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Estudio de la OCDE sobre la política regulatoria en Colombia

Más allá de la simplificación administrativa

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Un manejo macroeconómico prudente y reformas estructurales recientes han ayudado a Colombia a resistir los efectos de la crisis financiera global. El Gobierno de Colombia ha puesto un énfasis particular en la simplificación de trámites que impactan a empresas y ciudadanos. Además, ha puesto en marcha diversas iniciativas para hacer a la administración más transparente y accesible para los ciudadanos. Sin embargo, después de varios años en operación, este enfoque debe ajustarse para abordar los antecedentes de la regulación. Colombia aun carece de una política de mejora regulatoria con un enfoque de gobierno completo y requiere repensar el diseño institucional para una implementación coherente de diferentes herramientas regulatorias. También necesita adoptar un enfoque sistemático para controlar y revisar la justificación y la lógica detrás de los trámites y, sobre todo, de las regulaciones. Finalmente, como en muchos otros países, el desarrollo y aplicación de una política integral de gobernanza regulatoria para los gobiernos subnacionales y la coordinación multi-nivel son temas pendientes.

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Capacidades administrativas de Colombia para generar nuevas regulaciones

En este capítulo se describen los procedimientos que actualmente se siguen en Colombia para generar leyes y regulaciones subordinadas, y se analiza hasta qué grado se aplican los principios básicos de buena regulación. Se evalúa la capacidad del Gobierno de Colombia para formular regulaciones de calidad y asegurar que tanto los procesos como las decisiones sean transparentes para el público. En ese sentido, el capítulo ilustra el uso de herramientas orientadas a la transparencia administrativa y la previsibilidad, tales como la planificación avanzada (forward planning) y el lenguaje claro, la aplicación de la consulta regulatoria para dialogar con actores interesados en la regulación, la consideración de alternativas a la regulación, y los avances y el potencial para la implementación del Análisis de Impacto Regulatorio. Por último, se hacen recomendaciones para fomentar y mejorar el uso de dichas herramientas.

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