Prólogo

La participación ciudadana y de las partes interesadas es un elemento esencial de un gobierno abierto, y así lo reconocen las disposiciones 8 y 9 de la Recomendación del Consejo sobre Gobierno Abierto de la OCDE. El gobierno abierto es definido por la OCDE como "una cultura de gobernanza que promueve los principios de transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación de las partes interesadas en apoyo de la democracia y el crecimiento inclusivo". El concepto se basa en la idea de que la ciudadanía debe poder ver, comprender, contribuir, supervisar y evaluar las decisiones y acciones públicas. El gobierno abierto puede aumentar la legitimidad de la toma de decisiones públicas y mejorar sus resultados, informando e implicando a los ciudadanos -incluidos los que suelen estar infrarrepresentados- y respondiendo a las necesidades reales de la gente. A largo plazo, las reformas del gobierno abierto pueden contribuir a fomentar la confianza en el gobierno y reforzar la democracia.

La ciudadanía esta hoy más informada que nunca y exige participar en la elaboración de las políticas y los servicios que afectan su cotidiano. En respuesta, las instituciones públicas de todos los niveles de gobierno están creando cada vez más oportunidades para aprovechar las experiencias y los conocimientos de las y los ciudadanos para tomar mejores decisiones públicas. El panorama mundial de la participación ciudadana evoluciona constantemente, enriqueciéndose con nuevas e innovadoras formas de implicar a la ciudadanía y a las partes interesadas en las decisiones públicas. Al mismo tiempo, se han hecho evidentes las diferencias de implicación de estos dos grupos, ya que las y los ciudadanos individuales requieren métodos de participación diseñados para proporcionarles el tiempo, la información, los recursos y los incentivos necesarios para comprometerse, mientras que las partes interesadas (cualquier parte interesada y/o afectada, como instituciones y organizaciones) tienen un umbral de participación más bajo, recursos dedicados e intereses claros para participar.

Muchos de los recursos existentes en este campo se centran en la participación de las partes interesadas. Estas directrices pretenden llenar un vacío proporcionando apoyo práctico para organizar procesos de participación ciudadana en particular, destacando consideraciones específicas y proporcionando métodos dedicados con énfasis en garantizar la calidad, la inclusión y el impacto. El contenido de estas directrices se basa en la evidencia recopilada por la OCDE a lo largo de los años, el Manual de la OCDE sobre Información, Consulta y Participación Pública en la Elaboración de Políticas (2001), la Recomendación de la OCDE sobre Gobierno Abierto (2017), el Manual de la OCDE sobre Gobierno Abierto para Funcionarios Públicos Peruanos (2020), el Informe de la OCDE sobre Participación Ciudadana Innovadora y Nuevas Instituciones Democráticas: Catching the Deliberative Wave (2020), el documento de la OCDE y la DG REGIO Citizen Participation in Cohesion Policy Guidelines and Playbooks (2022), así como recursos existentes del mundo académico y otras organizaciones.

Las directrices guían al lector a través de diez pasos para diseñar, planificar y aplicar un proceso de participación ciudadana, y detallan ocho métodos diferentes que pueden utilizarse para implicar a los ciudadanos en la elaboración de políticas. Para ilustrar estos métodos, la OCDE recopiló ejemplos de buenas prácticas mediante una convocatoria abierta. Como parte de este documento, la OCDE sugiere nueve principios rectores que ayudan a garantizar la calidad de estos procesos.

Las Directrices de la OCDE para los procesos de participación ciudadana son una herramienta para cualquier persona u organización interesada en diseñar, planificar y poner en práctica un proceso de participación ciudadana, como los responsables políticos, los profesionales, así como las organizaciones de la sociedad civil, los ciudadanos, el sector privado o el mundo académico. La OCDE espera seguir colaborando con los países miembros y asociados en la aplicación de las buenas prácticas y principios incluidos en estas Directrices. Este documento fue aprobado por el Comité de Gobernanza Pública mediante procedimiento escrito el 2 de septiembre de 2022 y preparado para su publicación por la Secretaría de la OCDE.

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