Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el Caribe 2020
La tercera edición de Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el Caribe contiene la evidencia disponible más actualizada sobre las administraciones públicas y su desempeño en ALC y en comparación con los países de la OCDE. Esta publicación incluye indicadores sobre finanzas públicas y economía, empleo público, centros de gobierno, gobernanza regulatoria, datos abiertos gubernamentales, integridad del sector público, contratación pública y por primera vez sobre los resultados clave de los gobiernos (p.ej. confianza en las instituciones, reducción de la desigualdad). Los indicadores de gobernanza son especialmente útiles para monitorear y comparar el desempeño de los gobiernos en sus reformas a la administración pública. Cada indicador se presenta en un formato amigable para el lector, que consiste en gráficos o tablas que ilustran las variaciones de los países, un análisis descriptivo breve enfatizando los hallazgos principales en cada área y una sección metodológica con la definición del indicador así como cualquier limitación en la comparabilidad de los datos.
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Contratación pública y proyectos de infraestructura
La inversión eficiente en infraestructura pública es crucial para el desarrollo de los países. De hecho, la evidencia empírica sugiere que reasignar el gasto público hacia este tipo de inversión, puede aumentar las tasas de crecimiento a largo plazo (Fournier 2016). Aún así, la misma debe basarse en la evaluación objetiva de las brechas de capacidad económica, las necesidades de desarrollo de infraestructura y las prioridades sectoriales/sociales, así como la evaluación prudente de sus costos y beneficios. En general, los gobiernos de ALC preparan planes de desarrollo a nivel nacional y subnacional que incluyen inversiones sustanciales para la construcción, renovación y mantenimiento de la infraestructura pública. La provisión de hospitales, sistemas de tratamiento de agua, escuelas, viviendas públicas, entre otras obras, permite a los gobiernos ofrecer servicios públicos claves para los ciudadanos y crear oportunidades económicas, al tiempo que garantizan la inclusión social y la sostenibilidad ambiental.
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