Perú tiene un sistema centralizado de gobierno que comprende a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Perú no tiene una declaración de principios ni jurídica para la aplicación de una política regulatoria de gobierno completo. En cambio, tiene elementos específicos que procuran la calidad regulatoria y están incorporados en múltiples documentos jurídicos. Al reflejar los elementos dispersos de calidad regulatoria incorporados en los instrumentos jurídicos y de política pública, el panorama institucional de Perú también ofrece una visión en la cual las atribuciones jurídicas, las prácticas y los esfuerzos de política regulatoria están diseminados en varias agencias de gobierno, sin trabajos de coordinación articulados, salvo con algunas excepciones. Perú debe pensar en emitir una declaración de principios sobre política regulatoria con objetivos explícitos, y considerar que ésta se incluya como parte de una ley o de otro documento jurídico de carácter vinculante. Perú también debe aspirar a establecer un órgano de supervisión que concentre las actividades y herramientas de política regulatoria que actualmente están repartidas entre diversos ministerios, agencias de gobierno y oficinas.