¿Porqué se ha movilizado la OCDE, al igual que otros miembros de la comunidad internacional, para luchar contra la corrupción? La respuesta es sencilla: la corrupción no respeta fronteras, no hace distinciones económicas e infecta todo tipo de gobierno. En el largo plazo, ningún país puede asumir los costos sociales, políticos o económicos que trae consigo este negativo fenómeno.

No hace mucho tiempo que el cohecho de servidores públicos extranjeros con el fin de obtener negocios era una práctica, si no aceptable, al menos tolerable en muchos países de la OCDE. Hoy, la corrupción ha pasado a ocupar el lugar principal de la agenda política global conforme su severo impacto en el desarrollo económico y su corrosivo efecto sobre la estabilidad política y las instituciones democráticas se hace cada vez más evidente.

En el nuevo milenio, la OCDE y los países asociados, que representan poco más del 75% del comercio y la inversión en el mundo, aplicarán reglas más estrictas. La Convención contra el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales prohibirá la práctica de sobornar a dichos servidores públicos, haciendo que la competencia en los negocios internacionales sea mucho más justa y abierta.

El cohecho en las transacciones comerciales internacionales es sólo parte del problema. Actualmente, se ha desarrollado todo un arsenal de instrumentos legales para combatir la corrupción y mejorar las normas de ética en el sector público, al igual que para terminar con la posibilidad de deducir fiscalmente el cohecho; para contrarrestar el lavado de dinero y para sanear las prácticas en las compras gubernamentales. El sector privado y la sociedad civil continuarán desempeñando un papel crucial para lograr que estas nuevas reglas se conviertan en una realidad.

Este libro presenta los elementos clave que se requieren para establecer y mantener libres de corrupción a instituciones, sistemas y empresas privadas.