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Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe 2017

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La segunda edición de Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el Caribe, provee los datos más actualizados sobre las administraciones públicas en ALC y su comparación con los países miembros de la OCDE. A su vez, contiene nuevos indicadores en las áreas de finanzas públicas, centros de gobierno, gobernanza y política regulatoria, gobierno abierto, gobierno digital y contratación pública.  Esta edición también incluye una sección especial sobre prácticas presupuestarias en el sector salud.

Después de una década de crecimiento económico sostenido, reforzado por el precio elevado de las materias primas, las condiciones económicas se están deteriorando en ALC. En este contexto se espera que los gobiernos de ALC diseñen políticas transparentes, incluyentes y eficientes. Esta publicación proporciona a los formuladores de política indicadores de desempeño, ofreciendo una perspectiva comparativa. Indicadores de alta calidad son necesarios hoy más que nunca para ayudar a los gobiernos a tomar decisiones informadas e implementar acciones difíciles, con el fin de mantener el progreso y los avances que se han logrado en la región durante los últimos años.

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Negociaciones del presupuesto presentado por el Ejecutivo y gastos extrapresupuestarios

La formulación del presupuesto implica consulta y negociación con los ministerios y otras unidades de gasto. Uno de los principales objetivos de la autoridad presupuestaria central (APC) es la consolidación de una propuesta de presupuesto que refleje las prioridades de política y tome en cuenta tanto la trayectoria del gasto, como los compromisos financieros existentes. Comúnmente, como medio de garantizar la disciplina fiscal y señalar las prioridades políticas, se establecen techos de gasto a las solicitudes iniciales por parte de las unidades correspondientes. En el curso del proceso para establecer los techos presupuestarios, pueden surgir desacuerdos entre la APC y los ministerios competentes sobre la asignación de recursos. Tales controversias requieren la resolución por un tercero que posea la autoridad de decidir sobre cuestiones presupuestarias y la capacidad de equilibrar los intereses representados en el presupuesto.

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