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Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el Caribe 2020

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La tercera edición de Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el Caribe contiene la evidencia disponible más actualizada sobre las administraciones públicas y su desempeño en ALC y en comparación con los países de la OCDE. Esta publicación incluye indicadores sobre finanzas públicas y economía, empleo público, centros de gobierno, gobernanza regulatoria, datos abiertos gubernamentales, integridad del sector público, contratación pública y por primera vez sobre los resultados clave de los gobiernos (p.ej. confianza en las instituciones, reducción de la desigualdad). Los indicadores de gobernanza son especialmente útiles para monitorear y comparar el desempeño de los gobiernos en sus reformas a la administración pública. Cada indicador se presenta en un formato amigable para el lector, que consiste en gráficos o tablas que ilustran las variaciones de los países, un análisis descriptivo breve enfatizando los hallazgos principales en cada área y una sección metodológica con la definición del indicador así como cualquier limitación en la comparabilidad de los datos.

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Sistema de declaraciones patrimoniales y de intereses

Un sistema efectivo de declaraciones patrimoniales y de intereses puede respaldar la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas. Dependiendo de su diseño, los formularios de declaraciones se pueden utilizar para identificar, gestionar y sancionar un conflicto de interés al determinar, por ejemplo, si la decisión de un servidor público ha sido comprometida por un interés privado. Del mismo modo, los formularios de declaración pueden diseñarse para detectar enriquecimiento ilícito, aunque la información se puede recopilar para ambos fines (de Michele y Dassen, 2018). Además, al hacer públicas las declaraciones patrimoniales y de intereses, el gobierno muestra su compromiso con la transparencia y permite la rendición de cuentas al someterse al escrutinio público. La evidencia empírica comparativa ha demostrado el efecto positivo que un sistema de declaraciones puede tener en la capacidad de controlar la corrupción (Vargas y Schlutz, 2016).

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