5. Sociedad

La integridad pública no es una cuestión que ataña solamente al sector público: las personas, la sociedad civil y las empresas configuran las interacciones en la sociedad, y sus acciones pueden perjudicar o fomentar la integridad en sus comunidades. Un enfoque basado en la sociedad en su conjunto afirma que como estos actores interactúan con los funcionarios públicos, desempeñan una función decisiva en el establecimiento de la agenda pública e influyen en las decisiones públicas, y por tanto también tienen la responsabilidad de promover la integridad pública. Las elecciones de las personas tienen impacto al más básico nivel Al ser testigos de los costes de la corrupción, pueden optar por ignorarlos y convertirse en víctimas, o reconocer las violaciones y contribuir activamente al fortalecimiento de la integridad pública.

En la Recomendación de la OCDE sobre Integridad Pública se establece que los adherentes deberían «promover una cultura de integridad pública que abarque al conjunto de la sociedad colaborando con el sector privado, la sociedad civil y las personas físicas, en concreto:

  1. a. reconociendo el papel que desempeñan el sector privado, la sociedad civil y las personas físicas en el sistema de integridad pública a través del respeto a los valores de la integridad pública en sus interacciones con el sector público, y en particular, fomentando que el sector privado, la sociedad civil y las personas físicas mantengan esos valores como una responsabilidad compartida;

  2. b. implicando a todas las partes interesadas en el desarrollo, la actualización periódica y la implementación del sistema de integridad pública;

  3. c. concientizando a la sociedad de los beneficios de la integridad pública y reduciendo la tolerancia a las infracciones de las normas de integridad en el sector público, y desarrollando, cuando proceda, campañas que promuevan la educación cívica en materia de integridad pública, entre las personas físicas y, en particular, en los centros escolares;

  4. d. involucrando al sector privado y a la sociedad civil en los beneficios complementarios derivados de la defensa de la integridad en actividades tanto comerciales como no lucrativas, beneficiándose de las lecciones aprendidas con la implementación de buenas prácticas» (OCDE, 2017[1]).

La integridad pública refiere a «la alineación consistente con, y el cumplimiento de, los valores, principios y normas éticos compartidos, para mantener y dar prioridad a los intereses públicos, por encima de los intereses privados, en el sector público» (OCDE, 2017[1]). Un enfoque de la integridad pública basado en la sociedad en su conjunto requiere que las empresas, las organizaciones de la sociedad civil y las personas se aseguren de que su participación en el sector público respete las normas, principios y valores éticos y sociales compartidos. La forma en que esto se materializa depende del papel que cada agente desempeña en la sociedad. Para las empresas, puede suponer el cumplimiento de las normas medioambientales y de derechos humanos en el desempeño de sus actividades comerciales, el pago de los impuestos correspondientes, abstenerse a sobornar y garantizar que las actividades de cabildeo se ajusten a los objetivos de sostenibilidad a largo plazo establecidos por la empresa. En el caso de las organizaciones de la sociedad civil, puede incluir que garanticen su adhesión a normas de integridad pública cuando se desempeñan como proveedoras de servicios o abogan por diversas políticas. Para las personas, puede significar respetar las normas que rigen las interacciones con los funcionarios públicos y el acceso a los fondos públicos, así como respetar la propiedad pública, no involucrarse en esquemas fraudulentos respecto a prestaciones sociales, ni evadir impuestos, y denunciar la corrupción y el fraude si se encontraran ante los mismos.

Las siguientes características son componentes esenciales para cultivar un enfoque basado en la sociedad:

  • Se establecen e implementan normas de integridad pública en las empresas.

  • Se establecen e implementan normas de integridad pública en las organizaciones de la sociedad civil.

  • Las personas establecen y aceptan los valores de integridad pública como una responsabilidad compartida.

  • Las partes interesadas relevantes participan en la elaboración, actualización e implementación del sistema de integridad pública.

El rol de los gobiernos en el trabajo conjunto con las empresas para defender la integridad pública es reconocido a nivel internacional a través de convenciones, normas y directrices relacionadas.1 Los gobiernos pueden apoyar la integridad pública en las empresas asegurándose de que exista legislación pertinente. Esto no solo abarca medidas anticorrupción, sino también la conducta empresarial responsable, como la protección de los derechos humanos, del medioambiente y de los intereses de los consumidores, y la garantía de que se apliquen las normas laborales internacionales, las normas fiscales y las estructuras de gobernanza empresarial. Además, la integridad pública en las empresas incluye cuestiones de integridad pública relativas a la manera en que las empresas participan en el proceso de elaboración e implementación de políticas públicas mediante el cabildeo y la financiación política (por ejemplo, «influencia responsable»).

El enfoque actual consiste en establecer iniciativas legislativas individuales que se ocupen de la lucha contra la corrupción, la conducta empresarial responsable y la integridad pública, que luego se traducen en políticas y medidas individuales dentro de las empresas. Por ejemplo, muchos gobiernos cuentan con legislaciones que exigen a las empresas que establezcan un programa de cumplimiento de las normas contra el cohecho, que incluya políticas empresariales anticorrupción, formación, canales de denuncia, gestión de riesgos y funciones de control interno. La Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos y la Ley de Soborno del Reino Unido fueron vanguardistas en este ámbito, y otros gobiernos siguieron su ejemplo. Más recientemente, en Francia, la ley Sapin II exige que las empresas establezcan un programa anticorrupción para identificar y gestionar los riesgos de corrupción, e incluye sanciones por incumplimiento. La ley también establece la Agencia Francesa Anticorrupción (Agence Française Anticorruption o AFA), que puede responsabilizar a las empresas por no haber aplicado un programa anticorrupción eficaz, aunque no se haya producido ninguna actividad corrupta. Asimismo, los gobiernos utilizan la legislación para apoyar a las empresas en la aplicación de medidas de diligencia debida para otras cuestiones de conducta empresarial responsable; la legislación reciente aprobada en Australia (Ley de Esclavitud Moderna, 2018), en Francia (Ley sobre el deber de vigilancia, 2017) y en el Reino Unido (Ley de Esclavitud Moderna, 2015) constituyen ejemplos al respecto.

La influencia responsable también suele considerarse por separado tanto en la legislación gubernamental como en la política interna de la empresa. La influencia responsable se ocupa de garantizar que se respeten los valores de integridad pública cuando las empresas interactúan con el gobierno, en particular, mediante sus prácticas de cabildeo y financiación política, así como en el movimiento entre los sectores público y privado (conocido como «puertas giratorias»). A través de la legislación y las medidas políticas, los gobiernos pueden incentivar a las empresas para que apliquen políticas relativas al cabildeo, a la financiación política y al empleo posterior a la función pública. En España, por ejemplo, el marco jurídico se utiliza para alentar a las empresas a cumplir con la legislación relativa al empleo posterior a la función pública (recuadro 5.1). Del mismo modo, el organismo federal de contratación pública de Canadá utiliza la inhabilitación de los contratos públicos como sanción para las empresas que han violado la Ley Federal de Cabildeo (Government of Canada, 2017[2]).

Sin embargo, para que sea eficaz, la integridad pública requiere que los esfuerzos anticorrupción, la conducta empresarial responsable y la influencia responsable se consideren de manera conjunta y complementaria. Al respecto, los gobiernos podrían considerar proporcionar orientación normativa a las empresas sobre la forma en que esos regímenes individuales se complementan entre sí, para evitar superposiciones y brechas. La propuesta se basa en las buenas prácticas emergentes de la diligencia debida, que reconoce que estas funciones dentro de las empresas no deben estar aisladas unas de otras, sino que deben conectar varios departamentos y funciones, incluidos (entre otros) los recursos humanos, las operaciones y la producción, los asuntos jurídicos, el cumplimiento/la ética, la contratación, las ventas y la comercialización, los asuntos externos, la gestión de riesgos y la auditoría, así como altos directivos y el consejo/ propietarios. Como se analizará más adelante, los gobiernos también podrían considerar incorporar una perspectiva de «cultura de la integridad» para apoyar la implementación efectiva de esos programas.

El establecimiento de un marco legislativo coherente para la integridad pública es solo parte de la solución para apoyar la integridad en las empresas. La implementación de dichas medidas también es fundamental. Como punto de partida, los gobiernos pueden concientizar a las empresas sobre las normas de integridad (para obtener más información, véase el capítulo 4). Los gobiernos también pueden fomentar la implementación mediante una combinación de sanciones y regímenes de incentivos. Las sanciones deben ser eficaces, proporcionadas y disuasorias, y pueden incluir sanciones monetarias, encarcelamiento, confiscación de las ganancias, recursos contractuales, suspensión e inhabilitación, denegación de beneficios gubernamentales y responsabilidad por daños y perjuicios (UNODC, 2013[3]). Los incentivos se utilizan para reconocer el compromiso de las empresas con la buena ciudadanía corporativa y pueden incluir el acceso preferencial a beneficios gubernamentales (por ejemplo, créditos fiscales o de exportación) y oportunidades de negocio (por ejemplo, incluir en la lista blanca a las empresas que demuestren buenas prácticas de integridad), así como la atenuación de las sanciones (UNODC, 2013[3]).

Además de los regímenes de sanciones e incentivos, los gobiernos también pueden ofrecer orientación a las empresas sobre el establecimiento de programas de cumplimiento de la integridad pública. Tales programas pueden ser beneficiosos, ya que existe evidencia de una fuerte correlación entre las empresas que aplican prácticas diligentes de sostenibilidad y los resultados económicos (Clark, Feiner and Viehs, 2015[4]). Se ha comprobado que esas empresas demuestran un mejor rendimiento operativo y que las prácticas de sostenibilidad prudentes influyen de manera positiva en las prácticas de inversión (Clark, Feiner and Viehs, 2015[4]).

Sin embargo, si se examina la experiencia adquirida en los programas de lucha contra el cohecho y de cumplimiento de la conducta empresarial responsable, la evidencia muestra que estos programas pueden convertirse en medidas legalistas y basadas en normas que poco contribuyen a crear una cultura de integridad en las empresas. Como ya se ha señalado, los programas de cumplimiento suelen funcionar en silos, apartados de las operaciones básicas de la empresa, y ser considerados como un complemento. También existe la opinión de que los programas de cumplimiento son estéticos, que se enfocan en «marcar la casilla» para cumplir con los reglamentos gubernamentales y evitar sanciones fuertes, en lugar de abordar las cuestiones de cultura organizativa que conducen a violaciones de la integridad (Langevoort, 2016[5]; Krawiec, 2003[6]). A esto se suman los hallazgos de las ciencias conductuales que muestran que un énfasis excesivo en el control y las sanciones puede desplazar la motivación intrínseca para la integridad, lo que conduce a una menor capacidad de conducta ética (Lambsdorff, 2015[7])

Para ayudar a las empresas a incorporar los programas de cumplimiento de la integridad pública en las operaciones comerciales básicas, los gobiernos podrían incorporar en su orientación una perspectiva de «cultura de la integridad». Esto implica ir más allá de un enfoque en el cumplimiento formal y alentar a las empresas a que aborden los aspectos informales de su cultura organizativa que podrían socavar la integridad pública. Estos aspectos incluyen el ejemplo y el compromiso de la gestión, las estructuras de recompensas y bonificaciones, la voz de la organización y los factores de silencio, la dinámica interna del equipo y las relaciones externas con las partes interesadas (Taylor, 2017[8]). La tabla 5.1 proporciona más información sobre cada uno de estos factores.

Los gobiernos pueden apoyar a las empresas en la adopción de esta perspectiva integrándola a los requisitos de presentación de informes. Por ejemplo, en el sector de la reglamentación financiera, el Reino Unido y los Estados Unidos exigen que los servicios financieros incorporen una «perspectiva cultural» en sus medidas de supervisión. La FINRA (la organización reguladora de los corredores de bolsa) de los Estados Unidos exige a las empresas que informen sobre la cultura, al igual que la Oficina del Contralor de la Moneda, donde los ejecutivos y directores de los bancos deben integrar la supervisión de los compromisos culturales en sus actividades en curso (Filabi and Bulgarella, 2018[9]).

Una práctica creciente de algunos gobiernos es exigir la verificación externa del programa de cumplimiento de una empresa antes de conceder el acceso a los contratos públicos y otros bienes públicos. Si se requiere una verificación externa, los gobiernos podrían considerar incluir en las directrices un texto que aclare a las empresas que la certificación no elimina el riesgo de violaciones a la integridad pública ni tiene repercusiones en las decisiones de investigar y enjuiciar los casos de corrupción. Por ejemplo, en la guía de procedimientos adecuados del Reino Unido, el Ministerio de Justicia sugiere que las organizaciones consideren la posibilidad de obtener una verificación o garantía externa de su sistema anti-cohecho e incluyan una medida aclaratoria para recordar a las empresas que la acreditación no es una bala mágica para prevenir la conducta poco ética (UK Ministry of Justice, 2010[10]).

No obstante, esta práctica puede resultar difícil para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), que probablemente necesitarán apoyo adicional para aplicar esos programas. Dado que a nivel OCDE las PyMEs representan el 99 % de las empresas y proporcionan más de la mitad del el empleo del sector empresarial (OCDE, 2019[11]), los gobiernos podrían considerar la posibilidad de estratificar los requisitos de presentación de informes para garantizar que sean inclusivos para las empresas de todos los sectores e industrias. En lo que respecta a los regímenes de sanciones e incentivos mencionados, los gobiernos podrían considerar ajustar los beneficios concedidos para responder a las necesidades de las PyMEs, proporcionando al mismo tiempo orientación adicional y oportunidades de formación.

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) desempeñan un papel fundamental en la promoción del bien público. Orientadas a la misión y a los propósitos, las OSC han abordado tradicionalmente aquellas brechas en la sociedad en las que no actuaban ni el gobierno ni las empresas. En los últimos años, el papel de la sociedad civil ha evolucionado y las OSC demuestran activamente su valor como facilitadoras, convocantes e innovadoras, así como proveedoras de servicios y defensoras (World Economic Forum and KPMG International, 2013[12]). Asimismo, son actores genuinos en los asuntos nacionales e internacionales, colaborando tanto con el gobierno como con las empresas para hacer frente a los principales desafíos.

Para el desempeño de sus funciones, las OSC suelen recibir un estatus especial, como la exención de impuestos y otros beneficios, así como acceso a los contratos públicos. También reciben fondos de empresas o particulares. El gobierno, las empresas y el público en general esperan que las OSC actúen en alineación con su misión, demuestren integridad y sean dignas de confianza, y que muestren una conducta ejemplar en toda la organización. Por lo tanto, la integridad pública no solo es una preocupación para los gobiernos y las empresas, sino que también es clave para garantizar la legitimidad de las OSC. Las violaciones a la integridad pública y de la buena gobernanza pueden tener repercusiones negativas, ya que ponen en peligro la legitimidad de las OSC a los ojos del gobierno y del público, y socavan la sostenibilidad de sus actividades y el acceso a la financiación. Para estas organizaciones, un sistema de integridad ofrece la garantía a los donantes públicos y privados, así como a la sociedad en general, de que los fondos recibidos se utilizan de forma rentable.

Para apoyar las normas de integridad pública en las OSC, los gobiernos deben garantizar que exista un contexto jurídico claro en el que puedan operar (para obtener más información, véase el capítulo 13). Además, los gobiernos pueden utilizar el marco legislativo para promover la integridad pública en las OSC, por ejemplo, sometiéndolas a leyes anticorrupción cuando constituyen personas jurídicas, y exigiéndoles que tengan una estructura de gobernanza sólida. Esta estructura puede incluir líneas claras de rendición de cuentas; normas de integridad; medidas de control interno y de gestión de riesgos, y transparencia en las actividades y en el uso de los fondos.

Más allá de las medidas legislativas y políticas para apoyar la integridad pública, las organizaciones de la sociedad civil también necesitan tener estructuras eficaces de rendición de cuentas. Los principios de la recomendación sobre la integridad pública, como la estrategia, el liderazgo, la formación, la apertura y la gestión de riesgos, también pueden aplicarse para crear y mantener la integridad en las OSC.

Un instrumento concreto para apoyar su integridad es el Estándar Global para la Rendición de Cuentas de las OSC, que fue creado por un grupo de OSC especializadas en la rendición de cuentas. En él se establecen doce compromisos y se ofrece orientación a las OSC para mejorar sus prácticas de rendición de cuentas (tabla 5.2).

Para apoyar la implementación de cada uno de esos compromisos, se proporciona orientación detallada (véase un extracto en el recuadro 5.2) en torno a lo siguiente:

  1. 1. Los procesos, las políticas y la estructura identifican las actividades internas y organizativas que permiten a las OSC cumplir con el compromiso de rendición de cuentas.

  2. 2. La retroalimentación de las partes interesadas ayuda a las OSC a considerar la forma en que sus acciones afectan a las partes interesadas; se proporciona orientación sobre la forma de reunir y evaluar los aportes de las partes interesadas.

  3. 3. Las preguntas orientadoras fomentan una reflexión más profunda en las OSC para identificar los desafíos que enfrentan y las soluciones para afrontarlos.

Además de las empresas y las organizaciones de la sociedad civil, las personas desempeñan un papel clave en el mantenimiento de una cultura de integridad en la sociedad. Al establecer normas para la integridad pública en la legislación y al concientizar sobre los costes de la corrupción y los beneficios de la integridad pública, los gobiernos pueden cultivar el compromiso de la sociedad y reducir la tolerancia a las violaciones a la integridad pública.

Las interacciones de las personas con el sector público son muy amplias e incluyen el acceso a los servicios públicos, la recepción de prestaciones sociales y fondos públicos y el uso de espacios y bienes públicos (como parques públicos o transporte público). Reconocer su responsabilidad dentro del sistema de integridad pública requiere garantizar que se disponga de la legislación necesaria para prohibir la participación en actos de corrupción como el cohecho o el tráfico de influencias, y para regir el pago de impuestos, la recepción de prestaciones sociales y la utilización del espacio y los servicios públicos, entre otras cosas.

Las campañas de concientización son uno de los principales métodos de los que disponen los gobiernos para aumentar la comprensión de las personas sobre las cuestiones de integridad pública. Estas campañas tratan de poner de relieve una cuestión específica y llegar a un público determinado, ya sea internamente, dentro de una organización o grupo, o externamente, para llegar a la sociedad en general. Las campañas pueden adoptar diferentes formas, que van desde los medios de comunicación tradicionales (radio, televisión, prensa) hasta las nuevas formas de medios sociales (YouTube, Twitter, Facebook, etc.) y, a veces, una combinación de ambos.

Sin embargo, el aumento de la conciencia sobre la integridad y los esfuerzos anticorrupción puede tener efectos negativos: la percepción de una corrupción desenfrenada, el aumento de la apatía de los ciudadanos y la reducción de la motivación para defender las normas de integridad pública. Por ello, al crear las campañas, es útil asegurarse de que los mensajes que transmitan estén informados por la comprensión de los desafíos de integridad que enfrenta la sociedad y evitar la sensacionalización del tema (tabla 5.3). Asimismo, utilizar evidencia creíble y auténtica puede dar lugar a que los destinatarios se identifiquen con los mensajes centrales (Mann, 2011[14]).

Las instituciones del sector público tal vez deseen utilizar las campañas de concientización para poner en tela de juicio la noción de que una conducta poco ética está justificada, creando un vínculo consciente entre la visión que tiene una persona de su propia integridad y el beneficio público en general. Mientras que a la gran mayoría de la gente no le gusta perjudicar a los demás (Camerer, 2011[15]), en el caso de una conducta poco ética, el daño causado por la persona a menudo permanece abstracto y no se relaciona directamente con otra persona, lo que les permite justificar la conducta (Barkan, Ayal and Ariely, 2015[16]). Por consiguiente, para poner en tela de juicio esos patrones de conducta, es necesario vincular la concientización a dilemas reales, de modo que las personas comprendan cómo sus acciones pueden repercutir negativamente en otras personas, grupos y en el interés público más amplio de la comunidad.

Las instituciones del sector público también pueden considerar la posibilidad de utilizar campañas para ofrecer soluciones tangibles a las personas para que defiendan la integridad pública. Los avisos breves con normas pueden influir positivamente en las acciones de una persona que se enfrenta a un escenario corrupto (Köbis et al., 2015[17]). Dichos avisos podrían incluir el ofrecimiento de diferentes soluciones (por ejemplo, cómo denunciar la corrupción o asociarse con funcionarios públicos para defender la integridad) y la identificación de conductas alternativas a la corrupción (recuadro 5.3).

Los encargados de la formulación de políticas también pueden utilizar las campañas de concientización para fomentar la confianza y la participación de los ciudadanos en las actividades de integridad pública en curso. Por ejemplo, en Alemania, se celebra anualmente un Día de Puertas Abiertas del Gobierno, que brinda a los ciudadanos la oportunidad de reunirse con ministros federales y secretarios de estado, y debatir políticas y problemas (Berlin.de, 2018[20]). El gobierno también utiliza el Día de Puertas Abiertas del Gobierno para concientizar sobre la integridad y las políticas anticorrupción.

La participación del sistema escolar es fundamental para inspirar normas de integridad a una edad temprana, ya que el sistema escolar apoya el diálogo y el estudio sobre cómo los estudiantes, como futuros ciudadanos, pueden proteger la integridad pública. La educación para la integridad pública se ocupa de inspirar la conducta ética y dotar a los jóvenes de las escuelas primarias y secundarias de los conocimientos y las habilidades necesarios para resistir a la corrupción. La forma en que se difunde la educación para la integridad pública difiere de un país a otro, y factores como las preferencias en materia de planes de estudios, la participación de las partes interesadas (incluido el apoyo político y financiero) y la cooperación entre los organismos de educación e integridad y otras partes interesadas influyen en la experiencia y la exposición de los jóvenes a la educación para la integridad.

La mayoría de los países incorporan los valores de integridad pública en los planes de estudios o imparten educación para la integridad pública a través del organismo de integridad pública/anticorrupción (OCDE, 2018[21]). Los países que incorporan la educación para la integridad pública en el plan de estudios suelen utilizar dos métodos: i) la integración de módulos en los cursos existentes o ii) la prestación de apoyo mediante manuales para el profesorado y materiales adicionales que se utilizarán en el momento que elija la escuela. Por ejemplo, Hungría utiliza el primer método, integrando conceptos sobre la integridad y la lucha contra la corrupción en el plan de estudios de ética existente (OCDE, 2018[21]). En Chile, el Consejo para la Transparencia utiliza el segundo método, con un juego de preguntas y respuestas que pone a prueba los conocimientos de los alumnos de 10 a 16 años sobre la transparencia y la democracia y promueve la cooperación y la competencia entre ellos. En otros países, la autoridad encargada de la integridad o de la lucha contra la corrupción tiene la responsabilidad de llevar a cabo los programas de educación (recuadro 5.4).

Independientemente de la forma en que un gobierno decida integrar la educación para la integridad pública, los encargados de la formulación de políticas pueden identificar y aprovechar las sinergias en el plan de estudios existente para evitar la sobrecarga. Por ejemplo, los educadores podrían vincular las lecciones sobre integridad pública con materiales sobre derechos humanos, el Estado de derecho y la estructura del gobierno. Los educadores también podrían introducir la educación para la integridad pública en cualquier clase de lengua y literatura mediante lecciones diseñadas en torno a lecturas y producciones escritas sobre temas de gobernanza.

Además del aprendizaje en el aula, el aprendizaje práctico ayuda a desarrollar las habilidades y competencias de los jóvenes para salvaguardar la integridad pública, aumenta su participación en los procesos de toma de decisiones y apoya su función como agentes de cambio (Schulz et al., 2016[22]). Los educadores podrían hacer participar a los estudiantes en proyectos de integridad de la vida real, como la presentación de una solicitud de acceso a la información o la supervisión de un proceso de obras públicas (recuadro 5.5). En efecto, vincular los proyectos a los resultados de aprendizaje existentes; incorporar la voz de los jóvenes en el diseño y la selección de las actividades, y proporcionar un espacio para que los estudiantes reflexionen sobre las experiencias posteriores no solo aumenta la conciencia sobre la necesidad de la integridad en la vida pública, sino que también permite a los jóvenes adquirir habilidades mediante la práctica (Ceilo, Durlak and Dymnicki, 2011[23]).

La capacitación de los educadores (dotarlos de las habilidades y los conocimientos necesarios para abordar cuestiones como la corrupción) debe ser un componente básico de todo programa de educación para la integridad (OCDE, 2018[21]). La capacitación puede abarcar desde cursos realizados durante los programas de formación docente o la capacitación en el servicio, hasta seminarios y carpetas de recursos preparados por instituciones gubernamentales o actores de la sociedad civil. La capacitación en materia de educación para la integridad pública también podría ayudar a los educadores a adquirir habilidades para abordar cuestiones éticas y morales difíciles en el aula. La mejora de las habilidades de razonamiento ético y moral de los educadores puede lograrse, en parte, mediante cursos que incorporen contenidos abstractos y teóricos, y que alienten a los docentes a flexibilizar la cognición mediante la reflexión crítica (Cummings, Harlow and Maddux, 2007[25]).

Además de la educación de los jóvenes y los educadores, es necesario aplicar medidas para evaluar el impacto de la educación para la integridad pública. Aunque los efectos completos de esas medidas no serán visibles de inmediato, es valioso reunir y analizar sistemáticamente los datos para evaluar los resultados a corto y mediano plazo, así como el impacto a largo plazo. Los encargados de formular políticas podrían diseñar un marco de evaluación complementario, con indicadores para medir los conocimientos y las habilidades de los estudiantes en relación con la integridad y la lucha contra la corrupción a lo largo de su participación en el programa educativo, así como los efectos futuros del programa. Los posibles enfoques de evaluación incluyen:

  • Aplicar el análisis de regresión discontinua para medir las diferencias en las actitudes hacia la integridad y la anticorrupción entre los estudiantes que participaron en el programa de educación para la integridad pública y los estudiantes que no lo hicieron.

  • Aplicar métodos de investigación cualitativos y participativos para evaluar los efectos del programa en las percepciones de valores de los educadores y de los estudiantes. Esto se basaría en las experiencias y percepciones de los participantes para proporcionar testimonios narrativos de los cambios que han experimentado los participantes debido al programa.

  • Utilizar los conocimientos sobre la conducta para evaluar los efectos del programa de educación en el cambio de conducta a corto plazo (Gächter and Schulz, 2016[26]). Esto podría incluir una medición de la tendencia de los estudiantes a una conducta poco honrada al principio y al final de su participación (OCDE, 2018[21]).

Los gobiernos también pueden involucrar a las partes interesadas en la elaboración, actualización e implementación del sistema de integridad pública (OCDE, 2017[1]). La participación de los interesados no solo garantiza que los encargados de la formulación de políticas tengan una comprensión clara, concisa y fundamentada de los problemas de integridad a los que se enfrenta la sociedad en un contexto de rápida evolución, sino que también apoya soluciones actualizadas y adaptadas. Recopilar información de las principales partes interesadas también puede ayudar a evitar los efectos no deseados y los problemas de implementación práctica asociados a las políticas de integridad.

Los gobiernos podrían considerar que involucrar a las partes sea un aspecto institucionalizado, inclusivo y transparente (véase el capítulo 13). Institucionalizar la participación de las partes interesadas implica que los gobiernos establecerían requisitos formales para consultar sobre las nuevas políticas de integridad, con los recursos necesarios (financieros, humanos y técnicos) para llevar a cabo las consultas asignadas (recuadro 5.6). Por ejemplo, para apoyar la implementación del sistema de integridad, la Agencia Francesa Anticorrupción llevó a cabo una amplia consulta pública con empresas, federaciones comerciales, consultores, empresas de auditoría, abogados, autoridades públicas, universidades y organizaciones de la sociedad civil. Estas partes interesadas aportaron 450 contribuciones que se incorporaron a un conjunto de herramientas, directrices y soluciones anticorrupción para ayudar a las personas jurídicas públicas y privadas a prevenir y detectar las violaciones a la integridad.

La participación de las partes interesadas en la elaboración de los reglamentos puede dar lugar a un mayor cumplimiento y aceptación de estos, particularmente, cuando dichas partes perciben que se han considerado sus opiniones, cuando entienden cómo se han tenido en cuenta sus observaciones y cuando sienten que se les trata con respeto (Lind and Arndt, 2016[28]). Para obtener más información sobre la relación entre la participación de las partes interesadas, la integridad y la formulación de políticas, véase el capítulo 13.

El desarrollo de una cultura de integridad para la sociedad en su conjunto no está exento de desafíos. Las expectativas individuales y colectivas relacionadas con la integridad pública evolucionan. En un contexto dinámico, estos cambios redefinen las normas sociales y lo que se tolera o no a lo largo del tiempo. Esto puede adoptar la forma de una creciente desaprobación individual y colectiva de ciertas violaciones y conductas. Sin embargo, las normas sociales también pueden verse afectadas cuando las violaciones a la integridad se vuelven comunes y surge un problema de acción colectiva en el que se considera irracional que una persona defienda el bien público, porque nadie más lo hace (Persson, Rothstein and Teorell, 2013[29]). Un ejemplo sería una ciudad en la que la mayoría de las personas evita comprar un billete para el transporte público. Quizás tal acción se reconozca legalmente como una violación a la integridad y existan sanciones para aquellos que infringen las normas, pero no hay un estigma moral severo en cuanto a evitar la tarifa porque todos los demás lo hacen. En las sociedades en las que el respeto de las normas de integridad ya no beneficia a quienes se adhieren a ellas, las violaciones a la integridad se vuelven más aceptables (OCDE, 2018[30]). Cuando se está rodeado de una cultura que justifica las violaciones a la integridad, las pruebas han demostrado que las personas son más tolerantes con la corrupción (véase por ejemplo (Gächter and Schulz, 2016[26]; Barr and Serra, 2010[31]) (Fisman and Miguel, 2008[32])).

Por consiguiente, para elaborar y aplicar políticas de integridad eficaces es necesario cuestionar las normas sociales que justifican las violaciones a la integridad y promover las normas y los valores de integridad pública. La función normativa de la política pública sugiere que los gobiernos pueden recurrir a herramientas de política para invocar y sostener el cambio. Si bien los gobiernos no pueden pretender transformar las normas sociales arraigadas de la noche a la mañana, demostrar el compromiso con el abordaje de los desafíos apremiantes de la integridad tiene una poderosa función de señalización (Muers, 2018[33]). Sobre la base de este compromiso, la implementación de herramientas políticas como los programas obligatorios de cumplimiento de las empresas, las campañas de concientización y los programas de educación cívica (asegurando que estos esfuerzos se mantengan a lo largo del tiempo) pueden romper la trampa de la acción colectiva, al crear «tensiones» entre lo que solía ser una conducta aceptable y lo que es ahora una conducta aceptable (Collier, 2016[34]). Si bien está fuera del alcance del análisis del principio 5, los regímenes eficaces de sanción son también un instrumento necesario para garantizar el mantenimiento de una cultura de integridad pública (para obtener más información, véase el capítulo 11).

Referencias

[16] Barkan, R., S. Ayal and D. Ariely (2015), “Ethical dissonance, justifications, and moral behavior”, Current Opinion in Psychology, Vol. 6, pp. 157-161, http://dx.doi.org/10.1016/j.copsyc.2015.08.001.

[31] Barr, A. and D. Serra (2010), “Corruption and culture: An experimental analysis”, Journal of Public Economics, Vol. 94, pp. 862-869.

[20] Berlin.de (2018), “German Federal Government Open Day”, https://www.berlin.de/en/events/3135988-2842498-german-federal-government-open-day.en.html (accessed on 15 February 2019).

[15] Camerer, C. (2011), Behavioral Game Theory: Experiments in Strategic Interaction, Princeton University Press.

[23] Ceilo, C., J. Durlak and A. Dymnicki (2011), “A meta-analysis of the impact of service-learning on students”, Journal of Experiential Education, Vol. 34/2, pp. 164-181.

[4] Clark, G., A. Feiner and M. Viehs (2015), From the Stockholder to the Stakeholder: How Sustainability Can Drive Financial Outperformance, University of Oxford, Arabesque Partners, https://arabesque.com/research/From_the_stockholder_to_the_stakeholder_web.pdf (accessed on 24 January 2019).

[34] Collier, P. (2016), “How to change cultures of corruption”, Against Corruption: A collection of Essays, Prime Minister’s Office, United Kingdom, https://www.gov.uk/government/publications/against-corruption-a-collection-of-essays/against-corruption-a-collection-of-essays#paul-collier-how-to-change-cultures-of-corruption (accessed on 15 January 2019).

[19] CONFIEP (2016), Campaña “Peruanos de Verdad”, YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=Iqmhp4hYvos&+https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv=qRFpzI_aJiQ&t=285s.+Date+retrieved+19.12.2017 (accessed on 24 January 2019).

[25] Cummings, R., S. Harlow and C. Maddux (2007), “Moral reasoning of in‐service and pre‐service teachers: A review of the research”, Journal of Moral Education, Vol. 36/1, pp. 67-78, http://dx.doi.org/10.1080/03057240601185471.

[9] Filabi, A. and C. Bulgarella (2018), Organizational Culture Drives Ethical Behaviour: Evidence from Pilot Studies, OECD, Paris, http://www.oecd.org/corruption/integrity-forum/academic-papers/Filabi.pdf (accessed on 31 January 2019).

[32] Fisman, R. and E. Miguel (2008), Economic Gangsters: Corruption, Violence and the Poverty of Nations, Princeton University Press.

[26] Gächter, S. and J. Schulz (2016), “Intrinsic honesty and the prevalence of rule violations across societies”, Nature, Vol. 531, http://dx.doi.org/10.1038/nature17160.

[13] Global Standard for CSO Accountability (n.d.), Guidance Material, http://www.csostandard.org/guidance-material/#clusterc (accessed on 9 July 2019).

[2] Government of Canada (2017), Ineligibility and Suspension Policy, https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-eng.html (accessed on 31 January 2019).

[17] Köbis, N. et al. (2015), ““Who doesn’t?” - The impact of descriptive norms on corruption”, PLoS ONE, http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0131830.

[6] Krawiec, K. (2003), “Cosmetic Compliance and the Failure of Negotiated Governance”, Washington University Law Quarterly, Vol. 81.

[7] Lambsdorff, J. (2015), “Preventing corruption by promoting trust – Insights from behavioral science”, Passauer Diskussionspapiere, No. V-69-15, Universität Passau, Passau, http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.3563.4006.

[5] Langevoort, D. (2016), “Cultures of compliance”, American Criminal Law Review, http://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/1799 (accessed on 24 January 2020).

[28] Lind, E. and C. Arndt (2016), “Perceived Fairness and Regulatory Policy: A Behavioural Science Perspective on Government-Citizen Interactions”, OECD Regulatory Policy Working Papers, No. 6, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/1629d397-en.

[14] Mann, C. (2011), “Behaviour changing campaigns: Success and failure factors”, U4 Anti-Corruption Resource Centre, Bergen, http://www.u4.no/publications/behaviour-changing-campaigns-success-and-failure-factors/ (accessed on 24 January 2020).

[33] Muers, S. (2018), Culture, Values and Public Policy, Institute for Policy Research, Bath, https://www.bath.ac.uk/publications/culture-values-and-public-policy/attachments/CultureValuesandPublicPolicy.pdf (accessed on 15 January 2019).

[27] OCDE (2019), Informe de Seguimiento del Estudio de la OCDE sobre Integridad en México: Respondiendo a las Expectativas de los Ciudadanos, OECD, París, http://www.oecd.org/gov/integridad/informe-seguimiento-estudio-sobre-integridad-mexico.pdf (accessed on 31 January 2019).

[11] OCDE (2019), OECD SME and Entrepreneurship Outlook 2019, OECD Publishing, París, https://dx.doi.org/10.1787/34907e9c-en.

[21] OCDE (2018), Education for Integrity: Teaching on Anti-Corruption, Values and the Rule of Law, OCDE, París, http://www.oecd.org/governance/ethics/education-for-integrity-web.pdf (accessed on 19 April 2018).

[18] OCDE (2018), Engaging Youth in the Fight against Corruption, OCDE, París, http://www.oecd.org/corruption/ethics/youth-anti-corruption-campaign.htm (accessed on 24 January 2019).

[30] OCDE (2018), La integridad pública desde una perspectiva conductual: El factor humano como herramienta anticorrupción, Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública, OECD Publishing, París, https://dx.doi.org/10.1787/9789264306745-es.

[1] OCDE (2017), Recomendación del Consejo de la OCDE sobre integridad pública, OCDE, París, https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0435 (accessed on 24 January 2020).

[29] Persson, A., B. Rothstein and J. Teorell (2013), “Why Anticorruption Reforms Fail-Systemic Corruption as a Collective Action Problem”, Governance, Vol. 26/3, pp. 449-471, http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0491.2012.01604.x.

[24] Quintili, C. (2018), “Italians are disillusioned with public contracting, can an ancient archaeological site change that?”, Transparency International, https://voices.transparency.org/italians-are-disillusioned-with-public-contracting-can-an-ancient-archaeological-site-change-that-3a40dadf5c9b (accessed on 9 July 2019).

[22] Schulz, W. et al. (2016), Becoming Citizens in a Changing World: IEA International Civic and Citizenship Education Study 2016 International Report, IEA Amsterdam.

[8] Taylor, A. (2017), “The Five Levels of An Ethical Culture - About This Report”, BSR, San Francisco, https://www.bsr.org/reports/BSR_Ethical_Corporate_Culture_Five_Levels.pdf (accessed on 21 July 2017).

[10] UK Ministry of Justice (2010), “The Bribery Act 2010 - Guidance about procedures which relevant commercial organisations can put into place to prevent persons associated with them from bribing”, https://www.justice.gov.uk/downloads/legislation/bribery-act-2010-guidance.pdf (accessed on 24 January 2020).

[3] UNODC (2013), “The United Nations Convention against Corruption: A Resource Guide on State Measures for Strengthening Corporate Integrity”, United Nations Office on Drugs and Crime, New York, https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2013/Resource_Guide_on_State_Measures_for_Strengthening_Corporate_Integrity.pdf (accessed on 13 February 2019).

[12] World Economic Forum and KPMG International (2013), The Future Role of Civil Society, World Economic Forum, http://www3.weforum.org/docs/WEF_FutureRoleCivilSociety_Report_2013.pdf (accessed on 9 July 2019).

Nota

← 1. Véanse, por ejemplo, la Convención de la OCDE para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales; la Recomendación de la OCDE de 2009 para fortalecer la lucha contra el cohecho extranjero; las Directrices de la OCDE para empresas multinacionales; las Directrices de la OCDE de 2019 en materia de Lucha contra La Corrupción e Integridad en las Empresas Públicas ; la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y la Declaración tripartita de la Organización Internacional del Trabajo.

Metadata, Legal and Rights

Tanto este documento, así como cualquier dato y cualquier mapa que se incluya en él, se entenderán sin perjuicio respecto al estatus o la soberanía de cualquier territorio, a la delimitación de fronteras y límites internacionales, ni al nombre de cualquier territorio, ciudad o área. Los fragmentos extraídos de las publicaciones pueden estar sujetos a descargos de responsabilidad adicional recogidos en la versión completa de la publicación que se encuentra disponible en el enlace suministrado.

© OCDE 2020

El uso del contenido del presente trabajo, tanto en formato digital como impreso, se rige por los términos y condiciones que se encuentran disponibles en: http://www.oecd.org/termsandconditions.