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L’analyse d’impact de la réglementation (AIR) est un instrument fondamental qui aide les autorités à évaluer les bienfaits, le coût et les effets probables de la réglementation en projet ou en vigueur. La réglementation étant ainsi mieux conçue, l’AIR contribue à l’efficience recherchée par les responsables de l’action publique. Cet apport est d’autant plus précieux que les autorités doivent faire face à des contraintes budgétaires et répondre par leur action à des impératifs concurrents.
Ce guide, destiné aux décideurs qui souhaiteraient mieux connaître l’AIR, a pour but de traiter les principales étapes de l’AIR en insistant sur les conditions institutionnelles qu’il est indispensable de réunir pour que la réalisation aboutisse. Il s’appuie sur les très nombreux travaux que l’OCDE a consacrés à la pratique de l’AIR dans les pays membres. Le cadre de l’OCDE souligne l’intérêt de l’AIR, qui permet aux praticiens de mieux comprendre les conditions requises pour mettre en application un mécanisme d’AIR et pérenniser son fonctionnement.
This guide draws on the experience of, and policy dialogue between, member countries of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and Middle East and North African countries (MENA). It reviews common barriers to designing and implementing a strategy for administrative simplification and offers 22 approaches to overcome them, providing a synthesis of good practices among policy makers and practitioners working on cutting red tape.
Au cours des 20 dernières années, la gestion de l’emploi public a évolué de façon spectaculaire dans la plupart des pays de l’OCDE. Premièrement, les gouvernements se sont efforcés de réduire sa taille afin de diminuer les coûts de la production de services publics, soit directement, soit indirectement en sous-traitant la prestation de services au secteur privé dans la recherche d’une plus grande efficacité. Deuxièmement, dans nombre de cas, les gouvernements ont tenté d’appliquer les bons principes de gestion à la gestion de la fonction publique. C’est ainsi que l’emploi public dans nombre de secteurs de l’administration a perdu son caractère unique et est devenu assez semblable au système d’emploi général des différents pays. Cette publication dresse un bilan des principaux changements intervenus dans la gestion de l’emploi public dans les pays de l’OCDE. Elle examine également la manière dont les pays trouvent un équilibre entre, d’une part, le soutien des valeurs fondamentales comme l’équité, la justice et la cohésion sociale, de façon à préserver la confiance politique dans l’ensemble de l’appareil gouvernemental et, de l’autre, l’attention à l’efficience, à la productivité et à l’efficacité.
Les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales constituent le plus complet des instruments qui existent aujourd’hui concernant la responsabilité des entreprises et bénéficiant de l’appui des pouvoirs publics. Les gouvernements adhérents – représentant toutes les régions du monde et 85 pourcent de l’investissement direct étranger – se sont engagés à encourager les entreprises opérant sur leur territoire à respecter, partout où elles exercent leurs activités, un ensemble de principes et de normes largement reconnus qui visent à assurer de leur part un comportement responsable. Ce livret comprend le texte, les procédures de mise en œuvre et les commentaires adoptés en juin 2000, à l’occasion de la révision la plus récente des Principes.
The revised OECD Guidelines for Multinational Enterprises were adopted by the governments of the 30 Member countries of the OECD and Argentina, Brazil and Chile on the occasion of the OECD's annual Council meeting at Ministerial level in Paris on 27 June 2000. This booklet comprises the revised text and commentary, implementation procedures and the Declaration on International Investment and Multinational Enterprises.
En todos los países de la OCDE los ciudadanos demandan mayor transparencia y rendición de cuentas de sus gobernantes. Nuevas formas de participación surgen en tanto los ciudadanos buscan oportunidades para participar activamente en la definición de las políticas que afectan sus vidas. En respuesta, los gobiernos exploran nuevas maneras para informar e incluir a los ciudadanos y a las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración de políticas. ¿Son estas nuevas formas de participación efectivas?, ¿apoyan o debilitan los mecanismos tradicionales la elaboración de políticas públicas en el marco de la democracia representativa?
Este manual muestra la teoría y la práctica de la evaluación de la participación pública, recurre intensamente a las perspectivas y aportaciones de expertos gubernamentales, académicos y profesionales de la sociedad civil de los países de la OCDE. Asimismo, refuerza los hallazgos del informe previo titulado Citizens as Partners: Information, Consultation and Public Participation (2001), el cual destaca la ausencia de una evaluación sistémica de los esfuerzos que realiza el gobierno para comprometer a los ciudadanos y a la sociedad civil en el desarrollo de políticas.
Este libro representa un primer intento por acabar con “la brecha de la evaluación”. Más que un manual técnico para evaluadores profesionales, este ofrece una guía estratégica para diseñadores de políticas y a funcionarios de gobierno de alto nivel responsables de encargar y usar las evaluaciones de la participación pública. Señala los temas claves a tomar en cuenta al evaluar la información, la consulta y participación pública, y ofrece ejemplos concretos recogidos de la práctica vigente en 8 países de la OCDE: Canadá, la República Checa, Finlandia, Italia, México, Noruega, Suecia y Reino Unido.
La mayoría de los países de la OCDE han hecho una prioridad la elaboración de políticas para disminuir las cargas administrativas (reducir el papeleo). La burocracia es onerosa particularmente para las empresas pequeñas y puede inhibir el emprendimiento. Estos efectos son más costosos en los mercados mundiales, en donde la competitividad puede ser afectada por la eficiencia de la regulación local y el entorno administrativo. Pero también los ciudadanos y las grandes empresas se quejan de la elaboración de reportes solicitados que son innecesarios.
¿Qué pueden hacer los gobiernos al respecto? Las estrategias incluyen establecer metas cuantitativas para reducir las cargas administrativas cuando se diseñan o modifican normativas existentes; codificación; mejorar la coordinación multi-nivel; y la introducción rápida de servicios de e-gobierno. Cada vez más los gobiernos asignan responsabilidad a una unidad administrativa central apoyados por grupos de trabajo y comités externos. Este acercamiento de “gobierno entero” representa un paso mayor en los años recientes incrustando la simplificación administrativa en todo el sistema de calidad normativo en el nivel nacional.
El gobierno electrónico está llamado a mejorar la operación de la administración pública y su relación con el público. La buena noticia es que las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) ofrece una gama de herramientas para alcanzar la promesa del e-gobierno. La mala noticia es que dicha promesa aún no se ha visto reflejada en la realidad. A la fecha, el acercamiento al e-gobierno ha sido conducido con demasiada frecuencia por las soluciones que ofrecen las TIC en lugar de la demanda del usuario. Mientras que las soluciones TIC han sido efectivas para ofrecer servicios en línea, esto ha derivado en la proliferación de sitios web, portales y servicios electrónicos que son incompatibles, confusos y se traslapan… sin mencionar lo costoso que son.
Más que agregar simplemente un canal para la distribución de un servicio, el e-gobierno puede mejorar los servicios que el gobierno ofrece. Pero sólo puede suceder como parte de una transformación general de los procesos, la estructura y la cultura del gobierno. Algunos gobiernos de la OCDE están aplicando ahora una nueva “lógica de e-gobierno” que permite a las agencias gubernamentales en red compartir recursos y entregar información y servicios orientados al usuario. Esto requiere un mejor entendimiento de lo que hace el gobierno y de cómo lo hace desde una perspectiva de gobierno entero.
En seguimiento a un conjunto de discusiones entre funcionarios de alto nivel de e-gobierno celebradas por la OCDE en 2003 y 2004, este reporte se centra en los retos claves, que son de hecho, el reto medular de todas las administraciones públicas: cómo ser más ágiles, receptivas, constantes y transparentes.
Este informe observa la nueva filosofía y la práctica en los países de la OCDE en cinco áreas diferentes.
-E-gobierno orientado al usuario: haciendo los servicios electrónicos más receptivos a las necesidades de los ciudadanos y las empresas.
-Distribución multicanal de servicios: mejorando los vínculos entre servicios tradicionales y servicios electrónicos para fomentar la innovación en los servicios y garantizar el acceso a todos los usuarios.
-Enfoque de procesos de negocio habituales: identificando procesos habituales dentro de la administración para lograr una economía de escala, reduciendo la duplicación de esfuerzos y proporcionando servicios homogéneos.
-Gobierno electrónico como caso de negocio: midiendo y demostrando los costes y beneficios de las inversiones en TIC para priorizar y gestionar mejor los proyectos de gobierno electrónico.
-Coordinación: adaptando una perspectiva global para todas las iniciativas de gobierno electrónico y su gestión, a la vez que se tienen en cuenta las estructuras existentes y las culturas de las instituciones gubernamentales.
Malware attacks are increasing both in frequency and sophistication, thus posing a serious threat to the Internet economy and to national security. This book is a first step toward addressing the threat of malware in a comprehensive, global manner. It informs readers about malware -- its growth, evolution and countermeasures to combat it; presents new research into the economic incentives driving cyber-security decisions; and makes specific suggestions on how the international community can better work together to address the problem.
Damages to economic assets resulting from natural disasters have soared in the past fifteen years, and climate change models forecast intensified exposure to extreme weather in many OECD countries. This OECD review of risk management policies focuses on Japan, because the geography, topography and climate of its national territory subject it to serious natural hazards, especially seismic activity and typhoons. The report looks at Japan’s policies in the areas of monitoring, preparing for and responding to floods and earthquakes, seeking out and identifying good practices and areas where improvements could be made. The case studies consider several issues of particular interest to policy makers, such as how to take climate change into account for long term policy planning related to large scale floods, and Japan’s unique earthquake insurance scheme for damages whose probability and impact are hard to accurately assess.
La décentralisation s’est accrue et cela a renforcé la responsabilité des niveaux de gouvernement infranationaux dans la fourniture d’un ensemble de biens et services publics. Cependant, il est très rare qu’ils agissent de manière indépendante. Cet ouvrage fournit un cadre analytique unique permettant d’évaluer les accords pluriniveaux, qui est ensuite appliqué à cinq cas nationaux de politique de développement régional : l’Allemagne, le Canada, l’Espagne, la France et l’Italie. Cette étude souligne l’importance des arrangements contractuels pour adapter localement les interdépendances entre acteurs publics, pour clarifier leurs responsabilités, établir un dialogue entre les parties et permettre l’apprentissage.
Les autorités publiques doivent relever le défi de rationaliser et de réduire les charges qu’imposent les prescriptions administratives. Cependant, les formalités administratives leur sont nécessaires pour s’informer et mettre leur action en œuvre. Les stratégies de simplification administrative visent à moderniser les méthodes, à réduire la complexité, la paperasserie et l’incertitude. Elles contribuent ainsi à la responsabilité et à l’efficience des services rendus par le secteur public, et à un environnement réglementaire qui favorise l’activité économique et sociale.
Ce guide tire parti de l’expérience des pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et des pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (MENA), ainsi que de leur concertation sur l’action à mener. Il passe en revue les obstacles communs à la conception et à la mise en œuvre d’une stratégie de simplification administrative et propose 22 moyens de les surmonter, livrant une synthèse des meilleures méthodes appliquées par les décideurs et les praticiens qui travaillent à la réduction des formalités administratives.
Did you know? As of June 2008, 104,000 Web sites referred to the OECD Guidelines for Multinational Enterprises, compared with 25,000 five years earlier.
Using widely available Internet tools, internet thieves trick unsuspecting computer users into providing personal data, which they then use for illicit purposes, causing mistrust of online payment and banking services. This book defines identity theft and studies how it is perpetrated, outlines what is being done to combat the major types of ID theft, and recommends specific ways that ID theft can be addressed in an effective, global manner.
This third edition provides the latest comparable data and trends across regions in OECD countries, including a special focus on the spatial dimension for innovation. It relies on the OECD Regional database, the most comprehensive set of statistics at the sub-national level on demography, economic and labour market performance, education, healthcare, environmental outputs and knowledge-based activities comparable among the OECD countries. This publication provides a dynamic link (StatLink) for each graph and map, which directs the user to a web page where the corresponding data are available in Excel®.
This report examines both the challenges and the opportunities associated with designing and using indicator systems as a tool for the governance of regional development policy. It draws on the experiences of a number of OECD countries and provides an in-depth look at the cases of Italy, the United Kingdom (England), the United States and the European Union. It builds on previous OECD work on the governance of regional development policy by extending lessons about contractual relations among levels of government to performance indicator systems.
In addition to the Principles, this exhaustive publication includes a Checklist for implementing the framework throughout the entire public procurement cycle. It also gives a comprehensive map of risks that can help auditors prevent as well as detect fraud and corruption. Finally, it features a useful case study on Morocco, where a pilot application of the Principles was carried out.
“The Checklist will help governments and agencies to develop more transparent, efficient procurement systems”
-Nicolas Raigorodsky, Under-secretary of Transparency Policies, Anticorruption Office, Argentina
“Public procurement is one of the most important public governance issues. Action is needed to ensure integrity by reducing bribery and corruption”
-Business and Industry Advisory Committee to the OECD
“The general thrust and content of the document is commendable. Much of it tracks very closely to the United Nations Convention Against Corruption and the United Nations Commission on International Trade Law Model Law”
-Stuart Gilman, Head of the UN Global Programme Against Corruption and the Anticorruption Unit, United Nations Office on Drugs and Crime