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Estudios de la OCDE sobre los Sistemas de Salud: México 2016

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Diez años después de la introducción del Seguro Popular y del primer Estudio del Sistema de Salud de la OCDE, el Sistema de Salud mexicano, sin duda, ha progresado. Con la introducción del Seguro Popular en 2004, cerca de 50 millones de mexicanos que antes están afiliados a un esquema de aseguramiento público en salud que les brinda protección financiera. Evidencia reciente muestra que el gasto empobrecedor en salud ha disminuido de 3.3% a 0.8% de la población, y han mejorado los parámetros clave como la mortalidad infantil y las muertes por infartos cardíacos o accidentes cerebrovasculares. Sin embargo, se han intensificado retos graves y urgentes. Entre 2000 y 2012, las tasas de sobrepeso u obesidad aumentaron de 62% a 71% en la población adulta; uno de cada tres niños ya tiene sobrepeso u obesidad. Más del 15% de los adultos padece diabetes, más del doble del promedio de la OCDE de 6.9%

La inversión pública en el Sistema de Salud mexicano ha aumentado de 2.4% a 3.2% del producto interno bruto (PIB) entre 2003 y 2013. Sin embargo, está en duda si estos recursos se están traduciendo en beneficios para la salud tangibles -indicadores clave sugieren que el Sistema de Salud mexicano no está trabajando de la forma más eficaz o eficiente como podría hacerlo. Por ejemplo, el gasto administrativo representa casi 10% del presupuesto nacional de salud, el más alto de la OCDE. El alto gasto de bolsillo en salud también indica una falla del sistema de salud en lograr una cobertura efectiva, servicios de alta calidad, o ambos. Tal vez como resultado de éste y otros factores, la brecha en la esperanza de vida entre México y otros países de la OCDE, se ha ampliado de alrededor de cuatro años de edad a casi seis en la última década.

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Realinear el financiamiento para cubrir mejor las necesidades de la atención de la salud individual

El enfoque fragmentado de México al financiamiento de la atención de la salud refuerza la estructura igualmente dividida del sistema de salud, lo cual impide la eficacia en la generación y asignación de los recursos. Es de especial urgencia implantar en el país un enfoque más articulado, dado que cada año un gran número de personas transitan entre las instituciones de seguridad social y el Seguro Popular debido a cambios en su situación laboral y esto interrumpe la continuidad en la atención. Emprender esfuerzos hacia un financiamiento más integrado —o el equivalente funcional— permitiría que la atención se transfiera con mayor facilidad entre aseguradoras y podría conducir a mejoras en la eficiencia.

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