Aumentar la productividad, mejorar la inclusión social y fortalecer las instituciones son prioridades esenciales para los países de América Latina y el Caribe (ALC). Estos objetivos no se alcanzarán si no se refuerza la integridad pública (). La integridad es una condición necesaria para lograr una gobernabilidad pública eficiente y eficaz, capaz de rendir cuentas por sus resultados, así como para garantizar una formulación de políticas inclusiva y transparente, en la que se escuchen y se tengan en cuenta las voces de los ciudadanos. La integridad permite el desarrollo de mercados competitivos que impulsen la innovación y el crecimiento, para poder escapar de la trampa de la renta media. A su vez, las prácticas corruptas y poco éticas se traducen en un uso ineficiente de los recursos escasos, menor productividad, menor calidad de los bienes y servicios públicos, y políticas que reflejan intereses particulares en lugar del interés público, acentuando con ello las desigualdades existentes. Además, la falta de integridad pública, aunque sea solo percibida, socava la legitimidad de un gobierno y la confianza de los ciudadanos en él y, en el peor de los casos, incluso su confianza en el sistema en general. Esto representa una amenaza para el contrato social y la buena gobernabilidad democrática. De hecho, la integridad es el elemento aglutinante que mantiene unidas a las sociedades.