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Estudio de la OCDE sobre integridad en México

Adoptando una postura más firme contra la corrupción

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El Estudio de la OCDE sobre integridad en México es uno de los primeros estudios en aplicar la nueva Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública (2017). En el Estudio se evalúa i) la coherencia y la amplitud del sistema de la integridad pública; ii) hasta qué punto las nuevas reformas de México inculcan una cultura de integridad en la sociedad y el sector público; y iii) la eficacia de mecanismos cada vez más estrictos de rendición de cuentas. Además, el Estudio incluye un enfoque sectorial en la contratación pública, una de las mayores áreas de gasto gubernamental en el país y una área de actividad gubernamental de alto riesgo para el fraude y la corrupción. El estudio ofrece varias propuestas para fortalecer los arreglos institucionales y mejorar la coordinación vertical y horizontal, colmar las lagunas aún existentes en los diversos marcos legales y políticos, inculcar los valores de integridad y asegurar la sostenibilidad de las reformas.

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Resumen Ejecutivo

El recién establecido Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) de México, promulgado como ley el 18 de julio de 2016, tiene el potencial para convertirse en un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción en el país. El paquete de leyes que conforman el Sistema - ocho en total - marca un parteaguas en el planteamiento en el país de las políticas de combate a la corrupción y pretende superar algunas de las deficiencias fundamentales del pasado, al: (i) atender la fragmentación de políticas y el desarrollo de un enfoque de integridad más completo y coherente; (ii) prevenir las notorias "brechas en la implementación" mejorando la coordinación dentro de, y entre, los niveles de gobierno y, en particular, ubicando a los Estados bajo el mandato del Sistema; (iii) fortalecer los mecanismos de cumplimiento para investigar y sancionar infracciones a la integridad por parte de servidores públicos y empresas, bajo jurisdicciones tanto administrativas como penales; y (iv) reforzar la supervisión mediante una mayor transparencia, atribuciones de auditoría ampliadas y una mayor participación de la sociedad civil.

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