En 2011, México lanzó la Agenda del Agua 2030, un ambicioso programa que en los siguientes 20 años le permitirá tener cuerpos de agua limpia, un equilibrio entre la oferta y la demanda de ésta, cobertura universal y asentamientos de población sin riesgo de inundaciones catastróficas. Este ejercicio de planeación estratégica constituye un ejemplo claro de liderazgo político por parte del gobierno de México para diseñar una visión de largo plazo en el sector. Con todo, sigue siendo un reto hacer posible la reforma de la gestión del agua, en especial porque en México la experiencia muestra la dificultad de convertir los objetivos de políticas en acciones. Si bien el país cuenta con un marco de políticas bien desarrollado para la gestión de recursos hídricos, y con diversas instituciones e instrumentos de políticas, la implementación de dichas políticas aún es desigual: los consejos de cuenca no funcionan del todo a 20 años de su creación, el marco regulatorio para los servicios de agua potable y saneamiento se encuentra atomizado entre múltiples actores y es evidente que los subsidios perjudiciales que hay en otros sectores (energía, agricultura) se contraponen a los objetivos de las políticas del agua. A fin de perfeccionar el marco de políticas de México, se requieren esfuerzos para aumentar la productividad en el sector del agua y la eficiencia de las políticas de ésta, superar los desafíos de gobernabilidad multinivel y a nivel de cuenca (sobre todo para zanjar las incongruencias entre las prioridades federales y de las cuencas), ordenar según su prioridad las necesidades de reforma y procurar una mayor coherencia de políticas con los sectores de la agricultura y la energía.