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Estudio de la OCDE sobre integridad en México

Adoptando una postura más firme contra la corrupción

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El Estudio de la OCDE sobre integridad en México es uno de los primeros estudios en aplicar la nueva Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública (2017). En el Estudio se evalúa i) la coherencia y la amplitud del sistema de la integridad pública; ii) hasta qué punto las nuevas reformas de México inculcan una cultura de integridad en la sociedad y el sector público; y iii) la eficacia de mecanismos cada vez más estrictos de rendición de cuentas. Además, el Estudio incluye un enfoque sectorial en la contratación pública, una de las mayores áreas de gasto gubernamental en el país y una área de actividad gubernamental de alto riesgo para el fraude y la corrupción. El estudio ofrece varias propuestas para fortalecer los arreglos institucionales y mejorar la coordinación vertical y horizontal, colmar las lagunas aún existentes en los diversos marcos legales y políticos, inculcar los valores de integridad y asegurar la sostenibilidad de las reformas.

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Contratación pública transparente en México: garantizando la integridad y la relación calidad-precio

De conformidad con la recomendación del Consejo sobre Contratación Pública de la OCDE, el presente capítulo evalúa si México ha desarrollado normas generales efectivas para los procedimientos de contratación pública, y si ha implementado salvaguardas específicas de contratación, con el fin de preservar la integridad en la contratación pública. Específicamente, el capítulo analiza iniciativas recientemente desarrolladas, tales como el protocolo de conducta para servidores públicos en la contratación pública y el Registro de Funcionarios de Contratación Pública. También describe el sistema de quejas y sanciones para impugnar las decisiones de contratación y denunciar casos de posible corrupción. El capítulo también analiza los niveles de transparencia de los procesos de contratación pública y la aplicación de soluciones de contratación electrónica. Por último, el capítulo evalúa cómo partes interesadas externas, tales como representantes del sector privado y organizaciones de la sociedad civil, participan en el sistema de contratación pública a fin de aumentar su transparencia e integridad.

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