El informe aboga por un cambio hacia un enfoque más integral y sistémico de la independencia de las EFS. Para fortalecer la independencia, no solo es necesario reforzar las disposiciones legales, sino también mejorar las prácticas institucionales, potenciar la coordinación entre los distintos actores y fomentar activamente la confianza. Esto incluye invertir en capacidades, definir con claridad funciones y responsabilidades, y establecer procesos claros y transparentes para la interacción entre las EFS y otras partes interesadas.
Para el poder ejecutivo, las prioridades incluyen subsanar las brechas en el cumplimiento de las responsabilidades fundamentales en materia de rendición de cuentas, entre ellas la contabilidad, el control interno y la auditoría interna. Cuando estas funciones son deficientes o se aplican de manera inconsistente, las EFS corren el riesgo de verse envueltas en funciones que confunden la línea divisoria entre la gestión y la supervisión. Fortalecer la responsabilidad del poder ejecutivo en estas funciones, junto con la mejora en la transparencia fiscal y el seguimiento sistemático de las recomendaciones de fiscalización, contribuiría a restablecer una separación funcional más clara y a reducir las presiones sobre la independencia de las EFS. Es fundamental garantizar que cualquier proceso de designación de los dirigentes de las EFS se lleve a cabo de manera transparente y en base a los méritos. También es igual de importante evaluar cuidadosamente las implicaciones más amplias de las reformas legales que afectan al mandato de las EFS y al equilibrio del sistema de rendición de cuentas.
En cuanto al poder legislativo, sigue siendo fundamental fortalecer el marco legal e institucional que rige las EFS. Esto incluye garantizar procesos de designación transparentes y en base a los méritos, protecciones sólidas en materia de permanencia en el mandato y destitución, y mecanismos institucionales que salvaguarden la continuidad y minimicen la influencia política. Dadas las limitaciones de capacidad identificadas en diversos contextos, el fortalecimiento de la capacidad del poder legislativo para analizar y dar seguimiento a los resultados de las fiscalización, así como el establecimiento de procedimientos claros para las solicitudes de auditoría y gestión de informes, pueden fortalecer aún más la función de supervisión, respetando al mismo tiempo la autonomía de las EFS y reduciendo los riesgos de una participación politizada o inconsistente en los procesos de fiscalización.
Otros actores también tienen un papel que cumplir. El poder judicial contribuye no solo mediante garantías jurídicas formales, sino también a través de la credibilidad y aplicabilidad de dichas garantías en la práctica. Los donantes pueden apoyar reformas coordinadas y adaptadas al contexto. Al abordar la fragmentación observada entre los órganos de supervisión, una mejor colaboración puede mejorar la eficacia general del sistema de rendición de cuentas.
Finalmente, las propias EFS desempeñan un papel esencial a la hora de fortalecer su independencia en la práctica. Las EFS que gozan de mayor credibilidad y cuentan con una mayor participación de las partes interesadas están en mejores condiciones para resistir las presiones externas. Al aplicar de manera consistente las normas internacionales, garantizar un seguimiento riguroso de las recomendaciones y mantener un trabajo de fiscalización de alta calidad, estas pueden reforzar su credibilidad técnica. Los procesos transparentes de selección de auditorías, una comunicación proactiva y una participación significativa de las partes interesadas pueden fortalecer aún más la confianza y la visibilidad. Además, es fundamental contar con sólidos marcos de integridad interna y garantías claras que regulen las interacciones con entidades fiscalizadas para mitigar los riesgos de influencia indebida.
En general, este informe demuestra que la independencia no es una condición legal estática, sino un resultado dinámico determinado por las instituciones, las relaciones y la confianza. Al abordar tanto el ámbito formal como el informal, y al fomentar un ecosistema de rendición de cuentas que funcione correctamente, los países pueden fortalecer la resiliencia, la credibilidad y el impacto de sus entidades fiscalizadoras superiores.
