Política regulatoria en el Perú 2026

Este capítulo proporciona una visión general del panorama administrativo del Perú sobre el que se sustenta el establecimiento de una política regulatoria para todo el Gobierno. La sección contextualiza brevemente los antecedentes que han llevado a mejorar la regulación en el Perú y sienta las bases para el resto del informe.

El Perú es un país presidencial unitario, compuesto por tres poderes y tres niveles de gobierno subnacionales. El retorno del país a la democracia en 1980 marcó el inicio de una serie de reformas estructurales. La reorganización administrativa, es decir, la centralización del Estado en unos pocos ministerios y la creación de organismos reguladores encargados de la supervisión de los sectores de reciente privatización dio lugar a un sector público relativamente pequeño con ejemplos aislados de buenas prácticas (OECD, 2018[1]). A pesar de los episodios de inestabilidad política, el panorama administrativo e institucional no ha cambiado de sobremanera.

A nivel nacional, la PCM desempeña un papel crucial en la coordinación de políticas multisectoriales y en la dirección del proceso de modernización y descentralización del país. Pese a ser un país unitario, los gobiernos subnacionales tienen importantes competencias y responsabilidades legales. Administrativamente, el país se divide en un nivel regional y dos niveles locales, con una subdivisión a nivel municipal entre provincias y distritos. El Perú tiene 26 departamentos (gobiernos regionales, incluidos Lima y Callao), 196 municipalidades provinciales y 1874 municipalidades distritales. El elevado nivel de heterogeneidad entre los gobiernos subnacionales y las diferentes competencias que corresponden a las administraciones regionales y locales exigen mecanismos de coordinación claros para garantizar la coherencia de la acción pública.

La configuración del marco institucional y la disciplina macroeconómica del país han contribuido a impulsar la adopción de reformas clave en medio de la agitación política.

Los esfuerzos del Perú por introducir herramientas de gestión regulatoria se remontan a 2016, tras la publicación del informe Política Regulatoria en el Perú: Uniendo el Marco para la Calidad Regulatoria (OECD, 2016[2]). Este informe ofrece recomendaciones destinadas a ayudar al Perú a sentar las bases de una política regulatoria en todas las instancias gubernamentales. El apoyo de las más altas instancias políticas ha sido un elemento fundamental para promover la adopción y el uso de buenas prácticas regulatorias en la administración nacional y ayudar a garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la reforma.

El Gobierno nacional del Perú ha seguido un enfoque gradual a la hora de implementar la política regulatoria. El país definió una hoja de ruta clara con el fin de implementar varias herramientas de gestión regulatoria. El plan incluía la introducción gradual de documentos de política destinados a respaldar la implementación de herramientas específicas en toda la administración. Además, se emprendió una campaña de sensibilización y capacitación con el objetivo de generar capacidades técnicas y respaldar el programa de mejora de la calidad regulatoria en los ministerios y entidades gubernamentales competentes. En tercer lugar, se pusieron en marcha programas piloto para analizar el uso del AIR y, en menor medida, las obligaciones de participación de las partes interesadas antes de hacer extensivo el requisito a la administración. Este enfoque ha contribuido a introducir el uso de herramientas de política regulatoria en el país.

Los organismos reguladores en materia económica han logrado avances significativos en la implementación de herramientas y prácticas de política regulatoria. Los organismos reguladores OSIPTEL, OSINERGMIN, OSITRAN y SUNASS han incorporado prácticas de AIR y de participación de las partes interesadas en sus actividades de elaboración de regulaciones. Además, estos organismos han adoptado medidas destinadas a fortalecer sus mecanismos de gobernanza, en consonancia con los Principios de buenas prácticas de la OCDE sobre la gobernanza de los organismos reguladores (OECD, 2014[3]).

Las herramientas y prácticas de política regulatoria son aplicables exclusivamente al Poder Ejecutivo, no al Congreso. La práctica de hacer extensivas estas herramientas y prácticas a las regulaciones emanadas del Poder Legislativo, habitual en varios países de la OCDE, podría conducir a regulaciones más eficientes y a resultados públicos positivos.

[1] OECD (2018), Política Regulatoria en el Perú: Uniendo el Marco para la Calidad Regulatoria, Revisiones de la OCDE sobre reforma regulatoria, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264279001-es.

[2] OECD (2016), Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública: Perú: Gobernanza integrada para un crecimiento inclusivo, Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264265226-es.

[3] OECD (2014), The Governance of Regulators, OECD Best Practice Principles for Regulatory Policy, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264209015-en.