En este capítulo se estudian las disposiciones institucionales para mejorar la integridad en Coahuila y se evalúa si propician el funcionamiento de un sistema de integridad pública coherente e integral de acuerdo con los principios de la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública. En primer lugar, se analizan las implicaciones del Sistema Nacional Anticorrupción y las reformas necesarias para que el Sistema Estatal Anticorrupción de Coahuila se adhiera a un enfoque de gobierno completo y ponga en práctica mecanismos horizontales y verticales efectivos. En segundo lugar, se discute el impacto del compromiso de los políticos y funcionarios para mejorar la integridad pública y minimizar los riesgos de corrupción, y se explica por qué su papel es fundamental para asegurar una implementación efectiva. Por último, se señala el valor agregado de construir un sistema de integridad del sector público incluyente, en el que la sociedad civil desempeñe una función central y el cual abarque diferentes actores de la sociedad en su conjunto.