El gobierno abierto incide en una gran diversidad de campos y abarca una amplia gama de principios y prácticas cuya finalidad es hacer que la relación entre los gobiernos y los ciudadanos sea más dinámica, mutuamente benéfica y basada en una confianza recíproca. Las iniciativas de gobierno abierto pueden ayudar a mejorar la transparencia, impulsar la innovación en el sector público, empoderar a las personas y volver los procesos de diseño de políticas públicas más representativos, incluyentes y efectivos. De ahí que el gobierno abierto contribuya eficazmente a aumentar la rendición de cuentas de las instituciones públicas, fortalecer su capacidad para prestar servicios más acordes a las demandas de los ciudadanos y las empresas, y rendir mayores beneficios económicos y sociales. Así pues, el gobierno abierto es un instrumento importante para preservar, o reforzar cuando sea necesario, la confianza pública.

En los últimos años, las políticas de gobierno abierto, que incluyen las iniciativas en las áreas de transparencia, combate a la corrupción, consulta pública y gobierno digital, han mejorado sustancialmente en América Latina. Ahora la región tiene la magnífica oportunidad de consolidar este avance, mejorar el efecto general en el desarrollo social y económico, y seguir adelante con base en una estrategia más integral y orientada a resultados.

Los países de América Latina y el Caribe deberían proponerse alinear las políticas y estrategias existentes con una estrategia general de gobierno abierto. Deberían, asimismo, avanzar hacia estrategias más integrales de gobierno abierto y datos abiertos que se extiendan a otras áreas de políticas e impulsen el desarrollo de programas de gobierno abierto a nivel subnacional y en toda la administración central.

En este capítulo se describe el contexto del gobierno abierto en América Latina. Se presentan la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), sus principios básicos y el proceso de la AGA. En seguida se analizan las medidas de reforma que los países de América Latina han tomado y se muestra un panorama de los principales retos de la región. En la última sección del capítulo se abordan los marcos para evaluar las políticas e iniciativas de gobierno abierto y datos abiertos que la OCDE ha desarrollado y utilizado para revisar los avances y los logros de la región que se destacan en este informe.

Con base en los resultados obtenidos en el OECD Survey on Open Government in Latin America (Encuesta de la OCDE sobre Gobierno Abierto en América Latina), en este capítulo se evalúan las estrategias de gobierno abierto y marcos de gobernanza de 11 países de la región. Se analizan los logros obtenidos en el campo del gobierno abierto y los retos afrontados en el contexto de la creación en 2011 de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA); asimismo, se aporta una visión general de las instituciones responsables del gobierno abierto. Se plantea que los países de la región han avanzado en la definición y la puesta en marcha de estrategias y programas de gobierno abierto, pero también que es necesario fortalecer la alineación horizontal de las políticas públicas y el liderazgo institucional.

En este capítulo se analizan los marcos jurídicos, institucionales y de políticas para el acceso a la información pública en América Latina. En seguida, luego de exponer conceptos clave como Información del Sector Público (ISP), datos abiertos y grandes conjuntos de datos (big data), se presentan los resultados de la Encuesta Regional de la OCDE sobre Gobierno Abierto en América Latina, la cual busca conocer cuáles son las instituciones responsables de la difusión de información, las excepciones que restringen el acceso a la información y las funciones y beneficios de portales de información centralizados, sectoriales y ministeriales de 11 países de América Latina. Se hace hincapié en que las leyes de “libertad de información” se han extendido en la región. Sin embargo, también se subraya que a menudo estas leyes no se ponen en práctica de manera efectiva.

En este capítulo se destacan algunas de las principales tendencias en las estrategias e iniciativas de los gobiernos relacionadas con los datos abiertos y la información del sector público (ISP) en los países de América Latina (ALCs). Se analiza el estatus de las políticas de datos abiertos en estos países, al revisar los objetivos de los programas y estrategias de datos abiertos en operación, los portales de datos abiertos disponibles, así como los mecanismos para la comunicación, consulta y cooperación orientados al desarrollo y puesta en marcha de políticas de datos abiertos. Se identifica que los países de América Latina se encuentran en etapas muy diferentes de su proceso de desarrollo de datos abiertos: en tanto que algunos tienen gran experiencia en el área, otros apenas empiezan a diseñar estrategias y portales. Por último, se apunta a la importancia para todos los ALCs de concentrarse en el potencial de los datos abiertos para la creación de valor económico y social, así como para generar una difusión documentada de los datos acorde con las necesidades de los usuarios.

En este capítulo se analizan las políticas e iniciativas de gobierno abierto en la República de Colombia. En primer lugar se analiza el amplio marco jurídico para el gobierno abierto en Colombia, destacando en particular la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el nuevo Estatuto Anticorrupción. A continuación, se presenta a las principales instituciones implicadas en la formulación, puesta en marcha y evaluación de políticas de gobierno abierto, y se abordan los logros más importantes del gobierno en el ámbito de estas políticas —incluidos el Observatorio Anticorrupción y de Integridad, el Portal de Transparencia Económica y el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados SINERGIA—, adelantado según los estándares de la OCDE. Por último, se brindan recomendaciones específicas para ayudar al país a sostener los avances logrados y atender los retos restantes. Las recomendaciones incluyen ampliar la concentración en la aplicación del marco jurídico, en particular la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y mejorar la comunicación sobre gobierno abierto al alentar la participación de los medios.

En el Capítulo 6 se presentan políticas e iniciativas de gobierno abierto en Costa Rica. Se proporciona un análisis detallado del marco legal del país que establece las bases para un gobierno abierto, transparente y participativo; asimismo, se ofrecen recomendaciones concretas para reforzar este marco, incluida la elaboración de una ley de acceso a la información. Se hace hincapié en la importancia de la Comisión Intersectorial de Gobierno Digital y la Secretaría Técnica de Gobierno Digital para la agenda de gobierno abierto del país, a la vez que se apunta al óptimo aprovechamiento del valor agregado de los datos abiertos de gobierno por medio del portal centralizado de datos abiertos y la organización de hackathons.

En este capítulo se analiza la capacidad del gobierno de Perú para producir, implementar y evaluar políticas de gobierno abierto de calidad. Se describe el sólido marco legal del país para la transparencia y el acceso a la información e identifica el avance logrado dentro del marco institucional, en particular ante el establecimiento de la Comisión Multisectorial Permanente en 2013. En seguida se recomienda elaborar un plan de acción claro para el gobierno abierto a fin de vincular la agenda altamente desarrollada de acceso a la información con la agenda de datos abiertos y aumentar las acciones para hacer partícipes a los gobiernos locales y las instituciones, tales como el Congreso, en la formulación de políticas para el gobierno abierto.