Los países de América Latina enfrentan un escenario económico complejo debido al debilitamiento del crecimiento y a la incertidumbre prevaleciente en la economía internacional. Si bien los fundamentos macroeconómicos de la región para enfrentar posibles caídas de la demanda agregada en el corto plazo son sólidos, el escenario de mediano plazo es menos favorable que en la última década. Debido al menor dinamismo de la demanda externa y a la volatilidad en el precio de las materias primas, de las cuales los países latinoamericanos siguen dependiendo en exceso, las debilidades estructurales impedirían alcanzar un crecimiento económico mayor y más incluyente durante los próximos años.

El presente es fruto del trabajo conjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En el corto plazo, América Latina crecerá a tasas relativamente altas y tiene margen para actuar contracíclicamente en caso que fuese necesario. Sin embargo, la región enfrenta un escenario de mediano plazo complejo. La menor demanda externa pondrá al descubierto las limitaciones del actual patrón de crecimiento basado en la escasa incorporación de valor agregado y la exportación de recursos naturales en muchos países de la región. Los gobiernos latinoamericanos deben tomar ahora las medidas –consistentes con las políticas macroeconómicas de corto plazo– para fortalecer las estructuras productivas y superar los problemas de heterogeneidad estructural mediante la diversificación y la mayor incorporación de conocimiento. Las pymes latinoamericanas pueden transformarse en agentes importantes del cambio estructural y del aumento de la productividad. Un esfuerzo de esta naturaleza requiere de un cambio de enfoque en las políticas públicas hacia las pymes. Para que estas sean efectivas, se necesita una mayor coherencia, articulación y coordinación entre las políticas de infraestructura, la provisión de servicios y las políticas sectoriales. En particular, las políticas en los ámbitos de financiamiento, competencias y formación, sistemas de innovación y difusión tecnológica, y las políticas de articulación productiva pueden ayudar a las pymes a superar sus barreras. Es necesario considerar las especificidades sectoriales, institucionales y territoriales. A su vez, su diseño debe de tomar en cuenta la heterogeneidad del conjunto de pymes en la región, ya que sus necesidades y potencial de desarrollo son muy diferentes. Para estas tareas hay que contar con instituciones capaces de liderar procesos complejos y con la flexibilidad para adaptarse a los cambiantes requerimientos del sector productivo.

Este capítulo analiza las principales tendencias macroeconómicas en América Latina para los próximos años. En el corto plazo América Latina mantendrá un nivel de crecimiento económico moderado, pero enmarcado en un escenario de alta incertidumbre internacional. Los países de la región disponen de ciertos espacios fiscales y monetarios para lidiar con eventuales caídas en la demanda agregada, aunque las perspectivas actuales más bien sugieren que sobrevendrá un período prolongado de bajo crecimiento en los países más desarrollados. Para abordar este escenario, sería conveniente que los países de la región aseguren la coherencia entre sus políticas de estabilización y las acciones necesarias para elevar el crecimiento económico de mediano plazo que faciliten el proceso de cambio estructural. Una mayor integración económica regional puede ser una respuesta efectiva frente a la débil demanda de los países desarrollados, lo que además permitiría fortalecer ventajas competitivas en sectores y actividades no tradicionales. Especial atención debe prestarse a las fluctuaciones cambiarias que, en varios casos, pueden amenazar la competividad de las actividades no vinculadas a las material primas. Identificar las causas de estas fluctuaciones y utilizar los instrumentos adecuados para mitigarlas es uno de los retos que tienen las políticas macroeconómicas actuales.

Con políticas de apoyo adecuadas, las micro, pequeñas y medianas empresas de América Latina pueden contribuir a elevar la productividad, complementar las economías de escala de las grandes empresas, aportar en la creación de clusters en determinados sectores y reducir la desigualdad social y la pobreza. Si bien en los últimos diez años ha aumentado la preocupación por las pymes en la región, dada la importancia clave de estas en el tejido empresarial, se requiere multiplicar estos esfuerzos para romper el círculo vicioso de baja productividad y escasa competitividad en el que se encuentran. Es necesario que las políticas públicas maduren, con el fin de ser más sostenidas en el tiempo, y a la vez que sean más flexibles, para adaptarse a los cambiantes entornos externos que afectan a estas empresas. Los países deben construir las capacidades institucionales que precisa la ejecución de los programas e iniciativas. En especial, es necesario que en la concepción y aplicación de las políticas se considere la extrema heterogeneidad de estas empresas, que abarcan un abanico desde microempresas de supervivencia hasta unidades insertas en la modernidad y abastecedoras de grandes empresas dedicadas a los mercados externos.

En América Latina persiste una profunda brecha en cuanto al acceso, las condiciones y los costos de financiamiento entre las pequeñas y medianas empresas y las empresas grandes, pese a los notables avances que la región ha logrado en este ámbito en los últimos años. Esta brecha obstaculiza un mayor aporte al desarrollo por parte de las pymes, segmento donde se encuentra la mayoría de las unidades productivas de la región. Los cambios que ha experimentado el sistema financiero latinoamericano, en particular el paso desde una banca relacional a una banca multiservicio, han contribuido a limitar el acceso de las pymes al crédito. Las instituciones financieras públicas han contribuido mucho a atenuar la brecha de financiamiento, y recientemente se han multiplicado nuevos instrumentos para satisfacer las necesidades de las pymes. Sin embargo, para que las empresas de menor tamaño puedan brindar todo su potencial, es preciso fomentar un mayor acceso tanto a los recursos financieros como no financieros. Existe un amplio terreno para la acción pública en términos de instrumentos y servicios de apoyo a estas empresas, una tarea en la que deben participar el Estado y el sector privado. La región necesita políticas públicas flexibles e integrales en materia de financiamiento para las empresas, donde haya espacio para la capacitación, articulación productiva e innovación.

Este capítulo analiza la situación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en América Latina en términos de sus capacidades de innovación y desarrollo tecnológico. Se abordan sus restricciones para acceder a la tecnología y beneficiarse de los procesos de difusión y transferencia del conocimiento. Se presta especial atención al uso que estas empresas hacen de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), así como a las políticas de innovación orientadas hacia este segmento del entramado productivo. Asimismo, se examina cómo estas y otras restricciones que enfrentan las pymes alimentan las brechas de productividad y la heterogeneidad estructural, factores característicos de América Latina. El texto culmina con conclusiones y recomendaciones, identificando oportunidades y desafíos para el diseño de políticas públicas.

A pesar de los avances recientes en América Latina en materia de educación y capacidades, persisten varios desafíos que para ser abordados requieren de reflexión y nuevas políticas públicas. Los relativamente bajos niveles de formación de la fuerza de trabajo y del empresariado, la deserción escolar y la baja calidad educacional constituyen una barrera para aumentar la productividad de las pymes. Un obstáculo adicional es la desconexión entre las capacidades que demanda el sector productivo y la formación que provee el sistema educativo. Los sistemas de educación técnica y formación profesional son claves al respecto. En la región se han enfrentado estos retos mediante programas que buscan favorecer las necesidades del sector productivo y de las pymes. Sin embargo, muchas áreas requieren de acciones públicas que fortalezcan las instituciones y de políticas para mejorar la articulación entre el sistema educativo y el mercado laboral, favorecer itinerarios formativos que combinen el aula con el puesto de trabajo, incorporar nuevas competencias y capacidades a los currículos formativos, desarrollar esquemas de acreditación de competencias y capacidades adquiridas, y establecer marcos institucionales para promover la cooperación entre las pymes.

Revertir el rezago productivo y exportador de las pymes de la región justifica la necesidad de implementar políticas de articulación productiva eficientes basadas en instrumentos para promover la cooperación empresarial y la colaboración institucional como forma de mejorar el desempeño competitivo de las empresas y crear un entorno de negocios dinámico e innovador. Existe un amplio abanico de experiencias asociativas en la región orientadas a la promoción de clusters, redes de empresas y programas territoriales, así como a la participación de las pymes en cadenas globales de valor. Sin embargo, estas experiencias se han basado en enfoques e instrumentos cuyas modalidades operativas de actuación no siempre guardan coherencia con los objetivos perseguidos. Para que las políticas de articulación productiva tengan mayor impacto es fundamental que formen parte de las estrategias nacionales de desarrollo de los países. Estas estrategias, al ser más amplias y de más largo plazo, ofrecen claras señales para potenciar los esfuerzos de las empresas y vincular estos con las prioridades sectoriales, además de procurar una mayor coordinación entre los instrumentos públicos y un ámbito de diálogo y consenso con las iniciativas de apoyo privadas. La dispersión de iniciativas de fomento en un contexto institucional débil y en ausencia de prioridades en materia de políticas industriales y de selección de cadenas y sectores productivos atenta contra las posibilidades de complementación, articulación de apoyos y aprendizaje institucional que se requieren para impulsar este tipo de acciones desde el sector público con la colaboración del sector privado.