2. Planificar, implementar y evaluar un proceso de participación ciudadana

Los procesos de participación ciudadana deberían organizarse únicamente cuando haya lugar para la participación ciudadana significativa en el proceso de toma de decisiones. Los procesos de participación iniciados por una autoridad pública que no lleven a un aporte significativo respecto a la elaboración de políticas o carezcan de sustancia, tiempo u otros recursos para ser bien implementados corren el riesgo de decepcionar a la ciudadanía y comprometer su confianza en el gobierno.

La ciudadanía debería ser involucrada únicamente en el proceso de toma de decisiones únicamente si:

  • Existe un problema que la ciudadanía pueda ayudar a resolver.

  • Hay espacio en el proceso de toma de decisiones para que las personas tengan influencia sobre ciertas decisiones. En otras palabras, es posible actuar con base en la recomendación o consejo recibido de la ciudadanía.

  • Existe un compromiso genuino por parte del liderazgo superior de tomar en cuenta los insumos de la ciudadanía.

  • Existen suficientes recursos financieros, técnicos y humanos disponibles para implementar un proceso participativo significativo.

  • Hay tiempo suficiente para organizar un proceso participativo, y el período de tiempo se ajusta al ciclo de toma de decisiones. Esto significa que la decisión no ha sido tomada antes de que comience el proceso.

O cuando exista una legislación que ordene la participación ciudadana en una situación particular. En dichos casos, las condiciones que anteceden deberían aplicar para que el proceso de participación ciudadana fuera fructífero.

Para apoyar a las autoridades públicas, la OCDE ha desarrollado un camino de diez pasos para planificar, implementar y evaluar un proceso de participación ciudadana (Ilustración 2.1). El objetivo es brindar orientación y asesoramiento durante los diferentes pasos importantes, y asegurar que el proceso diseñado sea atractivo, considerando al público correcto, y utilizando un método de participación apropiado. Se hace énfasis en asegurar la calidad, la inclusión y el impacto. Sin embargo, estas directrices no pretenden ser prescriptivas, y reconocen que puede haber otros pasos, u otros caminos a seguir.

Estos lineamientos alientan a los lectores a involucrar al público potencial, cuando fuera posible, en el diseño temprano del proceso participativo para asegurar que funcione para éste, y aumentar en nivel de participación.

Este capítulo esboza los diez pasos sugeridos y brinda detalles y recomendaciones para cada uno de ellos.

La participación ciudadana puede ser útil para abordar problemas en la mayoría de las áreas de políticas, desde cambio climático, salud pública, vivienda, infraestructura, transporte, educación, hasta combate de la desigualdad, educación, y la exclusión social, entre otros. Independientemente del área de la política, el primer paso al planificar un proceso de participación ciudadana es identificar si existe un problema genuino que el público pueda solucionar. Si así fuera, entonces el problema necesita ser definido y enmarcado como una pregunta o problema. Definir un problema o una pregunta precisa es uno de los elementos más importantes para involucrar exitosamente a la ciudadanía, dado que les da un pedido claro con una tarea clara.

También es importante ser claros sobre la etapa del proceso de toma de decisiones en la cual los insumos de la ciudadanía son más valiosos y pueden tener influencia. La claridad sobre el problema y la elección del momento oportuno ayudará entonces a definir el tipo de insumo que es necesario, el tipo de participantes que debería involucrarse, y el método más adecuado para involucrarlos.

Identificar y detallar el problema que la ciudadanía ayudará a resolver o la pregunta que responderá es el comienzo para diseñar un proceso participativo. Un problema mal definido es mucho más difícil de resolver, dado que la forma en que un problema o una situación es comprendida y enmarcada tiene un impacto en el rango y tipos de soluciones posibles (OCDE, 2019[3]).

Las autoridades públicas pueden responder las siguientes preguntas para ayudar a identificar el problema específico que la ciudadanía puede ayudar a resolver:

  • ¿Ha definido claramente el problema a abordar?

  • ¿Están los diferentes actores de acuerdo sobre el problema?

  • ¿Existen certezas acerca de la naturaleza del problema?

  • ¿Es probable que el problema se mantenga igual durante el proceso de resolución del problema?

  • ¿Hay soluciones existentes generalmente aceptadas?

  • ¿Hay experiencia previa en el abordaje de este problema?

  • Si el problema o el desafío es amplio, ¿cuáles son algunos de los problemas menores que el público puede ayudar a abordar?

  • ¿Qué desea conocer de los participantes que no sepa aún?

  • ¿Qué espera de la participación activa de la ciudadanía? ¿Ideas sobre cómo solucionar su problema? ¿Soluciones listas para implementar? ¿Opiniones y retroalimentación sobre soluciones posibles?

  • ¿Qué problema o desafío específico ayudarán los participantes a resolver?

El ciclo de elaboración de políticas o toma de decisiones habitualmente se compone de cinco etapas; identificación del problema; formulación de política o proyecto; toma de decisiones; implementación; y evaluación (OCDE, 2016[4]). Es indispensable brindarle a la ciudadanía información clara y relevante durante todas las etapas. Más allá de esto, es posible involucrar a la ciudadanía activamente en cualquiera de las siguientes etapas o durante todo el ciclo.

En la etapa de identificación del problema, es posible involucrar a la ciudadanía para ayudar a identificar los problemas más apremiantes a resolver, mapear las necesidades reales del público, o recolectar insumos o ideas para abordar el problema.

  • Los mecanismos para definir la agenda le permite a la ciudadanía proponer ideas, priorizar necesidades, y contribuir con evidencia para la identificación de asuntos apremiantes.

  • Las autoridades públicas pueden involucrar a la ciudadanía en la etapa de identificación del problema mediante las siguientes acciones:

    • Permitir a la ciudadanía generar conciencia sobre los asuntos apremiantes a través de plataformas digitales o mecanismos de peticiones.

    • Compartir la definición de agenda con la ciudadanía a través de mecanismos permanentes o ad-hoc tales como procesos deliberativos representativos o iniciativas ciudadanas.

Durante la etapa de formulación de políticas o proyectos, es posible involucrar a la ciudadanía para enriquecer una solución propuesta, identificar riesgos, prototipar o probar soluciones, redactar una política, plan de proyecto, o legislación.

  • Las autoridades públicas pueden involucrar a la ciudadanía en la etapa de formulación mediante las siguientes acciones:

    • Establecer plataformas digitales y/o mecanismos presenciales para permitirle a la ciudadanía comentar, editar o sugerir cambios para redactar legislaciones o documentos de políticas.

    • Crear espacios para que la ciudadanía participe en el diseño de soluciones mediante, talleres, instancias de devolución, entre otros.

En la etapa de toma de decisiones, es posible involucrar a la ciudadanía para decidir colectivamente sobre la solución a ser implementada, el presupuesto a ser asignado, o los proyectos que serán seleccionados.

  • Las autoridades públicas pueden involucrar a la ciudadanía en la etapa de toma de decisiones mediante las siguientes acciones:

    • Desarrollar mecanismos de votación (en línea o presenciales) para que las personas expresen sus preferencias por soluciones o proyectos sugeridos.

    • Darle a la ciudadanía la decisión final sobre la asignación de recursos públicos a través de presupuestos participativos.

Durante la etapa de implementación, la ciudadanía puede brindar asistencia en la ejecución de las soluciones y los proyectos que se deciden en la etapa previa.

  • La co-producción es un término dominante para describir cómo pueden las autoridades públicas aprovechar las habilidades, capacidades y energía de la ciudadanía y partes interesadas para prestar servicios que satisfagan de la mejor manera las necesidades de los futuros usuarios y usuarias.

  • Las autoridades públicas pueden incluir a la ciudadanía en la fase de implementación mediante las siguientes acciones:

    • Involucrar a los ciudadanos en la creación de soluciones o prototipos para servicios o proyectos, a través de hackatones, talleres colaborativos, o espacios de creación.

    • Crear espacios para la co-creación entre autoridades públicas, ciudadanía y partes interesadas como una forma de involucrarlos continuamente en la implementación de proyectos o servicios. Por ejemplo, abrir laboratorios de innovación, espacios abiertos, asambleas públicas recurrentes, etc.

En la etapa de evaluación, es posible involucra a la ciudadanía para evaluar o monitorear la implementación de la solución y para medir sus resultados y efectos.

  • Las autoridades públicas pueden incluir a la ciudadanía en la fase de evaluación mediante las siguientes acciones:

    • Proporcionar información y datos sobre la política, legislación o proyecto en cuestión: los resultados esperados, el progreso de la implementación, y los resultados. Por ejemplo, a través de plataformas de datos abiertos, campañas de comunicación, asambleas abiertas, sitios web, etc.

    • Solicitar a la ciudadanía retroalimentación sobre los servicios o proyectos implementados para favorecer la eficiencia y mejorar los resultados. Existen diversas metodologías que pueden recabar las opiniones y percepciones de la ciudadanía, tales como encuestas, sondeos, o Tarjetas de Puntuación Comunitaria.

Antes de involucrar a la ciudadanía, es esencial tener una comprensión clara de los objetivos o resultados esperados del proceso. Esto permitirá tener claro los insumos o aportes deseados de la ciudadanía en general y el impacto que tendrán sobre la decisión final. Este paso también ayudará a identificar el público a involucrar adecuado y a seleccionar el método de participación correcto. Es muy importante fijar expectativas claras respecto a los resultados del proceso.

Los insumos y aportes recolectados mediante un proceso participativo pueden variar desde ideas generales sobre una pregunta de política, opiniones de expertos sobre la viabilidad de un proyecto, retroalimentación sobre una propuesta existente, o recomendaciones informadas para resolver un problema definido. El método de participación seleccionado y el diseño del proceso dependerá del tipo esperado de insumos o aportes de la ciudadanía, dado que no todas las metodologías llevan a los mismos resultados.

Además, el público necesita comprender el resultado futuro de su aporte. Esto maneja las expectativas de la ciudadanía y mejora su confianza en el proceso y su resultado. Las autoridades públicas deberían decidir y comunicar por adelantado cómo planean utilizar los insumos recibidos del público durante un proceso participativo y el impacto que tendrá en la decisión final. El resultado esperado de los insumos recolectados a través de un proceso participativo puede variar, desde propósitos informativos (información) o un ejercicio consultivo (consulta) hasta productos con mayor impacto, potencialmente con resultados vinculantes (participación activa).

El próximo paso es identificar al grupo relevante de personas a involucrar. Esta decisión afectará cómo es reclutado el público y ayudará a definir el método de participación. Pueden involucrarse diferentes tipos de grupos en un proceso, tales como:

  • Ciudadanía (un grupo amplio, no representativo);

  • Ciudadanía (una muestra representativa de una comunidad);

  • Ciudadanía de un área geográfica específica;

  • Ciudadanía de un grupo sectorial (juventud, adultos mayores, estudiantes, comunidades indígenas, etc.);

  • Partes interesadas tales como ONGs, sindicatos, universidades, movimientos comunitarios, negocios, etc.

En todos los casos antemencionados, es importante llegar a los participantes de diversos contextos para aumentar la inclusión y la representación en los resultados del proceso. Definir los insumos esperados puede ayudar a identificar el público relevante a ser involucrado, el tipo de reclutamiento, y el método de participación (ver Box 2.2).

Es importante tener en mente que para abordar un problema de políticas particular podría existir la necesidad de involucrar diferentes tipos de grupos que requieran diferentes métodos y condiciones para participar. Para un proyecto de infraestructura, por ejemplo, podría organizarse una reunión informativa para los habitantes del barrio en el que se construirá el proyecto, además de mesas redondas con urbanistas y expertos en accesibilidad, y además de un proceso participativo más amplio a nivel de la ciudad para recabar la opinión pública. Dichas circunstancias requieren un sistema de participación con procesos participativos separados en forma secuencial, y en el que los insumos recibidos de un proceso alimenten al que sigue.

Existen diferentes estrategias posibles para reclutar participantes dependiendo de los insumos esperados, el público a quien está dirigido, y el método de participación. Antes de reclutar a los participantes, puede ser útil realizar un ejercicio de mapeo para identificar los grupos relevantes de personas (por ejemplo, los afectados por un problema que el proceso de participación apunta a resolver) o categorías de grupos de interesados (por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil, comercios, grupos de expertos, etc.) que tienen las experiencias, puntos de vista, o conocimientos más relevantes. También puede ayudar a minimizar algunos de los riesgos de los llamados abiertos que se describen en esta sección.

En muchos procesos de participación tradicionales, tales como consultas públicas, existe generalmente una “convocatoria abierta” para reclutar participantes, ya sea para una reunión presencial o para participar en una consulta o foro en línea. Por lo general, la participación se incentiva promocionando la oportunidad a través de diferentes canales (en línea, redes sociales, correo, afiches). La participación es abierta, para que quien desee pueda venir de forma presencial o contribuir en línea. En ciertas ocasiones, el registro está abierto para cualquier persona, pero los participantes podrán ser elegidos por una institución a través de un proceso de selección o solicitud, dependiendo del criterio definido (y comunicado) previamente. El reclutamiento a través de “convocatoria abierta” pretende involucrar la mayor cantidad de personas posible, sin embargo, existen varias investigaciones que demuestran que ciertos sectores demográficos tienden a participar desproporcionadamente, principalmente mayores, hombres, educados, pudientes, blancos, y de zonas urbanas (Dalton, 2008[6]; Kuser Olsen, Galloway and Ruth, 2018[7]; Smith, Lehman Schlozman and Verba, 2009[8]).

Las autoridades públicas también llevan adelante consultas a través de una “convocatoria cerrada” para participantes, lo que significa que la clase política y/o servidores civiles podrían elegir miembros específicos de una comunidad que tiene un dominio particular o la experiencia necesaria para abordar un asunto relativo a las políticas. En estas instancias, la participación podría basarse en mérito, experiencia, afiliación con un grupo de interés, o debido a su rol en la comunidad (ver (MASS LBP, 2017[9]).

Por ejemplo, un proyecto de ciencia ciudadana que apunta a mejorar la calidad del aire en las aulas podría apuntar a involucrar escuelas y requerirá una convocatoria cerrada y un reclutamiento dirigido a escuelas para que participen en el proyecto. Con base en l grupo objetivo, el reclutamiento de participantes puede tener lugar a través de organizaciones que representen a estos grupos, ir a lugares en los que puede haber miembros del grupo objetivo o a través de campañas de comunicación personalizadas en línea que capten la atención de una audiencia deseada.

El sorteo cívico, o sorteo, es utilizado como abreviatura para referirse a los procesos de reclutamiento que involucran un muestreo aleatorio desde el cual se hace una selección representativa para asegurar que el grupo se ajusta en términos generales al perfil demográfico de la comunidad (con base en censo u otros datos similares) (OCDE, 2020[10]).

Un sorteo cívico pretende vencer los defectos y distorsiones de las convocatorias “abiertas” y “cerradas” para la participación que se describen anteriormente. Asegura que casi cada una de las personas tenga la misma chance de ser invitada a participar en un proceso de participación y que el grupo final sea un microcosmo de sociedad. La regla de oro es una selección aleatoria de dos etapas. Durante la primera etapa, se envían 2.000-30.000 invitaciones a una muestra aleatoria de la población desde la autoridad pública transmisora. Con base en aquellos que responden positivamente, se envía una segunda invitación para participar, estratificada con base en criterios tales como edad, género, ubicación, criterios socio-económico, e idioma (dependiendo del contexto). Las invitaciones están habitualmente firmadas por una figura de la autoridad, por ejemplo, el alcalde.

El sorteo cívico suele utilizarse mediante la organización de un proceso deliberativo representativo. Aunque no es su uso exclusivo. También puede convocarse a un grupo de ciudadanos y ciudadanas seleccionados mediante un sorteo cívico para un presupuesto participativo o una consulta pública -en cualquier circunstancia en la que un proceso participativo requiera máxima representatividad.

El reclutamiento de participantes a través de sorteos cívicos ofrece diversos beneficios para el proceso de participación. Lo más importante es que el grupo final de participantes sea ampliamente representativo del público en general, creando una oportunidad para escuchar a un rango de personas con diferentes experiencias vividas y opiniones, en particular los grupos habitualmente subrepresentados. Algunas limitaciones de los sorteos cívicos a considerar son su proceso más bien extenso y costoso, y el abanico limitado de participación.

Más allá del diseño, la planificación, y la implementación minuciosa de un proceso participativo, las autoridades públicas también enfrentan el desafío de asegurar que los ciudadanos y partes interesadas se encuentren comprometidos durante el proceso. La motivación principal para participar sigue siendo el compromiso de los organizadores para utilizar e integrar los insumos recibidos en la decisión final sobre las políticas, de modo que vean claramente el impacto de su tiempo y esfuerzo. Sin embargo, las autoridades públicas pueden reducir las barreras y promover la participación inclusiva a través de otras elecciones de diseño como ser:

  • Proporcionar una compensación financiera: Las autoridades públicas pueden ofrecer remuneración a las y los participantes para que cubran sus viáticos (transporte, cuidado de menores, alimento, herramientas digitales, etc.) para asegurar la inclusión.

  • Proporcionar una recompensa financiera: Los ciudadanos y ciudadanas podría recibir un honorario, una recompensa en efectivo, cupones de servicios públicos, u otros beneficios materiales a cambio de su tiempo y participación.

  • Proporcionar servicios de guardería: Para procesos presenciales, brindar instalaciones de guardería para niños menores de cierta edad puede ayudar a romper las barreras de participación para personas con hijos, en particular para madres o padres solteros.

  • Brindar apoyo a los grupos vulnerables; Para alentar la participación inclusiva y representativa, las autoridades públicas pueden brindar apoyo a los grupos vulnerables tales como las personas discapacitadas o las personas mayores (tales como instalaciones accesibles, interpretación de lenguaje de señas, etc.)

  • Hacer de la participación una instancia social: La ciudadanía puede ser motivada a participar si esto representa una oportunidad para conocer e interactuar con otros miembros de su comunidad (vecinos, compañeros de trabajo, etc.) o con otras personas que comparten sus preocupaciones. La participación puede ser parte de un proceso para construir un sentido de pertenencia a nivel de la comunidad.

  • Ofrecer reconocimiento a la ciudadanía: La participación ciudadana puede ser reconocida como una virtud cívica, dado que las personas están dispuestos a dar su tiempo para un bien colectivo. Las autoridades públicas pueden reconocer los esfuerzos de los mismos con diplomas, certificados, ceremonias, etiquetas, etc.

  • Hacer que la participación sea divertida y atractiva: Los procesos participativos pueden estar inspirados por técnicas de ludificación para motivar a las personas a involucrarse. El aspecto, estilo e interfaz de las herramientas digitales utilizadas también es importante para hacer que el proceso sea atractivo.

  • Hacer que la participación sea informativa e interesante: La ciudadanía y partes interesadas pueden aprender de un proceso participativo (por ejemplo, sobre un área referente a una política o sobre cómo funciona el gobierno). Si las personas saben que van a obtener nueva información o nuevas habilidades, podrían estar más interesados en participar.

  • Proporcionarle a la ciudadanía un apartado de preguntas y respuestas al invitarla a participar: Para las personas que no participan habitualmente en la vida política o cívica, involucrarse en una consulta o proceso participativo puede ser abrumador. Brindarles información sobre cómo se desarrollará el proceso, quién estará ahí, y otra información tal como el código de vestimenta puede ayudar a apaciguar los miedos de las personas y alentar a aquellos que se encuentran menos inclinados a participar por diversas razones.

Una vez que se han identificado los problemas a resolver, los insumos esperados, y el público que le gustaría involucrar, es momento de elegir el método de participación. Existen varios métodos diferentes que pueden ser utilizados para involucrar a la ciudadanía en cualquier contexto en particular, y continuamente se están desarrollando e implementando nuevos métodos. Estas directrices incluyen ocho métodos diferentes que son aplicados ampliamente entre instituciones públicas, pero reconocen que existen otros métodos que pueden usar las autoridades públicas para sus procesos participativos.

El resumen de los métodos que se detalla debajo compara sus características principales.

El primer nivel de participación es la información. Las autoridades públicas están habitualmente obligadas por la legislación a publicar un conjunto mínimo de información y datos públicos tanto de forma proactiva como de forma reactiva (como ser, acceso a la información o legislación sobre datos abiertos). Sin embargo, en estas directrices, la información se considera tanto un prerrequisito para la participación informada como un habilitador para niveles de participación con mayor impacto.

La OCDE reconoce el valor de la información y los datos para objetivos mayores tales como la confianza, prácticas democráticas más sólidas, y espacios cívicos saludables en general. La divulgación proactiva de la información y datos públicos es entendida como la puesta a disposición de datos e información pública relevante, clara, completa, oportuna y confiable de manera gratuita, disponible en un formato abierto no patentado legible a máquina, fácil de encontrar, comprender, usar y reusar, y diseminada a través de un abordaje multicanal para ser priorizada en consulta con las partes interesadas (OCDE, 2017[12]).

  • Información y datos como prerrequisito para la participación informada: la información y los datos públicos pueden promover el debate público informado y mejorar la calidad de los procesos participativos. En este sentido, las autoridades públicas pueden publicar diferentes tipos de información y datos:

    • Marco legal e información pública: constitución, leyes, reglamentos, decretos, en diferentes formatos (texto y también legible a máquina) para todos los niveles de gobierno.

    • Información sobre la elaboración de políticas: toda la información necesaria para formular políticas como ser propuestas de políticas, borradores de legislación, como también discursos, comunicados de prensa, puntos de referencia, asesoramiento externo, evaluaciones de impacto, auditorías e informes de políticas.

    • Procedimiento de toma de decisiones, incluyendo: agendas, actores involucrados, marco de tiempo de debates e hitos esperables para tomar una decisión, momentos en los que el público puede interactuar e influenciar el proceso, marco legal, interesados involucrados (especialmente partes interesadas), motivos detrás de la decisión final, etc.

  • Información y datos como propiciadores para una participación con mayor impacto: la información y los datos públicos pueden empoderar a la ciudadanía para entender y actuar con base en las decisiones que afectan sus vidas, les permite a las personas co-crear soluciones y respaldar el monitoreo efectivo de las acciones del gobierno.

    • Información de servicios públicos: Descripciones de los servicios ofrecidos al público, información sobre los destinatarios, orientación, librillos y panfletos, copias de formularios, información sobre honorarios y plazos. Los gobiernos también deberían publicar los algoritmos utilizados para la prestación de servicios públicos cuando correspondiera.

    • Información presupuestaria: todos los documentos y datos con relación al presupuesto, presupuesto proyectado, ingreso y gasto real, y otra información financiera e informes de auditoría. Los gobiernos también deberían publicar las fórmulas y algoritmos relevantes al usar proyecciones o cálculos automatizados.

    • Implementación y evaluación, incluyendo: información sobre los resultados de políticas, informes anuales, auditorías, y todos los datos e información necesaria para permitir el monitoreo y la evaluación pública.

Además, las autoridades públicas deberían siempre brindarle al público la posibilidad de solicitar más información, o dar retroalimentación. Por ejemplo, los sitios web oficiales podrían incluir secciones específicas, herramientas especiales (por ejemplo, recuadro de contacto) para que el público solicite información adicional o deje un comentario.

Los cabildos abiertos y los foros comunitarios son herramientas participativas cuyo origen puede rastrearse a las reuniones de Nueva Inglaterra del siglo XVII o los cabildos coloniales en América Latina. Hoy en día, estos procesos son utilizados en todo el mundo, generalmente a nivel local o legislativo, para fomentar la información sobre la acción pública, alentar la participación ciudadana, y construir una relación basada en la rendición de cuentas y la confianza.

Los cabildos abiertos y los foros comunitarios buscan juntar al público en reuniones presenciales con autoridades públicas para brindar información y discutir abiertamente temas de interés elegidos de antemano, contrario a las consultas públicas, lo que apunta específicamente a recolectar insumos de la ciudadanía sobre un tema en particular. Estos procesos se basan en el diálogo y el debate en lugar de la deliberación (OECD, 2020[11]), y se suelen utilizar para información o consulta sin un impacto específico en la decisión final.

Sus objetivos principales son informar a la ciudadanía sobre decisiones de las autoridades públicas y discutirlas, para acercar a la ciudadanía a la toma de decisiones pública, y para aumentar la transparencia pública. Los cabildos abiertos y los foros comunitarios pueden complementarse con otros métodos de participación. Por ejemplo, un presupuesto participativo puede ser respaldado por Asambleas abiertas para presentar el proceso, mejorar la participación, y compartir los resultados.

Habitualmente, estas reuniones son abiertas para que participe cualquier residente del área o para un público más amplio sin un criterio geográfico. Sin embargo, no suelen estar diseñadas para ser particularmente inclusivas: por lo general se utilizan medios de comunicación limitados y generalmente tradicionales (como ser, afiches callejeros), atrayendo por tanto a personas que ya se encuentran interesadas en vez de buscar una participación representativa o inclusiva.

Los cabildos abiertos o foros comunitarios son organizados habitualmente por las autoridades públicas a nivel local para fomentar el intercambio de información y discutir sobre las cuestiones del día a día. Sin embargo, estas reuniones pueden ser organizadas en otros niveles del gobierno, incluyendo a nivel nacional o legislativo.

Para más información sobre cómo diseñar e implementar un cabildo abierto o un foro comunitario, refiérase al Capítulo 4.

Una consulta es una relación bilateral en la que la ciudadanía brindan retroalimentación a una institución pública (tales como comentarios, percepciones, información, sugerencias, experiencias, e ideas). Habitualmente los gobiernos definen los asuntos sobre los cuales consultar, fijan las preguntas, y gestionan el proceso, mientras que los ciudadanos están invitados a aportar sus perspectivas y opiniones (OCDE, 2016[13]).

Las consultas públicas son usadas generalmente para recabar ideas, retroalimentación, insumos u opiniones acerca de una disposición, una pregunta sobre políticas, o un borrador de propuesta (legislación, estrategia, etc.). Una consulta puede ayudar a diseñar y moldear decisiones, o a identificar formas en las que una solución o política ya definida puede ser mejorada.

Las consultas públicas también pueden ser usadas para involucrar tanto a la ciudadanía en general como a partes interesadas. Al involucrar a partes interesadas (tales como ONGs), las autoridades públicas pueden enviar invitaciones dirigidas en particular, pero cuando las consultas públicas son abiertas a un público más amplio, los organizadores necesitan preparar una estrategia de comunicación robusta para asegurar altos niveles de participación y alcanzar un rango diverso de participantes.

Las consultas públicas pueden ser realizadas de diferente forma, ya sea de forma presencial, en línea, o de forma híbrida. A continuación, se detallan los tipos de consultas más comunes.

Para obtener más información sobre cómo diseñar e implementar una consulta pública, refiérase al Capítulo 4.

Las prácticas de innovación abierta, tales como crowdsourcing, hackatones, o desafíos públicos, son una forma que tienen las autoridades públicas de aprovechar la inteligencia colectiva para co-crear soluciones a problemas públicos específicos. La innovación abierta se encuentra habitualmente inspirada por las estrategias de desarrollo comercial o desarrollo tecnológico, y puede ser definida como la “creación cooperativa de ideas y aplicaciones fuera de los límites de cualquier organización individual” (Seltzer and Mahmoudi, 2012[14]).

Los métodos de innovación abierta son utilizados generalmente para recabar los conocimientos de la ciudadanía y las partes interesadas para encontrar ideas o inspiración, realizar prototipos y probar soluciones, o mejorar servicios o métodos (GovLab, 2019[15])

  • Crowdsourcing refiere a la idea de utilizar los conocimientos e ideas que vienen del público (“crowd”) (en este caso ciudadanía y partes interesadas en general). Puede ser utilizado para recabar insumos a través del ciclo de políticas de cualquier decisión. A través de plataformas digitales o actividades presenciales, las autoridades públicas pueden recolectar insumos de grupos de expertos, partes interesadas específicas (tales como científicos o desarrolladores), o al público más amplio para responder problemas públicos específicos (GovLab, 2019[15]).

  • Hackatones (de hack y maratones) son eventos presenciales o virtuales que juntan a autoridades públicas y partes interesadas para trabajar colaborativamente sobre ideas, prototipos de soluciones, y servicios para resolver problemas públicos. La idea es sacar ventaja de la diversidad de habilidades, pericia, y perfiles para encontrar nuevos abordajes o soluciones innovadoras. Habitualmente, los hackatones involucran comunidades técnicas (desarrolladores, codificadores, diseñadores, científicos de datos, etc.) para hacer uso de los datos publicados previamente (en formato de datos abiertos) por la autoridad pública que convoca el evento. Los hackatones son organizados durante un período de tiempo corto (24 a 72 horas), en el que los participantes pueden trabajar en tramos para resolver un problema de política, diseñar o codificar soluciones digitales tales como paneles de control, aplicaciones, sitios web, etc.

  • Desafíos públicos son mecanismos de co-creación donde la ciudadanía y las partes interesadas proponen soluciones a problemas públicos concretos. La autoridad pública publica un problema o desafío específico, y después selecciona las mejores propuestas que surjan del público para resolver el problema en cuestión. Las soluciones pueden ser propuestas de políticas, prototipos de aplicaciones móviles, sugerencias de proyectos, etc. La ciudadanía en general y las partes interesadas presentan sus propuestas y, con base en los criterios publicados previamente, la autoridad pública selecciona las soluciones mejores posicionadas en el ranking. En algunos casos, la autoridad pública les ofrece una recompensa a las soluciones seleccionadas (tales como compensación financiera, reconocimiento público, u otros premios). La autoridad pública puede entonces implementar esas soluciones (como nuevos servicios públicos, o como parte de un programa de políticas más amplio) o brindar apoyo para que los participantes desarrollen su proyecto (como sesiones de coaching, recursos financieros, etc.).

Existen diferentes aproximaciones respecto a quién puede participar en metodologías de innovación abierta tales como crowdsourcing, hackatones o desafíos públicos.

  • Acceso universal: el proceso es abierto a todas las personas interesadas y partes interesadas sin requerir una habilidad, conocimiento o perfil en particular.

  • Audiencias específicas: algunos procesos pueden estar dirigidos a audiencias o públicos objetivos con habilidades o conocimientos específicos, tales como comunidades técnicas, científicos, diseñadores, etc.

Para obtener más información sobre cómo diseñar e implementar un proceso de innovación abierta, por favor refiérase al Capítulo 4.

La ciencia ciudadana tiene una larga historia, dado que los entusiastas amateurs de la ciencia, astronomía, biología, y otras ciencias han estado explorando y observando el mundo a su alrededor durante miles de años. Con el avance de tecnologías en línea, se ha vuelto mucho más prominente y eficiente, y es ahora utilizada por investigadores, defensores, y comunidades en todo el mundo.

La esencia de la ciencia ciudadana es involucrar a la ciudadanía en una o más etapas de una investigación científica, como al identificar preguntas de investigación, llevar a cabo observaciones, analizar datos, y utilizar el conocimiento resultante (Craglia and Granell, 2014[16]). Es una forma de democratizar el proceso científico, abrirlo a a las personas, y aprovechar su motivación y curiosidad para co-crear y avanzar en los objetivos de investigación.

Los métodos de la ciencia ciudadana pueden ser utilizados con diferentes propósitos (Veeckman et al., 2019[17]):

  • Como una oportunidad para que la ciudadanía aprenda más sobre un campo o asunto específico. Dichos objetivos pueden ser alcanzados a través proyectos de ciencia ciudadana que abren el acceso a los resultados de la investigación científica para la ciudadanía de forma gratuita (tales como actas de acceso abierto) u organización de talleres de aprendizaje informal. Dichos esfuerzos podrían ser considerados como un paso inicial de participación ciudadana; información.

  • Como un abordaje de investigación, en el que la ciudadanía contribuye recolectando o analizando datos. La fortaleza clave de reclutar científicas y científicos para contribuir a la investigación, recolectando y analizando datos es la gran cantidad de datos que las personas son capaces de recolectar, la diversidad de los datos (dado que están dispersadas en diferentes locaciones geográficas y que sería imposible recolectar de otra forma), y la oportunidad de procesar y analizar los datos a mayor escala. La recolección de datos puede ser realizada mediante observación, como puede ser contar un tipo específico de ave en un barrio, o utilizar dispositivos técnicos, tales como medidores para la calidad del aire. Dichos esfuerzos podrían ser considerados como una consulta o participación ciudadana activa , dependiendo de la orden dada a la ciudadanía.

  • Como método para darle a la ciudadanía una voz al formular las preguntas de investigación, diseñar un proyecto, determinar el foco de un estudio. Las personas pueden ser agentes valiosos y activos al dar forma al proceso de investigación para algunos proyectos. Su experiencia personal de vivir en una ubicación específica, interactuar con un entorno específico, y ser parte de una comunidad en particular puede ofrecer conocimientos importantes y sugerencias útiles al identificar preguntas de investigación o determinar un foco del estudio. Además, involucrar a la ciudadanía en el diseño conjunto del proyecto de investigación contribuye a generar conciencia acerca del asunto que el estudio busca analizar, y puede además ayudar a influenciar decisiones sobre políticas y demostrar la importancia del asunto. Dichos esfuerzos podrían ser considerados como una consulta o participación ciudadana activa, dependiendo en la orden dada a los ciudadanos.

Tanto la ciudadanía como las partes interesadas podrían estar involucradas en proyectos de ciencia ciudadana, dependiendo del propósito del Proyecto y los requisitos técnicos. Estos habitualmente tienen diferentes roles: mientras que las personas están en el eje del proceso, las partes interesadas brindan apoyo, insumos, y acceso a datos o herramientas.

Para obtener más información sobre cómo diseñar e implementar un proceso de ciencia ciudadana, por favor refiérase al Capítulo 4.

En el contexto de estas directrices, el monitoreo cívico se refiere a la idea de involucrar al público en el monitoreo y la evaluación de decisiones, políticas, y servicios públicos. Este método participativo también puede ser considerado como una herramienta de rendición de cuentas social o vertical, ya que permite a la ciudadanía y a las partes interesadas participar directamente para que las autoridades públicas responsables rindan cuentas sobre sus decisiones o acciones.

Las instituciones públicas pueden beneficiarse ampliamente de crear canales de retroalimentación para brindar insumos, comentarios, y quejas para mejorar las decisiones, las acciones, y servicios prestados. Al involucrar a la ciudadanía y a las partes interesadas en la inspección y evaluación de sus decisiones y acciones, las autoridades públicas pueden crear círculos virtuosos y relaciones más sanas que pueden contribuir a la confianza general en el gobierno. El monitoreo cívico puede permitirle al público monitorear áreas claves de acción de gobierno, tales como:

  • Presupuesto: Abrir los presupuestos y la gestión financiera pública y brindar espacios para la participación ciudadana directa para que brinden retroalimentación constante y colaboración oportuna para recibir insumos puede reducir la corrupción y el desperdicio, e incrementar las posibilidades de que los impuestos sean utilizados para prestar servicios públicos de calidad y para alcanzar mejoras reales en los estándares de vida y en los resultados sociales, económicos y ambientales (OCDE, 2017[18]). Además de ser responsables por la recolección de impuestos, los gobiernos también deberían ser responsables por la gestión y ejecución del presupuesto. En concreto, la ciudadanía en general y las partes interesadas pueden monitorear y evaluar el presupuesto revisando la información y los datos publicados por las instituciones públicas, o asegurando que el dinero haya sido efectivamente gastado a lo que se hubiera destinado.

  • Políticas: El monitoreo cívico en la elaboración de políticas se enfoca en las etapas de implementación y evaluación del proceso de políticas. Concretamente, se trata de asegurar que las políticas alcancen su resultado esperado, beneficien al público deseado, y sean eficientes en relación con los recursos públicos involucrados (GovLab, 2019). El público puede recolectar evidencia e informar acerca de los resultados reales de las políticas para ser capaces de evaluar el impacto de la política en comparación con los resultados esperados.

  • Servicios públicos: Involucrar a la ciudadanía y partes interesadas en el monitoreo y evaluación puede promover la eficiencia y mejorar el acceso como también la calidad de los servicios públicos. Los mecanismos para que los servicios públicos rindan cuentas pueden enfocarse en diferentes aspectos y en diferentes etapas del proceso de diseño y prestación de servicios, tales como:

    • Gasto: ¿cuánto gasta el gobierno en cada una de las actividades? ¿se encuentra el presupuesto asignado alineado con las preferencias públicas?

    • Desempeño: ¿se encuentra el servicio público alcanzando los resultados deseados? ¿Cómo prestan las autoridades públicas los servicios públicos? ¿Cómo perciben y evalúan los usuarios el desempeño del servicio público?

    • Acceso: ¿el público objetivo está accediendo correctamente a estos servicios? Si el servicio público pretende ser universal, ¿tienen todos los grupos acceso igualitario?

El monitoreo cívico puede ser realizado de diferentes maneras, ya sea de forma presencial o utilizando herramientas digitales. Las más comunes son las que se detallan debajo.

Hay diferentes aproximaciones respecto a quién puede participar en los mecanismos de monitoreo cívico.

  • Acceso universal: el proceso se encuentra abierto a la ciudadanía en general y partes interesadas sin requerir una habilidad, conocimiento, o perfil específico.

  • Audiencias específicas: algunos mecanismos pueden estar orientados a audiencias más definidas o a público con habilidades o conocimiento específico tales como comunidades técnicas, científicos, diseñadores, etc. También puede dirigirse a usuarios de servicios públicos específicos, o residentes de áreas geográficas limitadas, etc.

Para obtener más información sobre cómo diseñar e implementar un proceso de monitoreo cívico, por favor refiérase al Capítulo 4.

La elaboración de un presupuesto participativo es una forma democrática para que las personas tengan voz y voto directo sobre cómo se gasta el dinero público. Este formato comenzó en 1989 en Porto Alegre en el sur de Brasil. Solo en Brasil, este mecanismo de participación se extendió a más de 436 municipalidades y hoy podemos contar más de 11.000 experiencias de elaboración de presupuestos participativos a nivel mundial (Participatory Budgeting Atlas, 2021[19]).

Un presupuesto participativo refiere a los mecanismos que permiten a la ciudadanía y partes interesadas influenciar las decisiones públicas a través de la asignación directa de recursos públicos a prioridades o proyectos. El Altas Mundial de Presupuestos Participativos (2021[19]) define el presupuesto participativo como un “proceso que involucra a una porción específica o el monto total del presupuesto de una institución, para que pueda ser decidido de forma libre e independiente por todos los ciudadanos que participan de la iniciativa”. Estas Directrices identifican dos tipos de presupuestos participativos:

  • Procesos con base en proyectos: un monto predefinido del presupuesto es asignado a los proyectos e ideas de la ciudadanía. El monto depende de cada autoridad, y puede ascender a hasta 100 millones de euros por año como en París (Francia), donde el mayor monto de presupuesto se somete al voto ciudadano (Véron, 2016[20]).

  • Procesos del ciclo presupuestal: la ciudadanía y las partes interesadas pueden participar durante el ciclo presupuestal, brindando comentarios o haciendo recomendaciones sobre el presupuesto general o prioridades estratégicas. Esto puede ser realizado mediante la creación de un ente participativo destinado a tales fines o invitando participantes a los entes de decisiones públicas tales como comités de presupuesto.

La mayoría de los procesos están organizados por los gobiernos locales, aunque es importante tomar en cuenta aquellas experiencias organizadas por otros niveles de gobierno tales como el regional, estatal, y nacional. Por ejemplo, Portugal, donde hay un presupuesto participativo nacional desde abril de 2021 (Participatory Budgeting Atlas, 2021[19]).

Existen diferentes aproximaciones respecto a quién puede participar en un presupuesto participativo:

  • Acceso universal: el proceso es abierto a todas las personas de cierto territorio o institución.

  • Público objetivo: algunos procesos pueden estar orientados a públicos más específicos o a sectores sociales en particular, como ser jóvenes, residentes de un área específica, adultos mayores, inmigrantes, mujeres, comunidades LGBTQI, etc.

El objetivo del presupuesto participativo debería ser hacer que las decisiones públicas fiscales sean más abiertas, por lo tanto, más transparentes, responsables y participativas. Esto ayuda a que la ciudadanía entienda mejor el funcionamiento del presupuesto público, influencia las prioridades de gasto, y aumenta la rendición de cuentas fiscal y de presupuesto (OCDE, 2007[21]).

Para obtener más información sobre cómo diseñar e implementar un presupuesto participativo, por favor refiérase al Capítulo 4.

Proceso deliberativo representativo: es un proceso en el cual un amplio grupo de personas analiza evidencia, delibera para encontrar puntos de acuerdo y desarrolla recomendaciones sobre asuntos de políticas de autoridades públicas (OCDE, 2021[22]). Algunos ejemplos de procesos son las asambleas, jurados o paneles ciudadanos. El uso de estos procesos, conocido como la “ola deliberativa”, ha ido creciendo desde el año 1980 y ha ido tomando impulso desde 2010.

El proceso deliberativo representativo suele estar dirigido a los siguientes tipos de problemas:

  • Dilemas con respecto a valores

  • Problemas complejos que requieren compensaciones y afectan a una amplia variedad de grupos en distintos sentidos;

  • Temas a largo plazo que trascienden los ciclos electorales.

Hay dos elementos que diferencian a los procesos deliberativos representativos de otros métodos de participación ciudadana.

  • Selección aleatoria de participantes a través de un sorteo cívico. Para poder organizar una deliberación profunda y sustancial, el grupo de personas que participa en ella debe ser relativamente pequeño, generalmente de entre 15 a 100 participantes. Seleccionar a los ciudadanos al azar, estratificando con base en criterios como edad, género, ubicación y contexto socioeconómico permite capturar una gran diversidad de puntos de vista, perspectivas y experiencias vividas de diferentes miembros de la sociedad y de asegurar una amplia representatividad en dicha comunidad. A pesar de ser un grupo de participantes más reducido respecto a otros procesos participativos, ha sido diseñado para asegurar la inclusión y capturar las perspectivas de las comunidades y voces más difíciles de alcanzar. Por más detalles sobre este método de reclutamiento puede dirigirse a la sección de sorteo cívico en estas Directrices.

  • Deliberación. La deliberación implica diálogo y debate, pero también implica una consideración cautelosa de distintos tipos de argumentos y opiniones de forma respetuosa. Requiere información precisa y relevante y tiempo adecuado para que aquellos que estén deliberando puedan ir al fondo del asunto y encontrar puntos en común.

En general, debido a estas propiedades, los procesos deliberativos representativos hacen foco en la profundidad de la deliberación y en todas las partes de la sociedad que están siendo representadas dentro de un grupo más pequeño de participantes, mientras que la mayoría de los demás métodos de participación ciudadana hacen foco en la amplitud de la participación – apuntando a involucrar, idealmente, de forma directa a todas las personas afectadas por un tema en particular (Carson and Elstub, 2019[23]; OCDE, 2020[24])

Para obtener más información sobre cómo diseñar e implementar un proceso deliberativo representativo, por favor refiérase al Capítulo 4.

El uso de herramientas digitales para la participación ciudadana es una práctica muy utilizada en todos los niveles de gobierno a nivel mundial. Es común que las autoridades públicas tiendan a llegar al público utilizando herramientas digitales, ya que podría parecer más accesible, más fácil de implementar, permitiendo una participación masiva instantánea, etc. Sin embargo, la cuestión de las herramientas digitales debería surgir únicamente luego de los primeros cuatro pasos señalados anteriormente. No debería ser el punto inicial a la hora de planificar o diseñar un proceso de participación ciudadana. Primero debería dejarse en claro el objetivo, la etapa del ciclo de elaboración de políticas, los insumos esperados y cómo serán utilizados, y la metodología. Sólo entonces es pertinente preguntarse si las herramientas digitales son las más adecuadas y, en caso afirmativo, cuáles. Además, antes de usar herramientas digitales para procesos participativos, las autoridades públicas deben tener en cuenta lo siguiente:

  • Tener en cuenta las “brechas digitales” existentes: las sociedades pueden dividirse entre personas que tienen acceso a – y capacidad de usar - tecnologías digitales y personas que no. Es importante evitar el surgimiento de nuevas formas de “exclusión digital” (es decir, no ser capaz de aprovechar los servicios y oportunidades digitales). Por ejemplo, los hombres, los residentes urbanos y la juventud joven presentan más probabilidades de estar conectados que las mujeres, las poblaciones rurales y las personas mayores (Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2021[25]). De ser posible, las herramientas digitales deberían ser implementadas junto con métodos presenciales, para aumentar la inclusión y achicar la brecha digital.

  • Usar herramientas digitales implica recursos: el uso de herramientas digitales no implica una reducción en los costos o los recursos necesarios, por lo que las autoridades públicas no deberían pensar que el sistema digital es una forma de ahorrar. Por el contrario, un uso cualitativo de herramientas digitales, que asegure la inclusión y la participación de impacto requiere recursos técnicos, humanos y financieros. En algunos casos, las autoridades públicas podrían querer tercerizar (contratar recursos de terceros por un período de tiempo limitado) la organización y el manejo de las herramientas digitales. En otros casos, pueden usar recursos internos. Es importante evitar la superposición, por lo que se recomienda que las autoridades públicas acudan a colegas o funcionarios especializados en sus instituciones para asegurar que no haya ya una plataforma digital en uso o si una herramienta digital ha sido preseleccionada por la institución para estos tipos de usos.

  • La opción tecnológica: tal como se evidenció en las últimas campañas electorales, la tecnología, tal como algoritmos y redes sociales, puede tener un impacto directo en los procesos democráticos y en los resultados de los procesos participativos de los ciudadanos. Las autoridades públicas deberían pensar dos veces antes de seleccionar una herramienta digital, es decir, asegurarse de que la tecnología seleccionada sea transparente y responsable. Estas directrices no sugieren una herramienta en particular, pero la evidencia muestra que el software de código abierto es mejor para los procesos democráticos ya que permite el escrutinio, la rendición de cuentas y la colaboración.

Las herramientas digitales permiten a la ciudadanía y partes interesadas interactuar y presentar sus participaciones de distintas formas:

  • Informarse a través de datos y visualizaciones;

  • proponiendo nuevos proyectos, ideas o sugerencias;

  • deliberando para acordar sobre decisiones compartidas;

  • votando sobre ideas sugeridas o proyectos;

  • priorizando opciones potenciales;

  • preparando estrategias, políticas o legislación de forma colaborativa;

  • haciendo un mapeo mental, votación interactiva;

  • reconociendo patrones y tendencias en respuestas, puntos de vista y opiniones presentadas;

  • compartiendo información o datos para completar un vacío existente.

Seleccionar la herramienta correcta dependerá del método de participación ciudadana utilizado, del público involucrado, del resultado esperado, de los recursos disponibles, etc. People Powered ha desarrollado una guía para plataformas de participación digital para apoyar a las autoridades públicas en la selección de la herramienta correcta. Incluye una matriz de las mejores herramientas digitales de participación que ofrece una visión general de las características de cada herramienta.

La lista de soluciones digitales existentes es muy larga y el objetivo no es recoger todas las posibilidades en estas directrices. El Cuadro debajo presenta una lista de herramientas digitales que pueden ser utilizadas en el contexto de los métodos presentados en este documento. Todas las herramientas de la lista son de código abierto, lo que significa que el público puede ver, replicar y colaborar en el código. No obstante, las autoridades públicas pueden también decidir desarrollar y diseñar su propia plataforma, adaptada a sus necesidades específicas.

El Banco Interamericano de Desarrollo ha implementado un repositorio de herramientas de código abierto que pueden ser usadas en el contexto de procesos participativos. Estas herramientas pueden ser replicadas por cualquier autoridad interesada y van desde redacción colaborativa, monitoreo de compromisos, consultas públicas hasta alertas ciudadanas.

La comunicación de calidad es un prerrequisito para organizar un proceso participativo exitoso. Puede ayudar en cada paso del camino – desde el reclutamiento de ciudadanos y ciudadanas, hasta la garantía de transparencia en el proceso, y la extensión de los beneficios del aprendizaje sobre temas políticos en particular para el público en general. Tal como se mencionó en la guía conjunta de la OCDE y Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por su sigla en inglés) Guide on Communicating Open Government (OCDE and OGP, 2019[26]) dichas herramientas pueden destacar las oportunidades existentes para que las personas contribuyan con las leyes, por ejemplo, o para que las interacciones del gobierno con el público y grupos objetivo específicos sean más amplias, incluyendo a los grupos tradicionalmente no representados (OCDE, 2021[27]).

A la hora de comunicar sobre los procesos participativos, es útil:

  • Distinguir entre comunicación con los participantes del proceso y comunicación con el público en general sobre el proceso de participación.

  • Preparar una estrategia de comunicación y planes que sigan cada paso del proceso y estén basados en el conocimiento de la audiencia.

  • Considerar qué canales son adecuados para alcanzar la audiencia deseada. Las personas más jóvenes pueden preferir los formatos en línea y las redes sociales, mientras que para acceder a las personas mayores, es más fácil por correo, diarios impresos, o carteles en supermercados locales.

  • Asegurar una comunicación constante, clara y comprensible que no use lenguaje técnico. La información que no es clara, en lenguaje técnico puede desestimular todo tipo de participación.

  • Considerar traducir los comunicados a todos los idiomas que se hablen en las comunidades a las cuales están dirigidos. Esto es importante para asegurar la inclusión y para llegar a un público más amplio.

La implementación de un proceso participativo depende en gran medida del método elegido. En el Capítulo 4 se detallan elementos fundamentales de cada modelo y los apéndices de estas directrices contienen más detalles y lineamientos sobre cada método (p62). Hay algunas consideraciones generales que son parte de los procesos participativos – como preparar un cronograma adecuado, identificar los recursos necesarios, asegurar la inclusión y accesibilidad, y considerar la experiencia de un ciudadano a través del proceso participativo. Este artículo brinda consejos para apoyar a los profesionales, a los servidores públicos y a los formuladores de políticas a lo largo de la implementación de su proceso participativo.

  • Planificar el tiempo suficiente para implementar el proceso participativo. La implementación de procesos más simples como las consultas públicas podría tomar un par de meses– desde la preparación de los materiales necesarios, hasta la comunicación e invitación a la ciudadaníaa participar, dándoles el tiempo suficiente para que realicen sus aportes. Los procesos más complejos como los presupuestos participativos, proyectos de ciencia ciudadana o procesos deliberativos pueden llevar mucho más tiempo, dependiendo de su escala. Por ejemplo, en el caso de un proceso deliberativo se requieren varios meses para convocar a las partes interesadas y a los tomadores de decisiones, cerca de dos meses para llevar a cabo un proceso de selección aleatoria de participantes, y varios meses de aprendizaje y deliberación de los participantes (ya que se reúnen todos los fines de semana o fin de semana de por medio).

  • Alinear el proceso participativo con el proceso de toma de decisiones. La participación debería ser oportuna para informar la toma de decisiones.

  • Preparar un cronograma detallado. Deberá incluir pasos preparatorios, como por ejemplo reservar el lugar y preparar material de información, así como también los pasos a tomar para implementar el proceso (cuán largas serán las sesiones, cuánto tiempo de intervalo habrá, etc.)

Todo proceso participativo requiere recursos especializados para que su implementación sea exitosa y generar resultados beneficiosos para los tomadores de decisiones. Los recursos necesarios varían dependiendo del diseño y de la implementación del proceso. Algunos elementos que influirán en la cantidad y el tipo de recursos necesarios son: el alcance de los procesos (tiempo, cantidad de participantes), el método utilizado, el tipo de reclutamiento, las herramientas, algunas consideraciones de logística como los lugares. Los recursos pueden ser humanos, financieros y/o técnicos, y ser complementados por asociaciones con la sociedad civil.

Los procesos participativos (incluso cuando son completamente virtuales) requieren de personal suficiente para organizar el proceso, reclutar participantes, desarrollar recursos de información, facilitar interacciones, responder preguntas, comunicar, analizar y sintetizar información, etc. Estos recursos humanos pueden estar disponibles dentro de su equipo, como socios y colegas, o a través de contratistas externos. La cantidad y los perfiles del personal necesario dependerán del método utilizado, del alcance del proceso y de los insumos que se busca de los ciudadanos. Algunas de las competencias necesarias para cualquier método son las comunicaciones y gestión de proyectos.

Tal como sucede en todos los procesos democráticos, los procesos participativos necesitan recursos financieros específicos para cubrir el costo de recursos humanos, lugares de reuniones, licencias de plataformas digitales, comunicaciones públicas, pagos de honorarios para los participantes (recomendados para algunos métodos de participación), costos de transporte o guardería de menores al cuidado de los participantes, etc. Los costos dependerán de la disponibilidad de los recursos internos, el alcance del proceso, del método, etc. Un proceso que es realmente inclusivo y rompe las barreras tradicionales de la participación requerirá una inversión mayor.

Cada vez más procesos están usando las herramientas digitales para la comunicación, recibir los insumos de los participantes y/o procesar/analizar los aportes recibidos (ver Paso 5: Elegir las herramientas digitales correctas). Los recursos técnicos pueden incluir personal con habilidades digitales, licencias de software, computadoras, tabletas, servicios de nube, etc.

Centros de competencia sobre participación, asesores, coordinadores institucionales o comunidades de práctica, así como lineamientos específicos sobre el área de la política o el contexto, metodologías y plataformas establecidas podrían estar a su disposición. Es de utilidad recurrir a estos recursos, especialmente al implementar un proceso de participación por primera vez.

Además de los recursos necesarios para implementar un proceso participativo, las autoridades públicas podrán construir alianzas y sociedades con partes interesadas no gubernamentales como ser organizaciones de sociedad civil (OSCs), los medios o entidades del sector privado. Estas sociedades pueden ayudar a implementar el proceso, a ampliar el público objetivo, aumentar el impacto de los esfuerzos de comunicación, etc. Por ejemplo, las OSCs pueden ayudar a las autoridades públicas a llegar a grupos más allá de los habituales (por ejemplo, migrantes), difundir las oportunidades de participar a través de sus redes o newsletters habituales, y pueden ser una fuente de recursos potenciales para implementar el proceso (por ej., facilitadores)

Todas las personas deberían tener las mismas oportunidades a la hora de formar parte de los procesos participativos. La sección Cómo motivar a la ciudadanía a participar de estas directrices señala alguna de las condiciones preliminares que permiten a las personas participar y asegurarse que todos puedan hacerlo. Además, los organizadores deberían asegurar que los grupos no suelen estar representados o las minorías sean representadas para así poder tener en cuenta las necesidades de todos los ciudadanos. Las autoridades públicas deberán considerar todas las necesidades especiales y verificar que las personas con discapacidad sean capaces de ejercer sus derechos de participar de forma cómoda. Esto incluye personas que usan dispositivos de asistencia para la movilidad (como ser sillas de ruedas, caminadores, y muletas), personas con discapacidad auditiva y visual, discapacidad intelectual, u otras discapacidades que reducen sus aptitudes físicas y/o sensoriales.

  • Tómese su tiempo al momento de mapear sus potenciales participantes para pensar en los grupos de personas que no suelen participar, o que no están siendo representados en los entes de toma de decisiones.

  • Vaya más allá de los “sospechosos de siempre” – por ejemplo, audiencias más jóvenes, mujeres, poblaciones rurales, minorías, etc.

  • Brinde información en lenguaje simple y accesible para que todos puedan participar.

  • Piense en aquellas personas que no tienen acceso a internet o a dispositivos digitales. Si es posible, siempre brinde una opción de participación alternativa que no sea en línea. Las alternativas no digitales pueden ser: votos físicos, consultas telefónicas o cualquier otro mecanismo presencial (talleres, puntos de información, correo en papel, etc.)

  • Asegure el acceso físico a actividades de participación: una persona con discapacidad debería tener posibilidad de llegar a los lugares de reuniones de forma independiente. El hecho de contar con un asistente debería ser una opción, no una obligación. Considere los siguientes aspectos: acceso fácil a estacionamientos, acceso desde el estacionamiento a la entrada y a través de la entrada con dispositivos de asistencia para la movilidad, rampas accesibles, información en el edificio adaptada para las personas con diversas discapacidades, disponibilidad de equipos adecuados durante las reuniones -como ser el sistema de inducción magnética para las personas con discapacidad auditiva, entre otras.

  • Asegúrese que todos puedan acceder a la información:

    • ubicar materiales a la altura adecuada, a la altura adaptada a las capacidades de personas en silla de ruedas;

    • el diseño de los sitios web debería seguir los parámetros de accesibilidad;

    • proporcionar un intérprete de lenguaje de señas y ayuda auditiva o información adicional en la pantalla, acompañando el mensaje de voz;

    • llevar a cabo reuniones informativas en lugares de fácil acceso o utilizando lugares sin barreras de acceso.

Una forma de asegurar que el proceso sea exitoso a la hora de reclutar participantes y mantener su interés a lo largo del proceso es ponerse en el lugar del público objetivo.

Al momento de pensar sobre la experiencia de la ciudadanía en el proceso participativo, los organizadores pueden anticipar puntos ciegos que pueden confundir o desmotivar a los participantes y reducir los desertores realizando los ajustes necesarios. La ilustración 2.5 se muestran los datos de la versión simplificada de la experiencia de la ciudadanía a lo largo de dicho proceso.

Involucre investigación publicada y evidencia sobre cómo y por qué participan las personas, que puede ser un punto de partida útil para pensar sobre la experiencia ciudadana.

Reportar a quienes participan y al público en general sobre los resultados del proceso participativo es un paso importante. Suele ser también uno de los más olvidados. Sin el reconocimiento adecuado al trabajo y al compromiso de la ciudadanía y partes interesadas, los participantes pueden recibir el mensaje incorrecto y pensar que sus aportes no son importantes o que no serán tenidos en cuenta, creando de esta manera desconfianza y desalentándolos a participar en actividades similares en el futuro. Quienes participan también deben saber cuáles de sus recomendaciones serán tenidas en cuenta y cómo y por qué algunas de ellas pueden no ser utilizadas. Esto aumenta la transparencia y la rendición de cuentas del proceso y ayuda a construir una cultura de gobierno abierto.

Los insumos recibidos como aportes del proceso participativo deberían ser considerados de forma cuidadosa y respetuosa, y ser usados como se estableció al principio -con justificaciones y argumentos claros si algunos resultados no son usados o implementados. Las autoridades públicas no están obligadas a implementar todas las recomendaciones, ideas o propuestas, ni a usar los datos recogidos – siempre y cuando dicha decisión sea justificada y se corresponda con el compromiso inicial. Es posible que las autoridades públicas establezcan que el proceso es puramente consultativo, o que se comprometan a integrar algunas recomendaciones o integrar todos los insumos recibidos.

El aspecto más importante es ser claro y transparente desde el principio y comunicar a los participantes y al público general sobre las decisiones tomadas.

Cerrar el circuito de la retroalimentación refiere a los esfuerzos realizados por los coordinadores de un proceso participativo para contactar a quienes participan y comentar el estado de sus aportes y el resultado final de su participación. Si los circuitos de retroalimentación no se cierran de forma adecuada, las autoridades públicas estarán arriesgándose a desmotivar a la ciudadanía a participar en otra oportunidad y disminuirán potencialmente los beneficios de la participación, como el fortalecimiento del sentido de la confianza, eficacia y voluntad.

  • Luego de un proceso participativo, las autoridades públicas deberían hacerle una devolución

    a los participantes, así como al público en general con el reconocimiento de los insumos, las recomendaciones y la ayuda recibida.

  • Los organizadores podrán explicar cómo los contribuyentes se sumarán al esquema general de la toma de decisiones, y cuándo podrán quienes participan esperar resultados concretos.

  • Si algunas de las propuestas no pueden ser tomadas en cuenta, las autoridades públicas deberán ser transparentes con respecto a los motivos. Esto demuestra respeto hacia los participantes y reduce la ambigüedad y posibles malos entendidos.

  • Por último, agradecer a los participantes por su tiempo y esfuerzo, y mantenerlos al tanto sobre el progreso del proceso (y los insumos) puede aumentar la sensación de valor y reconocimiento.

La evaluación permite medir y demostrar la calidad y neutralidad de los procesos participativos a un público más amplio. Esto puede aumentar la confianza y legitimidad en el uso de la participación ciudadana para la toma de decisiones públicas. La evaluación crea una oportunidad de aprendizaje al brindar evidencia y lecciones a las autoridades públicas y profesionales sobre qué salió bien y qué no. Brinda un base para la repetición y la mejora del diseño e implementación de un proceso participativo (OCDE, 2021[29]).

Tina Nabatachi (2012[30]) sugiere que la evaluación se trata principalmente de evaluar el proceso o el impacto del proceso participativo:

  • Las evaluaciones del proceso pueden ayudar a las autoridades públicas a comprender mejor y mejorar la implementación y manejo de los procesos de participación ciudadana.

  • Las evaluaciones del impacto pueden ayudar a las autoridades públicas a determinar si el proceso de participación ciudadana llegó a la audiencia deseada y produjo los efectos deseados.

La evaluación debería ser planificada desde el comienzo, cuando se diseña el proceso participativo. Dependiendo del método de participación y la escala del proceso participativo, se podrán elegir distintos tipos de evaluaciones. Para un proceso corto de escala pequeña, como ser una consulta pública, una evaluación adecuada sería un cuestionario para los participantes gestionado por los organizadores. Para los presupuestos participativos o procesos deliberativos representativos se recomienda encargar una evaluación independiente. En principio, la evaluación debería ser llevada a cabo por personas que no estén involucradas en el proceso participativo, y que puedan ser capaces de indicar las cosas que salieron tal como se planificaron y las que no. Los iniciadores o encargados de un proceso participativo también deberían reflexionar sobre las actividades realizadas.

Las evaluaciones bien realizadas pueden aclarar cuestiones como por ejemplo:

  • ¿Cuáles son los aprendizajes más importantes de la implementación de un proceso participativo?

  • ¿El proceso participativo salió tal como fue planificado y deseado?

  • ¿Se cumplieron los objetivos?

  • ¿Los tomadores de decisiones mantuvieron su compromiso?

  • ¿Qué funciono y qué no?

  • ¿Cómo experimentaron el proceso los participantes?

Los resultados de la evaluación deberían tener un impacto real en el diseño de procesos futuros.

Para diseñar un cuestionario de participantes, guiar las autorreflexiones de los organizadores o encargar una evaluación independiente, es fundamental tener en cuenta los principios para una participación de calidad, que pueden servir como punto de referencia. El capítulo 3 señala estos principios. Para obtener más información sobre la evaluación puede referirse al capítulo 4 de estas Directrices.

Como parte de un gobierno abierto, la participación ciudadana requiere un cambio de comportamiento y mentalidad para poner a la ciudadanía en el centro de toda acción o decisión pública. Esto implica cambios en valores, habilidades, creencias, normas de conducta, y expectativas individuales e institucionales que son materializadas en nuevas políticas, servicios y metodologías, entre otros. A nivel institucional, se requiere un nuevo conjunto de procesos para transformar las formas internas de trabajo, y nuevas normas y valores que integren gobiernos abiertos y prácticas participativas como nueva normalidad. A nivel individual, refiere a nuevas formas de pensar el servicio público y a adaptar habilidades para llevar a cabo la acción pública de forma transparente, responsable y participativa. En todos los niveles, el cambio cultural requiere una mentalidad adaptada que comprenda los beneficios de los aportes de la ciudadanía. (OCDE, 2023[31]).

El cambio del proceso ad-hoc a una cultura participativa requiere que involucrar a la ciudadanía se convierta en un hábito para las autoridades públicas. Para construir este hábito, los procesos participativos deberían estar integrados en la arquitectura institucional a través de la legislación o regulación. Además de un cambio en la toma de decisiones públicas y en la mentalidad de las autoridades públicas, una cultura de participación requiere una ciudadanía democráticamente apta que esté interesada, y tenga la agencia y las habilidades necesarias para participar.

Para contribuir con el uso de prácticas participativas y asegurar que este vaya más allá de las iniciativas individuales que con frecuencia dependen de la voluntad política, debería hacerse un esfuerzo para institucionalizar estas prácticas de forma estructural. Los cambios estructurales para que la participación sea una parte integral de la arquitectura democrática son una forma de promover la verdadera transformación, ya que la institucionalización sirve de anclaje para los mecanismos de seguimiento y respuesta de las regulaciones. Crear oportunidades habituales para que más personas tengan voz y voto en la toma de decisiones públicas no solamente mejora las políticas y servicios, sino que también aumenta el impacto positivo que tiene la participación en la percepción que la ciudadanía tiene de sí misma y de otros, fortaleciendo la confianza y cohesión de la sociedad (OCDE, 2021[22]).

Institucionalizar las prácticas de participación ciudadana también puede contribuir a la creación de una infraestructura participativa disponible para las autoridades públicas. Por ejemplo, sería más fácil movilizar redes consolidadas de servidores públicos y profesionales con experiencia en participación ciudadana si fuese necesario. Los métodos participativos, especialmente los más innovadores, pueden resultar más fáciles y menos costosos de implementar, ya que se ahorra en costos y recursos al no tener que empezar de cero cada vez (economía de escala). Construir know-how institucional sobre cómo encargar o llevar a cabo una variedad de métodos de participación ciudadana permitiría implementar más procesos de este tipo, abriendo la toma de decisiones a la ciudadanía de forma genuina y sostenida (OCDE, 2022[32]).

Promover la cultura de participación requiere no solo de las oportunidades para que la ciudadanía participe, sino también una ciudadanía que esté dispuesta a asumir un rol activo en la colaboración, co-creación, y toma de decisiones informadas junto con las instituciones públicas. Una ciudadanía que es democráticamente apta tiene el mandato, pero también las habilidades y competencias necesarias para tener un rol activo en el sistema democrático. Multiplicar las oportunidades para que las personas puedan ejercer esos músculos democráticos a través de la práctica puede ayudar a mejorar sus aptitudes democráticas y fortalecer sus habilidades para expresar su desacuerdo, llegar a acuerdos con otros, movilizarse por sí mismos, involucrarse en el activismo, sentir y expresar empatía, practicar la escucha activa, expresar sus opiniones de forma efectiva y reforzar su autoconfianza verbal (We Do Democracy, 2022[33]) (MASS LBP, 2022[34]).

No alcanza con que los gobiernos decidan que quieren comprometerse más con la ciudadanía. Necesitan crear un ambiente en el cual esto sea posible, y en el cual las personas sean capaces y estén dispuestas a asumir un rol activo y comprometerse con funcionarios públicos. Esto significa que los derechos individuales (en especial libertad de expresión, reunión pacífica, asociación) deben ser respetados (de jure y de facto), los mecanismos de queja deben funcionar, la información y los datos deben estar disponibles, la leyes deben ser respetadas, los periodistas deben poder ser capaces de analizar y criticar las decisiones del gobierno, aquellos que protestan necesitan ser capaces de expresar sus perspectivas de forma segura, y las OSCs/activistas/defensores de derechos humanos deben ser capaces de operar sin temor a la violencia, castigo o interferencia, etc. (OCDE, 2021[27])

Un espacio cívico sin protección puede contribuir a un ambiente polarizado, lo que perjudicará la calidad de las interacciones entre partes interesadas no públicas (incluyendo ciudadanía, ONGs, medios, etc.) y las autoridades públicas. El cierre del espacio cívico puede tener un impacto directo en el nivel de inclusión de la participación. Como parte de la Recomendación de Gobierno Abierto, la OCDE invita a los países a proteger sus vibrantes espacios cívicos (tanto físicos como en línea) para permitir una participación igualitaria, informada, segura e inclusiva.

Referencias

[23] Carson, L. and S. Elstub (2019), Comparing participatory and deliberative democracy, newDemocracy Foundation, https://www.newdemocracy.com.au/wp-content/uploads/2019/04/RD-Note-Comparing-Participatory-and-Deliberative-Democracy.pdf.

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[32] OCDE (2022), “Engaging citizens in cohesion policy: DG REGIO and OECD pilot project final report”, OECD Working Papers on Public Governance, No. 50, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/486e5a88-en.

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