Chile es una de las economías más estables de América Latina. Sin embargo, la falta de un programa integral de reforma regulatoria tal vez haya reducido las posibilidades de lograr mejores resultados económicos. La mayoría de los organismos competentes y reguladores redactan regulaciones basados en evidencia poco clara respecto a la mejor manera de intervenir, y las buenas prácticas en los procedimientos de formulación de normas son limitadas. Asimismo, el gobierno de Chile podría beneficiarse al reforzar e introducir herramientas de gestión regulatoria.

Chile es una de las economías más estables de América Latina y a lo largo de las dos últimas décadas ha mantenido su crecimiento económico y reducido la pobreza. Los diseños institucionales y de gobernanza contribuyeron de manera positiva a captar negocios y a infundir certidumbre en las actividades económicas. Sin embargo, la falta de un programa integral de reforma regulatoria tal vez haya reducido las posibilidades de lograr mejores resultados económicos. La mayoría de los organismos competentes redactan regulaciones basadas en evidencia poco clara respecto a la mejor manera de intervenir, y las buenas prácticas en los procedimientos de formulación de normas son limitadas.

El gobierno de Chile debe procurar la mejora regulatoria mediante la adopción de un instrumento de política del gobierno en su conjunto, que sea oficial, explícito, vinculante y coherente, con objetivos definidos y una estrategia de comunicación clara.

En este capítulo se describe el contexto macroeconómico necesario para el estudio de la economía chilena, incluyendo las tendencias macroeconómicas recientes, la contribución de la reforma regulatoria al desempeño económico y los desafíos pendientes. Durante los últimos 25 años la economía chilena se ha fortalecido, y se han visto mejoras significativas en cuanto al progreso social y la reducción de la pobreza. Sin embargo, la economía experimenta una transición debido a que las expectativas para los precios del cobre se han debilitado, y el crecimiento y la inversión se desaceleraron bruscamente. Para mantener el avance logrado en materia de bienestar, Chile necesita que crezca con mayor rapidez la productividad que se ha estancado. El gobierno ha introducido medidas importantes para fortalecer la redistribución, fomentar la igualdad de oportunidades y estimular la productividad, lo que incluye ambiciosas reformas fiscales, laborales y educativas y un programa de productividad. Esas reformas van en la dirección correcta, pero aún hay posibilidades de mejorar las políticas para que el marco regulatorio propicie un mayor crecimiento y aumente la productividad.

En este capítulo se explican los principios fundamentales y los instrumentos jurídicos que establecen las políticas implementadas por el gobierno de Chile para mejorar su calidad regulatoria. Al dar cuenta de ellos, se analiza la gran producción de regulaciones y la falta de cifras claras sobre el acervo regulatorio nacional total. En el capítulo se reconoce que la reforma regulatoria es un concepto relativamente nuevo en la administración del país. Sin embargo, y a pesar de que Chile no tiene un programa ni una política integral de reforma regulatoria, el gobierno ha realizado distintos acuerdos administrativos y jurídicos que apoyan la redacción y aplicación de las regulaciones, y a la vez cuenta con mecanismos de control de calidad que enmarcan las intervenciones de las instituciones reguladoras. Por último, se describen las iniciativas de reforma regulatoria recientes y actuales implementadas por el gobierno chileno, destacando las reformas en regulación ambiental, en defensa de la competencia y en cooperación internacional en materia de regulación.

Las instituciones son fundamentales para asegurarse de que la política regulatoria se implemente correctamente. Este capítulo empieza exponiendo los motivos para proponerse crear mecanismos e instituciones que promuevan la reforma regulatoria, de manera particular mediante la vigilancia de los procedimientos y las metas de política regulatoria. Menciona la estructura institucional articulada para la gobernanza regulatoria, y también describe las instituciones dotadas de competencias claras para promover la política regulatoria en Chile. Se realiza un examen del Poder Ejecutivo, de las entidades autónomas e independientes, del Legislativo y el Judicial junto con el Tribunal Constitucional, así como de sus mecanismos de coordinación. Por último, y de suma importancia, se describen la organización y gobernanza de los organismos reguladores y los órganos de supervisión en Chile. El capítulo termina con recomendaciones sobre cómo mejorar la configuración de la arquitectura administrativa para garantizar regulaciones de alta calidad.

Este capítulo arroja luz sobre cómo los procesos actuales para aprobar las leyes y regulaciones subordinadas apoyan la aplicación de los principios torales de la buena regulación. Describe y evalúa las capacidades sistemáticas para generar una regulación de alta calidad, y para garantizar que tanto los procesos como las decisiones sean transparentes ante la sociedad. Al abordar este punto, menciona varias prácticas implementadas por otros países de la OCDE, como la planeación prospectiva, la comunicación eficaz y la accesibilidad de las reglas para las entidades reguladas, así como el uso de un lenguaje sencillo en la redacción y comunicación de las regulaciones. En este capítulo también se analiza la utilización de la consulta para dialogar con los grupos afectados y las partes interesadas, y sus consecuencias en lo concerniente a la elección de instrumentos de política plasmados en la figura de las nuevas regulaciones o de otras alternativas no regulatorias. Por último, se introduce la idea, y el posible uso, de la Evaluación de Impacto Regulatorio (EIR) como parte de la creación de regulaciones basada en evidencia.

En este capítulo se analizan las diferentes prácticas para gestionar y racionalizar las regulaciones. Se muestra que aunque Chile no ha sometido a una revisión exhaustiva sus regulaciones y trámites, ha habido algunos esfuerzos para gestionar el acervo regulatorio a través de algunos proyectos y programas. Las diferentes técnicas que pueden utilizarse para gestionar las regulaciones incluyen las plataformas Escritorio Ciudadano, Escritorio Empresa, Chile Atiende, Chile sin Papeleo y Chile Clic, algunas de las cuales forman parte de la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento. Por último, en el capítulo también se describe el uso e implementación de iniciativas de simplificación administrativa, registros centralizados y ventanillas únicas por parte del gobierno de Chile y se dan ejemplos de su implementación en otros países de la OCDE.

Una regulación debe acatarse para que logre el objetivo previsto. En este capítulo se examinan los mecanismos de cumplimiento y aplicación de la ley. Se ofrece un análisis del cumplimiento y aplicación de las regulaciones, al considerarse que un indicador de eficiencia decisivo de toda regulación es el grado de cumplimiento que genera. Se toma en cuenta el uso de enfoques basados en riesgos para el diseño e implementación de las regulaciones que deben introducirse paulatinamente en el gobierno chileno. Además, se menciona la justificación de tener un mecanismo de apelaciones que contemple la reparación del abuso que en materia de regulación cometan los reguladores en Chile.

En este capítulo se describe la importancia de diseñar e implementar una evaluación regulatoria ex post de las normas. La evaluación de las políticas existentes mediante un análisis de impacto ex post es necesaria para asegurarse de que las regulaciones sean efectivas y eficientes. En algunas circunstancias, los procesos formales de análisis de impacto ex post pueden ser más eficaces que el análisis ex ante para aportar información al debate permanente sobre políticas. Se exponen los motivos por los que el gobierno de Chile debe considerar esta práctica al principio del ciclo de la política pública e introducirla en el ciclo regulatorio. Asimismo, se expone la idea de ampliar el alcance de la evaluación hasta cubrir los programas y las instituciones.

En este capítulo se explica la organización del territorio chileno y su distribución de facultades regulatorias. Se examina cómo en la mayoría de los países miembros de la OCDE coexisten distintos niveles de gobierno, y cómo se las arreglan con el conjunto de reglas y atribuciones de cada uno. Se explica por qué beneficiaría a los ciudadanos y a las empresas promover la calidad regulatoria a nivel subnacional, sobre todo con las iniciativas de descentralización en curso. Además, describe el marco regulatorio multinivel necesario para diseñar, implementar y hacer cumplir la regulación a fin de que un nivel no socave la eficacia regulatoria de otro nivel. Por último, propone un mecanismo de coordinación multinivel para conseguir las metas regulatorias, así como para compartir las buenas prácticas e intercambiar posibles experiencias de aprendizaje.

En este capítulo se busca contextualizar el actual régimen organizativo y procedimental para la gestión y autorización de los permisos de construcción. Puede ser parte del debate en curso en Chile sobre cómo mejorar la gobernanza territorial en general, y sobre qué política de desarrollo urbano aplicar en particular. Se analiza el estado de las políticas regulatorias, las instituciones y las herramientas en el sistema de planeación territorial y permisos de construcción de Chile. Empieza analizando la gobernanza territorial actual en Chile y la compara con la de los países de la OCDE. Se describen los marcos de desarrollo rural y urbano, y posteriormente se analiza cómo se podrían modernizar los permisos de construcción al mencionar la estructura normativa e institucional, la actividad de planeación de la ciudad y la gestión de los riesgos naturales en Chile. Por último, se recomiendan otras medidas para mejorar la gran fragmentación y la poca coordinación dentro del sector.

Este capítulo describe la importancia de las PyME para una economía y la manera en que el gobierno de Chile podría mejorar su marco regulatorio. Se presenta un breve panorama de las PyME en Chile y de los principales actores y organismos institucionales que intervienen en la política de las PyME. Se proporciona una perspectiva general de la política de las PyME a lo largo de las últimas décadas con base en publicaciones, entrevistas a expertos y en una encuesta exclusiva entre las partes interesadas. Se ofrece un análisis de las restantes barreras regulatorias para el arranque de las PyME y su continuidad, y se examinan con más detenimiento los esfuerzos que en materia de política pública se han hecho para la formalización de las PyME.

Este capítulo describe las iniciativas de gobierno digital y simplificación administrativa que actualmente implementa el gobierno de Chile. Revisa estas prácticas con base en el marco establecido por la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Estrategias de Gobierno Digital de 2014. Se centra en iniciativas como Chile Atiende, Tu Empresa en un Día, Escritorio Empresa y SICEX. Además, examina el caso de los puertos chilenos, ya que la logística es una de las principales prioridades del país, según la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento. Por otra parte, analiza los instrumentos para alinear diferentes programas y promover la coherencia de las políticas públicas, así como la colaboración y la coordinación eficaces. Por último, se recomiendan varias acciones para mejorar la alineación de las medidas dirigidas a mejorar el gobierno digital, la simplificación administrativa y la prestación de servicios para aumentar el impacto.