copy the linklink copied!Prólogo

Los sistemas de salud de los países de la OCDE están sometidos a presiones cada vez mayores. El envejecimiento de la población y la elevada incidencia de enfermedades crónicas, que requieren de tratamientos largos y costosos, exigen que los sistemas sanitarios implementen estrategias para maximizar la eficiencia y minimizar dispendios. Esto en aras de preservar y, en la medida de lo posible, mejorar la disponibilidad y la calidad de los servicios de atención a la salud. Lo anterior se vuelve especialmente relevante en los países con acceso desigual a servicios públicos básicos, como la atención médica. Con un coeficiente de Gini de 0.46, México tiene la tasa de desigualdad más alta entre los países de la OCDE. México también tiene el menor gasto per cápita en atención de la salud (1 034 dólares estadounidenses) entre los países de la organización. Por ello, para mejorar el acceso a los servicios de salud, el país necesita gastar más y mejor.

Los servicios de salud en México están descentralizados y los gobiernos estatales, que gozan de autonomía, desempeñan un papel importante no solo en la inversión de los recursos transferidos desde el gobierno federal, sino también en la gestión de las instituciones de salud y de pensiones que se encuentran bajo sus jurisdicciones. Este es el caso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), el cual se encuentra en el segundo estado mexicano más extenso en territorio, con una población de tres millones de habitantes.

Con cerca de 180 000 afiliados, el ISSSTESON proporciona atención médica y pensiones a los empleados del Gobierno del Estado de Sonora. En vista de la creciente disparidad entre ingresos y gastos del Instituto, el ISSSTESON y el Gobierno del Estado de Sonora están llevando a cabo reformas para asegurar la sostenibilidad, incluyendo reformas relativas a la contratación pública.

Como actor clave en el sistema de salud de Sonora, el ISSSTESON invitó a la OCDE a evaluar sus políticas y prácticas de contratación pública y contrastarlas contra la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Contratación Pública de 2015, en particular en lo que se refiere a los aspectos de eficiencia, accesibilidad, integridad, transparencia, profesionalización, uso de herramientas de contratación electrónica, gestión de riesgos y evaluación de resultados. El estudio Reforma a la Contratación Pública del ISSSTESON para la Sostenibilidad es el resultado de esta revisión entre pares de la OCDE sobre gobernanza pública. Estos estudios ayudan a todos los órdenes de gobierno a diseñar e implementar políticas estratégicas, basadas en evidencia e innovadoras, para fortalecer la gobernanza, responder eficazmente a diversos y perturbadores retos económicos, sociales y ambientales y cumplir sus compromisos con los ciudadanos.

Si bien en el pasado la OCDE ha trabajado en México con varias instituciones nacionales de seguridad social, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el ISSSTESON es la primera institución estatal de seguridad social revisada por la OCDE.

Este estudio encuentra que el ISSSTESON, con el apoyo del Gobierno del Estado de Sonora, está decidido a superar su actual situación financiera adversa. Por ejemplo, ha comenzado a reformar la gobernanza de su función de contratación pública para mejorar la coordinación y el control interno, y para aprovechar el potencial de eficiencia derivado de la agregación de demanda. Asimismo, el ISSSTESON llegó a un acuerdo con la Secretaría de Hacienda del Estado y con la Universidad estatal para que se liquiden los adeudos con el Instituto.

Sin embargo, este estudio también concluye que aún queda mucho por hacer para garantizar la sostenibilidad del Instituto, y que todos los actores políticos deberían trabajar en conjunto para avanzar en las reformas necesarias. En primer lugar, se podrían lograr eficiencias mejorando la gobernanza y el funcionamiento de la contratación pública. El Instituto y el Gobierno del Estado de Sonora también deberían revisar el marco regulatorio de la contratación pública para permitir mayor flexibilidad en las estrategias, herramientas y características del sistema. Finalmente, y como se documenta en este estudio, los beneficios pensionarios ofrecidos por el ISSSTESON son generosos en comparación con los de otras entidades federativas de México y otros países de la OCDE. Los acuerdos para liquidar deudas anteriores son un paso en la dirección correcta, pero si no se reforma el régimen de pensiones las presiones seguirán aumentando, lo que puede poner en peligro la sostenibilidad del sistema a largo plazo.

La OCDE está lista para apoyar al ISSSTESON y al Gobierno del Estado de Sonora en la implementación de las reformas necesarias para mejorar la situación general del Instituto y su capacidad de contratación. Si hay avances oportunos en la implementación de las reformas, Sonora se podría convertir en un modelo de referencia para otras entidades federativas de México que enfrentan desafíos similares en sus sistemas de salud y pensiones para los empleados públicos.

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https://doi.org/10.1787/8b650806-es

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