Prefacio
Esta revisión sobre gobierno corporativo en Costa Rica se preparó dentro del contexto del proceso de adhesión de dicho país a la OCDE, el cual inició en abril del 2015 por decisión del Consejo de la OCDE, y llevó a la decisión por parte de este, el 15 de mayo del 2020, de invitar a Costa Rica a convertirse en el país miembro número 38 de dicha organización.
Como parte de su proceso de adhesión a la OCDE, Costa Rica se sometió a una evaluación de los estándares de gobierno corporativo de dicha organización para empresas cotizadas en el mercado de valores y para empresas propiedad del Estado (EPE), a saber, los Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE y del G20 y las Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas. También refleja una evaluación basada en las recientemente adoptadas Directrices de la OCDE en materia de Lucha contra la Corrupción e Integridad en las Empresas Públicas. Estas evaluaciones fueron realizadas por los dos organismos de la OCDE responsables de estos estándares, el Comité de Gobierno Corporativo y su Grupo de Trabajo sobre Propiedad Estatal y Prácticas de Privatización. Esta revisión presenta los resultados de esa evaluación y destaca las reformas significativas emprendidas por Costa Rica para alinear aún más sus prácticas con estos estándares de gobierno corporativo.
En el transcurso del proceso de revisión para la adhesión, Costa Rica tomó medidas significativas para alinear su marco y prácticas de gobierno corporativo con los estándares de la OCDE. Para aquellas compañías que cotizan en el mercado de valores, estas incluyeron, entre otras, la aprobación de una nueva regulación de gobierno corporativo, cual requiere que las entidades financieras supervisadas hagan la transición a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), y la promulgación de una ley para permitirle al regulador del mercado de valores que tenga acceso a y que intercambie información sobre los beneficiarios finales, con propósitos de cumplimiento. Estas medidas han ayudado a fortalecer el marco de Costa Rica para el gobierno corporativo de las empresas que cotizan en el mercado de valores.
Costa Rica también ha demostrado un compromiso significativo para implementar una mejor gobernanza en sus EPE, incluso mediante el establecimiento de una Unidad Asesora de la Propiedad Accionaria del Estado (UAPA) para la supervisión de estas, con la exigencia de que cumplan con las NIIF, un decreto sobre las funciones y responsabilidades de las juntas directivas de dichas empresas, un decreto sobre la divulgación y la transparencia de las EPE , legislación sobre la creación de un esquema de seguro de depósitos para avanzar hacia una igualdad de condiciones entre las EPE y los bancos del sector privado, la reforma de los procedimientos de compras que utilizan, y el establecimiento de informes agregados sobre las EPE. Estas medidas dan fe del compromiso de Costa Rica de promover EPE más eficientes, mayor transparencia y una competencia justa y abierta.
Esta revisión también incluye una serie de recomendaciones para la mejora continua, con el fin de garantizar que las empresas y los mercados creen un valor óptimo para la economía y la sociedad costarricenses. En el futuro, como miembro de la OCDE, Costa Rica tendrá la oportunidad de beneficiarse aún más de las experiencias de reforma y del conocimiento de sus pares, mientras busca implementar sus reformas de gobierno corporativo.
Las versiones sucesivas de la revisión sentaron las bases para siete discusiones de revisión diferentes sobre la adhesión de Costa Rica que sostuvieron el Comité de Gobierno Corporativo de la OCDE y su Grupo de Trabajo sobre Propiedad Estatal y Prácticas de Privatización entre octubre del 2016 y octubre del 2019. Las conclusiones y recomendaciones del informe reflejan las valoraciones de ambos organismos. Sin embargo, en este informe también se ha incorporado la referencia a desarrollos más recientes, hasta marzo del 2020.
El autor principal de la revisión es W. Richard Frederick, bajo la supervisión de Daniel Blume, y con la coordinación del proyecto y el apoyo de Katrina Baker, de la Dirección de Asuntos Financieros y Empresariales de la OCDE, sobre la base de una autoevaluación inicial de Costa Rica con respecto a los Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE y del G20 y una respuesta detallada al cuestionario sobre las EPE costarricenses, preparada por el gobierno y las autoridades reguladoras de Costa Rica. Se ha beneficiado del aporte sustancial de las autoridades gubernamentales costarricenses durante todo el proceso de adhesión.
De conformidad con el párrafo 14 de la Hoja de Ruta para la Adhesión de Costa Rica a la Convención sobre la OCDE, que establece los términos, condiciones y proceso de adhesión, el Comité de Gobierno Corporativo acordó desclasificar esta revisión y publicarla bajo la autoridad del Secretario General, para permitir que un público más amplio se familiarice con su contenido.
