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Políticas Agrícolas en Argentina

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Las Revisiones de Políticas Agroalimentarias proporcionan una evaluación exhaustiva de las políticas agrícolas de cada país y el cálculo de un conjunto de indicadores desarrollados por la OCDE. Estos indicadores se utilizan regularmente en el análisis de la agricultura y sector alimentario en los países de la OCDE y de varias economías emergentes. Este informe incluye el análisis y los indicadores correspondientes a Argentina, integrando los principales aspectos de la política agroalimentaria como la política comercial, la innovación, la sostenibilidad, la gestión de riesgos y las cadenas de valor, y proporciona recomendaciones de política.  

El sector agropecuario de Argentina ha experimentado un proceso de innovación notable en las últimas dos décadas. Esta transformación ha sido liderada principalmente por un sector privado dinámico y proactivo, a pesar de estar sujeto a políticas de apoyo negativo tales como las restricciones y los impuestos a la exportación. La rápida adopción de tecnologías como las semillas mejoradas y la siembra directa, e innovaciones organizacionales han contribuido a aumentar la Productividad Total de los Factores en los cultivos. Los apoyos presupuestarios se han centrado en la prestación de servicios generales tales como investigación, extensión y sanidad agropecuaria, facilitando la innovación y la gestión proactiva de los riesgos. Las presiones ambientales están en aumento con el crecimiento del uso de pesticidas y la deforestación. Las producciones fuera de la región pampeana acumulan un retraso en productividad e innovación.

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Los impuestos a las exportaciones generan distorsiones y un apoyo negativo al sector

Las restricciones y los impuestos (o retenciones) a las exportaciones de soja, girasol, trigo, maíz, carne de bovino, leche y pollo han reducido los precios recibidos por los productores en Argentina durante la mayor parte del tiempo en las dos últimas décadas. Los impuestos a la exportación fueron normalmente menores para los productos procesados, mientras que las restricciones cuantitativas y licencias de exportación han afectado al trigo y la carne de bovino en particular. Las restricciones a la exportación han demostrado no ser un instrumento ni eficaz ni sostenible para reducir la inflación alimentaria, aunque generaron ingresos fiscales de manera notable durante años de precios altos de alimentos en los mercados mundiales. Este tipo de medidas puede contribuir a una volatilidad de precios en el mercado a nivel mundial. Los ingresos federales provenientes de impuestos a las exportaciones no son compartidos con los gobiernos provinciales y representaron hasta un 13% de todos los ingresos fiscales y un 3% del PIB en el 2008, un año de precios de alimentos particularmente altos a nivel mundial. Desde finales del 2015, los cambios de políticas para reducir o eliminar impuestos a productos agrícolas avanzaron en la dirección correcta para reducir distorsiones. La decisión reciente de gravar todas las exportaciones en respuesta a la crisis económica de agosto – septiembre del 2018 deberá servir para alcanzar una estabilidad macroeconómica y sentar las bases para ingresos fiscales más sostenibles a largo plazo. El nuevo impuesto a las exportaciones no discrimina a un sector específico como el agrícola y tiene una cláusula de suspensión para finales del 2020. Debería ser parte de un proceso continuo de mejora del sistema fiscal.

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