciones para ofrecer el mismo nivel de protección al consumidor.

Es necesario que los formuladores de política pública garanticen la sostenibilidad de los productos de pensión vitalicia y su conveniencia para los consumidores

Los productos de pensión vitalicia pueden desempeñar una función importante para ayudar a las personas a mitigar riesgos de inversión y longevidad. No obstante, estos productos y sus garantías relacionadas plantean retos. La falta de concordancia respecto a lo que se quiere decir con producto de pensión vitalicia y la terminología utilizada para describir los diferentes tipos de productos, requiere definir un lenguaje común. Se requiere un marco coherente para adaptarse y alentar el uso de productos de pensión vitalicia. Sin embargo, una mayor complejidad de los productos destaca la necesidad de contar con asesoría financiera adecuada y explicaciones comprensibles de estos para asegurar que los consumidores adquieran productos adecuados para sus necesidades. El marco regulatorio deberá poner en práctica herramientas para gestionar el riesgo y los incentivos para hacerlo, con el fin de estimular la gestión apropiada de riesgos por parte de los proveedores de la pensión vitalicia. Los enfoques basados en principios son más convenientes que las fórmulas fijas, ya que permiten que los requerimientos de capital se adapten a diseños de productos en proceso de cambio, garantizando suficiente capital para respaldar las obligaciones de pensión vitalicia y garantizar su sostenibilidad.

La educación financiera bien diseñada puede mejorar los conocimientos financieros, las actitudes y las capacidades para la jubilación y puede ayudar a la toma de decisiones

La escasa formación financiera plantea varios retos, pues las personas son cada vez más responsables de manejar su propio patrimonio para jubilación. Es necesario implantar iniciativas de formación financiera a este respecto, tomando en cuenta las circunstancias nacionales y la magnitud de los retos de planificación del retiro debido a las características de los diferentes sistemas nacionales de pensiones y del entorno financiero. Los gobiernos y otras partes interesadas tendrán que asegurarse de brindar información sobre sistemas de pensiones, reformas de pensiones y planes privados de pensiones que sea accesible y clara y no resulte abrumadora para el usuario. La información sobre costos, desempeño, calidad del servicio, asignación de la inversión y nivel de riesgo debe ser comparable y normalizada. Aquella relativa a todos los planes de pensión de una persona deberán combinarse y las declaraciones de pensiones, complementarse con calculadoras o simuladores para optimizar su impacto. Es preciso contar con estrategias nacionales de formación financiera para garantizar que las personas puedan adquirir competencias financieras generales. Además, se cuenta con herramientas prácticas para los formuladores de políticas, como una matriz de necesidades de formación financiera, y herramientas para apoyar la toma de decisiones sobre jubilación y una lista de verificación.

La mayoría de los países de la OCDE han trabajado en homologar los sistemas de pensiones para servidores públicos y trabajadores del sector privado

En la mitad de los países de la OCDE, las promesas de pensiones futuras de los funcionarios públicos, medidas en términos de las tasas de reemplazo, son 20 puntos porcentuales más altas para una carrera profesional completa que las del sector privado. Entre estos países se encuentran Alemania, Bélgica, Corea y Francia, los cuales mantienen sistemas de pensiones separados por sector. En otra cuarta parte de los países de la OCDE, que han homologado sus sistemas de pensiones desde la década de 1990, se opera con costos heredados. Un marco integrado de pensiones que cubra a todos los trabajadores por igual puede rendir beneficios en varias dimensiones. Por el lado del capital, es difícil argumentar hoy que los funcionarios o trabajadores del sector público requieren una mayor sustitución de ingresos en la jubilación que sus homólogos del sector privado. Por el lado de la eficiencia, hay importantes economías de escala al gestionar sistemas unificados de pensiones, por ejemplo, en recaudación de aportaciones, mantenimiento de registros y pago de prestaciones. Además, restringir la movilidad laboral en los distintos sectores (por ejemplo, periodos consolidados o portabilidad limitada) resulta ineficiente, instaura rigideces en la gestión de la carrera profesional individual y restringe la capacidad de los trabajadores de adaptarse a cambios sectoriales y a nuevas oportunidades de empleo. Un plan de pensiones común facilitaría estas elecciones, así como la movilidad laboral.