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Gobierno Abierto en América Latina

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Los países de América Latina han implementado importantes reformas de gobierno abierto durante los últimos años. La combinación de los esfuerzos a nivel nacional con el soporte que los países han obtenido por parte de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) ha sido benéfica para lograr avances cruciales en diversas áreas relacionadas al gobierno abierto. Entre 2013 y 2014, la OCDE - como socio oficial multilateral de la AGA - llevó a cabo un estudio para conocer el estado actual de los estrategias y prácticas de gobierno abierto en la región.

Este reporte presenta los principales hallazgos producto de la implementación de un cuestionario regional enfocado a recabar información sobre estrategias de gobierno abierto, acceso a la información y datos abiertos. En paralelo, el reporte presenta tres casos de estudio que analizan a fondo el estado del gobierno abierto en Costa Rica, Perú y Colombia. El cuestionario y el marco analítico están basados en la experiencia y estándares de la OCDE lo que permitirá a los países latinoamericanos conocer y evaluar la situación de la región en cara a las mejores prácticas internacionales. Se presentan los principales logros y desafíos regionales de una manera comparativa con la finalidad de posicionar las prácticas nacionales e institucionales desde una perspectiva global. Aparte del análisis comparativo de datos e información, el proyecto busca reforzar el marco institucional de los países partícipes del presente estudio con la finalidad de facilitar la implementación de los compromisos adquiridos dentro de la AGA y fortalecer la red regional de oficiales nacionales a cargo de gobierno abierto.

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Políticas e iniciativas de gobierno abierto en el Perú

En este capítulo se analiza la capacidad del gobierno de Perú para producir, implementar y evaluar políticas de gobierno abierto de calidad. Se describe el sólido marco legal del país para la transparencia y el acceso a la información e identifica el avance logrado dentro del marco institucional, en particular ante el establecimiento de la Comisión Multisectorial Permanente en 2013. En seguida se recomienda elaborar un plan de acción claro para el gobierno abierto a fin de vincular la agenda altamente desarrollada de acceso a la información con la agenda de datos abiertos y aumentar las acciones para hacer partícipes a los gobiernos locales y las instituciones, tales como el Congreso, en la formulación de políticas para el gobierno abierto.

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