Argentina
1. Tendencias actuales
La pobreza en las áreas urbanas de Argentina aumentó del 21.5% en 2016 a 24.4% en 2020, superando el promedio de 26.3% registrado en América Latina y el Caribe (ALC), debido, en parte, a las repercusiones de la pandemia de COVID-19. La pobreza extrema de las áreas urbanas también aumentó en ese periodo, pasando del 2.9% al 6.3%, aunque sigue siendo inferior al promedio de ALC (8.7%). La desigualdad se mantuvo relativamente estable. El coeficiente de Gini incrementó de 42.0 en 2016 a 42.3 en 2020, manteniéndose por debajo del promedio de 45.3 registrado en los países de ALC. En lo que respecta a los indicadores medioambientales, en 2019 se registraron emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) per cápita de 8.2 toneladas equivalentes de dióxido de carbono (t CO2e), superiores al promedio de ALC (6.3) y ligeramente inferiores al promedio de 9.1 registrado en los países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Ese año, la proporción de población expuesta a la contaminación atmosférica que supone un riesgo para la salud humana (PM2.5 a más de 10 µg/m3) fue de 98.5%, situándose por encima del 95.4% registrado en ALC y del 61.0% en los países miembros de la OCDE. La zona marina protegida de Argentina representó el 11.8% de sus aguas territoriales, frente al 7.3% registrado en ALC y al 18.6% en la OCDE. En materia fiscal, los ingresos tributarios ambientales supusieron el 1.8% del producto interno bruto (PIB) en 2020, situándose por encima de ALC (1.0%) y por debajo de la OCDE (2.1%). El total de ingresos tributarios expresado como porcentaje del PIB (29.4%) en 2020 siguió siendo inferior al promedio de ALC, aunque superior al promedio de la OCDE (33.5%).
2. Políticas de desarrollo a largo plazo para una transición verde
A raíz de la Ley General del Medio Ambiente de 2022, Argentina aprobó leyes en materia de gestión de residuos (Ley No. 25916, de 2004), gestión de aguas (Ley No. 25688, de 2002), protección forestal (Ley No. 26331, de 2007), y glaciares (Ley No. 26639, de 2010). En 2019, Argentina promulgó la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global y creó el Gabinete Nacional de Cambio Climático, que está elaborando el Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático.
En cuanto a las medidas de mitigación, el Plan Nacional de Acción de Energía y Cambio Climático promueve el uso de biocombustibles, energías renovables, así como la eficiencia energética, para reducir las emisiones de GEI en el sector energético. Asimismo, Argentina se ha comprometido a reducir la deforestación y la degradación a través de su estrategia de Reducción de Emisiones Derivadas de la Deforestación y la Degradación de los bosques (REDD+). El Plan Nacional de Transporte Sostenible establece objetivos para crear una flota automotriz sostenible y una red de carga eléctrica. En virtud de la resolución ministerial 266/2022 se creó el Programa de Movilidad Integral No Motorizada para implementar políticas de movilidad sostenible. Entre las políticas de adaptación figura el Plan GIRSU para optimizar la gestión de los residuos sólidos urbanos. El plan federal Casa Común promueve proyectos ambientales con impacto social. Para hacer la transición verde inclusiva socialmente, el programa Potenciar Empleo Verde ofrece apoyo a los actores de la economía sostenible que generan empleos dignos.
En lo que concierne a las alianzas internacionales dentro de la región, Argentina ratificó el Acuerdo Escazú en 2021 para incrementar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en cuestiones medioambientales. A través de MERCOSUR, el país coordina las políticas medioambientales y participa en un proyecto con el Instituto Nacional de Meteorología de Alemania a fin de desarrollar normas de eficiencia energética para aparatos domésticos. Argentina colabora actualmente con 13 países iberoamericanos en el proyecto H2Transel para desarrollar la producción de hidrógeno. Fuera de la región de ALC, Argentina está trabajando con EUROCLIMA+ en gestión forestal, electromobilidad y eficiencia energética. El país forma parte de la Alianza de Acción para una Economía Verde, que respalda las iniciativas nacionales en la transición hacia economías verdes. En cofinanciación con el Fondo Verde para el Clima (FVC), el país está ampliando las inversiones de las pymes en energías renovables y eficiencia energética. El FVC aprobó los pagos basados en resultados obtenidos por REDD+ para el período 2014-2016. Desde 2021, Argentina forma parte de la iniciativa internacional PtX Pathways, liderada por el Gobierno alemán, para promover los mercados de hidrógeno sostenible.
En lo que respecta a la financiación verde, el Ministerio de Economía está elaborando una hoja de ruta para emitir bonos soberanos verdes, sociales y sostenibles (GSS). En 2019, La Comisión Nacional de Valores presentó las directrices para la emisión de títulos valor GSS, y creó un Programa de Finanzas Sostenibles. Además, aprobó un régimen especial para productos de inversión colectiva sostenibles (Resolución General No. 885, de 2021), tres documentos orientadores, consultivos y educativos sobre finanzas sostenibles (Resolución General No. 896, de 2021), y un régimen simplificado para la emisión de bonos sociales (Resolución General No. 940, de 2022). El Banco de la Nación Argentina está desarrollando sus primeras líneas de financiación sostenible, y el Banco Central recientemente pasó a ser miembro de la Red para Enverdecer el Sistema Financiero. En 2020, el Ministerio de Economía creó la Mesa Técnica de Finanzas Sostenibles (MTFS) como un foro permanente para consolidar las finanzas sostenibles en Argentina y elaborar una estrategia nacional de finanzas sostenibles. En el marco de la MTFS, las autoridades reguladoras de los sectores de la banca, los seguros y el mercado de capitales firmaron una declaración conjunta para promover las finanzas sostenibles y avanzar en el análisis de riesgos financieros relacionados con el clima.