La corrupción nos perjudica a todos. Conduce a políticas públicas erróneas y al malgasto de recursos, socavando la confianza en la capacidad de los gobiernos para servir al interés público. Muchos de los indicadores de confianza muestran la complejidad de este problema. Por ejemplo el reciente barómetro de confianza de Edelman revela que solo el 30 % de los encuestados considera que el gobierno sirve a los intereses de todos. Estos resultados dan cuenta de los problemas vinculados a la corrupción y ponen de relieve una disfuncionalidad clave en materia de gobernanza que requiere un liderazgo proactivo y decisivo de los gobiernos.

La corrupción es uno de los problemas más corrosivos de nuestro tiempo. Malgasta recursos públicos, amplía las desigualdades económicas y sociales, alimenta el descontento y la polarización política y reduce la confianza en las instituciones. Los enfoques tradicionales basados en la creación de más reglas, un cumplimiento más estricto y una aplicación más rigurosa de la ley han tenido una eficacia limitada. Una respuesta estratégica y sostenible a la corrupción debe ser la integridad pública.

La integridad es uno de los pilares de las estructuras políticas, económicas y sociales y es una piedra angular de la buena gobernanza. Sin embargo, ningún país es inmune a violaciones a la integridad. En todos los niveles y poderes del gobierno y durante todas las etapas del proceso de políticas, interacciones entre actores públicos y privados poco éticas pueden violar la integridad. Hacer frente a este desafío requiere un enfoque que abarque a la sociedad y al gobierno en su conjunto.

El presente capítulo ofrece un comentario sobre el principio de compromiso incluido la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública. Describe cómo los más altos directivos y niveles políticos pueden demostrar su compromiso con los sistemas de integridad pública. Se enfoca en los compromisos para definir, apoyar, controlar y hacer efectivo un sistema de integridad pública e incluye un análisis de las disposiciones legislativas e institucionales necesarias para posibilitar la integridad pública. Además, el capítulo aborda los dos desafíos más habituales para mantener la voluntad política y monitorear los compromisos con la integridad pública.

El presente capítulo ofrece un comentario sobre el principio de responsabilidades incluido en la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública. Describe cómo establecer responsabilidades claras en todos los niveles pertinentes para diseñar, dirigir e implementar los elementos del sistema de integridad, con las capacidades y recursos apropiados. Incluye un análisis de los tipos de mecanismos que pueden garantizar la cooperación horizontal y vertical dentro de un sistema de integridad. Además, en el capítulo se abordan dos desafíos frecuentes: los silos arraigados y la competencia entre entidades a las que se han asignado funciones de integridad.

El presente capítulo ofrece un comentario sobre el principio de estrategia incluido en la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública. Describe cómo desarrollar un enfoque estratégico de la integridad pública basado en evidencia y destinado a atenuar los riesgos para la integridad pública. Se centra en un enfoque basado en riesgos al establecer prioridades y objetivos estratégicos para el sistema de integridad pública; elaborar puntos de referencia e indicadores; y recopilar datos pertinentes sobre la implementación, el rendimiento y la eficacia del sistema. Asimismo, aborda el desafío que supone equilibrar en las estrategias de integridad, los enfoques basados en normas y aquellos basados en valores.

El presente capítulo ofrece un comentario sobre el principio de normas incluido en la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública. Describe cómo los gobiernos pueden establecer y definir claramente altos estándares de conducta que prioricen al interés público y la adhesión a los valores del sector público, e incluirlos en los marcos y estrategias jurídicos y regulatorios. Proporciona ejemplos de procedimientos claros y proporcionados para prevenir violaciones a las normas de integridad pública e introduce mecanismos de comunicación interna y externa para difundir esos valores y normas. Asimismo, el capítulo aborda los tres desafíos que se plantean comúnmente en relación a conseguir que las normas sean fáciles de recordar y aplicables, garantizar su implementación, y establecer procedimientos claros y proporcionados para evitar los conflictos de intereses.

El presente capítulo ofrece un comentario sobre el principio de sociedad incluido en la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública, que describe cómo los gobiernos pueden asociarse con el sector privado, la sociedad civil y las personas para ayudar a promover una cultura de integridad. Se presta especial atención a la forma en que los gobiernos pueden apoyar a las empresas en la implementación de una conducta comercial responsable y de prácticas anti-cohecho para defender la integridad pública. Se presentan estrategias para asegurar que el entorno jurídico permita a las organizaciones de la sociedad civil aplicar prácticas de integridad en sus organizaciones. También se estudian las funciones de las campañas de concientización y los programas de educación cívica, enfatizando que las personas constituyen actores decisivos para apoyar la integridad pública. Además, el capítulo aborda el desafío que plantean normas sociales arraigadas que socavan la integridad pública y ofrece orientación a los gobiernos sobre cómo abordar estas cuestiones al involucrar a la sociedad en su conjunto.

El presente capítulo ofrece un comentario sobre el principio de liderazgo incluido en la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública. Describe cómo la inversión en un liderazgo íntegro puede demostrar el compromiso con la integridad pública por parte de una organización del sector público, y resalta al liderazgo íntegro como un rasgo y estilo que puede desarrollarse en los futuros líderes de manera temprana. Asimismo, detalla los mecanismos para atraer y seleccionar a líderes íntegros. A su vez, el capítulo reflexiona sobre los incentivos y marcos de rendición de cuentas a los que se puede recurrir para recompensar al liderazgo íntegro. Finalmente, aborda el desafío al que se enfrentan las estructuras burocráticas para apoyar el liderazgo íntegro, centrándose en la necesidad de flexibilidad para recompensar y sancionar el liderazgo ético y para garantizar que las estructuras de gestión de recursos humanos sean adecuadas para la contratación y promoción de líderes éticos.

El presente capítulo ofrece un comentario sobre el principio relativo a un sistema basado en el mérito incluido en la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública. Describe cómo un sector público profesional y basado en el mérito, dedicado a los valores del servicio público, contribuye a la integridad pública. Se enfoca en el establecimiento de criterios adecuados y predeterminados de cualificación y rendimiento para todos los cargos, así como en procesos de gestión de personal objetivos y transparentes. Además, demuestra cómo la existencia de procesos de reclutamiento abiertos que brindan acceso equitativo a todos los candidatos potencialmente cualificados y mecanismos de supervisión y recurso que garantizan el reclutamiento coherente y justo contribuyen al sistema más amplio de integridad pública. En el capítulo también se abordan los cuatro desafíos más comunes relacionados a sistemas basados en el mérito: tomar decisiones de manera oportuna; reclutar nuevas habilidades y competencias; garantizar representación e inclusión, y abordar la fragmentación del empleo público.

El presente capítulo ofrece un comentario sobre el principio de desarrollo de capacidades incluido en la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública. Clarifica cómo las actividades básicas, como ser el suministro de información oportuna y pertinente sobre las políticas y normas en materia de integridad, así como la realización de actividades periódicas y adaptadas de capacitación en materia de integridad, pueden fomentar el compromiso con la integridad pública. Identifica los componentes básicos de las funciones eficaces de asesoramiento en materia de integridad y examina cómo estos mecanismos de orientación y consulta pueden ayudar a los funcionarios públicos a comprender y aplicar estándares de integridad en sus actividades cotidianas. El capítulo aborda desafíos frecuentes, entre los cuales se encuentran el uso de formatos de capacitación innovadores e interactivos, dedicar tiempo y recursos al desarrollo de capacidades y a la orientación, y garantizar una coordinación eficaz de los organismos encargados de la capacitación. También examina desafíos relacionados a los asesores de integridad, como el riesgo de que otros actores puedan renunciar a sus responsabilidades en materia de integridad o utilizar indebidamente el asesoramiento y orientación de los asesores.

El presente capítulo ofrece un comentario sobre el principio de apertura incluido en la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública. Describe cómo las culturas organizativas abiertas apoyan un entorno seguro en el que los empleados pueden debatir dilemas éticos, posibles situaciones de conflicto de intereses y preocupaciones sobre integridad. Identifica los impulsores clave para promover la apertura, como el compromiso de los empleados y la identificación con los valores de integridad, y una gestión receptiva, creíble y confiable. En el capítulo también se examinan los elementos básicos de un sistema eficaz de protección a los denunciantes, enfocándose en particular en garantizar que se establezcan normas, procedimientos y canales claros para denunciar las presuntas violaciones a la integridad. Asimismo, el capítulo discute cómo las culturas jerárquicas y formales de la administración pública pueden socavar la apertura, y destaca que desarrollar capacidades y destinar recursos son fundamentales para garantizar la apertura. También se examinan los desafíos relacionados con las percepciones culturales de los denunciantes y los mecanismos de denuncia confidencial y anónima.

El presente capítulo ofrece un comentario sobre el principio de gestión de riesgos incluido en la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública. El capítulo explora cómo las organizaciones del sector público pueden adaptar políticas y prácticas para gestionar eficazmente los riesgos de integridad, realizar evaluaciones de riesgos y mantener un entorno de control que salvaguarde la integridad pública, tanto desde una perspectiva de gobierno en sentido amplio como institucional. Asimismo, hace hincapié en la necesidad de contar con procedimientos coherentes para responder a potenciales casos de fraude o corrupción, como ser protocolos de reporte, seguimiento e investigaciones. El capítulo también considera el papel crítico de las funciones de auditoría interna en relación a los gerentes en el gobierno, enfocándose en su valor agregado de proporcionar una garantía independiente y objetiva para un control interno eficaz y la gestión de riesgos de integridad. El capítulo destaca los principales desafíos y las prácticas más importantes, como ser la articulación de políticas de control interno basadas en valores, realizar periódicamente evaluaciones de riesgos que se vinculan a los objetivos, y crear círculos de retroalimentación para supervisar y evaluar las actividades.

El presente capítulo ofrece un comentario sobre el principio de aplicación y sanción incluido en la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública. Describe cómo los mecanismos de aplicación y sanción fomentan la rendición de cuentas eficaz, disuaden de conductas indebidas y garantizan el cumplimiento de las normas de integridad pública. La justicia, objetividad y oportunidad, apoyadas por mecanismos de cooperación e intercambio de información en todos los niveles, son factores clave para una aplicación y sanción eficaz y transparente. Además, el capítulo aborda cinco desafíos frecuentes relacionados con la aplicación y sanción: la independencia, la lentitud de los procedimientos, la complejidad de los procedimientos, la recopilación fragmentada de datos sobre aplicación y sanción y la publicidad de estos datos.

El presente capítulo ofrece un comentario sobre el principio de supervisión incluido en la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública. Describe de qué manera la supervisión y el control externos fortalecen la rendición de cuentas en el sistema de integridad pública. Se enfoca en promover respuestas al asesoramiento de los órganos de supervisión por parte de las organizaciones del sector público, y en los mecanismos para fortalecer la capacidad de respuesta de los órganos de supervisión ante las denuncias y acusaciones. También examina el papel de los órganos de supervisión en garantizar la aplicación imparcial de las leyes y reglamentos. Asimismo, el capítulo aborda los dos desafíos más comunes que se presentan al respecto: tomar decisiones oportunas que eviten crear una sensación de impunidad y garantizar el acceso a las vías de recurso procesales, así como la carga y eficacia de la aplicación de la ley.

El presente capítulo ofrece un comentario sobre el principio de participación incluido en la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública. En base a los conocimientos sobre la promoción de la transparencia y el gobierno abierto, ofrece orientación para promover el derecho de las personas a saber, e involucrar a las partes interesadas en todo el proceso de elaboración e implementación de políticas. El capítulo también examina los componentes clave para evitar la captura de las políticas públicas, incluidos la gestión de las situaciones de conflicto de intereses y la promoción de la transparencia en el cabildeo y el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales. Asimismo, explora un factor adicional para fomentar la participación y rendición de cuentas: el establecimiento de normas y condiciones prácticas para una sociedad que incluya organizaciones «vigía». Por último, el capítulo examina varios desafíos en cuanto a la participación, como ser cómo desarrollar medidas significativas para involucrar a las partes interesadas e implementar regulaciones eficaces relativas a las llamadas «puertas giratorias».