La integridad es clave para aumentar la productividad, reducir las desigualdades y fortalecer la capacidad del sector público, y, por consiguiente, respalda e impulsa el desarrollo económico y social de América Latina. La corrupción, por el contrario, socava el crecimiento inclusivo y pone en peligro el contrato social. Al menos desde el establecimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción en 1996, los gobiernos de la región han tomado medidas para combatir este escollo. Más de 20 años después, este tema parece gozar de mayor actualidad que nunca, y la gran mayoría de los ciudadanos latinoamericanos no están satisfechos con el modo en que sus gobiernos abordan el problema. La percepción de falta de integridad en instituciones públicas es el origen de la pérdida de confianza en los gobiernos e instituciones en la región.

Aumentar la productividad, mejorar la inclusión social y fortalecer las instituciones son prioridades para los países de América Latina y el Caribe (ALC). No obstante, estos objetivos no se podrán alcanzar sin integridad pública. La integridad es una condición necesaria para impulsar los mercados y garantizar la continuidad del contrato social. La corrupción genera desconfianza en los gobiernos, socava la productividad y acentúa las desigualdades.

Aumentar la productividad, mejorar la inclusión social y fortalecer las instituciones son prioridades esenciales para los países de América Latina y el Caribe (ALC). Estos objetivos no se alcanzarán si no se refuerza la integridad pública (). La integridad es una condición necesaria para lograr una gobernabilidad pública eficiente y eficaz, capaz de rendir cuentas por sus resultados, así como para garantizar una formulación de políticas inclusiva y transparente, en la que se escuchen y se tengan en cuenta las voces de los ciudadanos. La integridad permite el desarrollo de mercados competitivos que impulsen la innovación y el crecimiento, para poder escapar de la trampa de la renta media. A su vez, las prácticas corruptas y poco éticas se traducen en un uso ineficiente de los recursos escasos, menor productividad, menor calidad de los bienes y servicios públicos, y políticas que reflejan intereses particulares en lugar del interés público, acentuando con ello las desigualdades existentes. Además, la falta de integridad pública, aunque sea solo percibida, socava la legitimidad de un gobierno y la confianza de los ciudadanos en él y, en el peor de los casos, incluso su confianza en el sistema en general. Esto representa una amenaza para el contrato social y la buena gobernabilidad democrática. De hecho, la integridad es el elemento aglutinante que mantiene unidas a las sociedades.

A pesar de la marcada heterogeneidad en América Latina, la región también comparte características y desafíos comunes. Hacer frente a estos retos requiere abordar los aspectos sociales y económicos, en especial el aumento de la productividad y la disminución de las desigualdades. A su vez, para lograr una agenda de crecimiento inclusivo y hacer efectivas las respectivas políticas económicas y sociales, la gobernabilidad es un ingrediente clave, ya que determina cómo se formulan las políticas y cómo se aplican.

¿Qué pueden hacer los gobiernos de América Latina y el Caribe para reducir eficazmente la corrupción y promover la cultura de la integridad? ¿Qué pueden cambiar? Esencialmente, la corrupción es sintomática: no se controla ni minimiza luchando contra ella. Esta perspectiva no es nueva (Hors, 2000[40]; Kaufmann, 2015[41]). En los apartados siguientes, se identifican los principales retos en materia de gobernanza que sirven como base a los riesgos de corrupción en la región, y se proponen acciones para abordar tales riesgos, tanto a escala nacional como a través de una mejora de la cooperación regional en todos los países de la región.

Una buena gobernanza pública y una sólida cultura de integridad son indispensables para apoyar a los países de América Latina y el Caribe en sus esfuerzos por avanzar en una senda de crecimiento más inclusiva y sostenible y ofrecer mejores servicios públicos a sus ciudadanos. Esta publicación recoge los principales desafíos a los que se enfrenta la región en relación con la integridad y la gobernanza, como la amplia brecha existente entre la calidad de iure de la normativa y su implementación de facto, el riesgo de captura de políticas, las deficiencias de la función pública y la falta de autonomía de los servicios judiciales, a niveles tanto local como nacional.