Prólogo
Las actividades de lobby y de influencia son actos legítimos de participación democrática, a través de los cuales, todos los interesados tienen el derecho de participar en el desarrollo y la implementación de las políticas públicas. Sin embargo, en ausencia de un marco justo y equitativo que regule el lobby, estas actividades podrían conducir al abuso de poder, a la distribución injusta de las oportunidades y a unas políticas que no siempre benefician a nuestras sociedades. Asimismo, las normas y directrices sobre el lobby también son fundamentales para fomentar la confianza de los ciudadanos en la elaboración de políticas públicas y reforzar la democracia, una prioridad clave de la OCDE.
En los últimos treinta años, Chile ha tenido unas instituciones democráticas estables y eficaces. De hecho, el gobierno ha trabajado diligentemente para fortalecer la equidad, la transparencia y la integridad en la toma de decisiones. En la actualidad, Chile dispone de un marco normativo sólido para la transparencia en las actividades de lobby y en el financiamiento político, en comparación con otros países de la OCDE.
Sin embargo, la llegada de las tecnologías digitales ha hecho que el alcance del lobby y de la influencia sea más complejo que lo que se ha venido definiendo tradicionalmente en las normativas. En la actualidad, las redes sociales se utilizan ampliamente como una herramienta de lobby, planteando así nuevos riesgos en materia de integridad para el proceso de elaboración de políticas. De hecho, ahora hay más actores involucrados que nunca, que actúan a través de movimientos de base, asociaciones industriales o comerciales, empresas de relaciones públicas y bufetes de abogados, laboratorios de ideas, organismos de investigación, organizaciones benéficas y organizaciones de recaudación de fondos, entre otros, dificultando la capacidad de los gobiernos para abordar la influencia indebida y establecer un marco sólido y eficaz para las actividades de lobby. Para ello, el informe de la OCDE El Lobby en el siglo XXI sugiere un enfoque más integral a la hora de definir el lobby con el fin de abordar estos desafíos emergentes. Chile está familiarizado con estos desafíos y, en 2023, el Gobierno de Chile solicitó orientación a la OCDE sobre cómo modernizar su marco regulatorio del lobby para garantizar la salvaguardia continua de los procesos públicos de toma de decisiones frente a los riesgos de influencia indebida. Esto refleja la buena práctica del gobierno chileno de monitorear continuamente los desafíos y adaptar los marcos normativos en consecuencia.
Este informe analiza el marco regulatorio y la práctica actual del lobby en Chile, y evalúa su resiliencia ante las tendencias emergentes y los nuevos desafíos. En concreto, el informe identifica medidas y reformas complementarias que Chile podría adoptar para fortalecer el marco legislativo existente, concienciar sobre los estándares de integridad en cuanto al lobby para los funcionarios públicos y los lobbistas en general, así como para mejorar la divulgación de las actividades de lobby y de influencia.
Este informe fue aprobado por el Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Integridad Pública y Anticorrupción (WP-PIAC) el 21 de noviembre de 2023 [GOV/PGC/INT(2023)15], desclasificado por el Comité de Gobernanza Pública de la OCDE el 10 de mayo de 2024 y preparado para su publicación por la Secretaría.