Prólogo
La corrupción afecta de manera directa la percepción de la ciudadanía respecto al sistema político nacional y socava su confianza en los gobiernos y las instituciones públicas.
La OCDE ha estado colaborando estrechamente con los gobiernos para hacer frente a las raíces causales de la corrupción. Dicha colaboración incluye el apoyo en la construcción de un marco institucional coherente, transparente y confiable, resistente a la corrupción. El Estudio de la OCDE sobre Integridad en Argentina es el primer estudio que la OCDE lleva a cabo de manera comprehensiva, siguiendo la Recomendación del Consejo sobre Integridad Pública de 2017. Proporciona al gobierno una hoja de ruta con acciones concretas para fortalecer sus instituciones y hacer que el país sea más resistente a los riesgos de corrupción. Algunas de estas acciones podrían implementarse en el corto plazo; otras requieren más tiempo y podrían contribuir en el desarrollo de una Estrategia Nacional de Integridad.
A finales de 2015 el gobierno argentino estableció entre sus prioridades el fortalecimiento institucional y la lucha contra la corrupción. Este compromiso presenta una oportunidad única en miras a fortalecer la integridad en el sector público.
Las reformas y regulaciones que Argentina ha adoptado desde entonces, tales como la ley de acceso a la información pública, la ley de responsabilidad penal empresaria, las discusiones en torno a las reformas de la ley de ética en el ejercicio de la función pública y de financiamiento político, dan cuenta del compromiso asumido por el gobierno y la voluntad política de materializarlo. El estudio que se presenta a continuación reconoce los grandes avances que han implicado y los toma como punto de partida para identificar los desafíos pendientes y las brechas aún existentes en materia de implementación de los avances formales, la cultura y rendición de cuentas del marco de integridad nacional.
La voluntad política del gobierno es solo un ingrediente en la construcción de un sistema de integridad. El mismo debe incluir a todos los actores clave de la sociedad en su conjunto. De esta manera, el gobierno de Argentina podría sentar las bases de una cultura de integridad pública que ayude a reconstruir el contrato social, recuperar la confianza de los argentinos en el sistema y contribuir a un desarrollo inclusivo y sostenible.
Marcos Bonturi
Director
Departamento de Gobernanza Pública de la OCDE