Este capítulo examina las disposiciones institucionales para la integridad establecidas en el Perú tanto a nivel central como regional. En primer lugar, se analiza la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción o CAN, órgano oficial encargado de guiar el sistema de integridad pública. El análisis se centra en la capacidad de la Comisión para cumplir su mandato, su independencia de la injerencia política, la disponibilidad de personal especializado y capacitado y la adecuación de los recursos y poderes a su disposición. En segundo lugar, este capítulo se centra más específicamente en el mandato fundamental de la CAN, que es promover la coordinación horizontal entre las diferentes instituciones del sistema público de integridad. Por último, este capítulo evalúa los mecanismos regionales de divulgación y coordinación vertical de las políticas de integridad existentes, con especial atención en las capacidades institucionales a nivel regional.