2. Responsabilidades

Para garantizar la cooperación, evitar superposiciones y prevenir la fragmentación es necesario asignar responsabilidades claras a los actores del sistema de integridad. Las responsabilidades incluyen el desarrollo, implementación, monitoreo y evaluación de normas y herramientas de integridad y son llevadas a cabo por los actores del gobierno en su conjunto (legislativo, ejecutivo y judicial), en todos los niveles de gobierno (nacional y subnacionales). Cada organización del sector público también conlleva responsabilidades en materia de integridad pública. Se espera que todos los funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno lleven a cabo sus funciones en interés del público.

Para prevenir la fragmentación y superposiciones en el sistema de integridad pública, la Recomendación de la OCDE sobre Integridad Pública recomienda que los adherentes «clarifiquen las responsabilidades institucionales en el sector público para así fortalecer la eficacia del sistema de integridad pública, en concreto:

  1. a. estableciendo responsabilidades precisas en los correspondientes niveles (organizacional, subnacional o nacional) para el diseño, la dirección e implementación de los elementos del sistema de integridad para el sector público;

  2. b. garantizando que todos aquellos funcionarios, entidades y organismos públicos (incluidos aquellos que gocen de autonomía o independencia) que tengan responsabilidad central en el desarrollo, implementación, aplicación y/o supervisión de los elementos del sistema de integridad pública en su jurisdicción dispongan de las atribuciones y capacidades apropiadas para el desempeño de sus responsabilidades;

  3. c. promoviendo mecanismos para la cooperación horizontal y vertical entre todos los funcionarios, entidades y organismos públicos, y siempre que sea posible, con y entre niveles subnacionales de la administración, valiéndose de medios formales e informales, para favorecer la coherencia y evitar brechas y duplicidades, así como para compartir y beneficiarse de las lecciones aprendidas derivadas de buenas prácticas» (OCDE, 2017[1]).

Adoptar un enfoque sistémico al promover la integridad y combatir la corrupción requiere comprender de manera amplia las entidades y actores que, combinados, constituyen un sistema de integridad. Además, implica comprender sus atribuciones y capacidades, así como sus funciones en el sistema general. Cada gobierno (nacional y subnacional) y organización pública debería tener asignadas funciones y responsabilidades claras en todo el sistema de integridad en acuerdo con sus contextos político y jurídico. Los siguientes elementos son esenciales para ejercer las responsabilidades y cooperar de manera exitosa de:

  • Las responsabilidades de diseño, dirección e implementación del sistema de integridad son claras en cada nivel.

  • Existen recursos y capacidades adecuados para cumplir con las responsabilidades organizacionales.

  • Existen mecanismos de cooperación horizontal y vertical eficaces.

Un sistema de integridad, ya sea a nivel de gobierno (nacional y subnacional) o de organización, incluye diferentes actores con responsabilidades para definir, apoyar, controlar y hacer cumplir la integridad pública. Entre ellos figuran los actores «centrales», como las instituciones, las dependencias o las personas encargadas de aplicar las políticas de integridad; así como aquellos actores «complementarios», cuyo propósito principal no es apoyar directamente el sistema de integridad, pero sin los cuales el sistema no podría funcionar (abarca funciones como las finanzas, la gestión de recursos humanos y la contratación pública) (OCDE, 2009[2]).

Tanto para los actores principales como para los complementarios, hay una serie de funciones de integridad, como se establece en la tabla 2.1. La asignación de responsabilidades específicas depende de la configuración institucional y jurisdiccional de un país. Por ejemplo, algunos gobiernos asignarán las responsabilidades básicas de integridad a un órgano central del gobierno o a algún ministerio clave, mientras que otros harán que esta sea responsabilidad de un organismo independiente o autónomo (recuadro 2.1). Se asignarán funciones de integridad complementarias a las instituciones encargadas de la educación, la industria, la sociedad civil y la gestión de los recursos humanos, así como a las entidades fiscalizadoras superiores, agencias regulatorias y organismos electorales. Independientemente de la asignación de responsabilidades, los gobiernos deben asegurarse de que los actores cuenten con el nivel de autoridad adecuado para llevar a cabo sus funciones.

Asignar responsabilidades para las funciones de integridad también depende de la configuración jurisdiccional del país, en particular teniendo en cuenta qué niveles del gobierno tienen competencia en determinadas áreas de política. Por ejemplo, en algunos países federales, la educación es responsabilidad de los gobiernos subnacionales; por consiguiente, las responsabilidades relativas a la elaboración e implementación de programas de educación cívica para la integridad pública corresponden al nivel subnacional.

Al asignar responsabilidades de integridad a nivel local, hay varias cuestiones que deben tenerse en cuenta. Por una parte, los gobiernos locales se enfrentan a riesgos específicos de integridad: por ejemplo, las situaciones de conflicto de intereses son más probables debido a la proximidad a la comunidad, los lazos familiares y redes de contactos que típicamente caracterizan al entorno operativo. Por otra parte, los gobiernos locales pueden enfrentarse a límites de capacidad en cuanto a recursos humanos, financieros y técnicos, lo que dificulta la asignación de responsabilidad a una institución, entidad o individuo para todas las funciones que aparecen en la tabla 2.1. Por lo tanto, un enfoque eficiente requiere que los gobiernos locales sopesen sus limitaciones de capacidad frente a los riesgos de integridad y asignen las responsabilidades en consecuencia (recuadro 2.2). Como mínimo, deben establecerse procesos específicos para gestionar conflictos de intereses y las funciones básicas de control interno. Dado que las funciones adicionales pueden requerir demasiados recursos para operar en cada municipio, quizás sea prudente asignar algunas funciones de integridad al nivel regional o nacional. Por ejemplo, en caso de existir un mecanismo de denuncia de irregularidades a nivel regional, este podría abarcar también a los gobiernos locales. Utilizar redes formales e informales, tanto a nivel horizontal como vertical, también puede ayudar a determinar dónde deberían asignarse las responsabilidades (véase el apartado 2.2.3). La consideración fundamental consiste en garantizar que las responsabilidades de las funciones de integridad se asignen con claridad independientemente del nivel de gobierno. 

En lo que respecta a las organizaciones del sector público, no todas las funciones que se describen en la tabla 2.1 estarán entre las competencias de la organización. Por ejemplo, solo unas pocas organizaciones tendrán la atribución de garantizar la integridad en las elecciones y la financiación de los partidos políticos, o de brindar educación en materia de integridad pública en las escuelas. Sin embargo, una serie de funciones clave son aplicables a todas las organizaciones del sector público, independientemente de su mandato; estas se identifican en la tabla 2.2, junto con el cargo o la entidad normalmente responsable de su implementación. Debe quedar claro qué entidad o persona es responsable de qué. Se deben asignar los recursos necesarios y establecer los mecanismos de cooperación apropiados (como se analiza más adelante).

Para desempeñar sus funciones, cada componente del sistema de integridad requiere recursos financieros, técnicos y humanos proporcionales a sus atribuciones, así como las capacidades adecuadas para cumplir con sus responsabilidades.

Adoptar un enfoque sistémico implica que si se reducen recursos en uno de sus componentes por debajo de un nivel que permita la eficacia operativa, esto no solo obstaculizará las capacidades de esa función para cumplir su mandato, sino que probablemente también tendrá efectos indirectos en el sistema y afectará el logro general de los objetivos deseados. Un segundo elemento a considerar es la necesidad de garantizar que todos los actores tengan asignados recursos para asegurar la cooperación, lo que incluye asociarse con otros, asistir a las reuniones de los comités y contribuir a las bases de datos comunes. Cuando los recursos son limitados estos suelen concentrarse, de manera sesgada en poder responder operativamente a nivel vertical en vez de promover un trabajo horizontal cooperativo. Esto podría reforzar la creación de silos y conducir a la fragmentación o vacíos en el sistema de integridad.

Para implementar eficazmente las políticas de integridad a nivel organizativo, los organismos públicos también deben garantizar que su gestión de recursos humanos sea moderna y se enfoque en atraerla pericia y experiencia que mejor se adapte a sus necesidades. A medida que los conjuntos de habilidades relacionadas con la integridad se vuelven cada vez más especializados, técnicos y digitales (desde los conocimientos jurídicos hasta los de investigación, pasando por la informática, la gestión pública, la contabilidad, las finanzas, los conocimientos sectoriales, las funciones de apoyo, etc.), los marcos de empleo que regulan la fuerza de trabajo deberían adaptarse de manera consecuente. Dada la escasez de muchos de los conjuntos de habilidades que se requieren en las organizaciones de integridad pública, se pueden adoptar varios enfoques para aprovecharlos al máximo, entre ellos los siguientes:

  • Pueden establecerse de forma centralizada reservas de talentos y utilizarse para ayudar a las organizaciones individuales a acceder a las habilidades que no puedan obtenerse de forma permanente.

  • Se pueden establecer programas de rotación entre los diversos actores del sistema, intercambiando empleados sistemáticamente durante períodos concretos, por ejemplo, entre las oficinas locales de integridad. Al mismo tiempo, un cierto grado de estabilidad laboral y seguridad en el empleo resulta importante para desarrollar conocimientos y pericia, y reducir la curva de aprendizaje en lo que respecta a la coordinación entre los organismos.

  • Se puede priorizar la formación y el desarrollo continuos y a largo término (para obtener más información, véase el capítulo 8).

  • Monitorear la calidad y cantidad de los recursos humanos de los sistemas de integridad en todos los niveles de gobierno con el fin de identificar los obstáculos y las áreas de mejora.

En lo que concierne a la cooperación entre los diferentes actores institucionales en cuanto a sus responsabilidades, el principal desafío es asegurar que cada uno, independientemente de su nivel de independencia, trabaje en pro de un objetivo comúnmente comprendido y compartido para garantizar el impacto de las políticas de integridad. Además, la cooperación entre los actores responsables de los diversos instrumentos y funciones de integridad apoya la identificación de sinergias y, por lo tanto, ayuda a evitar superposiciones o brechas (OCDE, 2009[2]). El objetivo es «maximizar las ventajas políticas y operacionales de los múltiples organismos relacionados con la integridad, evitando al mismo tiempo los peores riesgos de la “improvisación”, las lagunas jurisdiccionales, los desequilibrios entre las estrategias de integridad positivas y coercitivas, la potencial competencia malsana, los conflictos negativos y la confusión ante los ojos de los ciudadanos y usuarios finales» (Sampford, Smith and Brown, 2005[8]).

Tanto la cooperación vertical entre los distintos niveles de gobierno y la cooperación horizontal en todos los ministerios competentes, organismos y dependencias funcionales resultan esenciales para integrar las políticas de integridad (recuadro 2.3). Estos mecanismos de cooperación pueden desarrollarse de dos formas (aunque puede haber zonas grises y alguna herramienta clasificarse en ambas categorías):

  • Formalmente, a través de estructuras y procedimientos creados para el propósito explícito de garantizar la cooperación dentro de un sistema de integridad. Este puede ser el caso de la creación de un organismo conjunto, cuando se crea una comisión para reunir a los diferentes actores del sistema, o cuando se crea una oficina de integridad en ministerios u organismos.

  • Informal y voluntariamente, a través de redes de integridad, grupos de trabajo ad hoc u otras iniciativas ascendentes, como plataformas virtuales para la gestión del conocimiento.

El alcance y el enfoque de la cooperación variarán en función del contexto específico en que los gobiernos gestionen la integridad pública y el sistema de gobernanza en el que se inserta la integridad. Una primera pregunta que hay que responder sería: «¿Cooperación para qué?», ya que las diferentes funciones pueden requerir diferentes enfoques. Una segunda sería: «¿Cooperación entre quiénes?» —en particular, al considerar las funciones básicas frente a las complementarias, que también pueden requerir diversos enfoques— (OCDE, 2009[2]). Por ejemplo, la cooperación entre las funciones básicas puede requerir un enfoque más estricto y formalizado, mientras que la cooperación entre las funciones complementarias puede ser menos habitual y, por lo tanto, requerir el uso de mecanismos informales.

Los gobiernos pueden utilizar diversos mecanismos para garantizar la cooperación:

  • mecanismos formales para garantizar una toma de decisiones coherente y permitir el apoyo, la comunicación y el intercambio de información;

  • mecanismos informales para permitir el intercambio y el apoyo horizontales;

  • mecanismos adaptados a los niveles nacionales y subnacionales en consonancia con el marco de gobernanza del país.

La cooperación dentro de un sistema de integridad dependerá, en parte, de las disposiciones jurídicas y de gobernanza establecidas para gestionarlo. Una consideración particular es centralizar la función de cooperación. En muchos países, para señalar su importancia, esta función se encuentra en un lugar visible y central del gobierno, como en la oficina del presidente, o a cargo del consejo de ministros. En otros países, la función puede estar ubicada en un organismo independiente, como un organismo de integridad o una institución suprema de auditoría. Independientemente de la ubicación este rol requiere cierto grado de influencia y autoridad, así como relaciones jerárquicas claras con otras organizaciones individuales.

También puede establecerse un comité independiente, apoyado por los recursos y la pericia apropiados. El mismo puede incluir funcionarios de los principales organismos anticorrupción, los principales ministerios competentes, otras ramas del gobierno y la sociedad civil. Por ejemplo, Corea cuenta con un órgano de coordinación de la política anticorrupción compuesto por representantes de diez organismos gubernamentales (ministerios y órganos de supervisión) para garantizar la comunicación entre sus instituciones. Otro ejemplo lo encontramos en México, donde el Sistema Nacional Anticorrupción, de carácter global, involucra a una amplia gama de actores de todo el gobierno e incluye herramientas de comunicación y mecanismos de intercambio de información (para obtener una descripción detallada véase el Estudio de la OCDE sobre integridad en México) (OCDE, 2017[9]).

Asimismo, la cooperación requiere herramientas de comunicación eficaces y el intercambio de información clave entre los distintos organismos. Los encargados de la cooperación pueden aplicar estrategias de comunicación para garantizar que todos los actores del sistema (incluidos el sector privado y la sociedad civil) estén informados de las políticas de integridad vigentes. El uso periódico de una estrategia de comunicación también puede reforzar el compromiso de la administración y mantener una cooperación continua. Del mismo modo, los portales en línea y las bases de datos administrativas pueden utilizarse para intercambiar información entre organizaciones, lo que aumenta las posibilidades de una cooperación eficaz. Las bases de datos administrativas interoperables permiten a las organizaciones públicas intercambiar información actualizada, reforzar los chequeos e intercambios cruzados y automatizar las alertas (como los posibles conflictos de intereses, las omisiones en las declaraciones, los riesgos y el fraude). Por ejemplo, en algunos países se pueden utilizar bases de datos interoperables para cotejar los datos de la administración tributaria con las declaraciones patrimoniales y de intereses, para facilitar así la detección de posibles omisiones en las declaraciones o conflictos de intereses.

En todos los ministerios gubernamentales, ya sea a nivel nacional o subnacional, los mecanismos informales de cooperación pueden adoptar la forma de redes de integridad en las que se designa a los directivos o empleados como participantes (véanse los ejemplos de Suecia y Alemania en el recuadro 2.4). Estas redes rara vez tienen capacidad de decisión, pero pueden ayudar a mejorar la eficacia de los sistemas de integridad mediante el intercambio de buenas prácticas, información y lecciones aprendidas. Además, pueden garantizar que la integridad siga formando parte de la agenda de las instituciones del sector público. No obstante, para garantizar que funcionen de manera adecuada estos mecanismos informales pueden requerir cierto grado de apoyo formal (véase el ejemplo de Austria en el recuadro 2.4).

El apoyo oficial a estas redes proporciona visibilidad, aumenta la legitimidad de la función del asesor ético y apoya la actividad de la red. Por ejemplo, el Departamento de la Administración Pública de Polonia preside y apoya la actividad de una red de asesores en materia de ética e integridad. Este apoyo ha contribuido a promover y generar conciencia sobre la función de los asesores éticos (el nombramiento de un asesor ético no es obligatorio en la administración pública polaca) y ha identificado la necesidad de proporcionar orientación ética y mecanismos de consulta en las oficinas del sector público. Como resultado, el nombramiento de asesores éticos ha aumentado en las administraciones gubernamentales.

Otros mecanismos como los talleres, los foros y las estrategias de comunicación comunes pueden apoyar también la colaboración informal entre las organizaciones:

  • En los talleres se pueden desarrollar herramientas e instrumentos prácticos. Cuando una herramienta se puede aplicar en varias organizaciones, tiene sentido compartir el desarrollo para garantizar la eficiencia y homogeneidad.

  • Los grupos se utilizan para reunir la pericia escasa que se puede compartir entre las organizaciones participantes. Por ejemplo, los investigadores, instructores o asesores en materia de política para los asuntos de integridad pueden compartirse entre varias organizaciones de menor escala que posiblemente carezcan de la capacidad para emplear a esos expertos por cuenta propia.

  • Los foros son espacios donde los funcionarios de integridad de diversas organizaciones pueden reunirse y compartir conocimientos, experiencias y lecciones aprendidas. Estos se pueden realizar en persona o de manera virtual.

  • El «megáfono» se utiliza cuando las organizaciones se asocian para comunicarse con el público o a nivel político para influir en el diseño de la política de integridad. Cuando llega el momento de influir en la opinión, las organizaciones en conjunto pueden hablar con una voz más fuerte y persuasiva (Hoekstra, 2015[7]).

Las regiones y los municipios suelen ser diversos, con diferentes culturas, niveles de desarrollo socioeconómico, grados y problemas de corrupción. Esta diversidad puede dar lugar a políticas de integridad que difieren del nivel nacional, así como de una región a otra. Si bien no es necesario alinearse, resulta deseable evitar brechas y la incoherencia. Para superar incoherencias, los gobiernos pueden asignar responsabilidades claras en materia de políticas de integridad, así como garantizar que se establezcan líneas de comunicación abiertas y medidas de cooperación. Los mecanismos de fomento de la coherencia variarán en función de los sistemas de gobernanza establecidos por cada país.

En los estados federales, el gobierno federal rara vez tiene jurisdicción sobre la integridad pública de los gobiernos subnacionales. En este caso, el avance hacia la coherencia entre las normas puede depender de la cooperación voluntaria y el intercambio de información. Con el objetivo de promover el intercambio de información y apoyar la coherencia entre las normas de integridad los países federales pueden utilizar reuniones periódicas en comités o comisiones de integridad más o menos formales o informales (recuadro 2.5). Esos mecanismos de cooperación se centran en asegurar que los sistemas de integridad del nivel subnacional sean coherentes con los del nivel nacional y respondan al mismo tiempo a las especificidades del nivel subnacional.

Algunos gobiernos centrales elaboran directrices e instrumentos (como códigos de conducta y reglamentos sobre conflictos de intereses) que se utilizan para apoyar a los demás niveles del gobierno en la interpretación de esas disposiciones y su implementación. El marco jurídico puede utilizarse también para designar de manera explícita mecanismos de cooperación para abordar los vacíos que puedan surgir. En esos casos, se puede encomendar a los gobiernos centrales que proporcionen orientación sobre la forma de establecer comisiones subnacionales, medidas para la comunicación entre los niveles nacional y subnacional y herramientas que respalden la coherencia entre las distintas estrategias de integridad subnacionales (recuadro 2.6). El objetivo de estas medidas no es aplicar un enfoque de «talla única», sino más bien apoyar a los niveles subnacionales de gobierno en la implementación de políticas de integridad que sean congruentes y coherentes para las personas, independientemente de la región.

El desafío principal asociado a la asignación de responsabilidades claras en materia de integridad es fomentar la coherencia general y la implementación del sistema de integridad. Fortalecer la coherencia exige garantizar que las responsabilidades no se superpongan, no se fragmenten y no queden incumplidas. Hacer frente a ese desafío implica establecer mecanismos de cooperación tanto verticales como horizontales y asignar recursos, tal y como se analiza en los apartados 2.2.32.2.2, respectivamente. También requiere el establecimiento de mecanismos de supervisión para identificar posibles brechas, lo que se analiza con más detalle en el capítulo 12. Si bien los mecanismos de cooperación abordan los desafíos asociados a las responsabilidades, estos también presentan sus propios desafíos, entre los cuales los silos arraigados y la competencia entre las entidades son los más destacados.

Operar en silos puede suponer un desafío para muchas organizaciones públicas. Varios factores pueden propiciar los silos, entre ellos, las estructuras jerárquicas, un enfoque en las áreas de políticas clave y el modo de ejecución (por ejemplo, pensadores, planificadores, realizadores). Los silos no siempre representan un problema: pueden fomentar la eficiencia y la optimización de los procesos y contribuir a la creación de una pericia básica (Riberio, Giacoman and Trantham, 2016[13]). Sin embargo, los silos se convierten en un problema cuando impiden que las entidades u organizaciones puedan trabajar en todas las áreas funcionales para abordar con eficacia áreas de política globales como, por ejemplo, la integridad pública.

Para hacer frente a los desafíos relacionados con los silos, los gobiernos pueden adoptar una serie de medidas. Un enfoque estratégico que establezca los objetivos de integridad pública de la organización o del gobierno, con los resultados y las responsabilidades asignadas, ayuda a determinar con precisión dónde pueden existir posibles silos, a la vez que proporciona incentivos para que las entidades u organizaciones cooperen mientras realizan actividades y formulan objetivos comunes. Además, la creación de redes de cooperación formales e informales puede contribuir a reforzar la colaboración entre las diferentes organizaciones y aumentar las oportunidades de cooperación. En los recuadros 2.3, 2.4 y 2.5, se analizan ejemplos de comunidades, redes y mecanismos de cooperación formales e informales, respectivamente. Sin embargo, los gobiernos pueden considerar también la posibilidad de utilizar herramientas de intercambio de información. Estos pueden ser más o menos formales e incluyen debates e intercambios de experiencias informales, memorandos de entendimiento y bases de datos interoperables para que las administraciones puedan cotejar los datos disponibles en el sector público. Los beneficios que se derivan de los mecanismos de cooperación incluyen el aumento de la eficiencia de los procedimientos mediante la puesta en común de los recursos y el intercambio de información, así como el aumento del intercambio de conocimientos.

La competencia es un segundo desafío que socava la cooperación. La competencia puede entenderse como una situación en la que las organizaciones compiten por recursos limitados, o como una situación basada en la comparación social, es decir, la necesidad de superar a los compañeros (Wang, Wang and Liu, 2018[14]). La competencia sana tiene varios beneficios, como la innovación y la mejora de la eficiencia. Sin embargo, puede socavar los resultados de las políticas, así como la cooperación.

Por tanto, es esencial conseguir un equilibrio adecuado de la competencia para respaldar a las organizaciones públicas en la cooperación recíproca, al tiempo que se procuran innovaciones y eficiencias. Mantener la cooperación requiere un equilibrio entre los costes y los beneficios, donde los beneficios cosechados por las organizaciones superen los costes de la cooperación (Stewart, 2015[15]). Sin embargo, la cooperación eficaz a largo plazo puede conducir a una autocomplacencia que la socave. Si bien es imposible garantizar la cooperación a largo plazo, la búsqueda de los beneficios adecuados puede apoyarla en gran medida; por otra parte, si hay demasiados incentivos para cooperar, entonces se fomentará la deserción (Stewart, 2015[15]). Para algunos países, la reducción de la competencia entre las entidades depende del fortalecimiento de la coordinación administrativa. En Francia, la Agencia Francesa Anticorrupción contribuye a la coordinación administrativa, centralizando y difundiendo información para ayudar a prevenir y detectar actos de corrupción, tráfico de influencias, extorsión, cobro ilícito de intereses, malversación y favoritismo. La agencia celebra acuerdos de cooperación y memorandos de entendimiento con otras entidades públicas que participan en la lucha contra la corrupción, formalizando relaciones de cooperación entre las entidades y aclarando sus respectivos ámbitos de acción. Esto ha contribuido a facilitar y fomentar el intercambio de información y las sinergias.

Referencias

[3] City of Amsterdam (2019), Bureau Integriteit - Gemeente Amsterdam, https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/bestuur-organisatie/bureau-integriteit/ (accessed on 11 September 2019).

[5] City of Strasbourg (2019), Charte de déontologie | Strasbourg.eu, https://www.strasbourg.eu/charte-deontologie (accessed on 11 September 2019).

[11] FPS Chancellery of the Prime Minister (2019), “Directorate-General for Secretariats and Coordination”, https://chancellerie.belgium.be/en/organisation/directorate-general-secretariats-and-coordination (accessed on 18 September 2019).

[6] Government of France (2016), LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires | Legifrance, https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032433852&categorieLien=id (accessed on 11 September 2019).

[7] Hoekstra, A. (2015), “Institutionalizing Integrity Management”, in Ethics in Public Policy and Management, Routledge, http://dx.doi.org/10.4324/9781315856865-9.

[10] IBN (2020), Integritätsbeauftragten-Netzwerk, https://integritaet.info/ (accessed on 18 September 2019).

[4] Mairie de Paris (2018), La commission de déontologie des élu·e·s du Conseil - Ville de Paris, https://www.paris.fr/pages/la-commission-de-deontologie-des-elu-e-s-du-conseil-de-paris-3167/#autres-cas-de-saisine (accessed on 11 September 2019).

[9] OCDE (2017), Estudio de la OCDE sobre integridad en México: Adoptando una postura más firme contra la corrupción, Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública, OECD Publishing, París, https://dx.doi.org/10.1787/9789264280687-es.

[1] OCDE (2017), Recomendación del Consejo de la OCDE sobre integridad pública, OCDE, París, https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0435 (accessed on 24 January 2020).

[2] OCDE (2009), Towards a Sound Integrity Framework: Instruments, Processes, Structures and Conditions for Implementation, Conference Paper, OECD Global Forum on Public Governance, https://www.researchgate.net/publication/281280788.

[12] Office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner (2019), Canadian Conflict of Interest Network, http://ciec-ccie.parl.gc.ca/EN/AboutUs/WhatWeDo/Pages/CCOIN.aspx (accessed on 18 September 2019).

[13] Riberio, F., A. Giacoman and M. Trantham (2016), Dealing with market disruption & Seven strategies for breaking down silos, PwC, https://www.strategyand.pwc.com/gx/en/reports/dealing-with-market-disruption.pdf (accessed on 11 September 2019).

[8] Sampford, C., R. Smith and A. Brown (2005), “From Greek Temple to Bird’s Nest: Towards A Theory of Coherence and Mutual Accountability for National Integrity Systems”, Australian Journal of Public Administration, Vol. 64/2, pp. 96-108, http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8500.2005.00445.x.

[15] Stewart, A. (2015), Why do we cooperate?, World Economic Forum, https://www.weforum.org/agenda/2015/03/why-do-we-cooperate/ (accessed on 11 September 2019).

[14] Wang, H., L. Wang and C. Liu (2018), “Employee Competitive Attitude and Competitive Behavior Promote Job-Crafting and Performance: A Two-Component Dynamic Model.”, Frontiers in psychology, Vol. 9, p. 2223, http://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02223.

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