copy the linklink copied! 2.8. Gastos de la Administración Pública por transacción económica
Para llevar a cabo sus funciones principales (por ejemplo, proporcionar bienes y servicios individuales y colectivos a la población), los gobiernos gastan sus recursos de varias maneras: haciendo transferencias (por ejemplo, subsidios y beneficios sociales), comprando bienes y servicios (por ejemplo, vacunas para hospitales), pagando a sus empleados y realizando inversiones, entre otros. El desglose de gastos por transacción económica permite analizar las prioridades y compromisos del gobierno, así como su margen de maniobra para modificar la asignación de fondos públicos.
En 2017, los países de ALC (con datos disponibles) gastaron el 29,7% en beneficios sociales (por ejemplo, pensiones, transferencias monetarias condicionadas). Esto representa un aumento de 9,2 p.p. desde 2007. En comparación, los países de la OCDE gastaron 40,9% en esta transacción, con un aumento comparativamente menor (4,1 p.p.) desde 2007. La remuneración de los empleados es segunda en relevancia tanto en ALC como en los países de la OCDE, aunque con una participación mayor en aquella (26%) que en esta (22,8%). Sin embargo, su porción ha disminuido 1,3 p.p. desde 2007 en ALC. En esta región, el ingreso por propiedad (principalmente pagos de la deuda) representaron el 15,3% de los gastos en 2017. Los países de la OCDE gastaron alrededor de la mitad: 6,5% en promedio. Las tendencias también divergen: en ALC crecieron 0,8 p.p. desde 2007 y estos países disminuyeron 1,4 p.p. en el mismo período. Por lo tanto, la proporción dedicada a estos gastos continúa siendo significativamente mayor que la de los países de la OCDE, que acumularon deuda en la última década.
Existen grandes variaciones en la región: Brasil -el país de mayor gasto entre los de ALC con datos disponibles-, gastó 36,7% en beneficios sociales y 18,7% en subsidios, muy por encima del promedio. Paraguay (42,3%), El Salvador (40,4%) y Honduras (40,3%), gastaron más que el promedio en la remuneración de los empleados. Por el contrario, los beneficios sociales en Honduras representaron solo el 1,4% de los gastos, los ingresos por propiedad representaron el 3,1% en Chile y Colombia gastó el 18,7% en la compensación de los empleados.
En promedio, en ALC, los subsidios (por ejemplo, al combustible o a la electricidad) ascendieron al 1,6% de los gastos en 2017, por debajo del 3,4% en 2007, y por lo tanto, gastan relativamente menos que los países de la OCDE (2,0%). Chile redujo la participación de esta transacción del 22,2% en 2007 al 4,9% en 2017 y aumentó la participación de subvenciones y otros gastos del 5,9% al 25,7%. Esto refleja un cambio en el sistema de transferencias, que entre otras cosas, refleja la gratuidad de la educación desde 2016 mediante la cual se busca favorecer el ingreso de estudiantes en situación de vulnerabilidad y de tal modo, hacerla más igualitaria (OECD, 2018).
En 2017, el gasto de inversión representó el 4,6% de los gastos del gobierno en ALC, lo que implica una reducción de -2,7 p.p. desde 2007, y los países de la OCDE gastaron 7,7% en esta transacción. Perú invirtió cuatro veces el promedio de ALC (18,5%) y Paraguay, 15,8%; fueron los únicos en aumentar tal proporción en la región (3,4 p.p. y 3,2 p.p. respectivamente). Brasil asignó la mitad de la participación regional, y la mayor reducción se observó en Colombia: -5,1 p.p. desde 2007 (ver sección Section 2.9)
Al analizar los gastos del gobierno como porcentaje del PIB, en 2017 los países de ALC gastaron el 10,2% en beneficios sociales, en comparación con 16,5% en los de la OCDE. Brasil gastó más que el promedio de la OCDE (17,6% del PIB) en esta transacción. Honduras gastó solo el 0,4% del PIB en beneficios sociales, la participación más pequeña entre los países de ALC. La remuneración de los empleados ascendió, en promedio, al 8,9% del PIB en ALC, una proporción similar a la OCDE (9,2%). Brasil (13,3%), Honduras (10,5%) y Paraguay (10,3%) fueron los que más gastaron en esta categoría.
Los datos provienen de la base de datos de Estadísticas de Finanzas de Gobierno del FMI, que aplica los conceptos establecidos en el Manual de Estadísticas de Finanzas del Gobierno (MEFP). El MEFP proporciona un marco conceptual y contable integral adecuado para analizar y evaluar la política fiscal. Está armonizado con los otros marcos estadísticos macroeconómicos, como el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN). Los gastos abarcan el consumo intermedio, la remuneración de los empleados, los subsidios, los ingresos de la propiedad (incluidos los gastos por intereses), los beneficios sociales (que consisten en beneficios sociales distintos de las transferencias sociales en especie y las transferencias sociales en especie proporcionadas a los hogares a través de productores del mercado), subvenciones y otros gastos (principalmente transferencias corrientes y de capital, pero también otros gastos menores como otros impuestos sobre la producción, impuestos corrientes sobre la renta y la riqueza, etc. y el ajuste por el cambio en los derechos de pensión) e inversiones. Todas estas transacciones a nivel de administración pública se registran de forma consolidada (a saber, las transacciones entre niveles de gobierno se compensan). Para el promedio de la OCDE, los datos se derivan de la base de datos de Estadísticas de Cuentas Nacionales de la OCDE, que se basa en el marco del SCN.
Bibliografía complementaria
OECD (2018), OECD Economic Surveys: Chile 2018, OECD Publishing, Paris. https://doi.org/110.1787/eco_surveys-chl-2018-en
Notas para los gráficos
Los datos de México, Perú y Paraguay se registran sobre una base en efectivo.
Los datos de México y Colombia se refieren a 2008 en lugar de 2007. Los datos de Honduras se refieren a 2015 en lugar de 2017. Los promedios de ALC y la OCDE están ponderados.
Fuentes: Base de datos de Estadísticas de Finanzas de Gobierno del FMI (GFS, IMF). Datos para el promedio de la OCDE: Estadísticas de Cuentas Nacionales de la OCDE (base de datos).
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https://doi.org/10.1787/1256b68d-es
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