3. Asegurar la calidad de la participación: Principios Guía para Procesos de Participación Ciudadana

Varios de los métodos de participación ciudadana señalados en estas directrices se basan en diferentes principios de buenas prácticas para asegurar su calidad. A pesar de que cada método tiene sus especificidades, hay principios generales para tener en cuenta a la hora de implementar actividades de participación ciudadana que puedan ayudar a asegurar la calidad de un proceso participativo. Estos principios han sido desarrollados con base en el análisis de principios de buenas prácticas para cada método (para aquellos principios que se encontraban disponibles) y de los Principios rectores para una formulación de políticas abierta e incluyente de la OCDE.

El objetivo de un proceso de participación ciudadana debería ser definido desde el inicio y vincularse a un problema o público definido. Deberá apuntar a un resultado genuino- y cuando sea posible, debería alentarse a la ciudadanía y comunidades involucradas a que establezcan la agenda y propongan los temas a ser tratados por los procesos participativos. El proceso participativo debería tener un vínculo claro con la toma de decisiones, y los participantes deberían ser capaces de percibir su impacto en las decisiones públicas.

Las autoridades públicas deberían ser claras sobre los resultados del proceso para gestionar las expectativas de los participantes. Debería haber un compromiso público para responder o actuar con base en las recomendaciones de los participantes, haciendo un seguimiento del uso de sus aportes de forma oportuna y, cuando fuera posible, de forma pública. Las autoridades públicas deberían informar a los participantes y al público en general sobre cómo usan los insumos recibidos.

El proceso participativo deberá ser anunciado de forma pública antes de comenzar. Deberá haber transparencia en todos los procesos de toma de decisiones aplicables que se realizarán tras los procesos participativos. El diseño del proceso y todos los materiales, así como los datos relevantes recabados deberían estar disponibles para el público de forma oportuna. La respuesta a los insumos de los participantes y la evaluación luego del proceso deberían ser publicadas y tener una estrategia de comunicación pública. Las autoridades públicas pueden hacer uso de los mecanismos de comunicación pública para aumentar la conciencia más allá de los participantes.

Toda persona interesada o parte interesada debería poder participar, y los procesos deberían reflejar la diversidad de la comunidad. Esto significa que los métodos seleccionados deben ser adecuados para la audiencia objetivo, se intentará reducir las barreras a la participación y se considerará la forma de involucrar a los grupos subrepresentados. También se puede estimular y apoyar la participación a través de remuneraciones, viáticos cubiertos, y/o brindando o pagando servicios de cuidado de menores o adultos mayores a cargo.

El proceso deber tener una intención honesta. Dependiendo de la escala del proceso, podrá haber supervisión por parte de un consejo de asesoramiento o monitoreo, y el proceso participativo podrá ser llevado a cabo por un equipo coordinador independiente que sea distinto a la autoridad solicitante. Debería procurarse proteger el proceso de intereses privados o captura de políticas por parte de grupos de interés específicos.

Se debería respetar la privacidad de los participantes. Todos los datos recabados y publicados deberían contar con el consentimiento de los participantes. Todos los datos e información personal de los participantes deberían ser manejados conforme a las buenas prácticas internacionales, como el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD), y se debería considerar los temas éticos y legales con respecto a la recolección y divulgación de datos, derechos de autor, y propiedad intelectual.

Los participantes deberían tener acceso a una amplia y diversa variedad de evidencia y conocimientos específicos precisos, relevantes y accesibles. El proceso participativo debería estar diseñado para darles a los ciudadanos un conocimiento completo y claro sobre un asunto en particular.

Las autoridades públicas deberían asegurar los recursos necesarios para implementar adecuadamente los procesos participativos. Dichos recursos pueden ser humanos, financieros, o técnicos. Podría ser necesario que las autoridades públicas recurran a expertos externos, pero de ser posible deberían construir capacidades a nivel interno para promover una cultura de participación. Asimismo, los funcionarios públicos deberían tener acceso a las habilidades, orientación, y capacitación adecuadas como también a una cultura organizaciones que apoye la participación presencial y en línea.

El proceso participativo debería ser evaluado para crear oportunidades de aprendizaje y mejora. La evaluación refuerza la confianza de los formuladores de políticas, el público, y las partes interesadas en las recomendaciones u otros resultados de los procesos participativos. Debería haber una evaluación anónima por parte de los participantes para evaluar el proceso basado en criterios objetivos y una evaluación interna por parte del equipo coordinador. En algunos procesos participativos se recomienda una evaluación independiente, en particular para aquellos que duran un tiempo significativo.

References

[4] East, North and South Ayrshire Councils (2016), Participatory Budgeting Toolkit.

[5] European Citizen Science Association (2015), Ten principles of citizen science.

[1] Government of New Zealand (2022), Principles of online engagement.

[7] IAP2 (2017), IAP2 Core Values of Public Participation.

[2] OECD (2020), Good Practice Principles for Deliberative Processes for Public Decision Making.

[3] OECD (2017), Best Practice Principles on Stakeholder Engagement in Regulatory Policy.

[6] OECD (2010), OECD Guiding Principles for Open and Inclusive Policy Making.

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