2. Un marco de política integral para lograr una distribución equilibrada del trabajo remunerado y no remunerado

Reflexión sobre políticas

Ampliar la educación formal de la primera infancia y atención extraescolar. La creación de un sistema más universalizado de atención para la primera infancia, financiado mediante una contribución general de los empleadores, sería un paso en la dirección correcta. Según el proyecto de ley actual, los empleadores de cualquier tamaño contribuirían con el 0,1% de los salarios de sus empleados a un fondo central. Las madres y los padres solteros que trabajen más de 15 horas semanales por cuenta ajena o por cuenta propia afiliados al sistema de protección social tendrían acceso a las prestaciones. Tras solicitarlo, podrían elegir entre enviar a sus hijos a un proveedor público o privado, este último pendiente de una acreditación por parte del Ministerio de Educación. El fondo cubriría costos de hasta 245.000 CLP (unos 315 USD) al mes. Si el costo de la guardería privada supera dicha cantidad, los padres se harían cargo del saldo del costo (Yévenes, 2018[9]).

Aunque la eliminación del umbral de tamaño reduciría las trabas para contratar mujeres y podría conducir a una reducción de la penalización salarial que sufren las mujeres que trabajan para empleadores de mayor tamaño (IDB, 2015[10]) el actual proyecto de reforma también suscitó una serie de críticas. Algunos detractores señalan que el nuevo régimen no sería universal, ya que excluiría a varios grupos, como, por ejemplo, estudiantes y trabajadores a media jornada y del sector público (aunque, en principio, estos últimos deberían tener acceso a guarderías proporcionadas por el empleador, no siempre es así). En parte relacionado con lo anterior, otros observadores critican la definición de ayuda para el cuidado de niños utilizada, según la cual el derecho a la prestación depende del pago de una contribución, en lugar de ser un derecho básico al que pueden acceder libremente los más desfavorecidos. Otros señalan que, al supeditar el acceso a la situación laboral, el proyecto de ley consolida aún más la idea de que la obligación de cuidar a los niños es una prerrogativa de los trabajadores, en lugar de ser una obligación social. Por último, algunos lamentan que el bono no cubra la totalidad del costo de las guarderías privadas y que socave las guarderías del sector público.

Un primer paso para abordar las críticas anteriores sería conceder prestaciones a cualquier niño menor de dos años, independientemente de la situación laboral del cuidador principal. Como paso adicional, tras la introducción del derecho a la atención para menores de dos años, el derecho podría extenderse también a niños de más edad hasta que alcancen la edad escolar, aunque para ello sería necesario ampliar considerablemente la infraestructura de las guarderías. Aumentar las plazas disponibles en los programas de guarderías públicas podría ser una forma importante de ampliar la cobertura. La evidencia proveniente de varios países de la OCDE indica que aquellas guarderías financiadas con fondos públicos tienden a tener una calidad más uniforme y a ofrecer mejores condiciones laborales a los cuidadores de niños (Moussié, 2016[11]). El proceso de apertura de nuevas guarderías públicas puede ser gradual, dando tiempo suficiente para formar y contratar personal calificado y ampliar el presupuesto público dedicado a la atención y educación de la primera infancia. Al mismo tiempo, aquellos proveedores privados adheridos a normas de calidad pueden seguir participando. Dado que las tarifas de mercado de las guarderías privadas suelen superar el importe máximo previsto, las familias de rentas bajas y medias deberían tener prioridad para acceder a las guarderías públicas. En zonas donde estén saturadas y en las que es imposible una rápida expansión, el gobierno podría considerar un subsidio adicional para familias de ingresos bajos y medios vinculado a la tarifa de mercado de los proveedores privados.

Las pequeñas empresas que actualmente están por debajo del umbral de 20 trabajadoras podrían resistirse a la introducción de una contribución obligatoria adicional, en particular en un momento en el que están pasando por dificultades debido a la pandemia del COVID19 y sus consecuencias económicas. Una opción para responder a esta preocupación podría ser una introducción progresiva, con plazos más largos para aquellas empresas que puedan demostrar que la crisis del COVID19 afectó fuertemente a sus ingresos. Además, una campaña de información que demuestre los beneficios para las propias empresas podría apoyar la introducción del nuevo régimen. Por ejemplo, los casos de estudio de empresas textiles de Jordania y Vietnam demostraron que la rotación de personal y las bajas por enfermedad se redujeron en un tercio y un 9%, respectivamente, cuando las empresas empezaron a ofrecer servicios de guardería en el trabajo. Un informe reciente de la Corporación Financiera Internacional ofrece más ejemplos del caso empresarial a favor de guarderías subvencionadas por el empleador, mostrando los beneficios que obtuvieron los empleadores al ofrecer el servicio (International Finance Corporation, 2017[12]).

Además de ampliar las opciones de atención a niños en edad preescolar, las familias también necesitan más opciones de atención extraescolar calificada. Para ello sería conveniente una nueva ampliación del Programa 4-7 a todos los municipios y quintiles de ingresos. Esto ampliaría las oportunidades de los padres para trabajar a tiempo completo.

Invertir en cuidados de larga duración. Aliviar la carga que supone el cuidado de familiares de la tercera edad y discapacitados puede contribuir, en gran medida, a apoyar el acceso de las mujeres al mercado laboral. Lo ideal sería ampliar el programa Chile Cuida, tanto desde el punto de vista geográfico como grupos de ingresos. Como herramienta en esta dirección, facilitar el acceso a la información sobre los servicios disponibles a nivel local puede ser una forma de orientar a las familias hacia los recursos que podrían ayudarles. Por ejemplo, en La Plata (Argentina), una red de residentes, expertos académicos y proveedores de servicios crearon un sitio web para proporcionar dicha información. Otra herramienta es la formación y el cuidado de relevo, cuyo objetivo es proporcionar un alivio a corto plazo a las familias de cualquier categoría de ingresos. En Belo Horizonte (Brasil), por ejemplo, los trabajadores sociales y sanitarios pasan una semana en una familia para que los cuidadores se recuperen y aprendan a atender mejor a sus familiares (UN Women, 2017[13]). Además de estos esfuerzos de ayuda provisoria, es importante invertir en infraestructuras y seguros de asistencia a largo plazo. Con el envejecimiento de la población, es probable que aumente la necesidad de más apoyo en forma de visitas regulares de cuidadores formados o de atención institucional. En este contexto, la supervisión pública es clave para garantizar el cumplimiento de las normas de atención, así como de las normas laborales, para los cuidadores remunerados, muchos de los cuales son mujeres. Un programa de seguro de cuidados de larga duración, financiado a través de los impuestos o de un seguro social, podría ayudar a pagar los cuidados. Para mantener los costos bajo control, los límites de selección y prestaciones podrían ser inicialmente bastante restrictivos, pagando sólo en aquellos casos en que la familia no pueda financiar el cuidado de miembros de la familia gravemente enfermos o discapacitados (Rhee, Done and Anderson, 2015[14]).

Reflexión sobre políticas

Establecer semanas reservadas para permiso paterno como parte del permiso parental. Aunque en Chile ya existe un permiso parental del que pueden beneficiarse tanto hombres como mujeres, al igual que en otros países, son pocos los padres que lo utilizan. Varios países europeos (entre ellos Islandia y Suecia) han conseguido aumentar su uso, reservando una parte del permiso parental para los padres, lo que significa que el permiso total que puede utilizar una pareja es mayor si ambos lo toman. Otra política es alargar el permiso paterno, que por definición no puede transferirse a la madre (OECD, 2019[29]).

Apoyar políticas para aumentar la cobertura de las prestaciones por maternidad y paternidad intensificando la dinámica de políticas más amplias para reforzar una formalización. Esto es importante para garantizar que el permiso parental sea accesible a todos los trabajadores, incluidos los menos protegidos. En la actualidad, muchos de los nuevos padres en Chile no tienen derecho a un permiso parental remunerado porque trabajan sin un contrato formal y carecen de cobertura de seguridad social. Esta situación pone de manifiesto que la aplicación de los acuerdos de permiso parental difícilmente generaría resultados significativos en términos de cobertura si se implementa independiente de políticas más amplias para reforzar su formalización en Chile.

• Como prioridad clave, sería importante mantener el impulso de los esfuerzos políticos en curso para impulsar el empleo formal. Aunque el análisis de las políticas para lograr este objetivo a largo plazo excede el alcance de este trabajo, los requisitos generales incluyen una progresividad de las cotizaciones de seguridad social, aumento de las inspecciones de trabajo y seguimiento preciso de los resultados (OECD, 2018[30]).

• Como parte de estas políticas contextuales, el gobierno podría considerar la posibilidad de priorizar a aquellos sectores reconocidos por la presencia relativamente generalizada de informalidad y sobrerrepresentación del empleo femenino. Estos incluyen una serie de actividades de servicios, desde el cuidado personal y servicios domésticos, por ejemplo, hasta restaurantes y hoteles. Como ejemplo regional de esta área específica de servicios domésticos, Argentina ha introducido un amplio conjunto de medidas para expandir la cobertura de protección social a las trabajadoras domésticas. Se trata de la introducción de contratos escritos obligatorios, la difusión de folletos que describen los derechos de las trabajadoras domésticas y la posibilidad de que los empleadores deduzcan las cotizaciones de seguridad social pagadas en representación de las trabajadoras domésticas. Estas iniciativas combinadas con campañas de concientización que incluyen cartas dirigidas a hogares de altos ingresos en las que se les recuerda su obligación de declarar cualquier trabajador (Lexartza, Chaves and Cardeco, 2016[31]). Si Chile siguiera una estrategia similar, podría considerar la posibilidad de conceder beneficios tributarios para que aquellas mujeres empleadas de manera informal y que tienen derecho al programa Chile Crece Contigo -el cual incluye la promoción de la paternidad activa entre sus misiones- reciban algunos beneficios remunerados limitados para ausentarse de su trabajo. Otra opción potencialmente atractiva, sobre todo para las trabajadoras independientes, podría consistir en la introducción de un subsidio a las cotizaciones que permita ausentarse del trabajo.

Reforzar las opciones de trabajo flexible. Dependiendo del tipo de trabajo, la flexibilidad de los horarios de entrada y el teletrabajo pueden reducir la escasez de tiempo que sufren los padres debido a las largas jornadas de trabajo, desplazamientos y obligaciones familiares. En comparación con muchos otros países de la región, Chile tiene mejores condiciones para el teletrabajo ya que su infraestructura de Internet y sus recientes leyes de teletrabajo tienen características positivas. El gobierno puede fomentar aún más este proceso a través de múltiples medidas. Por ejemplo, puede apoyar financieramente a las empresas que estén dispuestas a invertir en su infraestructura ICT, proporcionar formación en habilidades digitales en zonas rurales y poner en marcha campañas de información que muestren los beneficios del teletrabajo y equipar a las gerencias con las habilidades necesarias para comunicarse eficazmente con aquellos empleados que ven con menos frecuencia (OECD, 2020[32]).

Reflexión sobre políticas

Realizar capacitaciones para ayudar a que los profesores adquieran consciencia sobre la importancia de las actitudes y estereotipos de género en la escuela. Una de las lecciones de la experiencia internacional es que los esfuerzos para crear una cultura que favorezca la igualdad de género deben comenzar desde la educación temprana y con el apoyo voluntario de los profesores (OECD, 2012[33]). La formación específica es importante para ayudar a los profesores a adaptar sus enfoques pedagógicos al grupo etario de los niños (UNESCO, 2017[51]). Por ejemplo, los profesores han tenido un rol fundamental en las iniciativas emprendidas por el gobierno de Flandes (Bélgica) para crear concienciar sobre los roles de género en las escuelas flamencas. Los profesores recibieron capacitaciones para detectar la presencia de actitudes y estereotipos de género en el material curricular y se fomentó plantear soluciones para mejorar la situación. Hay indicios de que los profesores han adquirido consciencia sobre la importancia de evitar el uso de un lenguaje con los niños favorezca el desarrollo de roles de género estereotipados. Las tareas que podrían reforzar el desarrollo de aspectos de identidad (que las niñas desempeñen funciones de organización y apoyo, como tomar notas, planificar eventos, coordinar trabajos en grupo, etc.) han disminuido gradualmente. A estos resultados ha contribuido el cambio de la organización de las aulas y el uso de grupos mixtos para limitar la segregación de niños y niñas (Council of Europe, 2014[52]). Las lecciones de esta experiencia proporcionan un punto de referencia potencialmente útil para evaluar las guías pedagógicas emitidas por el Gobierno chileno y los avances en su aplicación.

Involucrar la participación de las familias en el proceso de creación de una educación sensible al género. Aunque la responsabilidad principal recae en las escuelas a la hora de educar a los futuros ciudadanos, involucrar a los padres es clave a la hora de introducir un nuevo enfoque educacional orientado a reforzar una educación sensible al género. La familia suele actuar como “vocera” de arraigados prejuicios y los padres podrían ver con recelo las nuevas iniciativas de cambio de rumbo. Una característica positiva de la orientación pedagógica implementada por el Gobierno chileno radica en el hecho de que invita a los profesores a asumir un papel más proactivo, explorando opciones de cooperación para involucrar a las Asociaciones de Apoderados. El compromiso previo para concientizar a los padres podría expandirse a los hogares, suavizando la transmisión de los roles de género tradicionales dentro de la familia más amplia. Las guías pedagógicas chilenas incluyen un vídeo que los padres pueden ver antes de las reuniones de discusión como herramienta para preparar sus planteamientos.

Como ejemplo de prácticas internacionales para involucrar a los padres, en 2019 el Ministerio de Educación del Perú lanzó una campaña nacional para informar a los padres sobre la importancia de la incorporación de prácticas sensibles al género en la educación y sus interacciones con el currículo. Se abrieron casi 140 centros de información para explicar a las familias cómo y por qué se implementa el enfoque de género en el currículo educativo (MINEDUC, 2019[53]). En Irlanda, como parte de la estrategia de integración de la perspectiva de género, el Ministerio de Educación y Ciencia elaboró pautas dirigidas a toda la comunidad escolar, incluyendo a los padres. Las pautas para las escuelas primarias y secundarias proporcionan a los padres información sobre las obligaciones de la escuela en relación con la legislación sobre la igualdad, la explicación de la integración de la perspectiva de género y lo que conlleva, y sugerencias para las acciones que los padres pueden llevar a cabo en las escuelas (Council of Europe, 2011[54]; EIGE, 2020[55]).

Mantener el impulso del cambio es esencial, dado que la lucha contra los estereotipos de género a través del sistema educacional es un proceso a largo plazo. Mejorar la igualdad de género en la educación es un proceso a largo plazo que requiere capitalizar los esfuerzos del presente y del pasado para promocionar mejoras. Por ello, el seguimiento continuo de los logros puede ser de gran valor para colocar a Chile en la senda de un progreso sustentable. Como parte de una estrategia definida a largo plazo, Chile podría identificar un conjunto claro de objetivos y estándares intermedios bajo los cuales se pueda organizar un organismo de seguimiento independiente encargado de evaluar avances y difundir historias de logros en las escuelas.

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Proporcionar apoyo adicional a las niñas y madres adolescentes vulnerables. Chile ha avanzado para que las madres adolescentes sigan estudiando y aumentar el impacto de las políticas de reducción de embarazos de menores/jóvenes. Iniciativas como el programa Espacios Amigables y el Plan de Salud Integral de Adolescentes han ayudado en este sentido al integrar más estrechamente las políticas de prevención y educación. Esto es esencial para combatir los embarazos de adolescentes y limitar, a su vez, la deserción escolar.

En perspectiva, podría darse un margen para proporcionar una ayuda financiera adicional a las madres y a sus hijos pequeños para garantizar que adquieran una educación básica y competencias que puedan utilizar en el trabajo. Por ejemplo, un programa en Uruguay tiene por objetivo promover proyectos educacionales para madres menores de 23 años, proporcionando apoyo financiero para el cuidado de sus hijos mientras reciben educación y formación. En Australia, el gobierno ofrece diversos programas de transferencia para padres adolescentes, como el subsidio JET Child Care Fee Assistance, por ejemplo, el cual permite a las madres pagar un parvulario durante la finalización de sus estudios y transición al trabajo. El monto, el cual se paga directamente a los parvularios, es proporcional a los ingresos del hogar, la edad del niño y las horas de actividades reconocidas por la madre y su pareja.

Los resultados de un análisis reciente para Colombia realizado por Cortés, Gallego y Maldonado (2016) ofrecen algunas pautas útiles para el diseño de los programas, ya que sugieren que, para que los programas de transferencias monetarias condicionadas apoyen la reducción de las tasas de fecundidad entre los adolescentes, deben estar lo “suficientemente condicionados”. Esto requiere el uso de criterios predefinidos bien establecidos y ejecutables para hacer un seguimiento del éxito y la asistencia a la escuela. En Chile, el protocolo para la retención de estudiantes en el sistema escolar exime, por ley, a las estudiantes embarazadas, así como a madres y padres adolescentes, del requisito estándar del 85% de asistencia mínima. No obstante, las conclusiones de este estudio sugieren que el cumplimiento de algún tipo de condicionalidad sería aconsejable para postular a las transferencias. Por ejemplo, el gobierno podría exigir que los estudiantes completen el curso escolar y se matriculen en el siguiente para seguir beneficiándose de la ayuda y/o que no se pueda recuperar la subvención tras una interrupción prolongada del programa.

Garantizar la educación e información sexual integral en la escuela. Si bien el derecho a la información y educación sexual en los colegios de Chile está garantizado por ley desde 2010 (Ley 20.480), la implementación real queda a criterio de cada institución, lo que puede variar según las convicciones y creencias locales. Además, no existe una exigencia curricular mínima y, cuando se imparte, la educación sexual suele centrarse en las diferencias biológicas, sin información reproductiva preventiva. Dado que muchos padres no se comunican con sus hijos sobre este tema, la mayoría de los adolescentes se informan por Internet, lo que a menudo conduce a una información errónea y a puntos de vista distorsionados, que podrían afectar al desarrollo emocional (Obrach King, Alexandra et al., 2017[59]). Una mejor manera de apoyar la información sexual de los estudiantes es garantizar un plan de estudios mínimo sobre educación sexual y preventiva en cada escuela y supervisar su aplicación (UNESCO, 2018[60]). Además, un asesor especial en materia de salud y educación sexual en las escuelas podría entregar a los alumnos información adecuada. Es preferible que el asesor sea una persona joven formada académicamente, con el que los alumnos puedan identificarse más fácilmente, en lugar de un profesor formal con el que probablemente se sientan incómodos.

Recompensar y comunicar los beneficios de completar los estudios. La gratuidad de la educación es una condición necesaria para disminuir el costo de enviar a los niños a la escuela, especialmente para las familias pobres. Sin embargo, puede que el acceso a una educación gratuita no sea suficiente, ya que la percepción subjetiva de los beneficios de la escolarización varía entre hogares. Para factorizar esto, las transferencias monetarias condicionadas (TMC) podrían proporcionar beneficios de transferencias regulares a padres de origen pobre que decidan mantener a sus hijos en la escuela. El metaanálisis de 94 estudios de 47 programas de TCE muestra que la deserción escolar tiende a disminuir cuando las prestaciones están supeditadas a la matrícula y asistencia a la escuela. La obtención de las prestaciones suele ir asociada a una obligación de asistencia del 80-90%. Las prestaciones también reducen la exposición de los niños al trabajo infantil.

Muchas niñas y mujeres carecen de motivación para completar su currículo educacional porque no cuentan con el apoyo necesario para desarrollar un proyecto profesional claro. Esta consideración se aplica aún más a niñas que cursan la enseñanza media que están conscientes de que sus niveles de rendimiento en el puntaje de la prueba nacional probablemente no serán lo suficientemente altos como para poder matricularse en la enseñanza terciaria pública. La mentoría escolar, asesoramiento a estudiantes y becas específicas son clave para ayudar a niñas y jóvenes a permanecer y continuar en la educación. Un ejemplo de buena práctica es el Programa de Mentorías de la Red de Niñas introducido por el Reino Unido. El objetivo de esta iniciativa es poner en contacto a adolescente de entre 14 y 19 años y procedentes de escuelas de escasos recursos con mujeres de diversos negocios establecidos. Esta mentoría les permite a las adolescentes obtener información y crear redes a las que, de otro modo, les sería imposible acceder confiando exclusivamente en su propia escuela y círculo de familiares y amigos. Más de 500 mentores dan consejos prácticos y ayudan a las adolescentes a orientarse sobre sus carreras y postulaciones universitarias. Las mentoras reciben un programa especial de capacitación y, una vez que las adolescentes completan la mentoría de un año, se gradúan para convertirse en embajadoras vitalicias del programa.

Reflexión sobre políticas

Reforzar la representación de las mujeres a nivel ejecutivo de las empresas del sector privado. El sistema de cuotas y objetivos de género ha dado resultados positivos en el Congreso de Chile y en las empresas estatales. Sin embargo, la aplicación de cuotas similares o de objetivos voluntarios en los consejos de administración y en los puestos de alta dirección sigue siendo difícil entre las empresas del sector privado (OECD, 2019[71]). La práctica internacional muestra que una forma de apoyar y acelerar la inclusión de las mujeres en puestos de dirección y de eliminar las diferencias salariales es exigir a las empresas que divulguen estadísticas sobre la composición de género en los diferentes niveles de dirección. Además de fomentar la difusión de buenas prácticas, la divulgación puede tener efectos de “nombramiento y vergüenza”, al permitir señalar a las empresas que no cumplen. En Alemania, la Ley de 2015 para una participación equitativa de mujeres y hombres en puestos ejecutivos de los sectores público y privado fijó una cuota de diversidad de género del 30% para los consejos de administración y exigió a las empresas cotizadas y paritarias (en las que los trabajadores pueden votar sus representantes en el consejo) que establecieran objetivos de igualdad de género en los dos niveles superiores de dirección. Las empresas estatales israelíes tienen un objetivo legal de representación debida para ambos sexos en sus consejos de administración - generalmente el 50%, a menos que haya una razón justificable que impida alcanzar dicha representación. Hasta que se alcance el objetivo, se da prioridad a los directores del género menos representado, con la posibilidad de multar a las empresas que no cumplan.

Establecer mecanismos de monitoreo y evaluación. Los objetivos específicos y cuantificables son clave para evaluar si se cumplen las metas de representación femenina en las distintas profesiones y a nivel de liderazgo. Por ejemplo, un sólido mecanismo de control interno podría respaldar el objetivo de un mismo salario por un trabajo equivalente. En Australia, la Ley de Igualdad de Género en el Lugar de Trabajo exige a los empleadores del sector no público con 100 o más empleados que divulguen sus “Indicadores de Igualdad de Género” en los informes anuales presentados ante la Agencia de Igualdad de Género en el Lugar de Trabajo.

Aumentar el interés de las niñas por la ciencia, la tecnología y las matemáticas. Las estudiantes deben conocer las STEM antes de pasar a la educación postsecundaria para poder tomar decisiones informadas sobre sus futuras carreras. Los programas de mentoría pueden ayudarles a identificar modelos positivos, incluso inspirándose en puestos de alto nivel en empresas públicas y privadas. Al dar forma a los objetivos profesionales de las niñas y mejorar la percepción de que esos objetivos están a su alcance, el impacto de ejemplos positivos puede ser significativo. Además, los programas de mentoría aumentan la autoconfianza, impulsan las habilidades de comunicación y mejoran las cualidades de liderazgo de forma más duradera, lo que beneficiará a las niñas durante sus carreras. En 2017, la OCDE y el Gobierno de México crearon la iniciativa “NiñaSTEMPueden” para promocionar conferencias, talleres y programas de mentoría para mejorar el atractivo de los planes de estudio STEM para las niñas mexicanas (OECD, 2020[72]).

Además de las mentorías, los libros de texto escolares podrían difundir ejemplos de científicos y científicas, mientras que la introducción de experiencias científicas experimentales e interactivas en las escuelas también podría ayudar a aumentar el interés de las niñas en STEM. Por ejemplo, la Universidad de Costa Rica organizó varios talleres de ciencia para niñas de 7-13 años en 2019. Las campañas de concientización pública pueden apoyar la lucha general contra los estereotipos de género tradicionales demostrando que destacarse en las áreas STEM es compatible con la vida familiar. Estas campañas deben comenzar en la etapa más temprana de la educación, incluso con el apoyo de las plataformas de los medios sociales. Los programas y series de televisión que promueven modelos femeninos en STEM podrían ser una fuente de inspiración para las jóvenes.

Reconocer y reforzar la aplicación de permisos legales de maternidad y paternidad en el sector académico y apoyar el acceso a los servicios de atención. La ampliación de estos derechos, como propone la hoja de ruta para fomentar la representación de las mujeres en la ciencia establecida por el Ministerio de Ciencia, puede potenciar el atractivo de las carreras académicas para las licenciadas en ciencias. Aquellas madres que se reincorporan al trabajo después de su permiso de maternidad deberían tener la opción de aumentar sus horas de trabajo gradualmente.

Reflexión sobre políticas

Las políticas de promoción de una educación no sexista y la creación de conciencia sobre los modelos de conducta pueden desempeñar un papel importante para cambiar la percepción de la sociedad de las capacidades de las mujeres como emprendedoras. Además de estos prerrequisitos, existe margen para fortalecer aún más el espíritu emprendedor de las mujeres en Chile abordando la ley del matrimonio, incentivando a las mujeres a buscar más financiamiento externo y reforzando los programas de capacitación, incluyendo los componentes de mentoría y desarrollo empresarial de dichos programas.

Acelerar la reforma de la ley de matrimonio mediante la renovación de la propuesta de reforma que se debate en el Congreso desde hace ocho años. Como requisito mínimo, esto implicaría la derogación de la norma por defecto, la cual concibe que el marido administre los bienes del matrimonio. La prioridad otorgada a la opción más restrictiva y desfavorable para las mujeres hace que éstas tengan que pagar un tipo de interés más alto al solicitar un crédito para iniciar un nuevo negocio.

Fomentar las solicitudes de financiamiento. Es menos probable que las mujeres emprendedores busquen financiamiento para desarrollar sus negocios. Una encuesta entre emprendedores de los países de la Alianza del Pacífico descubrió que los emprendedores masculinos son más propensos a utilizar cada uno de los métodos de financiamiento mencionados por el cuestionario, incluyendo ahorros personales como fuente principal, seguidos por los amigos y la familia, el sistema financiero, fondos públicos, ángeles inversores, fondos de inversión y crowdfunding. Quizás relacionado con el impacto de la ley de matrimonio, entre los microempresarios chilenos las mujeres parecen menos propensas que los hombres a solicitar un crédito (Arellano and Peralta, 2016[77]). Sin embargo, aquellas que lo solicitan aparentemente son de la opinión que las subvenciones públicas y acceso al financiamiento privado son suficientes (OEAP, 2018[78]). No está claro si ocurre lo mismo con los empresarios que dirigen pequeñas y medianas empresas.

El gobierno debería tratar de mantener su buen historial de aprobación de financiamientos a empresarios y empresarias por igual. También podría considerar la posibilidad de emprender un estudio en profundidad sobre la probabilidad de que los hombres y las mujeres emprendedores/as obtengan un financiamiento diseñado para sus necesidades, tomando en cuenta sus diferentes características personales y empresariales. Por último, los cursos de capacitación para emprendedoras podrían hacer más hincapié de cuándo tiene sentido solicitar un crédito u otro tipo de financiamiento del sector privado o público y cómo obtenerlo.

Mejorar los programas de formación mediante mentorías a largo plazo e incubadoras de negocios. Un análisis de los programas existentes de apoyo al emprendimiento en países de ingresos bajos y medios confirma que la capacitación puede tener un poderoso rol para fortalecer las competencias empresariales de las personas, con efectos positivos en la creación de empleo. Sin embargo, para que tengan éxito deben cumplir con ciertos requisitos, como estar orientados a emprendedores nuevos, ser intensivos y ofrecerse en combinación con apoyo financiero (Grimm and Paffhausen, 2015[79]). La creación de redes y orientación de mentores -mediante de la creación de asociaciones y foros femeninos, por ejemplo- son importantes catalizadores de información de mercado y pueden facilitar, en gran medida, el intercambio de conocimientos entre pares.

Estas condiciones previas ya se aplican a varios programas chilenos. La experiencia de los países europeos sugiere que una mentoría entre empresarios experimentados y nuevos puede mejorar las competencias empresariales también, si el mentor y el alumno coinciden. Por lo tanto, vale la pena utilizar las entrevistas para determinar qué mentor debe corresponder a cada alumno. Además, las aceleradoras o incubadoras de empresas también pueden ofrecer oportunidades de formación adicional y creación de redes en combinación con un asesoramiento empresarial, financiero y jurídico (OECD/EU, 2017[76]). Dichas aceleradoras pueden ser operadas por el sector público, por el sector privado o por el sector sin fines de lucro, con potencial financiamiento público. (OECD/EU, 2019[80]).

Es esencial reforzar las estrategias de género para llegar a las mujeres de bajos ingresos. El trabajo de la OCDE demuestra que la adopción de estrategias de género en el diseño de programas de capacitación es clave para ampliar el acceso, expandiéndose así el grupo de mujeres potencialmente interesadas. En particular, para llegar a mujeres de hogares de bajos ingresos es necesario diseñar programas que presten atención a ciertas necesidades cotidianas, como los horarios de las mujeres, por ejemplo, y necesidades de asistencia en el hogar. Esto es importante para garantizar una continuidad de las obligaciones de cuidado, de los niños y de los ancianos durante el tiempo que se dedica a la formación (OECD, 2019[81]).

Reflexión sobre políticas

Reducir las barreras que impiden a las víctimas de violencia y acoso acceder al sistema de justicia. Las víctimas de violencia contra la mujer generalmente vacilan en el momento de denunciar el delito por temor a los altos riesgos de victimización en medio de largos procedimientos judiciales. Un análisis reciente de la problemática sugiere que, por término medio, el tiempo de procesamiento de los delitos sexuales en juicios orales requieren 947 días y menos del 8% termina con una condena (Fiscalia de Chile, 2019[83]). Por otra parte, el Código Penal define violación y abuso sexual de forma restringida, lo que implica que muchas prácticas consideradas como violencia sexual no son reconocidas como delitos (OCAC, 2020[84]). Capacitar a la policía y a los funcionarios judiciales sobre cómo abordar la violencia contra las mujeres, incluyendo mejores prácticas para interactuar con las víctimas, puede hacer que el proceso de denuncia de estos delitos sea menos difícil. Por ejemplo, en 2019, México puso en marcha un programa de capacitación policial que pretende garantizar la correcta aplicación de protocolos de actuación en situaciones de violencia de género. Casi ninguna víctima puede cumplir con el actual plazo de seis meses para denunciar el acoso o la violencia sexual, especialmente contra menores. Reconociendo que la decisión de denunciar puede ser más larga, sería recomendable una ampliación del plazo.

Incentivar y garantizar procesos de denuncia seguros para las víctimas. En los lugares de trabajo, en las escuelas y en las universidades, las mujeres pueden ser aún más reacias a denunciar el acoso o la violencia si los agresores ocupan una posición jerárquica superior, como profesores, supervisores o directores (ILO, 2018[85]). Por ello, el Gobierno chileno podría abocar más esfuerzos a la implementación de mecanismos de denuncia seguros que faciliten la denuncia de estas situaciones en el trabajo. La experiencia internacional en la materia sugiere que las iniciativas políticas para fomentar en las empresas la adopción de mecanismos de denuncia pueden respaldarse con diferentes herramientas, como convenios colectivos, por ejemplo, normativas de Seguridad y Salud Laboral y legislación laboral (Eurofound, 2015[86]). Por ejemplo, en los países escandinavos y en los Países Bajos la obligación de los empresarios de establecer procedimientos o medidas para hacer frente a la violencia y el acoso laboral forma parte de una estrategia para proteger la salud mental y física de los empleados. Como tal, forma parte de la normativa para mejorar el bienestar y la salud laboral. Las legislaciones de Bélgica y Francia introdujeron una obligación específica para el empresariado de prevenir la violencia y el acoso. Irlanda aconseja a los empresarios que introduzcan un código de conducta para mostrar su compromiso con la lucha contra comportamientos abusivos, lo cual es muy relevante en caso de demandas judiciales.

El marco normativo también puede centrarse en la prevención, estableciendo principios y pautas que permitan a los empleadores adoptar iniciativas más proactivas. En cumplimiento de estas pautas, algunos empleadores privados han organizado talleres y cursos de capacitación para explicar la ley contra abusos sexuales en el trabajo y para crear conciencia sobre las diferentes manifestaciones de abuso sexual en el trabajo, así como la forma de denunciarlos. El rol de los interlocutores sociales también puede ser relevante para ampliar las acciones preventivas en el trabajo aprovechando su experiencia, incluso ayudando a diseñar apoyos individuales, como la presencia de orientadores confidenciales.

Educar a los jóvenes sobre diferentes aspectos de la violencia y el acoso sexual. Aunque Chile ha lanzado campañas de sensibilización sobre la violencia sexual, estas campañas no se dirigen a los adolescentes, a pesar de que las mujeres jóvenes suelen ser víctimas. Un ejemplo internacional es la campaña #MeGustaCómoEres lanzada por España en 2019 para prevenir la violencia de género entre jóvenes y dirigida a adolescentes. Mediante la promoción del respeto, la aceptación y la autonomía en pareja, la campaña se centra en las principales manifestaciones de la violencia de género, con el objetivo de identificarlas y prevenirlas. Se trata de una campaña totalmente digitalizada, que se difunde a través de las redes sociales. Otras campañas se centran en el acoso sexual callejero. En Argentina, la campaña #Cambiáeltrato, que mostraba a un joven explicando a otro que su comportamiento con las mujeres en la calle no era el adecuado, se hizo viral.

Vigilar la seguridad en el transporte. La falta de un transporte seguro puede llevar a las mujeres a restringir sus movimientos como forma de reducir su exposición a comportamientos de riesgo. Dichas decisiones pueden desalentar, a su vez, a las mujeres a participar en el mercado laboral, siendo el impacto adverso sobre los ingresos potencialmente relevante para hogares en zonas remotas. En Chile, la Agenda 2018-22 para una Política de Equidad de Género en Transportes del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones define metas para analizar las necesidades de transporte de las mujeres y aumentar la seguridad en el transporte público. Si bien se cuenta con estadísticas de acceso y seguridad en el transporte y las características de desplazamientos de hombres y mujeres en Santiago, no existe información similar para las zonas rurales, lo que limita la capacidad de evaluar la eficacia de las políticas (Duchène, 2011[87]).