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Estudio sobre las contrataciones públicas de PEMEX

Adaptándose al cambio en la industria petrolera

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Este reporte sobre la empresa petrolera estatal de México, PEMEX, es parte de una serie de estudios de la OCDE sobre las contrataciones públicas en instituciones mexicanas. El sistema de contrataciones públicas de PEMEX fue reformado después de que la Reforma Energética de 2013 abrió el sector a la participación privada, haciendo que PEMEX tenga que competir en los mercados. Utilizando la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Contrataciones Públicas 2015 como referencia, este reporte analiza la efectividad e integridad del sistema completo de contrataciones públicas de PEMEX, identificando una serie de acciones de mejora. Un sistema de contrataciones públicas de clase mundial puede ayudar a PEMEX no solo a lograr valor por el dinero de manera sostenida, sino también apoyar otros objetivos de política pública social y ambiental en México.

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Garantizar la integridad durante todo el ciclo de contratación pública de PEMEX

Las operaciones de contratación pública del sector de extracción presentan un alto riesgo de corrupción en todos los países de la OCDE debido al importante nivel de gasto implicado y la complejidad del ciclo completo de contratación pública. PEMEX no es inmune a estos riesgos y, aunque está desarrollando iniciativas y mecanismos para promover la integridad en sus actividades y dentro de la organización, aún afronta diversas dificultades para conformar un sistema de integridad coherente y exhaustivo, así como para crear una cultura de integridad. En este capítulo se analiza la política de integridad y el marco jurídico de PEMEX, resaltando los avances recientes y destacando las áreas en las que se requieren mayores esfuerzos, entre ellas: mapeo de riesgos de corrupción, declaración y gestión de conflictos de intereses, programas de capacitación y sensibilización en integridad, así como protección de denunciantes. En el capítulo se aborda también la función clave del sector privado y la importancia de establecer altos estándares de integridad para todas las partes interesadas en el ciclo de contratación pública.

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