Resumen ejecutivo: Hechos y datos clave

Los países de América Latina y el Caribe (ALC) tienen potencial para lograr una transición verde que aporte crecimiento económico sostenible y aborde las desigualdades estructurales. Sin embargo, para hacer realidad su potencial, sus gobiernos deben estar a la altura de las circunstancias.

Aunque las democracias de la región se han afianzado, la confianza en el gobierno sigue disminuyendo, la desigualdad y la informalidad siguen planteando retos, y los gobiernos disponen de un espacio fiscal limitado para abordar problemas apremiantes, como el cambio climático y otras cuestiones medioambientales. Para lograr una transición verde, la región necesita un despliegue más ambicioso y completo de herramientas de gobernanza pública.

Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe 2024 presenta indicadores internacionalmente comparables de prácticas y reformas de gobernanza pública. En general, los datos expuestos en este informe resaltan cómo la región ha progresado en varias áreas, por ejemplo, al establecer mecanismos participativos y normas de integridad pública, y abordar las brechas de género en la administración pública. Los indicadores muestran que los países de ALC deben mejorar en áreas como la participación ciudadana y de partes interesadas, las competencias clave de la gobernanza pública para impulsar un desarrollo sostenible y la integridad pública si quieren alcanzar un desarrollo sostenible e inclusivo.

  • En 2022, el 36.3% de la población de 16 países de ALC declaró tener confianza en el gobierno, 3.9 puntos porcentuales (p.p.) menos que en 2008 (40.2%). Solo el 31.4% de las personas en la región de ALC piensa que puede tener una opinión sobre lo hace el gobierno.

  • Aunque 15 países de ALC tienen estrategias de gobierno abierto para mejorar la participación de las mujeres en la toma de decisiones públicas, y 14 tienen estrategias dirigidas a los jóvenes, solo 8 tienen estrategias para involucrar a personas social o económicamente marginadas. En 2022, 10 de los 15 países de ALC encuestados contaban con al menos una plataforma digital para mejorar la participación en las consultas públicas.

  • Cada vez más los países de ALC están adoptando prácticas más avanzadas para involucrar a las partes interesadas en la elaboración de regulaciones. De los 11 países encuestados, 8 (73%) han mejorado sus mecanismos de participación para el desarrollo de regulaciones subordinadas desde 2019, según el índice iREG sobre la participación de partes interesadas. Sin embargo, todavía hay desafíos en la forma en que los países utilizan y responden a esta participación: al año 2022, solo cinco de estos países requieren que los comentarios de las partes interesadas se tengan en cuenta para la regulación final; y seis requieren que los responsables de elaborar las regulaciones publiquen sus respuestas a los comentarios.

  • La representación femenina en la gestión pública y la política ha mejorado. La proporción de mujeres en puestos de alta dirección pública en el gobierno fue mayor en la región de ALC (43%) que en los países de la OCDE-UE (42%) en 2022. Sin embargo, el progreso en el cierre de las brechas de género en la política es lento: la proporción de mujeres parlamentarias aumentó del 28% en 2019 al 31% en 2023 en promedio en los 24 países de ALC, en comparación con el 34% en los países de la OCDE.

  • Una gran mayoría de los 13 países de ALC encuestados lleva a cabo presupuestación con perspectiva de género (77%), cuyo objetivo es abordar las disparidades de género en las políticas y la asignación de recursos, frente a 61% de los países de la OCDE.

  • Mantener unos recursos financieros robustos es esencial para que los gobiernos puedan hacer frente a retos no previstos en el medio ambiente y la sociedad. Los ingresos generados por gobierno en los países de ALC promediaron 31.5% del producto interno bruto (PIB) en 2022, un aumento del promedio de 30.4% en 2019, aunque por debajo del promedio de la OCDE de 39.7%. El gasto público en inversiones (4.8% del gasto público total) y en prestaciones sociales (34.8%), ambos esenciales para una transición verde justa, es considerablemente menor en los países de ALC que en los países de la OCDE, que promedian un 7.4% del gasto en inversiones y un 41.4% en prestaciones sociales.

  • Los gobiernos de ALC se enfrentan al doble reto del aumento de la carga de la deuda pública y los bajos niveles de movilización de los ingresos nacionales. La deuda bruta de las administraciones públicas de la región ha pasado de 46% del PIB en 2007 a alrededor de 66% del PIB en 2022; sin embargo, esta cifra sigue siendo considerablemente inferior al promedio de la OCDE, de 109.8% en 2022. En 2021, el promedio de la ratio impuestos/PIB en los países de ALC era de 21.7% del PIB, frente a 34.2% de los países de la OCDE.

  • De los 12 países de ALC encuestados, solo 5 –Chile, Colombia, Honduras, México y República Dominicana– utilizan la presupuestación verde, que se refiere a la integración de consideraciones climáticas y medioambientales en las decisiones sobre impuestos y gasto público, en comparación con el 67% de los países de la OCDE.

  • Los centros de gobierno (CdG) de nueve de los países de ALC encuestados son responsables de las estrategias nacionales de todo el gobierno, centrándose en planificación y monitoreo. Sin embargo, solo cinco países encargan a los CdG la previsión estratégica y la evaluación de riesgos, lo que debería mejorar su capacidad de reacción ante las crisis.

  • La contratación pública y las infraestructuras pueden utilizarse para promover objetivos sociales, la sostenibilidad y la responsabilidad medioambiental. Al año 2022, 16 de los 19 países de ALC encuestados (84%) utilizaban sus sistemas centrales de contratación electrónica en una o más etapas del ciclo de contratación pública e informaron que cuentan con políticas o estrategias para perseguir objetivos sociales a través de la contratación pública central. De los 19 países de ALC encuestados, 14 tienen una estrategia del gobierno central para promover la participación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en la contratación pública (74%); sin embargo, solo 9 tienen una estrategia para contratación pública verde (47%) y 7 para conducta empresarial responsable (36%). En cambio, solo 4 de los 15 países encuestados (Brasil, Chile, Costa Rica y Perú) alinean sus planes de infraestructuras a largo plazo con los planes de acción medioambientales o climáticos, frente a 73% de los países de la OCDE.

  • Las prácticas sólidas de reclutamiento pueden ayudar a que la fuerza laboral del sector público pueda responder a un entorno de cambios constantes. Los países de ALC están por detrás de los países de la OCDE en el uso de prácticas proactivas, con una puntuación media de 0.26 en el índice de prácticas proactivas de contratación en 2022, en comparación con el promedio de 0.45 de la OCDE. De los 15 países de ALC encuestados, 7 utilizan campañas de comunicación para atraer a empleados cualificados, mientras que solo 4 ofrecen oportunidades de crecimiento profesional o acceso a programas de aprendizaje y desarrollo.

  • En 2022, los siete países de ALC encuestados habían desarrollado una infraestructura pública digital nacional para prestar servicios digitales, que incluye marcos de interoperabilidad y, en seis países, redes compartidas, esenciales para la comunicación gubernamental y el intercambio de datos.

  • La percepción pública de corrupción sigue siendo alta en la región de ALC. Según la Encuesta Mundial Gallup, el 75.5% de los encuestados en 2023 cree que la corrupción está generalizada en su gobierno, frente a un promedio de 53.6% en los países de la OCDE.

  • Para mitigar los riesgos de integridad pública en el sector público, los seis países de ALC con información disponible han establecido medidas de salvaguarda, como regulaciones que exigen a los miembros del gobierno presentar declaraciones de intereses cuando asumen sus cargos. Sin embargo, Chile es el único país en el que todos los miembros del gobierno han presentado sus declaraciones.

  • También existen deficiencias de implementación relacionadas con el cabildeo y la financiación política. Tres de los seis países de ALC con información disponible tienen una definición legal de cabildeo, pero solo Chile ha establecido un organismo supervisor y ha investigado el incumplimiento de regulaciones sobre actividades de cabildeo. Los seis países tienen regulaciones que prohíben las donaciones anónimas y exigen que se registren y notifiquen las contribuciones a partidos políticos y candidatos. Sin embargo, solo en Argentina, México y Perú, un organismo independiente de supervisión publica información sobre el número de casos relacionados con el incumplimiento de la normativa sobre financiación política.

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Publicado originalmente en inglés por la OCDE con el título: OECD/IDB (2024), Government at a Glance: Latin America and the Caribbean 2024, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/4abdba16-en.

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