OECD Multilingual Summaries

Government at a Glance: Latin America and the Caribbean 2017

Summary in Spanish

Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe 2017

Resumen en español

Las desigualdades plantean un desafío crítico para los gobiernos. No sólo afectan el crecimiento económico y crean malestar social, sino que también dificultan el acceso a oportunidades y servicios públicos básicos. Los gobiernos desempeñan un papel importante, no sólo a través de impuestos y transferencias, sino también mediante el diseño e implementación de políticas públicas que consideren las desigualdades en la distribución del ingreso y otras implicaciones que afectan el bienestar de las personas.

América Latina y el Caribe (ALC) sigue siendo la región más desigual del mundo, aunque mucho se ha avanzado en los últimos años como consecuencia de un fuerte crecimiento y reformas estructurales. Para sostener estos logros en un entorno global desafiante, los gobiernos de ALC necesitarán diseñar e implementar políticas que promuevan un fuerte crecimiento económico y creación de empleo, mientras continúan trabajando para garantizar un acceso más equitativo a servicios costo efectivos a la población. Esto requerirá de evidencia de alta calidad, oportuna y comparable a nivel internacional que informe la formulación de políticas e intervenciones y permita establecer puntos de referencia. Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe 2017, provee la evidencia más reciente para guiar las reformas del sector público en ALC.

Conclusiones principales

El estado es mucho más pequeño en promedio en la región de ALC que en los países de la OCDE. El gasto público alcanza 31% del PIB en promedio en los países de ALC, comparado con 41.5% en los países de la OCDE; sin embargo, la diferencia está disminuyendo. Entre 2007 y 2014 el gasto aumentó en 4.7 puntos porcentuales en la región de ALC, en comparación con un aumento del 2.5 p.p. en la OCDE. En 2014, los gobiernos de ALC gastaron alrededor del 8.7% del PIB en beneficios sociales (por ejemplo, educación, salud y pensiones), mientras que esta cifra fue del 16.4% en el área de la OCDE. A su vez, para el mismo año los países de ALC emplearon menos personas como porcentaje del empleo total (12.9% en ALC y el 21.6% en los países de la OCDE). En 2014 la inversión del gobierno como porcentaje del PIB alcanzó el 2.6% en los países de ALC en comparación a un promedio del 3.2% en la OCDE.

La política fiscal juega un papel más limitado en la distribución del ingreso en ALC que en países OCDE en promedio. El sistema de impuestos y beneficios resulta en una brecha entre el ingreso de mercado y el ingreso disponible, lo que reduce el coeficiente de Gini en 2.8 puntos porcentuales en promedio en ALC, a diferencia de 17.8 puntos porcentuales en los países de la OCDE. Esto sucede debido a la combinación de un esquema de impuestos directos menos progresivos; mayor dependencia de los impuestos indirectos, a menudo regresivos; una proliferación de beneficios fiscales; y subsidios en varios sectores (por ejemplo, energía) que están mal focalizados y con frecuencia benefician a los más ricos. El potencial distributivo de la intervención gubernamental es, sin embargo, mucho más fuerte cuando se considera el gasto social en especie.

Los sistemas de salud en la región de ALC están altamente fragmentados en términos de prestación de servicios y financiación. La mayoría de los países tienen varios esquemas coexistentes de financiación para la salud. Por otra parte, el gasto en salud pública es tratado a menudo como gasto extrapresupuestario y por lo tanto no es sujeto al escrutinio completo del proceso presupuestario. Aunque la cobertura es relativamente alta en los países encuestados de ALC, el paquete de bienes y servicios recibidos por los beneficiarios tiende a ser menos amplio que en los países de la OCDE. Superar la fragmentación y mejorar la coordinación es un desafío clave para incrementar la eficiencia del gasto en salud en la región de ALC.

Los gobiernos de la región de ALC deben de crear aún una cultura de evaluación de políticas, lo que puede hacer mucho para mejorar el diseño e implementación de las mismas. Por ejemplo, mientras que alrededor de tres cuartas partes de los países de ALC reportaron tener una estrategia nacional de gobierno digital, solo un poco más de una quinta parte señaló esfuerzos para medir los beneficios financieros de los proyectos TIC del gobierno para ciudadanos y empresas. Del mismo modo, más del 70% de los países de ALC tienen estrategias de contratación pública para apoyar objetivos secundarios de política, pero un número menor de países (6.3% en el caso de compras verdes y 28% en el caso de apoyo a las PYMEs) mide los resultados de esas estrategias. En la misma línea, mientras que los países han adoptado requisitos formales tales como consulta y Análisis de Impacto Regulatorio (AIR), su implementación en la práctica varía en gran medida entre países y, de manera similar a los países OCDE, la evaluación ex post se lleva a cabo con poca frecuencia.

El liderazgo del Centro de Gobierno y su rol de coordinación ha aumentado, pero se centran principalmente en el cumplimiento de procesos y no en el contenido de las políticas. El número de iniciativas interministeriales ha aumentado en los países de ALC durante los últimos años, reflejando esfuerzos para mejorar la coordinación del Centro de Gobierno (CdG). A modo de ejemplo, el 92% de los países de ALC indicó que las iniciativas de gobierno abierto son coordinadas por el CdG. De una manera similar a los países de la OCDE, la coordinación política de la discusión se lleva a cabo a través de reuniones del gabinete y contactos bilaterales con los ministros. Sin embargo, en comparación con los países de la OCDE, los CdG en ALC tienen un papel más importante en revisar y garantizar el cumplimiento de los procesos que en evaluar, discutir o decidir las nuevas políticas públicas.

El uso de la contratación basada en el mérito ha mejorado en la región, mientras que la evaluación de desempeño y gestión de compensación requieren un mayor desarrollo. El uso de la contratación competitiva basada en el mérito ha sido reforzada en los últimos 10 años, principalmente a través de la introducción de portales web de empleo público y el fortalecimiento de los organismos de servicio civil. Sin embargo, en muchos países la evaluación del desempeño tiende a tener un carácter formal por naturaleza, con un efecto limitado en desempeño. A su vez, en muchos países las desigualdades salariales – tanto horizontal (misma responsabilidad, distinto pago) como vertical (posiciones jerárquicamente superiores con un salario más bajo) – abundan y han empeorado con el tiempo.