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Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Estado de México

Facilitando una cultura de integridad

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Este estudio analiza la Política Anticorrupción del Estado de México y Municipios, destacando sus fortalezas (por ejemplo, inclusión y rigor analítico), así como la necesidad de incluir riesgos de integridad específicos (como la captura de políticas públicas) para hacerla más integral. El estudio examina la manera en la que el Gobierno del Estado de México podría desarrollar propiedad de las normas y los valores éticos para influir eficazmente en el comportamiento de los servidores públicos. También evalúa los esquemas de control interno y gestión de riesgos del Estado de México, proporcionando un panorama de sus buenas prácticas y sus debilidades. Finalmente, el estudio analiza el papel del régimen de responsabilidades administrativas para los servidores públicos del estado y su eficacia para asegurar la rendición de cuentas. Describe el marco regulatorio de las responsabilidades administrativas, el cual proporciona fundamentos sólidos e integrales para hacer cumplir las reglas y los estándares de integridad, pero requiere de apoyo para mejorar la implementación.

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Hacia una cultura de integridad pública en el Estado de México

El Estado de México está realizando esfuerzos para construir una cultura de integridad en la administración pública a nivel estatal y municipal. Para respaldarlo, podrían simplificarse y complementarse los estándares relativos a la ética pública y la gestión de conflictos de interés, de manera que puedan volverse un punto de referencia para los servidores públicos. Estos estándares requieren ponerse en práctica para alcanzar los cambios de conducta deseados. Es posible conducirse conforme a los estándares proporcionando orientación y asesoramiento oportuno, desarrollando las capacidades y apoyando a los empleados para que reconozcan y gestionen situaciones de conflicto de interés y dilemas éticos. En particular, un punto de entrada para desarrollar una cultura de integridad puede ser la revisión participativa del Código de Ética. Aunado a lo anterior, podría simplificarse el sistema de declaración patrimonial y fortalecer la protección a los denunciantes. Finalmente, el Estado de México podría desarrollar una encuesta al personal con el objeto de brindar una base empírica para las políticas de integridad, así como monitorear y evaluar su implementación.

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