OECD Multilingual Summaries

Government at a Glance 2019

Summary in Spanish

Gobierno de un vistazo 2019

Resumen en español

Gobierno de un vistazo 2019 presenta un panel de indicadores clave sobre la actuación y las políticas del sector público, que los gobiernos están implementando para volver a conectar con sus ciudadanos, mejorar la igualdad y estimular un crecimiento más inclusivo. El capítulo de políticas analiza cómo los servicios públicos «centrados en las personas» actúan en términos de acceso, capacidad de respuesta y calidad. El informe proporciona indicadores de resultados en materia de educación, salud y justicia, complementados con consideraciones sobre cómo la gente percibe dichos servicios públicos.

Mediante indicadores comparables a nivel internacional, la publicación también revisa las prácticas de gobierno y las reformas públicas desde la perspectiva del enfoque en las personas como, por ejemplo, en los presupuestos, en la gestión reglamentaria, en la contratación pública y en el uso abierto de datos gubernamentales.

Resultados clave

Los niveles constantemente elevados de la deuda reducen la capacidad de los gobiernos de reaccionar ante las crisis económicas

• El promedio del déficit fiscal no ha dejado de mejorar constantemente desde 2009 hasta alcanzar el 2,2% del PIB en 2017, si bien aún se halla por debajo de los niveles del 1,7% anteriores a la crisis.
• El promedio de la deuda pública bruta del 2017 alcanzó el 110 % del PIB en los países de la OCDE, reduciendo el espacio de maniobra de dichos países.
• En los países de la OCDE, el gasto público general combinado en protección social y salud fue en 2017 superior al 21 % del PIB. Ambos presentaron un incremento desde 2007, principalmente debido al envejecimiento de la población: 1,5 puntos porcentuales para la protección social y 1,1 puntos porcentuales para la salud.
• El promedio de la inversión pública representó el 3,1% del PIB en 2017 y sigue siendo 0,5 puntos porcentuales menor que en 2007. Hay una necesidad de reducir el déficit de inversiones. Aumentar la inversión pública puede contribuir al crecimiento económico y a proporcionar el capital necesario para hacer frente al cambio climático e implementar los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

Mientras que, por regla general, el empleo público ha permanecido constante en el tiempo, no todos los empleados públicos son tratados de igual modo

• El empleo en las administraciones públicas constituye alrededor del 18 % del empleo total en los países de la OCDE y no ha cambiado con respecto a 2007.
• Sigue habiendo brechas de género persistentes en el personal del sector público. Por ejemplo, los hombres están sobrerrepresentados a nivel de los jueces de tribunales superiores (67 % del total) y en la política. Por término medio, las mujeres representan el 30 % de los escaños en las cámaras bajas o únicas de los parlamentos de los países de la OCDE y en torno a un tercio de los cargos ministeriales del gobierno central en 2019.
• En el gobierno central, los funcionarios constituyen una media del 68 % de la fuerza de trabajo y tienen más seguridad en el empleo, mejores posibilidades de promoción profesional y unos procesos de selección de personal más rigurosos que otros empleados públicos.

Cada vez más países están implementando unas prácticas presupuestarias enfocadas en el impacto de las decisiones presupuestarias en los grupos de población y en las áreas de política claves.

• En 2018, casi la mitad de los países de la OCDE encuestados habían implementado la elaboración de presupuestos con perspectiva de género y aproximadamente una cuarta parte habían incorporado la elaboración de presupuestos con perspectiva de género en su legislación.
• En 2018, en torno a una cuarta parte de los países de la OCDE encuestados publicaron el impacto medioambiental y climático de las medidas presupuestarias, mientras que un número similar de países han proporcionado información sobre los efectos del presupuesto en el bienestar social y solo el 25 % de los países han reflejado los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los sistemas de elaboración de presupuestos basados en los resultados.

En los países de la OCDE se han generalizado las consultas con las partes interesadas sobre los proyectos de leyes y reglamentos, si bien esto se suele realizar al final del proceso y a las partes interesadas rara vez se les proporciona retroalimentación sobre el impacto de sus comentarios

• Todos los países de la OCDE encuestados requieren el compromiso de las partes interesadas para el desarrollo de, por lo menos, algunas regulaciones.
• En el año 2016, en veintiocho países de la OCDE, el núcleo del gobierno consultó directamente a las partes interesadas sobre políticas.
• En comparación con 2014, los países han mejorado ligeramente sus prácticas de participación de las partes interesadas: más para las leyes primarias, a partir de una puntuación de 2 (en una escala de 1 a 4) en 2014 hasta 2,2 en 2017, que para los reglamentos subordinados (de 2 a 2,1).

Los gobiernos utilizan cada vez más la contratación pública para promover los objetivos de sostenibilidad.

• En 2017, la contratación pública representó un promedio del 12 % del PIB en los países de la OCDE.
• En 2018, todos los países de la OCDE pusieron en práctica estrategias de contratación pública ecológica en 2018, siendo cada vez más los que usan la contratación pública para promover el crecimiento integrador (29 países), la innovación (26 países) y una conducta empresarial responsable (22 países).

Los países de la OCDE siguen mostrando avances en la publicación de los datos de los organismos públicos para todo el público en formatos abiertos, gratuitos y accesibles.

• Treinta de los 33 países de la OCDE requieren que los datos de las administraciones públicas se publiquen de forma gratuita, veintinueve requieren que los datos se proporcionen con licencia abierta y treinta y uno requieren que los datos se proporcionen en formato legible por máquina. Veintiún países dan prioridad a la construcción de habilidades y capacidades dentro de la administración pública para reutilizar los datos.
• El Índice de Datos Gubernamentales Abiertos, Útiles y Reutilizables (OURdata), que marca las políticas de datos abiertos de la administración pública y su aplicación, se incrementó en 2019 en comparación con 2017. Este aumento refleja las mejoras experimentadas en todos los indicadores subyacentes: disponibilidad de datos, accesibilidad y el apoyo gubernamental para su reutilización. Países que anteriormente presentaban un bajo rendimiento están ganando ahora terreno a pioneros como Corea, Francia y Japón.
• En 2016, en veintiún países de la OCDE, el núcleo del gobierno se implicó en el diseño de estrategias e iniciativas de gobierno abierto y, en veinte países, también en su aplicación.

Mientras que la confianza en el gobierno ha vuelto a los niveles anteriores a la crisis, la percepción de los ciudadanos de la eficacia política sigue siendo baja

• La confianza de los ciudadanos en su gobierno, un aspecto que se ha deteriorado desde 2007, se ha recuperado hasta el 45 % en el territorio de la OCDE, un valor similar al nivel anterior a la crisis. La confianza en el gobierno se ha incrementado en 16 países, tales como Alemania, Japón, Corea, Polonia y Suiza.
• Por término medio, en 2016 solo el 37 % de los habitantes de los países de la OCDE sentían que tenían una influencia en la actuación del gobierno, mientras que este porcentaje ha caído hasta el 20 % o menos en Italia y Eslovenia.

El promedio de la satisfacción de los ciudadanos con respecto a la salud y la educación, así como la confianza en el poder judicial, han aumentado ligeramente en la OCDE, pero aún persisten las desigualdades entre los grupos de población

• En 2018, el 70 % de los ciudadanos se mostraron satisfechos con la disponibilidad de los servicios de salud, el 66 % de los ciudadanos se mostraron satisfechos con el sistema educativo y las escuelas, y el 56 % tenían confianza en el sistema judicial y en los tribunales de los distintos países de la OCDE.
• El acceso, la capacidad de respuesta y la calidad de los servicios (educación, salud y justicia) está mejorando en la mayoría de los países. Por ejemplo, el porcentaje de jóvenes que no trabaja, ni estudia ni sigue una formación profesional (NEET) ha disminuido del 6,9 en 2012 hasta el 5,2 en 2018.
• Sigue habiendo desigualdades entre los grupos de población. Por ejemplo, en 2017, las necesidades de cuidados no cubiertas para el examen médico fueron 3,2 puntos porcentuales superiores entre la población con ingresos bajos que entre las personas con ingresos altos.