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Estudio de la OCDE sobre integridad en México

Adoptando una postura más firme contra la corrupción

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El Estudio de la OCDE sobre integridad en México es uno de los primeros estudios en aplicar la nueva Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública (2017). En el Estudio se evalúa i) la coherencia y la amplitud del sistema de la integridad pública; ii) hasta qué punto las nuevas reformas de México inculcan una cultura de integridad en la sociedad y el sector público; y iii) la eficacia de mecanismos cada vez más estrictos de rendición de cuentas. Además, el Estudio incluye un enfoque sectorial en la contratación pública, una de las mayores áreas de gasto gubernamental en el país y una área de actividad gubernamental de alto riesgo para el fraude y la corrupción. El estudio ofrece varias propuestas para fortalecer los arreglos institucionales y mejorar la coordinación vertical y horizontal, colmar las lagunas aún existentes en los diversos marcos legales y políticos, inculcar los valores de integridad y asegurar la sostenibilidad de las reformas.

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Protección de denunciantes en México: garantizar canales seguros y protección para denunciar la corrupción

Los marcos de integridad del sector público objetivo eficaces tienen por objetivo incentivar a los denunciantes a revelar irregularidades, mediante un apoyo visible y un refuerzo positivo de la jerarquía organizacional, una clara orientación sobre los procedimientos de denuncia y una protección jurídica eficaz contra represalias. Tales medidas son consideradas como fundamentales para detectar irregularidades eficazmente, salvaguardar el interés público y promover una cultura de integridad en el sector público. México acaba de aprobar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que fortalecerá la protección del denunciante cuando entre en vigor en julio de 2017. Este capítulo evaluará el nueva marco de denuncia en México, examinando si el denunciante está protegido contra todo tipo de represalias, si la denuncia de irregularidades se maneja con eficacia, si funcionarios y público son conscientes del papel crítico que los denunciantes desempeñan en salvaguardar el interés público, y si se han implementado medidas apropiadas para monitorear la efectividad del marco de denuncia, sobre una base continua.

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