En los últimos cinco años, los bonos sostenibles se han convertido en una fuerza importante en los mercados de capitales. En 2024, el volumen en circulación de bonos corporativos sostenibles alcanzó los 2.4 billones de dólares – el 7% de todos los bonos corporativos en circulación – mientras que en el sector oficial el volumen totalizó 2.2 billones de dólares, representando el 3% de todos los bonos emitidos por gobiernos, agencias e instituciones multilaterales. Los bonos verdes han sido la forma predominante de emisión de bonos sostenibles en todos los sectores durante la última década, y Europa representa la mitad de todas las emisiones.
El desarrollo del mercado es alentador. Cuando los fondos se destinan a financiar proyectos que generan beneficios ambientales y sociales reales a un costo razonable, tanto los inversores como la sociedad se benefician. Sin embargo, materializar estos beneficios depende de marcos regulatorios y arreglos institucionales que garanticen el buen funcionamiento de los mercados y protejan los intereses de los inversores.
Basándose en el análisis del mercado global de bonos sostenibles, la OCDE identifica cinco acciones clave que los responsables de políticas públicas y los reguladores podrían considerar para salvaguardar los intereses de los inversores y, al mismo tiempo, apoyar el desarrollo continuo del mercado.
Las autoridades reguladoras deberían fomentar la interoperabilidad de las normas y taxonomías de bonos sostenibles a nivel internacional
Si bien los bonos sostenibles son instrumentos relativamente nuevos, las normas y taxonomías que los rodean surgieron rápidamente en el mercado. Las normas proporcionan reglas o directrices que promueven la coherencia respecto a un marco de referencia, mientras que las taxonomías clasifican las actividades económicas proporcionando una definición común de lo que se considera una actividad “sostenible”.
Aunque la mayoría de los emisores siguen los principios desarrollados por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA), están surgiendo normas regionales y nacionales, lo que da lugar a un panorama global fragmentado. De manera similar, se utilizan diversas taxonomías para clasificar los bonos como sostenibles. Fortalecer la interoperabilidad entre los marcos existentes ayudaría a los inversores a comparar bonos entre mercados, y además reduciría la complejidad excesiva para los emisores que operan internacionalmente.
Las autoridades reguladoras podrían colaborar con organismos responsables de la elaboración de estándares para mejorar la comparabilidad entre marcos nacionales, regionales e internacionales. Esto podría basarse en evidencia científica y objetivos de política pública, reconociendo que lo que funciona para el sector oficial puede no ser adecuado para emisores corporativos, y viceversa. También deben considerarse las diferencias en la capacidad de los emisores y el nivel de desarrollo económico entre jurisdicciones.
La divulgación de métricas relacionadas con la sostenibilidad relevantes para los tenedores de bonos sostenibles debe ser fiable, coherente y comparable
Los inversores necesitan información fiable para evaluar si su dinero se está utilizando conforme a lo prometido. En los bonos de uso de fondos, esto significa saber si los recursos se destinaron a los proyectos ambientales o sociales previstos. En los bonos vinculados a la sostenibilidad, implica hacer seguimiento del desempeño del emisor respecto a objetivos específicos. La información debería seguir estándares de divulgación reconocidos internacionalmente y contar con verificación por parte de proveedores de servicios de certificación independientes y cualificados. En el caso de bonos de uso de fondos, los inversores deberían recibir información transparente y específica por proyecto anualmente, aunque una menor frecuencia podría ser apropiada si los costos de recopilación de datos son elevados.
Entre 2015 y 2024, los emisores corporativos destinaron principalmente los fondos a “energía limpia” y “edificios verdes”, mientras que gobiernos e instituciones multilaterales se centraron en gastos sociales. Sin embargo, el análisis de la OCDE revela que, en promedio, el 4% de los bonos sostenibles corporativos y el 5% de los bonos del sector oficial asignan fondos a una categoría de “propósito general”. Esto crea un ámbito de inversión sin un objetivo de sostenibilidad claramente definido, lo que debilita el propósito del bono y la confianza de los inversores. Una divulgación clara garantiza la credibilidad de los compromisos de asignación.
Los organismos responsables de la elaboración de estándares y las autoridades reguladoras podrían considerar en qué medida debería permitirse la refinanciación de proyectos ya concluidos con los fondos de bonos verdes, sociales y sostenibles, y qué prácticas de divulgación serían adecuadas.
¿Debería permitirse a los emisores utilizar los fondos de bonos sostenibles para refinanciar proyectos ya completados? Esta práctica genera un desequilibrio entre el capital recaudado y la inversión en nuevos proyectos elegibles, una distinción que muchos inversores pueden no percibir. También puede limitar la capacidad del mercado de bonos sostenibles para mejorar el impacto ambiental y social de los emisores.
De 88 bonos de uso de fondos emitidos entre 2017 y 2024, tres cuartas partes permitían explícitamente la refinanciación en su documentación legal. Sin embargo, ninguno divulgó la proporción prevista entre la financiación de nuevos proyectos y la refinanciación de los existentes, a pesar de las recomendaciones de la ICMA.
Una posible solución es exigir a los emisores que indiquen desde el principio en los documentos de oferta cómo se dividirán los fondos entre financiación y refinanciación. Esto proporcionaría claridad a los inversores y garantizaría que los bonos sostenibles tengan un impacto real.
Los proveedores clave de servicios, como los proveedores de opiniones de segunda parte, podrían requerir un tratamiento similar al de los auditores externos y las agencias de calificación crediticia
Las opiniones de segunda parte – evaluaciones independientes sobre si un bono cumple con estándares o taxonomías de sostenibilidad – se han convertido en una práctica común. En 2024, el 81% de los bonos sostenibles corporativos y el 69% de los del sector oficial utilizaron estos servicios, en aumento respecto a años anteriores.
Estos proveedores desempeñan un papel similar al de los auditores externos y las agencias de calificación crediticia, y enfrentan conflictos de interés comparables. Los emisores contratan y pagan a las empresas encargadas de proporcionar aseguramiento independiente, lo que puede generar conflictos.
Dada su importancia para la transparencia y credibilidad del mercado, los proveedores de opiniones de segunda parte podrían necesitar un tratamiento equivalente al de auditores y agencias de calificación. Códigos de conducta, regulación o supervisión específicos podrían ayudar a gestionar los conflictos de interés y proteger el interés público.
Las instituciones que establecen códigos de ejercicio de la propiedad (stewardship codes) podrían considerar adoptar directrices sobre la adquisición de bonos vinculados a la sostenibilidad por parte de inversores institucionales, incluida la importancia de analizar si los objetivos de desempeño en sostenibilidad son ambiciosos
Los bonos vinculados a la sostenibilidad pueden ser herramientas poderosas para alinear las preferencias de sostenibilidad de los inversores con el impacto real, pero solo si los objetivos son ambiciosos.
El análisis de la documentación legal de 57 bonos vinculados a la sostenibilidad muestra que, salvo tres, todos presentaban la misma consecuencia por no cumplir los objetivos: un aumento en la tasa del cupón, generalmente de hasta 25 puntos básicos. Si los objetivos no son suficientemente ambiciosos o los aumentos de las tasas son bajos, estos bonos funcionan como deuda convencional – no influyen en las decisiones del emisor ni generan impacto sostenible.
Los inversores institucionales deben evaluar si los objetivos son efectivos. Los códigos de ejercicio de la propiedad (stewardship codes) pueden complementar la regulación, fomentando a los inversores institucionales a supervisar los objetivos y a interactuar con las empresas.
Impulsar un crecimiento creíble
El mercado de bonos sostenibles ha crecido rápidamente y ha atraído un volumen significativo de capital. Sin embargo, su crecimiento continuo depende de su credibilidad. Estándares inconsistentes, divulgación opaca y supervisión débil pueden fragilizar la confianza de los inversores y diluir el impacto ambiental y social.
Las cinco recomendaciones aquí expuestas buscan proteger a los inversores al tiempo que apoyan un desarrollo saludable del mercado. Mediante la armonización de estándares, el fortalecimiento de la divulgación, la clarificación de las prácticas de refinanciación, la gestión de los conflictos de interés y el fomento del ejercicio de la propiedad por parte de los inversores, los responsables de políticas públicas pueden ayudar a garantizar que los bonos sostenibles cumplan su promesa.
