1. Brechas de género en Chile: Una comparación internacional y subnacional

En las últimas décadas, Chile ha tenido impresionantes avances para potenciar los logros educacionales de los niños y de las niñas, en particular. En la actualidad, la cantidad de jóvenes adultos de ambos sexos que no obtienen por lo menos un título de educación media es tan reducido en Chile como lo es en la media de la OCDE. Más aún, una porción levemente superior de mujeres jóvenes en comparación con los hombres son egresadas universitarias. Las mujeres participan cada vez más en el mercado laboral y, aunque la diferencia entre las tasas de empleo masculinas y femeninas siguen siendo más pronunciadas en comparación con la OCDE, no es necesariamente mayor que la de otros países latinoamericanos.

Sin embargo, en Chile, al igual que otros países de América Latina y el resto del mundo, queda mucho por hacer para reducir las brechas de género y garantizar los beneficios de una distribución más equitativa del trabajo remunerado y no remunerado para el bienestar familiar y el desarrollo del capital humano (véase el Recuadro 1.1). Las mujeres chilenas son menos propensas a trabajar de forma remunerada, especialmente a jornada completa. Por el contrario, suelen pasar más horas cuidando a niños y adultos mayores, realizando labores domésticas, comprando comida, cocinando, etc.

Esta desigual distribución del trabajo remunerado y no remunerado no es simplemente un intercambio equitativo por medio del cual las mujeres intercambian una “unidad” de trabajo no remunerado por una "unidad" de trabajo remunerado con sus parejas. De hecho, en toda la OCDE, pero aún más drásticamente en Chile y América Latina en general, la carga de trabajo total de las mujeres -es decir, el total de horas de trabajo remunerado y no remunerado combinadas- supera a la de los hombres por un amplio margen. Además, las desigualdades de género varían mucho entre grupos socioeconómicos -entre generaciones más jóvenes y mayores, zonas urbanas y rurales, poblaciones indígenas y no indígenas y hogares con dos padres y monoparentales.

En este capítulo se revisa el contexto bajo el cual se generan las brechas de género en Chile y su impacto en la distribución de obligaciones de trabajo remunerado y no remunerado. Éste describe las brechas de género en los resultados educacionales y laborales, junto con las tendencias de distribución de tiempo e ingresos, tratando de identificar las áreas en Chile en las que se han presentado avances y aquellas en donde no se han presentado avances. El capítulo también examina los indicadores internacionales de bienestar y brechas de género relacionadas con la influencia de estereotipos y discriminación e incluye un análisis de la violencia contra las mujeres.

Existe una amplia cantidad de investigaciones y literatura que se centra en la importancia de la educación para los individuos y la sociedad. Éstas demuestran que los individuos con mayores niveles de educación típicamente tienen mayores probabilidades de ser empleados, obtener mayores ingresos (OECD, 2019[1]) y ser más saludable (Conti, Heckman and Urzua, 2010[2]; Dávila-Cervantes and Agudelo-Botero, 2019[3]). A nivel de sociedad, el retorno a la inversión para la educación principalmente refleja una mayor contribución al crecimiento productivo generado por una mano de obra más educada (Mincer, 1984[4]).

En el caso de las mujeres, estos beneficios son aún mayores. Se materializan en términos de disminución de la mortalidad infantil y embarazos no deseados, junto con el aumento de las capacidades productivas y oportunidades de ingresos de un grupo cuyos vínculos con el mercado laboral se hacen más fuertes (Woodhall, 1973[5]; Montenegro and Patrinos, 2014[6]) y menos discriminados por sexo (Dougherty, 2005[7]). Además, y esto es importante, la redistribución intergeneracional mejora, ya que una mejor educación de las madres generalmente conduce a una mejora en los resultados de salud y educación de sus hijos, incluso cuando se toma en cuenta la educación del padre y los ingresos del hogar (Schultz, 1993[8]). Más aún, al hacer que las mujeres se sientan más empoderadas para hablar y manifestar sus necesidades y aspiraciones, los niveles más altos de educación para las niñas representan la piedra angular de una voz y representación política más poderosas (Marcus and Page, 2016[9]).

Existe evidencia que sugiere que los beneficios de aumentar los niveles de educación de los hombres y, especialmente, de las mujeres se han generalizado en Chile. Por ejemplo, en 2011, los retornos económicos privados de la educación femenina fueron ligeramente superiores a los observados para los hombres chilenos. Esto marcó un giro en comparación con las décadas anteriores: de hecho, a finales de los 80, el aumento de los ingresos de los hombres que obtuvieron un diploma primario o secundario, en comparación con los que no se graduaron, fue significativamente mayor que el de las mujeres (Montenegro and Patrinos, 2014[6]).

Por otra parte, los niveles educacionales de los hombres y las mujeres en Chile han aumentado consistentemente a lo largo del tiempo y, paralelamente, de un grupo etario al siguiente. Aunque menos de la mitad de los hombres y mujeres de 55-64 años obtuvieron al menos un diploma secundario en 2017, la misma distribución entre adultos jóvenes tres décadas más jóvenes aumentó a 83,5% y 86,8% para hombres y mujeres, respectivamente (Figura 1.1).

Además, y esto es importante, cifras recientes indican que las mujeres jóvenes han comenzado a superar a los hombres jóvenes en términos de logros educacionales: Entre los jóvenes de 25 a 34 años, la proporción de titulados de educación superior es mayor entre las mujeres que entre los hombres (36,9% en comparación con un 30,3%). En cambio, en las categorías de mediana edad (35 a 54 años), el nivel de estudios de hombres y mujeres es muy similar.

El acceso a la escolaridad de una población puede variar entre grupos etarios y entre géneros. En Chile, las tasas de matrícula de niños y niñas en la educación preescolar y primaria-son prácticamente idénticas (Figura 1.2). Sin embargo, a medida que se avanza, la proporción de niñas adolescentes que se matriculan es superior a la de los niños, lo cual refleja un patrón en muchos países de América Latina y de la OCDE. Dado que no todos los niños matriculados oficialmente asisten con regularidad a la escuela, los expertos y observadores en materia de educación suelen mostrarse cautelosos a la hora de establecer una relación directa entre el aumento del número de matrículas y el progreso de los logros educacionales. Sin embargo, y en paralelo al aumento de las matrículas escolares, Chile ha experimentado un descenso de habilidades inadecuadas de lectura y escritura en toda la población, lo que implica, consecuentemente, que las tasas de analfabetismo actuales también son muy similares: en 2017, la proporción chilena de individuos analfabetos era del 3,5% entre los hombres y 3,7% entre las mujeres (Observatorio Social, 2018[19]). Sin embargo, los resultados de la Encuesta de Competencias de Adultos (PIAAC) muestran que más de uno de cada dos adultos chilenos (53,4%) en 2015 sólo tenía un nivel de alfabetización bajo. Este resultado fue similar al de México, aunque mejor que en otros países de la región, como Ecuador y Perú, por ejemplo (OECD, 2019[20]).

Sin embargo, cabe destacar que las cifras promedio ocultan importantes diferencias entre grupos socioeconómicos. Por ejemplo, la tasa de analfabetismo es significativamente menor que el promedio nacional entre jóvenes chilenos (15-29 -años, 1,1%). Al mismo tiempo, es mucho mayor en las zonas rurales (8,3%) y entre los individuos que se encuentran en los dos quintiles más bajos de la distribución de ingresos (7,1 y 4,5%, respectivamente). Además, el promedio de años de escolaridad es sustancialmente menor en las zonas rurales: entre la población de 15 años y superior en 2017, la población urbana mostraba en promedio 11,5 años de escolaridad y la población rural 8,9 años. La brecha entre la población indígena y la no indígena era ligeramente inferior a un año (Observatorio Social, 2018[19]). Los resultados del PIAAC muestran que entre los adultos más jóvenes de 16 a 24 años, las mujeres superan a los hombres en cuanto a puntajes promedio de alfabetización; mientras que lo contrario ocurre en las categorías de edad de 25 a 44 -años -y, en particular, de 45 a 65 años (OECD, 2019[20]).

La evidencia indica que en Chile la deserción escolar se relaciona estrechamente con el origen socioeconómico de los estudiantes (MINEDUC, 2020[21]; Observatorio Social, 2018[19]). Los estudiantes de hogares desfavorecidos tienden a trasladarse de escuela con mayor frecuencia, lo cual amenaza su progreso curricular. La deserción escolar prematura está sobrerrepresentada entre grupos de jóvenes que combinan varias desventajas, normalmente dificultades económicas con dificultades familiares preexistentes. Además, una de las razones principales que suelen alegar los individuos de zonas remotas, ya sean rurales o barrios urbanos descentralizados, es la falta de proximidad a los centros educacionales. Los estudiantes con mayor riesgo de deserción generalmente también están más expuestos a estresores ambientales, como el hecho de vivir en una zona de alta criminalidad (MINEDUC, 2020[21]).

En la Figura 1.3 se muestra un desglose de niños no escolarizados por sexo. En Chile, la proporción de niños no escolarizados es mayor entre las niñas que entre los niños a nivel primario y secundario inferior y prácticamente idéntica entre adolescentes en edad de cursar el secundario superior (Observatorio Social, 2018[19]). Esto diferencia un poco a Chile en una comparación internacional, dado que el promedio de las tasas de deserción escolar de los países latinoamericanos tienden a ser más altas entre los varones, particularmente en edad preescolar y secundaria superior.

Se puede obtener más información sobre los factores que influyen en el acceso a la educación si se observa las obligaciones laborales de los adolescentes fuera de la escuela. En Chile, en 2012, el 3,8% de los jóvenes de 5-14 años y el 16,5% de 15-17 -años trabajaban, siendo el número de niños más del doble que el de niñas (ILO, MINTRAB and MINDESARROLLO, 2013[22]). Dicho esto, la evidencia disponible también muestra que las niñas de 12 a 17 años trabajan más horas en actividades domésticas y de cuidado no remuneradas que los niños de la misma edad.

El trabajo extraescolar no conduce necesariamente a peores resultados educativos, pero trabajar muchas horas sí, a menos que se aplique una regulación estricta y eficaz que impida el exceso de trabajo de los adolescentes. Los resultados de una prueba estandarizada muestran que aquellos estudiantes en Chile que trabajan tienden a tener un peor rendimiento que sus compañeros que no lo hacen (Post, 2011[23]). Curiosamente, los efectos negativos se mantuvieron en la puntuación de las pruebas de lectura y aumentaron entre la primera y tercera hora de trabajo por día, tras lo cual el efecto negativo se aplanó. El autor del estudio especula que este resultado aparentemente extraño podría reflejar la aplicación de la ley contra el trabajo de los adolescentes (Post, 2011[23]). En un estudio basado en 20 países, se observa que tanto el trabajo remunerado como el no remunerado extraescolar afecta negativamente a las puntuaciones de matemáticas de niños y niñas, incluso cuando se toma en cuenta los recursos familiares y los efectos de la escuela (Post and Pong, 2009[24]).

En muchos países, el embarazo adolescente y las responsabilidades de cuidado de los hijos que se derivan del mismo implican que es muy difícil que las madres adolescentes se gradúen. Es importante destacar que las madres adolescentes a menudo tienen que dejar la escuela bajo presión de la familia o incluso de la dirección de la escuela, debido a la vergüenza y el estigma. Las mujeres que han sido madres antes de los 20 años suelen declarar muchos menos años de escolaridad y menos horas de trabajo que las mujeres con retraso en la maternidad (Arceo-Gomez and Campos-Vazquez, 2014[25]) (Publimetro, 2018[26]).

Aquellos adultos que tuvieron hijos durante su adolescencia suelen pertenecer a los grupos con los niveles más bajos en competencias de lectura y escritura (OECD, 2018[27]). En todos los países incluidos en la encuesta PIAAC, alrededor del 16% de las mujeres de 20 a 65 años que se encuentran en el quintil más bajo de las puntuaciones de alfabetización fueron madres en su adolescencia, en comparación con el 4% en el quintil más alto. Entre las adolescentes, un bajo nivel de alfabetización se asocia a una mayor probabilidad de maternidad: el 6% de las mujeres de 16 -a 19 años que se encuentran en el quintil más bajo de la distribución nacional de puntuaciones de alfabetización son madres, en comparación con casi ninguna de las mujeres más competentes de la misma edad (Jonas and Thorn, 2018[28]).

Chile ha registrado mejoras en esta área relevante en la lucha contra la pobreza y el aumento de la igualdad de oportunidades (UNESCO, 2014[29]). La proporción de madres adolescentes se ha reducido a la mitad desde el cambio de milenio, pasando del 16,2% del total de nacimientos al 7,9% en 2017 (Sepúlveda, 2019[30]). Las estimaciones para 2012 indican que la tasa de fecundidad -la cantidad de nacimientos por cada 1.000 niñas del grupo etario- fue de 1,4 para las niñas de entre 10 y 14 años y de 48,6 para las de 15 - 19 años, respectivamente (MINSAL, 2013[31]). Aunque la tasa era la más baja de América Latina y la situación puede haber mejorado en los últimos años, era cuatro veces superior a la media de la OCDE. Además, cabe destacar que la tasa en la región de América Latina es la segunda después de la región del África subsahariana (PAHO, UNFPA and UNICEF, 2017[32]).

Además, las madres adolescentes suelen estar sobrerrepresentadas entre los adolescentes de ambientes desfavorables (ECLAC, 2017[33]). Esto representa una fuente de preocupación en Chile, dado que en el país la proporción de madres adolescentes es tres veces mayor entre los hogares más vulnerables que entre los menos vulnerables (31,4% y 10,6% respectivamente) (Observatorio Social, 2017[34]). Además de dificultar drásticamente las perspectivas económicas de las madres, las consecuencias de la pobreza y la desigualdad de la maternidad adolescente son intergeneracionales. Los bebés nacidos de mujeres menores de 20 años tienen más probabilidades de ser prematuros o de bajo peso al nacer y la tasa de mortalidad neonatal es comparativamente alta para estos bebés (NEAL, 2018[35]).

Los resultados de la Encuesta de Competencias de Adultos de la OCDE -Programa para la Evaluación Internacional de Competencias de Adultos, PIAAC- proporcionan información clave sobre las competencias de la población adulta (16-65-)en los países participantes. En Chile, los hombres tienen un promedio de competencias numéricas y de alfabetización superior al de las mujeres y la magnitud de las brechas de género (no ajustadas) es la segunda entre los países de la OCDE, después de Turquía. El hecho de que los hombres tengan puntuaciones medias de alfabetización más altas que las mujeres es sorprendente, ya que las diferencias de género en las puntuaciones de alfabetización no suelen ser estadísticamente significativas en la mayoría de los países (OECD, 2016[36]). Una posible explicación de este enigma es que, como consecuencia de las obligaciones domésticas y de cuidados de la familia, muchas mujeres pasan largos períodos sin trabajar en un empleo remunerado. Estas interrupciones de la carrera profesional las llevan, a su vez, a perder parte de sus competencias. La evidencia que respalda esta afirmación se deriva del hecho que entre los jóvenes de 16 - 24 años -un intervalo de edad durante el cual muchas jóvenes graduadas tienen un empleo remunerado, gracias a obligaciones familiares menos apremiantes- las competencias de alfabetización de las mujeres superan a las de los hombres.

El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés) de la OCDE aporta un “elemento de reflexión” complementario ya que permite inspeccionar los logros educacionales de los adolescentes que aún están escolarizados. Es importante destacar que los resultados de la encuesta PISA muestran una menor presencia de alumnos de bajo rendimiento en lectura entre las niñas que entre los niños, siendo la diferencia comparable a la de toda la OCDE y mayor que en otros países latinoamericanos (Figura 1.4). Sin embargo, en Chile la proporción de alumnos con bajo rendimiento en matemáticas es mayor entre las niñas que la observada entre los niños, aunque menor que en otros países latinoamericanos.

En conjunto, los resultados anteriores indican que durante su adolescencia las niñas chilenas ya habrían desarrollado una disposición hacia las disciplinas humanistas, en lugar de las científicas, que en cambio tienden a ser vistas como una prerrogativa de los varones adolescentes. Esta divergencia tiene una contrapartida en las selecciones que harán las niñas y los niños más adelante, primero como estudiantes y luego como trabajadores. El análisis del desglose por sexo de los titulados en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas -las llamadas materias STEM (por sus siglas en inglés)- permite arrojar algo de luz sobre esta cuestión. En particular, el análisis de las proporciones de hombres y mujeres graduados en materias STEM revela que en 2017 la brecha de género en Chile era mayor que el promedio de la OCDE y mucho mayor que los países latinoamericanos comparados (Figura 1.5).

Son varios los factores que explican las diferencias de rendimiento en materias cuantitativas entre niños y niñas. Algunos se refieren a las aptitudes (aunque las diferencias de puntuación en las pruebas de matemáticas son insignificantes entre niños y niñas pequeños/as) y otros a las preferencias (Kahn and Ginther, 2018[38]). Sin embargo, es evidente que los estereotipos de género contribuyen a estas diferencias (Nollenberger, Rodríguez-Planas and Sevilla, 2016[39]). Como se analiza en la segunda parte de este informe, lo último es un aspecto importante que la educación sensible al género pretende abordar (véase la sección “Reducir los estereotipos de género”).

Las opciones educacionales y las calificaciones obtenidas son factores clave para que los trabajadores encuentren oportunidades de empleo más estables y de mejor calidad. En todos los países, este camino es más difícil de encontrar para las mujeres que para los hombres, aunque existen variaciones de un país a otro. La evidencia disponible sugiere que en Chile las dificultades que enfrentan las mujeres son mayores que en varios países de la OCDE. Con un 53,2%, la tasa de empleo femenina en Chile es casi 20 puntos porcentuales inferior a la de los hombres (Figura 1.6). Además, esta brecha de género es más amplia que el promedio de los países de la OCDE, mientras que en comparación con los países de América Latina seleccionados para este análisis, es más amplia que en Perú, aunque menos considerable que la observada en Colombia y Costa Rica.

Como se discutió anteriormente, Chile se caracteriza por la presencia de marcadas diferencias en los resultados educacionales entre grupos etarios y socioeconómicos. En este contexto, una interrogante pertinente es si se puede detectar variaciones similares en el desempeño del mercado laboral. La evidencia disponible confirma que en Chile existen importantes brechas de género en el empleo entre grupos etarios. En concreto, la magnitud de la brecha de género parece ser más significativa en grupos de mayor edad que también se caracterizan por brechas de género más amplias en niveles de educación y cualificación. Oscila entre el 4,0% entre los 15-24 años y 33,5% entre los 55-64 años, con incrementos continuos para cada grupo etario intermedio (OECD, 2018[40]).

La brecha en aumento de la tasa de empleo con la edad refleja mecánicamente el hecho de que menos mujeres de las generaciones más antiguas participaron alguna vez en la población activa. Además de este “efecto cohorte”, existe un "efecto composición", ya que a medida que mejoran los niveles educacionales, más mujeres jóvenes con mayores niveles de formación encuentran empleo. En Chile, menos de cuatro de cada diez mujeres que no completaron la educación secundaria participan en el mercado laboral, lo que contrasta con más de siete de cada diez entre las mujeres con un título de educación secundaria superior y casi nueve de cada diez entre las graduadas universitarias.

Sin embargo, tanto en Chile como en el resto del mundo, la maternidad tiene un fuerte impacto en la fuerza laboral de las generaciones más jóvenes, lo que se hace visible en una cantidad importante de madres de niños pequeños retirándose (temporalmente) de la fuerza laboral (Figura 1.7). En Chile, la tasa de empleo de las madres con hijos menores de tres años es 10 puntos porcentuales inferior a la de las madres con hijos de tres a cinco años y 15 puntos inferior a la de las madres cuyo hijo menor tiene entre seis y 14 años.

Al igual que en otras economías regionales, el principal desafío que enfrentan las mujeres en Chile no es la falta de puestos de trabajo, ya que el desempleo abierto no suele ser un problema en estos países. Más bien, las mayores preocupaciones se relacionan con la falta de empleos de calidad. De hecho, los datos disponibles confirman que las trabajadoras en Chile tienen más probabilidades de estar empleadas en empleos marginales que los trabajadores. Por ejemplo, la proporción de trabajadores a media jornada es aproximadamente el doble entre las mujeres que entre los hombres (Figura 1.8, panel A). Este nivel es similar al de Colombia y a la media de la OCDE, pero inferior al observado en Costa Rica y Perú.

Además, la proporción de trabajadores informales es ligeramente mayor entre las mujeres que entre los hombres en Chile (Figura 1.8, panel B). Sin embargo, y quizás relacionado con el hecho de que la renta per cápita de Chile es más alta que en los demás países de comparación de América Latina, el empleo informal femenino es menor en Chile que en Costa Rica y significativamente menor que en Colombia y Perú. Aun así, afecta a aproximadamente tres de cada diez personas empleadas.

En todos los países, el espíritu emprendedor desempeña un papel importante para la creación de empleos. Sin embargo, la línea de partida entre los emprendedores motivados por la necesidad -es decir, aquellos que no tienen otras opciones de empleo- y los emprendedores motivados por la oportunidad -aquellos motivados por una buena oportunidad económica- es siempre difícil de trazar. Para capturar estos efectos en Chile, Figura 1.9muestra una comparación entre los emprendedores independientes (Panel A) y los emprendedores que actúan como empleadores (Panel B). Aunque el indicador de emprendedores independientes probablemente incluye representantes de ambos motivadores, una gran parte de los clasificados como emprendedores empleadores probablemente están motivados por la oportunidad. No obstante, existen indicios de que el paso a la actividad emprendedora motivada por la oportunidad puede ser especialmente difícil para las mujeres chilenas. De hecho, aunque los porcentajes de trabajadores masculinos y femeninos que se contabilizan como trabajadores independientes son casi idénticos (Figura 1.9, Panel A), el porcentaje de empleadores entre mujeres empleadas es significativamente menor que el mismo porcentaje de hombres empleados, sólo la mitad (Figura 1.9, Panel B).

El análisis de los rasgos individuales del autoempleo y el emprendimiento muestra que en Chile la brecha de género entre emprendedores que iniciaron un negocio porque identificaron una buena oportunidad, y no por necesidad, es mayor que el promedio de América Latina y el Caribe y en la OCDE (Mandakovic et al., 2017[45]). Otro estudio reciente descubrió que la propensión a trabajar en forma independiente refleja una expectativa de ingresos relativamente altos -en comparación con ser contratado como empleado- pero esto sólo es cierto en el caso de aquellos emprendedores que también actúan como empleadores (Modrego, Paredes and Romaní, 2017[46]). Los autores concluyen que esta evidencia corrobora la opinión de que en Chile aquellos emprendedores que también son empleadores son más propensos a elegir su estatus ocupacional, a diferencia de los trabajadores independientes que se ven forzados a autoemplearse por necesidad. Sin embargo, las mujeres emprendedoras chilenas son mucho más propensas a caer en esta segunda categoría, como sugiere el hecho de que en Chile en 2020, alrededor del 40% de los propietarios de microempresas registradas como empresas de personas naturales eran mujeres. En contraste, sólo el 25% de las medianas y el 18% de las grandes empresas con la misma forma de registro eran propiedad de mujeres (Ministerio de Economia Fomento y Turismo, 2020[47]; Ministerio de Economía Fomento y Turismo, 2017[48]). Las mujeres también están subrepresentadas en la gerencia general de las grandes empresas (12,8% de los puestos en 2016), en comparación con las pymes (28,9%). Las microempresarias están más representadas en el sector informal que los hombres (57,3%; frente al 42,8%) y sus empresas son significativamente menos rentables. Alrededor del 70% de estas mujeres ganan por debajo del salario mínimo chileno (CLP 337.000, que equivale a unos 457 dólares) (Ministerio de Economia Fomento y Turismo, 2020[47]).

Un indicador clave de la desigualdad entre hombres y mujeres es la brecha salarial de género. Al detectarse cuánto menos dinero gana una trabajadora promedio se puede deducir información relevante sobre la estructura de los incentivos laborales a los que se enfrentan las mujeres y su distribución entre mujeres y hombres. Como resultado, esto puede afectar la decisión de una pareja de trabajar ambos a tiempo completo, por ejemplo.

Un indicador sencillo de las diferencias salariales entre hombres y mujeres es la incidencia de trabajadores de bajos ingresos entre mujeres y hombres. En Chile, más de una de cada siete (13,6%) trabajadoras a tiempo completo gana menos de dos tercios del salario medio (Figura 1.10). Esto significa que, en el caso de las mujeres, la distribución de trabajadores con bajos ingresos es aproximadamente 1,6 veces superior a la de los hombres. La incidencia relativa de salarios bajos entre mujeres y hombres en Chile es comparable a la de Colombia, Perú y la OCDE.

La brecha de ingresos entre empleados masculinos y femeninos es mayor en Chile que en otros países. El salario medio de empleados masculinos a tiempo completo es un 12% mayor que el de sus homólogos femeninos, similar a la media de la OCDE, pero una diferencia mayor que en Colombia y Costa Rica (Figura 1.11, estimación de la OCDE).1 La diferencia es aún mayor en una medición de la OIT de la brecha salarial que incluye tanto a trabajadores a media jornada como a tiempo completo y que factoriza los diferentes niveles educativos y proporción de empleo en el sector público en comparación con el privado (Figura 1.11ponderada por factores de la OIT). Una explicación probable de la mayor brecha que implica del planteamiento de la OIT es que hay existen más mujeres que hombres que trabajan en empleos a media jornada mal remunerados.

El reflejo de los patrones anteriores es la relativa subrepresentación de las mujeres chilenas en puestos bien remunerados, incluyendo las ocupaciones STEM. En parte, esto refleja la alta concentración del empleo femenino en puestos de trabajo a media jornada en el sector de servicios, en lugar de puestos de trabajo a tiempo completo en actividades de mayor valor agregado. Además, la subrepresentación de las mujeres en puestos de trabajo bien remunerados puede ser consecuencia de las diferencias de formación antes mencionadas. (MINDES, 2018[51]) Esto incluye, por ejemplo, el hecho de que las mujeres a menudo rehúyen las carreras STEM, que tienen más probabilidades de abrir el camino a oportunidades de trabajo mejor pagadas (Figura 1.5). Esta subrepresentación de las mujeres en las carreras de educación STEM implica, a su vez, que las mujeres también están subrepresentadas en las carreras de investigación y profesorado académico: según la UNESCO, sólo uno de cada tres investigadores en Chile son mujeres (UNESCO, 2015[52]). Las mujeres representan el 41% de los estudiantes de doctorado y son recipientes de alrededor del 40% de las becas estatales de investigación STEM (CONICYT, 2018[53]).

Las mujeres en Chile también avanzan poco en puestos de liderazgo en el sector privado. Entre 1995 y 2018, la proporción de mujeres que ocupan puestos de liderazgo de alto nivel en seis sectores y empresas de consultoría estratégica se triplicó, pasando del 3% al 9%. Lo mismo ocurre con puestos en juntas de directores. Como resultado, la proporción actual en Chile sigue estando varios puntos porcentuales por debajo del promedio de la OCDE (12%) (OECD, 2016[54]) aunque cerca de la media regional (8,5%) (IDB, 2018[55]). Además, parece que existen diferencias en los tipos de puestos de liderazgo que ocupan hombres y mujeres. Las mujeres están subrepresentadas en puestos de dirección, financieros y operativos y sobrerrepresentadas en los de marketing (33%) y recursos humanos (31%) (PNUD, 2020[56]).

Las mujeres están mejor representadas en el sector público y en la política. En 2020, el 48% de los consejos de administración de las empresas públicas eran mujeres. La información de 2018 muestra que las mujeres ocuparon una cuarta parte de los cargos políticos en Chile. En el sistema judicial, las instituciones públicas y el ejecutivo su participación fue aún mayor, llegando a un tercio o más del total (PNUD, 2020[56]). Tras la ley de cuotas de paridad de género en el poder legislativo, en 2018 el 23% de los miembros del Congreso chileno eran mujeres, algo por debajo de la media de la OCDE (23,8%) (OECD, 2017[57]) y muy por debajo de la tasa regional (29,8%) (ECLAC, 2019[58]).

Existen diversas teorías económicas que explican las causas subyacentes de las diferencias de género analizadas anteriormente en los resultados económicos. Algunas aproximaciones se enfocan en los factores de capital humano y hacen hincapié en las características de los trabajadores y de su trabajo, en particular en el nivel de educación, experiencia laboral y competencias requeridas para asumir labores y responsabilidades específicas. Sin embargo, las características del capital humano por sí mismas difícilmente serán suficiente para capturar el amplio abanico de factores que explican las brechas entre hombres y mujeres. Por ejemplo, aunque la educación es un factor principal que explica el empleo femenino, existen también otros factores que están más intrínsecamente relacionados con el hecho de ser mujer que son relevantes. Pero las raíces del problema son más profundas: la falta de calificaciones para encontrar un trabajo, problemas personales o sociales, por ejemplo, son típicamente interseccionales. En otras palabras, tienden a asociarse con otras desventajas, el hecho de ser joven, de vivir en una zona rural, de provenir de un hogar pobre o de pertenecer a un grupo originario.

Una manifestación reveladora de estas complejas intersecciones es la que ofrece Figura 1.12, la cual representa una comparación internacional de las tasas NEET (No Estar Empleado, en Educación o Capacitación) de mujeres y hombres -definidas convencionalmente como los porcentajes de jóvenes que No Están Empleados, en Educación o Formación- como porcentaje de la población juvenil. En Chile, las mujeres jóvenes tienen 1,6 veces más probabilidades de No Estar Empleadas, en Educación o Formación (NEET, sigla en inglés) que los hombres jóvenes. Esta considerable brecha es ligeramente mayor que la media de la OCDE, la cual es 1,5 veces, aunque existen variaciones entre países.

Las razones de esta situación son múltiples. Pueden encontrarse en la asignación tradicional de roles de género, según los cuales las mujeres realizan la mayor parte del trabajo doméstico no remunerado junto con el cuidado de los niños y otros miembros de la familia. Otra razón puede deberse a la influencia de los factores culturales heredados, estereotipos de género y actitudes y su interacción para influenciar las conductas de hombres y mujeres. Otra razón puede derivarse del rol de las leyes e instituciones. Por último, la contribución de los factores de infraestructura también es importante, siendo un ejemplo la disponibilidad de centros de atención y de infraestructura física. La nota de esta sección revisa estas fuerzas, las cuales integran el rol que juegan los factores de capital humano para configurar los resultados económicos de género.

El elevado número de horas no remuneradas dedicadas a los cuidados y tareas domésticas es una de las principales razones por las que pocas mujeres trabajan (a tiempo completo) de forma remunerada. Los datos recientes del SIGI (El Índice de Género e Instituciones Sociales por sus siglas en inglés) muestran que, en promedio, el tiempo que las mujeres de América Latina y el Caribe le dedican al cuidado y al trabajo doméstico no remunerado es tres veces mayor a los hombres. (OECD, 2020[61]).

En Chile, en promedio las mujeres dedican 21 horas más a estas labores que los hombres, según las últimas cifras disponibles (Figura 1.13, panel A). La comparación internacional merece cierta cautela, ya que los países pueden aplicar diferentes estrategias para definir sus muestras de población. Por ejemplo, la comparación con la OCDE parece estar limitada por el hecho de que el indicador chileno se centra en todas las personas empleadas de 15 años o más, mientras que el indicador de la OCDE abarca a toda la población entre 15 y 64 años. A pesar de esta salvedad, la magnitud de la brecha en Chile es mayor que la media de la OCDE. En cambio, en Chile los hombres trabajan más horas remuneradas que las mujeres. Con nueve horas, la brecha de género en horas remuneradas es menos de la mitad de la brecha de género en horas no remuneradas. En los países latinoamericanos de la comparación, así como en la media de los países de la OCDE, la diferencia entre ambas brechas es significativamente menor. Reflejando la imagen de la representación de adultos, las niñas adolescentes realizan más trabajo no remunerado y los chicos adolescentes más trabajo remunerado en Chile (Figura 1.13, Panel B).

La distribución del trabajo remunerado y no remunerado en una pareja comienza a bifurcarse aún más con la paternidad. Se trata de un patrón común en todos los países, incluyendo aquellos que supuestamente se caracterizan por actitudes igualitarias más consagradas y por la igualdad de resultados en el mercado laboral. En el caso de las madres primerizas, existe el riesgo de que un acuerdo provisorio dentro de la pareja se convierta en permanente por costumbre y práctica. Gran parte del resultado real dependerá de las actitudes de los padres y de sus ingresos laborales relativos (Schober, 2011[64]; Sanchez and Thomson, 1997[65]).

En Chile, casi la mitad de las parejas con hijos menores de 15 años incluyen a un progenitor que trabaja a tiempo completo y otro que no trabaja de forma remunerada (Cuadro 1.1). Esta proporción es muy superior a la de los 29 países de la OCDE de los que se dispone de información, que, por el contrario, tienen una proporción mucho mayor de parejas en las que ambos padres trabajan a tiempo completo o en las que uno de ellos trabaja a tiempo completo y el otro a media jornada. Las razones de este desequilibrio pueden ser de índole práctica; si, por ejemplo, una madre sigue amamantando o tiene hijos que no cuentan con el beneficio de servicios de cuidados debidos. Además, el estallido de la pandemia del COVID19 ha demostrado que la capacidad de los padres para encontrar soluciones adecuadas para equilibrar mejor las obligaciones domésticas y laborales también reflejan el acceso a horarios de trabajo flexibles u opciones telemáticas. Sin embargo, estas consideraciones prácticas deben sopesarse con el rol que juegan las posturas culturales, según las cuales las tareas de cuidado y los deberes domésticos son “prerrogativas de las mujeres”. Las consideraciones económicas a menudo agravan aún más la influencia de estos factores, en particular la creencia de que la pareja femenina ganaría menos que el hombre. Inclusive las madres solteras no suelen trabajar de forma remunerada en Chile, como revela el hecho de que aproximadamente un tercio de los padres solteros, la mayoría de los cuales son mujeres, no trabajan. La crisis del COVID19 ha modificado sustantivamente el trabajo remunerado y no remunerado de hombres y mujeres, tal como la sección 3 lo analiza en detalle más adelante.

Los estereotipos de género pueden influir en el empleo femenino de múltiples maneras. En cuanto a la oferta de trabajo, pueden llevar a las mujeres a evitar una búsqueda activa de empleo en el mercado laboral, por ejemplo (Christiansen et al., 2016[66]). Y lo que es peor, este efecto suele verse agravado por la actitud de la pareja, si comparte la misma actitud recelosa o incluso cree que está en su derecho de inhibir a su mujer de buscar activamente un trabajo remunerado. Las masculinidades restrictivas, según las cuales los “verdaderos” hombres deben ser el sostén de la familia y ganar más que las mujeres, pueden contribuir a la exclusión de las mujeres de puestos de alto nivel y altamente remunerados (OECD, 2021[67]). Además de afectar a la oferta de trabajo femenino, las actitudes sobre los roles de género pueden influir en la demanda de trabajo femenino. Por ejemplo, los empleadores que creen que ciertos trabajos deben ser para hombres y no para mujeres, es menos probable que empleen mujeres o que les paguen el mismo salario, si las contratan. Existe evidencia de que la diferencia salarial entre hombres y mujeres tiende a ser mayor en países donde una alta proporción de hombres cree que puestos de trabajo escasos deben ir primero a los hombres (Fortin, 2005[68]).

Sin embargo, un análisis de Ecuador, México y Perú explora si las diferencias en el tiempo total trabajado por mujeres y hombres pueden explicarse por diferencias de normas sociales de género (Campaña, Giménez-Nadal and Molina, 2018[69]). Los resultados corroboran la opinión de que los países con actitudes más igualitarias tienen menos diferencias en la carga total de trabajo entre hombres y mujeres. Además, un cambio de patrón impulsado por la ampliación de oportunidades para las mujeres para encontrar un trabajo remunerado probablemente conllevará efectos de retroalimentación positivos en lo que se refiere a posturas de género, lo que hará que las posturas mejoren con el tiempo (Seguino, 2007[70]).

La evidencia disponible sugiere que la división tradicional entre el hombre que provee el ingreso y la mujer dueña de casa sigue siendo común en Chile, posiblemente más que en otros países de la OCDE, lo que contribuye a perpetuar las actitudes y estereotipos existentes. Desgraciadamente, la situación puede haber empeorado aún más después del COVID19 (véase la sección 3). Durante varios años, la Encuesta Mundial de Valores ha realizado análisis comparativos internacionales solicitando opiniones sobre una selección de actitudes a las normas tradicionales, como las siguientes:

  • El “derecho” de las mujeres a participar en el mercado laboral y en la educación (“Cuando los puestos de trabajo son escasos, los hombres deberían tener más derecho a un trabajo que las mujeres” y “Una educación universitaria es más importante para un joven que para una joven”);

  • La existencia de un sesgo de género en el liderazgo político (“En general, los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres”); y

  • La compatibilidad de ser madre con la vida laboral (“Cuando una madre trabaja a sueldo, los niños sufren”).

La proporción de personas que están de acuerdo con las normas tradicionales mencionadas ha disminuido con el tiempo en muchos países (Seguino, 2007[70]). Sin embargo, Chile destaca en la comparación internacional en una serie de creencias conservadoras (Figura 1.14). En particular, muchos más hombres que mujeres siguen creyendo que los hombres tienen más derechos a participar en el mercado laboral, que son mejores líderes políticos y que el acceso a la universidad es más importante para los niños en Chile que para las niñas. Además de ser amplias, estas brechas son varios puntos porcentuales más altas que las observadas para el promedio de los países latinoamericanos y de la OCDE. Al mismo tiempo, la diferencia en la prevalencia de actitudes conservadoras entre los chilenos de más edad y los más jóvenes también es particularmente pronunciada, ya que los más jóvenes tienen una actitud más igualitaria que los mayores (OECD, 2016[71]).

Las instituciones y las leyes pueden tener un efecto importante en los resultados laborales de las mujeres. Los análisis realizados en una serie de economías en desarrollo y emergentes sugieren que factores como la igualdad ante la ley, la igualdad en la herencia y el reconocimiento del derecho de las mujeres a ser jefas de hogar, se asocian con una disminución de la brecha de género en la participación en la fuerza laboral de alrededor de 4,6 puntos porcentuales (Gonzales et al., 2015[73]).

El Índice de Género e Instituciones Sociales (SIGI, sigla en inglés) del Centro de Desarrollo de la OCDE recolecta indicadores de medición sistemática de la discriminación contra la mujer en las instituciones sociales de 180 países. Al considerar las leyes, las normas sociales y las prácticas, el SIGI capta las causas subyacentes de la desigualdad de género con el objetivo de proporcionar los datos necesarios para un cambio político transformador. La última edición del SIGI (OECD, 2020[61]) califica el nivel general de discriminación de género en Chile como mediano (Cuadro 1.2). Dentro de dicho contexto, presenta una serie de resultados contrastantes, con la presencia de pocas restricciones a las libertades civiles y a la integridad física de las mujeres, coexistiendo con niveles persistentemente altos de discriminación en la familia y con un acceso restringido a recursos productivos y financieros. La puntuación del Banco Mundial en el índice Mujer, Empresa y Derecho de Chile fue de 80 sobre 100, por debajo de los promedios de la OCDE y de América Latina (Cuadro 1.3).

Una cuestión importante que preocupa en Chile es la regulación en materia de derechos de propiedad matrimonial. Aunque en principio las parejas pueden elegir entre tres regímenes diferentes cuando se casan, más del 80% opta por la opción por defecto, que es la más restrictiva y desfavorable para las mujeres, ya que prevé que el marido administre los bienes conyugales (OECD, 2020[61]). Este régimen, que sólo existe en un puñado de países, implica que es difícil para las mujeres casadas iniciar o clausurar un negocio sin el consentimiento del marido por falta de garantías colaterales. En consecuencia, las empresarias pagan intereses más altos. Desde hace ocho años se debate en el Congreso una propuesta de reforma.

Las mujeres pueden sufrir violencia por parte de sus parejas actuales y anteriores u otros miembros de la familia, pero también en la oficina, la escuela y la universidad, en el transporte público y en la calle. Las víctimas de acoso, abuso sexual y físico y violación sufren física y mentalmente (Ministerio del Interior y Seguridad Publica, 2020[75]). Además de estas consecuencias, la violencia en los espacios domésticos y públicos, escuela y trabajo socava las oportunidades educacionales y económicas de las mujeres que la sufren (ILO, 2018[76]). En primer lugar, esto se refleja en el hecho de que se ausentan con mayor frecuencia de la escuela o del trabajo para evitar situaciones de riesgo, lo cual afecta directamente sus logros académicos, productividad en el trabajo y bienestar (ECLAC, 2016[77]). Un alto porcentaje de niñas que experimentan un episodio traumático de esta naturaleza deciden cambiarse de escuela o abandonar el sistema educacional por completo (OCAC, 2020[78]). Para aquellas mujeres que renuncian a su trabajo, esta decisión tiene repercusiones para sus carreras y oportunidades laborales (ILO, 2018[76]). La decisión forzada de restringir sus movimientos también limita el disfrutar de la vida (OCAC, 2020[78]).

En Chile, las mujeres son mucho más propensas a sufrir acoso que los hombres. Según una encuesta reciente del Observatorio contra el Acoso (OCAC), el 64% de las mujeres y el 26% de los hombres indicaron que habían sufrido acoso no verbal, físico o de otro tipo (OCAC, 2020[78]). Más concretamente:

  • El porcentaje de mujeres que declaran haber sufrido acoso en espacios públicos es dos veces mayor que el de los hombres. Las mujeres no sólo experimentan esta situación con mayor frecuencia, sino que también lo hacen a una edad más temprana. La mitad de las afectadas declararon que, como consecuencia, cambiaron su comportamiento de alguna forma, como cambiar de itinerario, modo de transporte o pedir a un hombre que las acompañe.

  • En el trabajo, tres de cada diez mujeres han sufrido acoso no verbal; dos de cada diez han experimentado tanto acoso verbal como físico. En la mayoría de los casos, el autor del acoso o la agresión es un compañero de trabajo (45%) o un jefe (36%). Casi una cuarta parte de las mujeres que sufrieron acoso sexual en el trabajo abandonaron el puesto y alrededor del 40% evitaron ciertos ámbitos.

  • En la escuela o la universidad, casi un tercio ha sufrido acoso no verbal y físico y una sexta parte acoso verbal. Dos tercios de los agresores son compañeros de estudios y más de una quinta parte, profesores o académicos. Aproximadamente una de cada cuatro mujeres que fueron víctimas de acoso mientras estudiaban abandonó los lugares y/o situaciones comunes con su agresor y una de cada diez acudió a un psiquiatra o psicólogo.

  • Ante situaciones de violencia, las mujeres tienen casi cinco veces más probabilidades de abandonar sus estudios que los hombres (9,3% y 1,9%, respectivamente). Por otra parte, la evidencia de un estudio realizado en 2015/16 entre estudiantes universitarias de la Universidad de Chile muestra que, si bien inicialmente sólo el 6,5% expresó haber sido víctima de acoso sexual dentro de las dependencias de la universidad, la proporción se duplica con creces al 14,7% cuando se les pregunta por experiencias concretas (Universidad de Chile, 2019[79]).

La intolerancia a la violencia contra las mujeres ha aumentado durante los últimos años en Chile como parte de un amplio patrón en el que los chilenos se sienten cada vez más preocupados por toda forma de violencia, ya sea asociada a delitos, intolerancia o discriminación. Sin embargo, también hay indicios de que la percepción social de la violencia sigue variando dentro de la población, tal como lo revela el hecho de que alrededor del 10% de los chilenos sigue minimizando la relevancia del problema (Pontificia Universidad Católica de Chile, 2020[80]). Muchas mujeres jóvenes, sobre todo de hogares de bajos ingresos, siguen creyendo que no vale la pena denunciar a las autoridades la violencia que sufren, alegando que no es lo suficientemente grave, (CEAD, 2020[81]). Al mismo tiempo, un estudio de estudiantes universitarias de la Universidad de Chile también señaló que muchas víctimas de acoso sexual no lo denuncian por vergüenza o temor a represalias (Universidad de Chile, 2019[79]). En conjunto, estos resultados sugieren que la concientización sobre la relevancia de la violencia contra las mujeres es un desafío de larga data que abarca diferentes grupos sociales y niveles de educación. Durante la pandemia del COVID19, las estrictas condiciones de encierro han exacerbado aún más esta situación, en medio de crecientes riesgos de violencia, explotación y abuso contra las mujeres (Sección 3).

Otro factor que puede contribuir a las diferencias en los resultados económicos entre hombres y mujeres es la infraestructura física y social y, en relación con ella, la disponibilidad de tecnología doméstica que reemplace el trabajo manual. Por un lado, la disponibilidad de instalaciones fiables y asequibles, como autobuses y trenes locales, instalaciones para el cuidado de niños y ancianos, junto con la electricidad y agua de red, afectan la cantidad de horas que los miembros adultos del hogar necesitan para desplazarse, cuidado de los niños, la cocina y la limpieza y las horas que pueden dedicar a un trabajo remunerado. Por otra parte, el acceso a infraestructuras públicas influye en la seguridad que sienten las personas y, por tanto, en su percepción de las actividades que pueden realizar. Por ejemplo, si las niñas y las mujeres tienen que cruzar zonas mal iluminadas para ir a la escuela o al trabajo o si el acoso sexual es habitual en el transporte público, evitarán salir o tomar el autobús cuando está oscuro. La inseguridad limita el abanico de opciones económicas y de ocio de las mujeres.

La disponibilidad de infraestructuras varía mucho según la zona geográfica y el nivel de ingresos de los hogares. Los hogares acomodados suelen vivir en zonas en las que hay diferentes tipos de infraestructuras disponibles y, normalmente, de mejor calidad. Además, incluso si una determinada infraestructura no está disponible en una zona concreta, es probable que las personas más acomodadas compensen más fácilmente dicha ausencia. Por ejemplo, en lugar de utilizar el transporte público, las mujeres con altos ingresos pueden conducir un vehículo y en lugar de enviar a sus hijos a una guardería pública, pueden contratar a una niñera o pagar una guardería privada.

El acceso a una atención infantil formal o informal asequible y de calidad es un factor clave para apoyar la participación de las mujeres en el mercado laboral (Mateo Díaz and Rodriguez-Chamussy, 2016[82]). En Chile, cuatro de cada cinco niños en edad preescolar de tres a cinco años son matriculados en educación y cuidado preescolar (Figura 1.15). Sin embargo, sólo uno de cada cinco niños menores de tres años asiste a los servicios de atención para la primera infancia, lo que está muy por debajo de la media de la OCDE. Esto alarga el tiempo que las mujeres le dedican al cuidado de los niños en la primera infancia.

Además del cuidado de los niños, muchas mujeres también ayudan a sus familiares mayores en casa y las mujeres de mediana edad asumen gran parte de esta carga adicional. En comparación con el cuidado de los niños, el cuidado de los ancianos es a veces aún más difícil de planificar, lo que hace más engorrosa la combinación entre las actividades de cuidado y laborales (Laczko and Noden, n.d.[83]). Diferentes investigadores han llegado a diferentes conclusiones sobre si la proximidad de centros de cuidado diurnos, con un horario de apertura adecuado, aumenta la participación de la mujer en el mercado laboral. Según Contreras, Puentes y Bravo (2012[84]) el efecto es positivo; mientras que Medrano (2009[85]) y Encina y Martínez (2009[86]) no encuentran ningún efecto. En la siguiente sección sobre políticas para apoyar una distribución más equitativa del trabajo remunerado y no remunerado se analiza en detalle el estado actual del sistema de cuidados chileno y opciones para fortalecerlo.

Los desplazamientos largos y onerosos afectan negativamente al bienestar y oportunidades económicas de hombres y mujeres por igual. Sin embargo, es importante subrayar que, en término medio, las necesidades de transporte pueden diferir entre mujeres y hombres. En muchos países, los hombres suelen dedicar más tiempo a ir y volver del trabajo. Las mujeres, en cambio, con más frecuencia realizan viajes cortos o de varias paradas que consisten, por ejemplo, en dejar a un niño en la escuela antes del trabajo y pasar por el mercado de camino a casa desde el trabajo. También son más propensas a caminar y a tomar el transporte público y menos propensas a conducir (Duchène, 2011[88]). Estos patrones también son comunes en todas las ciudades de América Latina (Dominguez Gonzalez et al., 2020[89]). En muchas ciudades de gran tamaño, el sistema de transporte generalmente traslada pasajeros de la periferia al centro, lo que pone en desventaja a las mujeres que necesitan desplazarse entre las distintas zonas de la periferia.

Incluso si hay opciones de transporte disponibles, las mujeres pueden ser reacias a tomarlas si temen ser robadas, acosadas sexualmente o atacadas de otro modo. Una encuesta realizada en 2014 en 15 de las 20 capitales más grandes del mundo, reveló que las mujeres de las ciudades latinoamericanas se sienten más inseguras (en particular en Bogotá, seguida de Ciudad de México y Lima) (Boros, 2014[90]). En Santiago, un mayor porcentaje de mujeres que de hombres utiliza el transporte público (Granada et al., 2019[91]) y en general se sienten menos seguras que los hombres. Las mujeres que pueden permitirse un cambio a otras formas de transporte, como un vehículo propio o taxi, eligen la opción alternativa. Otras tienen que adaptar las horas en las que utilizan el transporte o evitar viajar solas (Allen et al., 2018[92]). Los hogares más pobres también viven con menos frecuencia cerca de infraestructuras públicas, como paradas de autobús o estaciones de tren (90,1% en el primer quintil de ingresos, frente al 96,7% en el quinto), centros educacionales (86,5% frente al 95,0%) y centros de salud (78,5% frente al 88,9%). Esto significa que con frecuencia tienen que recorrer distancias más largas para acceder a los servicios de transporte, educación y salud (Observatorio Social, 2018[93]).

Además, el esfuerzo requerido para mantener un hogar en buenas condiciones, y por tanto las horas disponibles para otras actividades, depende del acceso a la electricidad y tecnología que ahorra labores manuales. Electrodomésticos como la lavadora de ropa han reducido enormemente el esfuerzo físico y tiempo necesario para lavar la ropa, limpiar la casa y cocinar. El efecto de ahorro de tiempo de los electrodomésticos es tan importante que algunos economistas creen que han cambiado el mundo más que la Internet (Chang, 2012[94]). En Chile, el 99,7% de los hogares tenía acceso a la electricidad en 2018, pero en las zonas rurales, el 1,4% aún no estaba conectado a la red eléctrica (World Bank, n.d.[95]; Red de Pobreza Energética, n.d.[96]).

Referencias

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[95] World Bank (n.d.), World Development Indicators, World Bank, Washington, D.C., https://data.worldbank.org.

Nota

← 1. La brecha en el promedio de los ingresos laborales entre hombres y mujeres en Chile durante el cuarto trimestre de 2019 alcanzó un 28,1%. La brecha mayor que la reportada por las estimaciones de la OCDE puede explicarse, por un lado, por el hecho de que los hombres están sobrerrepresentados entre los asalariados de altos ingresos (y esto afecta a la media pero no a la mediana) y que la estimación de la OCDE se restringe a los trabajadores a tiempo completo.

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