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Subnational governments’ capacity to effectively fund and deliver public services are crucial for the realisation of the benefits of decentralisation. However, subnational capacities often suffer from significant weaknesses, ranging from inadequate assignments of own-revenues, through to flaws in tax administration, the design of intergovernmental transfers, spending assignments and various aspects of public financial management. The volume discusses how better diagnostics and more strategic reforms can contribute to easing the resource constraints on subnational governments, as well as creating appropriate incentives for these governments to improve performance. The volume includes studies of the enabling conditions for subnational capacity building in Asia, as well as focused studies of China and India's fiscal relations challenges.

Tras la pandemia del COVID-19, los gobiernos se enfrentan a riesgos de fraude tanto antiguos como nuevos, algunos de ellos a niveles sin precedentes, relacionados con el gasto en socorro y recuperación. Los programas de subvenciones públicas son un área de alto riesgo, en la que cualquier fraude acaba desviando el dinero de los contribuyentes de las prestaciones indispensables para los particulares y las empresas. Este informe identifica cómo la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) podría identificar y controlar mejor los riesgos de fraude en las subvenciones. Demuestra cómo las técnicas innovadoras de aprendizaje automático pueden ayudar a la IGAE a mejorar su evaluación de los riesgos de fraude en los datos de las subvenciones. Presenta un modelo de riesgo de trabajo, desarrollado con conjuntos de datos a disposición de la IGAE y mapea conjuntos de datos que se podrían utilizar en el futuro. El informe también considera las condiciones previas para la analítica avanzada y las evaluaciones de riesgo, incluyendo las formas en que la IGAE puede mejorar su gobernanza y gestión de datos.

La integridad pública es una condición necesaria para responder a la corrupción, mantener la confianza en las instituciones públicas y gestionar crisis como la COVID-19 de manera eficaz. Este informe analiza las responsabilidades institucionales de integridad pública en el Ecuador. Propone recomendaciones concretas para abordar la actual fragmentación institucional y crear un sistema de integridad pública que involucre a todos los actores relevantes a nivel nacional. El informe también aborda el enfoque estratégico del Ecuador en materia de integridad pública, y propone una hoja de ruta hacia una política de Estado de largo plazo que guarde coherencia con los objetivos de desarrollo nacionales e internacionales. Por último, examina cómo el Ecuador podría incorporar la integridad en las entidades públicas que conforman la función ejecutiva.

Niniejszy raport zawiera ocenę zarządzania publicznego i rozwoju terytorialnego w polskich jednostkach samorządu terytorialnego (JST). Zawiera on kluczowe zalecenia dla władz na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym w Polsce, dotyczące sposobów wzmocnienia rozwoju i poprawy świadczenia usług oraz usprawnienia procesów zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Raport odnosi się do ośmiu kluczowych obszarów tematycznych: planowania strategicznego, koordynacji pomiędzy jednostkami administracji i politykami sektorowymi, wielopoziomowego zarządzania i potencjału inwestycyjnego, wykorzystywania wyników monitoringu i ewaluacji w procesie podejmowania decyzji, budżetowania, strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, otwartego rządzenia oraz polityki regulacyjnej mającej na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych i uproszczenie procedur zamówień publicznych. W raporcie zaproponowano klasyfikację JST w Polsce opartą na typologii OECD, w celu odzwierciedlenia funkcjonalności gospodarczej poszczególnych regionów/terytoriów, aby pomóc JST w opracowaniu bardziej efektywnej polityki rozwoju lokalnego. Narzędzie samooceny dla JST w Polsce uzupełnia raport i dostarcza kluczowych wskaźników, które pozwolą powiatom i gminom ocenić swoje mocne i słabe strony w zakresie zarządzania publicznego i praktyk rozwoju lokalnego, zaplanować, jak lepiej służyć obywatelom, wzmocnić zrównoważony rozwój lokalny i zaangażować interesariuszy w budowanie wspólnej wizji i planu działania.

Una elección humana está en el núcleo de la integridad. Investigaciones sobre el comportamiento han revelado dos determinantes de la integridad: la dinámica interna de cómo los individuos toman decisiones morales y cómo estas decisiones son a su vez influenciadas y moldeadas por otras personas. Este informe presenta cómo una perspectiva conductual podría contribuir a que las políticas de integridad y anticorrupción sean más eficaces y eficientes. Incluye aplicaciones de políticas concretas y proporciona una guía para los responsables de las políticas sobre cómo utilizar la perspectiva conductual en el diseño de políticas de integridad y anticorrupción.

La contratación pública se está convirtiendo en una herramienta estratégica en el Perú para lograr importantes objetivos políticos. Las reformas legislativas aprobadas en 2016 indican un fuerte compromiso del gobierno para modernizar el sistema de adquisiciones públicas. De hecho, el sistema atraviesa actualmente un período de transición, pasando de formalidades excesivas y procesos de licitación complejos a la priorización de resultados y una mayor relación calidad-precio. Este informe examina las reformas en curso en materia de contratación pública en el Perú, centrándose en cuestiones como los procesos de contratación pública, la participación en licitaciones y la cultura de integridad en el proceso de contratación pública. También, proporciona orientación para ayudar al Perú a implementar reformas que aumenten la eficiencia, transparencia y rendición de cuentas del sistema.

La innovación bien planeada y orientada impulsa la productividad, aumenta el crecimiento económico y ayuda a solucionar los problemas sociales. Pero, ¿de qué manera los gobiernos motivan a las personas a innovar más? Y, ¿cómo los gobiernos mismos pueden ser más innovadores?
La Estrategia de Innovación de la OCDE brinda una serie de principios para fomentar la innovación en las personas (tanto trabajadores como consumidores), las empresas y los gobiernos. Analiza detenidamente el ámbito de la innovación, de qué forma está cambiando y dónde y cómo se lleva a cabo. Como resultado, la Estrategia plantea políticas de largo alcance que favorecen la innovación, las cuales aprovechan las investigaciones y los datos más recientes.

La presente edición 2011 de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales compromete 42 países a nuevas y más estrictas normas de conducta empresarial. Las Directrices actualizadas incluyen nuevas recomendaciones sobre el abuso de los derechos humanos y responsabilidad empresarial de su cadena de suministro, siendo estas el primer acuerdo intergubernamental en este rubro.
Las Directrices establecen, por ejemplo, que las empresas deben respetar los derechos humanos en cada uno de los países en los que tienen operaciones. Las empresas deben también respetar las normas ambientales y laborales, y contar con la debida diligencia de procesos que aseguren que se cumplan. Estas incluyen cuestiones como el pago de salarios decentes, lucha contra la corrupción, las peticiones de soborno y la extorsión, y la promoción del consumo sustentable.
Las Directrices son un código de conducta amplio, no vinculatorio que los países miembros de la OCDE y otros adherentes han acordado para promover el sector empresarial. Se ha establecido también un nuevo proceso de mediación más estricto para atender quejas.

Este informe evalúa y analiza la evaluación la ley en Chile y hace algunas recomendaciones relacionadas con las cuestiones institucionales, metodológicos y de gobierno.

De todas las actividades gubernamentales, la contratación pública es la más vulnerable a la corrupción. Basta un ejemplo: el soborno realizado por empresas internacionales en los países de la OCDE tiene mucha mayor penetración en las compras públicas que en los de suminis¬tros, impuestos o en los tribunales. Dado que la contratación pública es una actividad económica de gran im¬portancia de los gobiernos, calculada en el 15% del PIB, tiene un considerable impacto en cómo se gasta el dinero de los contribuyentes.
A pesar que existe un amplio acuerdo en que todas las reformas a las compras públicas deben apegarse a los principios de buen gobierno, los esfuerzos internacionales se han centrado tradicionalmente en el proceso de la licitación. Sin embargo, éste es solamente la “punta del iceberg”. Escándalos recientes de corrupción han atraído la atención a zonas oscuras del ciclo completo de las compras públicas, incluyendo la evaluación de necesidades y la gestión de contratos. Los esfuerzos de reforma frecuentemente han descuidado las excepciones a los procedimientos competitivos tales como la contratación de emergencia y adquisiciones para la defensa.
Esta obra va más allá de una declaración general de la importancia del buen gobierno y la prevención en las compras públicas. Ofrece una perspectiva práctica sobre cómo la profesión de la contratación pública está evolucionando para hacer frente a la creciente demanda de integridad, recurriendo a la experiencia de los profesionales en adquisiciones, y así también en especialistas en auditoría, competencia y anticorrupción.
El estudio provee, por primera vez, una visión comparativa de prácticas dirigidas a impulsar la integridad a lo largo del ciclo completo de contratación. Asimismo incluye numerosos “elementos de buenas prácticas” identificados no solamente en los países de la OCDE sino también en Brasil, Chile, Dubai, Eslovenia, India, Pakistán, Rumania, y Sudáfrica.

Governments need to ensure that public officials perform their duties in a fair and unbiased way. The pressure comes from a society and a business community that are increasingly well-informed, and specifically from a general demand for unbiased and transparent public decision-making. The OECD Guidelines for Managing Conflict of Interest in the Public Service provide the first international benchmark in this field. They help governments review and modernise their conflict-of-interest policies in the public sector. The report highlights trends, approaches and models across OECD countries in a comparative overview that also presents examples of innovative and recent solutions. Selected country case studies give more details on the implementation of policies in national contexts and on key elements of legal and institutional frameworks

¿Porqué se ha movilizado la OCDE, al igual que otros miembros de la comunidad internacional, para luchar contra la corrupción? La respuesta es sencilla: la corrupción no respeta fronteras, no hace distinciones económicas e infecta todo tipo de gobierno. En el largo plazo, ningún país puede asumir los costos sociales, políticos o económicos que trae consigo este negativo fenómeno.
No hace mucho tiempo que el cohecho de servidores públicos extranjeros con el fin de obtener negocios era una práctica, si no aceptable, al menos tolerable en muchos países de la OCDE. Hoy, la corrupción ha pasado a ocupar el lugar principal de la agenda política global conforme su severo impacto en el desarrollo económico y su corrosivo efecto sobre la estabilidad política y las instituciones democráticas se hace cada vez más evidente.
En el nuevo milenio, la OCDE y los países asociados, que representan poco más del 75% del comercio y la inversión en el mundo, aplicarán reglas más estrictas. La Convención contra el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales prohibirá la práctica de sobornar a dichos servidores públicos, haciendo que la competencia en los negocios internacionales sea mucho más justa y abierta.
El cohecho en las transacciones comerciales internacionales es sólo parte del problema. Actualmente, se ha desarrollado todo un arsenal de instrumentos legales para combatir la corrupción y mejorar las normas de ética en el sector público, al igual que para terminar con la posibilidad de deducir fiscalmente el cohecho; para contrarrestar el lavado de dinero y para sanear las prácticas en las compras gubernamentales. El sector privado y la sociedad civil continuarán desempeñando un papel crucial para lograr que estas nuevas reglas se conviertan en una realidad.
Este libro presenta los elementos clave que se requieren para establecer y mantener libres de corrupción a instituciones, sistemas y empresas privadas.

The Guidelines for Consumer Protection in the Context of Electronic Commerce are designed to help ensure that consumers are no less protected when shopping on line than they are when they buy from their local store or order from a catalogue. By setting out the core characteristics of effective consumer protection for online business-to-consumer transactions, the Guidelines are intended to help eliminate some of the uncertainties that both consumers and businesses encounter when buying and selling on line. The Guidelines reflect existing legal protections available to consumers in more traditional forms of commerce. Their aim is to encourage: - fair business, advertising and marketing practices; - clear information about an online business’s identity, the goods or services it offers and the terms and conditions of any transaction; - a transparent process for the confirmation of transactions; - secure payment mechanisms; - fair, timely and affordable dispute resolution and redress; - privacy protection; and - consumer and business education.