Principio 10. Protección de los derechos de los sospechosos

132. Las personas sujetas a una investigación fiscal penal deben poder invocar ciertos derechos procesales y fundamentales que se otorgan a todas las personas sospechosas o acusadas de un acto delictivo, incluido el delito fiscal.

133. La Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas establece los derechos humanos fundamentales que deben ser universalmente protegidos (Naciones Unidas, 1948[1]). Derechos y directrices similares pueden encontrarse en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Consejo Europeo, 1950-2010[2]) y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, principios y directrices sobre el derecho a un juicio justo y a la asistencia jurídica en África (Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, 2003[3]). Estos derechos pueden tener efecto en el derecho interno al estar consagrados en la constitución de un país o en una declaración de derechos o en la legislación procesal penal (Gobierno de Estados Unidos, 2002[4]) (Gobierno de Canadá, 2021[5]).

134. En particular, los contribuyentes sospechados o acusados de cometer un delito fiscal deberían tener los siguientes derechos:

  • El derecho a la presunción de inocencia;

  • El derecho a ser informado de sus derechos;

  • El derecho a ser informado de los detalles de lo que se le acusa;

  • El derecho a permanecer en silencio;

  • El derecho de acceso y consulta a un abogado y el derecho a asesoramiento legal gratuito;

  • El derecho a interpretación y traducción;

  • El derecho de acceso a documentos y material del caso, también conocido como un derecho a la divulgación completa;

  • El derecho a un juicio rápido; y

  • El derecho a la protección contra el doble riesgo (non bis in idem).

135. La agencia de investigación fiscal penal debe estar al tanto de estos derechos fundamentales, ya que si no lo hace no sólo tendrá un impacto negativo en los derechos de un individuo, sino que puede tener un efecto adverso en la investigación y procesamiento de un delito fiscal, por ejemplo, cuando las pruebas obtenidas pueden declararse inadmisibles si se violan los derechos del individuo.

136. En particular, dado que hay casos en que una investigación penal puede haberse originado como un procedimiento ordinario civil o de fiscalización, los países deberían tener salvaguardas para garantizar que los derechos del acusado estén protegidos cuando se cambie de la legislación administrativa a la penal. Por ejemplo, en un juicio civil, el contribuyente tiene la obligación de proporcionar información a la administración tributaria; sin embargo, en una investigación penal, el sospechoso puede tener el derecho de guardar silencio. Esta cuestión es de particular importancia para las administraciones tributarias que dirigen y llevan a cabo investigaciones penales dentro de la misma estructura organizativa que la función de fiscalización civil (auditoría), denominada Modelo de Organización 1 en el principio 4 anterior.

137. La línea que separa un proceso fiscal civil de uno fiscal penal puede requerir discernimiento y puede no estar clara. Según la encuesta, la mayoría de las jurisdicciones informaron que una investigación civil se convierte en una investigación penal cuando existe una sospecha razonable de que se ha cometido un delito o cuando los hechos indican que se pudo haber cometido un delito. Un número menor de jurisdicciones utiliza un marcador objetivo para determinar cuándo un asunto civil se convierte en una investigación penal, el cual se basa en un umbral del monto de impuestos evadidos. Sobre la base de los datos de la encuesta, 11 jurisdicciones informaron que las investigaciones civiles y penales no pueden ejecutarse en paralelo, y en la práctica las fiscalizaciones civiles / administrativas se suspenderán y la investigación penal tendrá prioridad. 19 jurisdicciones informaron sobre la posibilidad de realizar fiscalizaciones civiles / administrativas en paralelo con las investigaciones penales. Muchas de estas jurisdicciones agregaron que existen salvaguardas para garantizar que los derechos de un acusado estén protegidos cuando hay una investigación civil y penal en paralelo, tal como garantizar que las investigaciones se realicen de manera independiente.

138. A continuación, se exponen más detalles sobre cada uno de estos derechos.

139. Este es el principio que determina que una persona es considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad y es un componente crítico del sistema de justicia penal. La presunción de inocencia significa que la carga de la prueba recae en la fiscalía y no en el acusado.

140. Como ejemplo de aplicación, el Consejo Europeo adoptó recientemente una directiva destinada a reforzar algunos aspectos de la presunción de inocencia (Consejo Europeo, 2016[6]). Esta Directiva obliga a los Estados miembros a respetar las siguientes obligaciones conexas: “antes de la condena firme, las autoridades públicas no deben presentar a los sospechosos o acusados como condenados recurriendo a medidas de coerción física; asimismo la carga de la prueba recae en la fiscalía y toda duda razonable sobre la culpabilidad debe beneficiar al acusado”.

141. Este derecho impone a la agencia investigadora el deber de informar a un sospechoso o acusado de sus derechos. En algunas jurisdicciones, esta obligación puede ser cumplida explicando verbalmente a la persona sus derechos o por escrito mediante la emisión de una “Carta de Derechos”. Estos derechos incluyen generalmente el derecho a permanecer en silencio, el derecho a ser informado de las acusaciones contra la persona y el derecho de acceso a un abogado o en algunas circunstancias el derecho a asesoramiento legal gratuito. Por ejemplo, en los Estados Unidos esto se conoce como “Advertencia Miranda”, y muchos otras jurisdicciones tienen equivalentes (The Law Library of Congress, 2016[7]).

142. En la práctica, las jurisdicciones pueden administrar estos derechos en diferentes etapas de una investigación. Algunas jurisdicciones explican al acusado sus derechos al comienzo de cualquier interrogatorio, mientras que otros pueden hacerlo cuando una persona es arrestada

143. Este es el derecho de un acusado a negarse a comentar o proporcionar respuestas cuando es interrogado por un investigador penal. Este derecho es reconocido por la mayoría de los sistemas legales y protege a un individuo de la autoincriminación. Este derecho generalmente se aplica tanto antes como durante un juicio.

144. Este derecho permite al acusado conocer la naturaleza y el contenido de las acusaciones en su contra. En general se incluirían los elementos del ilícito, como los aspectos esenciales del delito, los detalles del supuesto comportamiento que condujo a la acusación y, en el caso de un delito fiscal, el supuesto daño al Estado. Generalmente, los detalles deben ser proporcionados al acusado antes de que comparezca ante el tribunal.

145. Alguien acusado de haber cometido un delito fiscal debe tener la oportunidad de solicitar asesoramiento jurídico. Además, si el acusado no puede permitirse el asesoramiento jurídico o la representación legal, entonces puede haber un derecho a asistencia legal financiada por el Estado. Este derecho fundamental es esencial para un sistema jurídico justo, habida cuenta de las consecuencias potencialmente graves de una condena.

146. Los detalles específicos de estos derechos varían de un país a otro. Las jurisdicciones pueden tener diferentes prácticas con respecto al momento en el cual el derecho a solicitar asesoramiento jurídico está disponible. Por ejemplo, en Canadá el derecho se aplica a alguien que ha sido detenido o arrestado. Las jurisdicciones también tendrán diferentes enfoques del derecho a la representación legal financiada por el Estado, que puede estar disponible sólo en circunstancias específicas, como cuando el acusado cumple ciertos criterios financieros.

147. En Europa, en virtud del artículo 6, apartado 3, letra c), del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, la persona acusada de un delito tiene derecho a “defenderse personalmente o mediante asistencia letrada de su propia elección o, si no tiene medios suficientes para pagar la asistencia letrada, para que ésta se le conceda gratuitamente cuando los intereses de la justicia así lo exijan”, y este derecho puede aplicarse tanto en la etapa previa al juicio como durante el juicio.

148. Este derecho permite al acusado comprender la información sobre el proceso penal en su propio idioma. Esto asegura que las barreras lingüísticas no son un obstáculo para recibir un juicio justo. Los costos asociados con estos servicios suelen ser afrontados por la fiscalía.

149. En general, este derecho debe aplicarse al interrogatorio del sospechoso o acusado por un representante de la autoridad estatal, a las reuniones entre la fiscalía y el acusado y su abogado, y durante todas las comparecencias y audiencias.

150. Por ejemplo, dentro de la Unión Europea, estos derechos se extienden a la traducción de documentos esenciales, incluyendo cualquier decisión que priva a una persona de su libertad, todo cargo o acusación y toda sentencia.

151. Esto significa que el acusado tiene derecho a conocer los detalles del caso en su contra, incluidas las pruebas en poder del fiscal. Esto permite al acusado la oportunidad de preparar una defensa. La divulgación también puede alentar la resolución del caso antes de ir a juicio, como alentar al acusado a confesar el delito y declararse culpable.

152. La forma en que las jurisdicciones aplican este derecho puede variar. En algunos países, el fiscal tiene la obligación de revelar todas las pruebas al acusado, incluidas tanto las pruebas que son favorables al acusado, como las pruebas que son favorables a la parte demandante. Esto puede estar sujeto a la discreción del fiscal en cuanto a la oportunidad y la retención de información por razones válidas como la protección de un informante.

153. Este derecho debe proteger al acusado de un retraso indebido en la resolución de un juicio. Esto se debe a que un retraso indebido puede:

  • Causar un perjuicio al acusado en términos de no recibir un juicio justo porque la evidencia puede no estar disponible o ser menos confiable. Por ejemplo, la memoria de un testigo puede llegar a debilitarse con el tiempo o los testigos pueden morir.

  • Si el acusado está en la cárcel en espera del resultado del juicio, puede ser encarcelado por un período excesivamente largo si el acusado es posteriormente declarado no culpable del delito o si la condena impuesta al acusado es menor que el tiempo ya cumplido prisión.

154. Puede no haber una medición definitiva de lo que es o no es un juicio rápido y esto puede depender de varios factores. Para determinar si se ha producido una violación del derecho a un juicio rápido, los factores pertinentes pueden incluir:

  • La duración del retraso desde el momento en que el demandado es acusado del delito hasta que el caso es llevado a juicio;

  • Las razones del retraso, incluyendo la complejidad de completar el trabajo necesario para que el caso sea llevado a juicio, los retrasos causados por la defensa, los retrasos causados por la parte demandante, los retrasos institucionales tales como la disponibilidad limitada de las fechas de juicio en el tribunal pertinente y otras razones por retraso;

  • Si el acusado ha renunciado a cualquier retraso; y

  • El perjuicio para el acusado en términos de un juicio justo, como el impacto en la disponibilidad o confiabilidad de la evidencia.

155. Este derecho protege a un acusado de ser juzgado dos veces por el mismo delito, cuando la persona ha sido previamente declarada culpable y cumplida su condena o la persona ha sido absuelta por una sentencia definitiva. Esto también protege a un acusado de ser juzgado de nuevo por un delito menos grave, donde todos los elementos de ese crimen menor están subsumidos en los elementos del crimen más grave. No obstante, este derecho no impide que se lleven a cabo sucesivas investigaciones cuando una investigación no haya dado lugar a sanciones penales, pero se inicia una investigación posterior basada en nuevas pruebas.

156. La encuesta realizada muestra que estos derechos se conceden casi universalmente. La disponibilidad de estos derechos entre las jurisdicciones encuestadas se muestra en la siguiente tabla.

Bibliografia

[3] Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (2003), Principles and Guidelines on the Right to a Fair Trial and Legal Assistance in Africa (principios y directrices sobre el derecho a un juicio justo y a la asistencia jurídica en África), Unión Africana, https://www.achpr.org/legalinstruments/detail?id=38.

[6] Consejo Europeo (2016), Comunicado de prensa - La UE refuerza el derecho a la presunción de inocencia, European Union, https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/02/12/eu-strengthens-right-to-presumption-of-innocence/ (accessed on 19 Abril 2021).

[5] Gobierno de Canadá (2021), The Canadian Charter of Rights and Freedoms, Minister of Justice of Canada, https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/const/page-12.html#h-45 (accessed on 19 April 2021).

[4] Gobierno de Estados Unidos (2002), Sixth Amendment - Rights of Accused in Criminal Prosecutions, https://www.govinfo.gov/content/pkg/GPO-CONAN-2002/pdf/GPO-CONAN-2002-9-7.pdf (accessed on 19 April 2021).

[1] Naciones Unidas (1948), La Declaración Universal de Derechos Humanos, https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights (accessed on 19 Abril 2020).

[7] The Law Library of Congress (2016), Miranda Warning Equivalents Abroad, Global Legal Research Center, https://www.loc.gov/law/help/miranda-warning-equivalents-abroad/miranda-warning-equivalents-abroad.pdf.

[2] Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Consejo Europeo (1950-2010), Convenio Europeo de Derechos Humanos, https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf (accessed on 19 Abril 2021).

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