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Estudio de la OCDE sobre la política regulatoria en Colombia

Más allá de la simplificación administrativa

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Un manejo macroeconómico prudente y reformas estructurales recientes han ayudado a Colombia a resistir los efectos de la crisis financiera global. El Gobierno de Colombia ha puesto un énfasis particular en la simplificación de trámites que impactan a empresas y ciudadanos. Además, ha puesto en marcha diversas iniciativas para hacer a la administración más transparente y accesible para los ciudadanos. Sin embargo, después de varios años en operación, este enfoque debe ajustarse para abordar los antecedentes de la regulación. Colombia aun carece de una política de mejora regulatoria con un enfoque de gobierno completo y requiere repensar el diseño institucional para una implementación coherente de diferentes herramientas regulatorias. También necesita adoptar un enfoque sistemático para controlar y revisar la justificación y la lógica detrás de los trámites y, sobre todo, de las regulaciones. Finalmente, como en muchos otros países, el desarrollo y aplicación de una política integral de gobernanza regulatoria para los gobiernos subnacionales y la coordinación multi-nivel son temas pendientes.

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Gestión y racionalización de la regulación en vigor en Colombia

En el capítulo 6 se describen las prácticas de gestión y racionalización que el Gobierno de Colombia aplica para las regulaciones vigentes, en particular un registro centralizado para trámites y servicios, así como diferentes iniciativas de simplificación orientadas a agilizar procesos económicos específicos, como los Centros de Atención Empresarial (CAE), las ventanillas únicas de registro inmobiliario y de comercio exterior, el programa Regulación Competitiva y el Grupo de Racionalización y Automatización de Trámites (GRAT). Asimismo, se explica la necesidad de que exista una base de referencia para medir las cargas administrativas y el uso de otras herramientas de simplificación, como la regla de la afirmativa ficta. Por último, se ofrecen recomendaciones para mejorar la gestión del acervo regulatorio y focalizar las iniciativas de simplificación en vigor.

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